Por Leonel Tapia*
Las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad elaboradas durante 8 meses por un grupo de expertos son más de lo mismo. Queda la sensación de una enorme pérdida de oportunidad para avanzar en una agenda renovadora que disminuya las inequidades que afectan, no sólo a los quintiles de más bajo ingresos, sino también a la clase media chilena. Las estructuras de poder y económicas causantes de las disparidades en nuestro país quedan inmunes, desperdiciándose la oportunidad de colocar temas y propuestas de fondo que no se reduzcan al simple incremento de subsidios.
Todas las propuestas apuntan a la optimización de la oferta actual de los programas orientados a los segmentos más pobres, particularmente los focalizados para la superación de la pobreza, el mejoramiento de la empleabilidad del quintil más pobre así como los programas de apoyo a la microempresa informal. Iniciativas que hasta el momento muestran resultados en la disminución del porcentaje de chilenos viviendo en condiciones de pobreza, pero cero avance en la construcción de un Chile más equitativo. No es lo mismo reducir la pobreza que avanzar a una mejor distribución de los ingresos en el país. La experiencia de los últimos 35 años muestra que el crecimiento y desigualdad “pueden convivir en completa comodidad” en nuestro país.
Un enfoque distinto requiere que las políticas sociales y públicas aborden seriamente el circuito de exclusión y aislamiento que afecta a los quintiles más pobres respecto a la segregación espacial, segmentación educativa y segregación laboral. Dicha aproximación exige repensar el enfoque actual de una oferta pública cargada de subordinación de los más pobres asumiendo que el Estado sabe como hacer bien las cosas. Muy contrario a la experiencia de los últimos años en que la falta de prolijidad y transparencia en el diseño de iniciativas públicas ha estado marcada por importantes fallas (Transantiago, EFE, Reforma Educacional, entre otros). Se requiere repensar los modelos actuales de intervención y asegurar que los incentivos estén bien puestos para evitar enfoques asistencialistas y paternalistas que no contribuyen a soluciones sustentables en el tiempo.
Sobre la microempresa informal, su desarrollo depende de cambios significativos que van más allá de los programas actuales de contención o mitigación. Exige generar oportunidades avanzando hacia la nivelación del plano competitivo para abordar las fallas de mercado que enfrentan, tales como las distorsiones de mercados oligopólicos expresadas en relaciones asimétricas con problemas de discriminación y de costos de transacción que dificultan su inserción en los mercados más dinámicos. Una microempresa que muestra buenos resultados avanzará rápidamente hacia la formalización pagando impuesto y dando más trabajo.
Exige también repensar la institucionalidad actual del fomento productivo que hoy tiene un enfoque sectorial y reducido muy proclive a trabajar con grupos cautivos que le garantiza cobertura y ejecución presupuestaria pero le resta efectividad e impacto a la inversión pública.
En síntesis, las propuestas del Consejo siguen la receta de focalización de esfuerzos presupuestarios asumiendo una relación lineal entre la asignación de recursos monetarios y la solución de los problemas.
El desafío actual del país es mayor e incluye pensar nuevas formas y estrategias de trabajo tanto del estado como del mercado. Tema fundamental para avanzar en la equidad y en el mejoramiento de la democracia en Chile.
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*Leonel Tapia es economista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.
30 de mayo de 2008
29 de mayo de 2008
Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: ¿logro o desafío?
Por José Aylwin y Nancy Yañez*
El 21 de mayo, en momentos en que Bachelet presentaba su cuenta anual ante el Congreso Nacional en Valparaíso, Naciones Unidas formalizaba la incorporación de Chile en su Consejo de Derechos Humanos.
Cabe recordar que el recientemente creado (2006) Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 Estados miembros de esa entidad, y es el responsable de promover el respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Dicho Consejo tiene por mandato, además, ocuparse de las situaciones de violación de los derechos humanos y formular recomendaciones para asegurar su protección y respeto.
