Por Patricio Herman*
El jueves 6 de marzo de 2008, la Cámara de Diputados, por amplia mayoría de votos, aprobó el proyecto de ley que reduce el impuesto a las gasolinas y limita la exención del IVA en las viviendas. Este proyecto cerrado del gobierno emparejó juiciosamente los menores ingresos fiscales por aquel tributo específico que pagan los automovilistas, con los mayores derivados del término del beneficio tributario, que por tantos años, han estado disfrutando quienes se desenvuelven en el negocio de la construcción. Debemos recordar que las utilidades de este sector son altísimas y por ello todos aquellos que disponen de capitales en exceso ingresan a la cofradía inmobiliaria.
Y es sí como este influyente sector de la economía tendrá que asimilar su negocio, aunque sea parcialmente, a las reglas generales del pago del IVA en las viviendas que excedan el precio de 4.000 UF, ya que el proyecto de ley considera que esta franquicia se mantuviera íntegra para las viviendas de hasta 2.000 UF, reduciéndose gradualmente para todas aquellas que se enmarcan entre ese valor y las 4.000 UF. Es decir, todas las casas o departamentos nuevos que se vendan a partir del próximo año en precios que excedan este último monto se verán afectas al pago de IVA, mismo tributo que se contempla en todos los otros bienes y servicios que se transan en el mercado.
Las asociaciones gremiales empresariales interesadas obviamente han puesto el grito en el cielo porque ya no podrán seguir gozando de esta injustificada regalía otorgada por políticos que tenían injerencia en la dictadura de Pinochet. Hemos leído en estos días declaraciones de sus máximos dirigentes afirmando que con esta medida “se perjudica a la clase media”, que vendrá un aumento de la cesantía en el sector y que las viviendas serán de menor calidad, pueriles argumentaciones que buscan mantener el statu quo que disfrutan. En todo caso lo más probable es que la opinión pública desinformada podría darle crédito a esos lamentos corporativos.
Está claro que con la ley aprobada en la Cámara de Diputados se mantiene parcialmente este subsidio que, como todos sabemos, es a la oferta, con lo cual se ha posibilitado el enriquecimiento desmedido de los actores que se desenvuelven en ese negocio y por ello nosotros proponemos que el subsidio sea a la demanda para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente. De esta manera se debería terminar, en un plazo prudente de tiempo, con esta exención del IVA para todas las viviendas, sin importar sus precios y estableciéndose bonificaciones diferenciadas exclusivamente para los compradores de unidades de hasta 4.000 UF o incluso más. Pero para que haya justicia social y redistribución de verdad este beneficio a la demanda debiera ser solo para aquellos que no sean rentistas ni personas jurídicas, es decir, quienes tendrían derecho a recibir por una sola vez ese subsidio serían aquellos que vivan en su propias casas.
Hoy en día el 1% de la población, a través de sociedades de inversión o de otro tipo, dispone de decenas y en algunos casos de centenas de viviendas de lujo que no pagan IVA, lo cual es vergonzoso y si alguien pone en duda este aserto, que vaya al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que revise las cifras. El 30% más pobre del país paga IVA completo por el pan, por la leche y por todos los productos que adquiere con tremendo esfuerzo. En la medida que todos los consumidores paguen impuestos parejos al consumo de bienes y servicios se produce un trato igualitario, pero como el ingreso en este país es tan desigual el Estado debe focalizar los subsidios solo para los más vulnerables, lo que no sucede en la actualidad con la compra de viviendas.
Si el gobierno y en definitiva el parlamento, por lo tanto, los que deciden, ponen en práctica nuestra propuesta, se le simplificaría enormemente la labor de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que así se terminaría con el comercio irregular de facturas emitidas por quienes venden insumos de construcción para que otros aprovechen el descuento del IVA, fraude muy conocido y tolerado porque es difícil su control.
También sería deseable terminar pronto con la figura de las “viviendas económicas” DFL2 porque con ellas se distorsiona la correcta asignación de recursos en una economía de libre mercado como la nuestra. Bajo su amparo se han cometido infinidad de trampas, conocidas por las direcciones de obras municipales, por el ministerio de Vivienda y Urbanismo y por las propias organizaciones mercantiles de la construcción, engaños que han generado millonarias evasiones tributarias que bien conoce el SII, institución que malgasta valiosos recursos humanos en la ingrata tarea de verificar las ampliaciones ilegales de este tipo de viviendas. Y aunque el lector no lo crea, en muchos casos cuando ese servicio detecta los ardides y por lo tanto decide eliminar las franquicias de esos DFL2, los seremis sectoriales avalan a los infractores estableciéndose la impunidad más absoluta.
En síntesis, con lo que se ha hecho ahora se ha dado un paso, aunque tímido, pero a pesar de ello lo valoramos en su justa dimensión, si es que el Senado lo ratifica próximamente a pesar de las acciones de lobby que están ejerciendo ante sus integrantes las asociaciones empresariales de la construcción. En todo caso esperamos que los senadores con intereses inmobiliarios, tengan la delicadeza de inhabilitarse en la hora de la votación, tal como lo ordena el reglamento de esa corporación, aunque es posible que algunos de éstos, pensando en el bien superior, apoyen este justiciero proyecto.
Si opera el sentido común, en los próximos días podremos afirmar que en Chile estamos cimentando el camino para llegar a una deseable normalidad tributaria, lo que es muy bueno para que tengamos una sana convivencia. Y como somos realistas, sabemos que por ahora no prosperará el subsidio a la demanda que hemos descrito, pero en todo caso quedará para el debate público y en tal sentido los políticos, la prensa y los denominados centros de estudios tienen la palabra.
*Fundación “Defendamos la Ciudad”