Como sabemos, el gobierno de Bachelet desarrolló una fuerte campaña internacional para lograr la integración de Chile en este Consejo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, señaló que la decisión de la ONU de formalizar el ingreso de Chile al Consejo "representa un reconocimiento a un país, a un gobierno que ha sido muy claro en promover la defensa de los derechos humanos, no sólo en Chile, sino en el mundo".
Aunque diversas organizaciones ciudadanas han condenado la incorporación de Chile a dicho Consejo, pensamos que ella resulta valorable desde la perspectiva de derechos humanos. Ella debe asumirse, a nuestro entender, más que como un reconocimiento de los avances del Estado chileno en esta materia –que por cierto han existido luego de haber trascurrido casi dos décadas desde el término de la dictadura -, como una oportunidad para asumir los numerosos y graves déficits que el país mantiene en este ámbito.
En efecto, como las autoridades de gobierno no pueden desconocer, las limitaciones de Chile en el campo de los derechos humanos son numerosas. Ellas tienen que ver tanto con la institucionalidad del Estado, como con las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la Concertación. Tales limitaciones han sido representadas no solo por las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos del país, sino también por diversos órganos de las propias Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En el plano institucional Chile no cuenta hasta la fecha con una institución nacional de derechos humanos, o un Defensor del Pueblo u Ombudsman que vele por la protección de los derechos de los ciudadanos. Más grave aún, el sistema electoral binominal no garantiza que los individuos tengan una adecuada representación parlamentaria en el ejercicio de sus derechos de participación política. Por otro lado, persiste la jurisdicción de los tribunales militares para procesar a civiles por cuestiones civiles. Además, los pueblos indígenas y sus derechos no han sido hasta la fecha reconocidos por la Constitución Política del Estado.
Se trata de problemas que han sido representados al Estado de Chile por órganos de tratados de que es parte, como el Comité de Derechos Humanos en su informe sobre el cumplimiento por Chile del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2007). La persistencia de la jurisdicción militar sobre civiles también ha sido representada, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en el 2005 ordenó al Estado de Chile modificar su legislación interna para poner término a esta situación, sin que hasta la fecha tal modificación legislativa se haya materializado.
Siempre en el plano institucional, nuestro país no cuenta con una legislación que garantice adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales de la población, tal como constatara el Comité de la ONU para estos derechos en su informe sobre Chile el 2004. Ello en particular en materia laboral, donde el Código del Trabajo no asegura adecuadamente los derechos sindicales al prever la posibilidad de sustituir a los trabajadores en huelga; y en materia de previsión, en que el régimen de pensiones privado, basado en cotizaciones individuales, no garantiza una seguridad social adecuada a un gran sector de la población. Todo ello, sumado a las prácticas prevalecientes en el mercado de trabajo, determina una situación de grave precariedad en materia de derechos sociales en el país.
En el mismo plano, Chile no ha ratificado aún una serie de tratados internacionales de derechos humanos, como el que establece la Corte Penal Internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
En cuanto a las políticas públicas, posiblemente los mayores obstáculos para la vigencia efectiva de los derechos humanos son los que dicen relación con la persistencia de políticas que resultan discriminatorias en contra de sectores de la población en razón de su especificidad de género, edad o particularidades étnico-culturales.
En materia de género, y como reconociera la propia Presidenta Bachelet en su reciente mensaje, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación salarial, al obtener remuneraciones claramente inferiores a las de los hombres por el desempeño de las mismas funciones que los primeros.
Los derechos de los niños, de acuerdo al Comité de Derechos de Niño de Naciones Unidas (2007), no se encuentran suficientemente garantizados por el Estado chileno, constatándose la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes policiales en su contra.
Los pueblos indígenas, como lo hemos señalado como Observatorio en reiteradas ocasiones, han sido también objeto de políticas abiertamente discriminatorias por parte del Estado. Entre ellas las más graves dicen relación con la aplicación de legislación antiterrorista para perseguir a integrantes del pueblo mapuche por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras, aquellas relacionadas con los malos tratos en su contra por parte de las fuerzas del orden, principalmente al momento de efectuar la detención, las derivadas de la lentitud de las políticas de demarcación de las tierras indígenas y la persistencia de la desprotección de las mismas, las que continúan en peligro debido a la expansión forestal y de megaproyectos de infraestructura y energía.
Un país que no protege y respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus habitantes a nivel doméstico, carece de autoridad moral para supervigilar el respeto de tales derechos a nivel internacional.
Por lo mismo, instamos al gobierno a asumir como desafío fundamental de su integración al Consejo de Derechos Humanos, el reconocimiento de las limitaciones del marco institucional y de su política pública en la materia. Consistentemente con ello, el gobierno debería otorgar máxima prioridad al trabajo -en forma conjunta con la ciudadanía- destinado a asegurar la protección y la vigencia efectiva de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos y todas quienes habitamos en este país.
De conformidad con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile será objeto de un examen general de la situación de derechos humanos en el país el próximo año. Tal vez sea esta la oportunidad que tendrán las autoridades para demostrar su compromiso con estos derechos y asumir los desafíos pendientes en esta materia.
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*José Aylwin y Nancy Yáñez son co-directores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
El 21 de mayo, en momentos en que Bachelet presentaba su cuenta anual ante el Congreso Nacional en Valparaíso, Naciones Unidas formalizaba la incorporación de Chile en su Consejo de Derechos Humanos.
Cabe recordar que el recientemente creado (2006) Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 Estados miembros de esa entidad, y es el responsable de promover el respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Dicho Consejo tiene por mandato, además, ocuparse de las situaciones de violación de los derechos humanos y formular recomendaciones para asegurar su protección y respeto.
Como sabemos, el gobierno de Bachelet desarrolló una fuerte campaña internacional para lograr la integración de Chile en este Consejo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, señaló que la decisión de la ONU de formalizar el ingreso de Chile al Consejo "representa un reconocimiento a un país, a un gobierno que ha sido muy claro en promover la defensa de los derechos humanos, no sólo en Chile, sino en el mundo".
Aunque diversas organizaciones ciudadanas han condenado la incorporación de Chile a dicho Consejo, pensamos que ella resulta valorable desde la perspectiva de derechos humanos. Ella debe asumirse, a nuestro entender, más que como un reconocimiento de los avances del Estado chileno en esta materia –que por cierto han existido luego de haber trascurrido casi dos décadas desde el término de la dictadura -, como una oportunidad para asumir los numerosos y graves déficits que el país mantiene en este ámbito.
En efecto, como las autoridades de gobierno no pueden desconocer, las limitaciones de Chile en el campo de los derechos humanos son numerosas. Ellas tienen que ver tanto con la institucionalidad del Estado, como con las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la Concertación. Tales limitaciones han sido representadas no solo por las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos del país, sino también por diversos órganos de las propias Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En el plano institucional Chile no cuenta hasta la fecha con una institución nacional de derechos humanos, o un Defensor del Pueblo u Ombudsman que vele por la protección de los derechos de los ciudadanos. Más grave aún, el sistema electoral binominal no garantiza que los individuos tengan una adecuada representación parlamentaria en el ejercicio de sus derechos de participación política. Por otro lado, persiste la jurisdicción de los tribunales militares para procesar a civiles por cuestiones civiles. Además, los pueblos indígenas y sus derechos no han sido hasta la fecha reconocidos por la Constitución Política del Estado.
Se trata de problemas que han sido representados al Estado de Chile por órganos de tratados de que es parte, como el Comité de Derechos Humanos en su informe sobre el cumplimiento por Chile del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2007). La persistencia de la jurisdicción militar sobre civiles también ha sido representada, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en el 2005 ordenó al Estado de Chile modificar su legislación interna para poner término a esta situación, sin que hasta la fecha tal modificación legislativa se haya materializado.
Siempre en el plano institucional, nuestro país no cuenta con una legislación que garantice adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales de la población, tal como constatara el Comité de la ONU para estos derechos en su informe sobre Chile el 2004. Ello en particular en materia laboral, donde el Código del Trabajo no asegura adecuadamente los derechos sindicales al prever la posibilidad de sustituir a los trabajadores en huelga; y en materia de previsión, en que el régimen de pensiones privado, basado en cotizaciones individuales, no garantiza una seguridad social adecuada a un gran sector de la población. Todo ello, sumado a las prácticas prevalecientes en el mercado de trabajo, determina una situación de grave precariedad en materia de derechos sociales en el país.
En el mismo plano, Chile no ha ratificado aún una serie de tratados internacionales de derechos humanos, como el que establece la Corte Penal Internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
En cuanto a las políticas públicas, posiblemente los mayores obstáculos para la vigencia efectiva de los derechos humanos son los que dicen relación con la persistencia de políticas que resultan discriminatorias en contra de sectores de la población en razón de su especificidad de género, edad o particularidades étnico-culturales.
En materia de género, y como reconociera la propia Presidenta Bachelet en su reciente mensaje, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación salarial, al obtener remuneraciones claramente inferiores a las de los hombres por el desempeño de las mismas funciones que los primeros.
Los derechos de los niños, de acuerdo al Comité de Derechos de Niño de Naciones Unidas (2007), no se encuentran suficientemente garantizados por el Estado chileno, constatándose la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes policiales en su contra.
Los pueblos indígenas, como lo hemos señalado como Observatorio en reiteradas ocasiones, han sido también objeto de políticas abiertamente discriminatorias por parte del Estado. Entre ellas las más graves dicen relación con la aplicación de legislación antiterrorista para perseguir a integrantes del pueblo mapuche por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras, aquellas relacionadas con los malos tratos en su contra por parte de las fuerzas del orden, principalmente al momento de efectuar la detención, las derivadas de la lentitud de las políticas de demarcación de las tierras indígenas y la persistencia de la desprotección de las mismas, las que continúan en peligro debido a la expansión forestal y de megaproyectos de infraestructura y energía.
Un país que no protege y respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus habitantes a nivel doméstico, carece de autoridad moral para supervigilar el respeto de tales derechos a nivel internacional.
Por lo mismo, instamos al gobierno a asumir como desafío fundamental de su integración al Consejo de Derechos Humanos, el reconocimiento de las limitaciones del marco institucional y de su política pública en la materia. Consistentemente con ello, el gobierno debería otorgar máxima prioridad al trabajo -en forma conjunta con la ciudadanía- destinado a asegurar la protección y la vigencia efectiva de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos y todas quienes habitamos en este país.
De conformidad con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile será objeto de un examen general de la situación de derechos humanos en el país el próximo año. Tal vez sea esta la oportunidad que tendrán las autoridades para demostrar su compromiso con estos derechos y asumir los desafíos pendientes en esta materia.
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*José Aylwin y Nancy Yáñez son co-directores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
28 de mayo de 2008
Las contradicciones de la elite
Por Cristina Moyano*
El discurso presidencial de este 21 de mayo ha generado una seguidilla de reacciones al interior de la clase política chilena y en algunas organizaciones sociales en particular. Si bien esto es parte del debate político democrático, razón por la cual no debería suscitar ni extrañeza ni preocupación, lo especialmente atractivo de esta nueva cuenta presidencial y sus reacciones han sido los esbozos cada vez más claros de una crisis al interior del conglomerado de gobierno, que ya no sólo puede leerse como el enfrentamiento entre las dos almas de la Concertación, sino que como una crisis interna de la propia elite política del oficialismo.
Hay en el oficialismo una pérdida en las confianzas históricas que la habían fundamentado y que era el principal soporte subjetivo que sustentó la posibilidad histórica de re-fundar un nuevo pacto político de largo plazo. No hay que olvidar que la configuración histórica de la Concertación de Partidos por la Democracia obedeció a una coyuntura política que se extendió por 17 años y que permitió conjugar historias personales, trayectorias políticas y subjetividades experenciadas en el exilio, la clandestinidad o el sumergimiento público de la actividad política.
Sobre la base de una experiencia de “desalojo”, de represión, de oscurecimiento y de deterioro hegemónico de la validación de la actividad política, los actores políticos que se hicieron al mundo durante estos años de hierro, fueron construyendo una percepción que fue la base para la constitución de una práctica, que releída a la luz de las culturas políticas partidarias, fortaleció el consenso y la negociación para recomponer el orden y recuperar la democracia.
En esa experiencia marcadora se articuló la elite política que condujo la transición a la democracia. En exilio y clandestinidad, con numerosos conflictos internos debido a la variedad de experiencias derivadas de estos dos espacios-entornos, se sistematizó intelectualmente una lectura política que condujo, con muchos conflictos por cierto, a la idea de que la sociedad chilena necesitaba de un pacto refundacional que no podía provenir de las bases sociales, destruidas y re-fundadas por un capitalismo individualista y autoritario, que había conseguido devaluar profundamente el magnífico capital social de los sectores populares y medios, sino que debía provenir de las elites políticas.
Estos elementos propios de la subjetividad política le dieron un fundamento que excedió a la propuesta programática y que sirvió de base para construir un camino de salida a la dictadura y durante tres gobiernos consecutivos mostró una coherencia ordenada, aunque cada vez menos profunda, de un proyecto político de transformación social, cultural y política de nuestro país.
Estas elites políticas articularon un espacio de recreación en función de sus experiencias cotidianas vivenciadas en el pasado, y que se seguían fortaleciendo en un presente particular. Se combinaron de manera conflictiva con quienes habiendo permanecido en el interior del país habían conseguido, con un saldo escasamente positivo, mantener activas las máquinas partidarias, con costos humanos más que significativos. La pugna de estas dos experiencias prontamente reflotaría y, como consecuencia de ello, numerosos dirigentes sociales y políticos serían expulsados de los puestos de poder político gubernamental y parlamentario, evidenciando la conflictiva relación entre estas dos subjetividades.
La crisis que se mantuvo un tanto subterránea y que obedecía a la necesidad de reproducción de la propia elite concertacionista, se evidenció abiertamente en la última elección presidencial. Numerosos analistas políticos, cientistas sociales y periodistas hablaron de un recambio en las elites políticas de la Concertación, sin detallar mayores fundamentos que la propia imagen que retrataba la figura de la entonces candidata y actual Presidenta de la República. Había allí una primera detección pública y verbalizada de un conflicto más que ideológico, de reproducción interna y recambio generacional que estaba viviendo el conglomerado oficialista.
En países como España o México, un sinnúmero de estudios provenientes de la ciencia política, la antropología y la sociología han retratado estos recambios y reproducción de las elites políticas en conglomerados que han permanecido, por mucho tiempo, en el poder y que tienen manifestaciones muy similares al fenómeno que está viviendo nuestro país.
Lo interesante del discurso del último 21 de mayo y sus reacciones, es que puede leerse como una expresión más de este proceso de recambio de las elites concertacionistas. En efecto, cuando el diputado Saffirio, la senadora Alvear y otros miembros de la DC e incluso dirigentes del propio Partido Socialista, reclaman la no mención a la eliminación del 7% de la cotización en salud para los pensionados, enfatizando que el problema central recae en el gran poder que detenta el ministro de Hacienda en la conducción de las políticas públicas, calificándolo como un “tecnócrata”, se está demostrando el no reconocimiento entre sus pares, el no pertenecer a esa elite política fundadora de este conglomerado político que se resiste, precisamente, a una renovación de sus propios miembros y que ha manifestado conflictos de permeabilidad en estos 18 años.
El retorno de “viejos” exponentes de la elite como José Antonio Viera Gallo, Pérez Yoma o el mismo J. Gabriel Valdés (a cargo de la imagen país) demuestra esta necesidad de recurrir al viejo espíritu fundacional de la Concertación, basado más en una experiencia subjetiva que en un proyecto ideológico y programático que le diera extensión y proyección en el tiempo, para mantener una cohesión amenazada con el ingreso poco reconocido de nuevos cuadros dirigentes.
La promesa de recambio falló porque un recambio debe ser validado por sus propios miembros y fortalecido a través de prácticas políticas reconocidas por los actores. Claro que el problema es más de fondo aún, ya que el espíritu de la Concertación, la construcción de su mística y proyecto fundacional está encarnado en la trayectoria de actores con nombre y apellido, quienes no han logrado reconstruir un nuevo discurso refundacional agobiados por la vertiginosa labor de administrar el Estado. En ese contexto, las disputas internas no sólo son espejo de una disputa aparentemente ideológica y que se expresaría en dos almas contrapuestas, sino que sus claves estarían también en el difícil proceso de reproducción y renovación de la elite política que la configura en su seno.
En este escenario ¿qué cabe esperar? Un tiempo no muy lejano tendrá la palabra.
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*Cristina Moyano Barahona es Doctora en Historia y Académica de la Universidad de Santiago de Chile.
El discurso presidencial de este 21 de mayo ha generado una seguidilla de reacciones al interior de la clase política chilena y en algunas organizaciones sociales en particular. Si bien esto es parte del debate político democrático, razón por la cual no debería suscitar ni extrañeza ni preocupación, lo especialmente atractivo de esta nueva cuenta presidencial y sus reacciones han sido los esbozos cada vez más claros de una crisis al interior del conglomerado de gobierno, que ya no sólo puede leerse como el enfrentamiento entre las dos almas de la Concertación, sino que como una crisis interna de la propia elite política del oficialismo.
Hay en el oficialismo una pérdida en las confianzas históricas que la habían fundamentado y que era el principal soporte subjetivo que sustentó la posibilidad histórica de re-fundar un nuevo pacto político de largo plazo. No hay que olvidar que la configuración histórica de la Concertación de Partidos por la Democracia obedeció a una coyuntura política que se extendió por 17 años y que permitió conjugar historias personales, trayectorias políticas y subjetividades experenciadas en el exilio, la clandestinidad o el sumergimiento público de la actividad política.
Sobre la base de una experiencia de “desalojo”, de represión, de oscurecimiento y de deterioro hegemónico de la validación de la actividad política, los actores políticos que se hicieron al mundo durante estos años de hierro, fueron construyendo una percepción que fue la base para la constitución de una práctica, que releída a la luz de las culturas políticas partidarias, fortaleció el consenso y la negociación para recomponer el orden y recuperar la democracia.
En esa experiencia marcadora se articuló la elite política que condujo la transición a la democracia. En exilio y clandestinidad, con numerosos conflictos internos debido a la variedad de experiencias derivadas de estos dos espacios-entornos, se sistematizó intelectualmente una lectura política que condujo, con muchos conflictos por cierto, a la idea de que la sociedad chilena necesitaba de un pacto refundacional que no podía provenir de las bases sociales, destruidas y re-fundadas por un capitalismo individualista y autoritario, que había conseguido devaluar profundamente el magnífico capital social de los sectores populares y medios, sino que debía provenir de las elites políticas.
Estos elementos propios de la subjetividad política le dieron un fundamento que excedió a la propuesta programática y que sirvió de base para construir un camino de salida a la dictadura y durante tres gobiernos consecutivos mostró una coherencia ordenada, aunque cada vez menos profunda, de un proyecto político de transformación social, cultural y política de nuestro país.
Estas elites políticas articularon un espacio de recreación en función de sus experiencias cotidianas vivenciadas en el pasado, y que se seguían fortaleciendo en un presente particular. Se combinaron de manera conflictiva con quienes habiendo permanecido en el interior del país habían conseguido, con un saldo escasamente positivo, mantener activas las máquinas partidarias, con costos humanos más que significativos. La pugna de estas dos experiencias prontamente reflotaría y, como consecuencia de ello, numerosos dirigentes sociales y políticos serían expulsados de los puestos de poder político gubernamental y parlamentario, evidenciando la conflictiva relación entre estas dos subjetividades.
La crisis que se mantuvo un tanto subterránea y que obedecía a la necesidad de reproducción de la propia elite concertacionista, se evidenció abiertamente en la última elección presidencial. Numerosos analistas políticos, cientistas sociales y periodistas hablaron de un recambio en las elites políticas de la Concertación, sin detallar mayores fundamentos que la propia imagen que retrataba la figura de la entonces candidata y actual Presidenta de la República. Había allí una primera detección pública y verbalizada de un conflicto más que ideológico, de reproducción interna y recambio generacional que estaba viviendo el conglomerado oficialista.
En países como España o México, un sinnúmero de estudios provenientes de la ciencia política, la antropología y la sociología han retratado estos recambios y reproducción de las elites políticas en conglomerados que han permanecido, por mucho tiempo, en el poder y que tienen manifestaciones muy similares al fenómeno que está viviendo nuestro país.
Lo interesante del discurso del último 21 de mayo y sus reacciones, es que puede leerse como una expresión más de este proceso de recambio de las elites concertacionistas. En efecto, cuando el diputado Saffirio, la senadora Alvear y otros miembros de la DC e incluso dirigentes del propio Partido Socialista, reclaman la no mención a la eliminación del 7% de la cotización en salud para los pensionados, enfatizando que el problema central recae en el gran poder que detenta el ministro de Hacienda en la conducción de las políticas públicas, calificándolo como un “tecnócrata”, se está demostrando el no reconocimiento entre sus pares, el no pertenecer a esa elite política fundadora de este conglomerado político que se resiste, precisamente, a una renovación de sus propios miembros y que ha manifestado conflictos de permeabilidad en estos 18 años.
El retorno de “viejos” exponentes de la elite como José Antonio Viera Gallo, Pérez Yoma o el mismo J. Gabriel Valdés (a cargo de la imagen país) demuestra esta necesidad de recurrir al viejo espíritu fundacional de la Concertación, basado más en una experiencia subjetiva que en un proyecto ideológico y programático que le diera extensión y proyección en el tiempo, para mantener una cohesión amenazada con el ingreso poco reconocido de nuevos cuadros dirigentes.
La promesa de recambio falló porque un recambio debe ser validado por sus propios miembros y fortalecido a través de prácticas políticas reconocidas por los actores. Claro que el problema es más de fondo aún, ya que el espíritu de la Concertación, la construcción de su mística y proyecto fundacional está encarnado en la trayectoria de actores con nombre y apellido, quienes no han logrado reconstruir un nuevo discurso refundacional agobiados por la vertiginosa labor de administrar el Estado. En ese contexto, las disputas internas no sólo son espejo de una disputa aparentemente ideológica y que se expresaría en dos almas contrapuestas, sino que sus claves estarían también en el difícil proceso de reproducción y renovación de la elite política que la configura en su seno.
En este escenario ¿qué cabe esperar? Un tiempo no muy lejano tendrá la palabra.
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*Cristina Moyano Barahona es Doctora en Historia y Académica de la Universidad de Santiago de Chile.
27 de mayo de 2008
Whereas…
Por Luis Casado*
Cuando el imperio se acuerda que tiene un corazoncito, o más prosaicamente, cuando ve que el cagazo que viene puede atentar contra su seguridad interna, se produce un derrame de buenas intenciones que puede hasta incluir una peli de Hollywood tan llena de buenas intenciones que se te caen las lágrimas.
Algo así como “Charlie Wilson's War”, que relata la guerra de Afganistán contra los soviéticos vista desde la cama de un senador algo dedicado a las minas, -sobretodo a las cristianas integristas pero amantes de un buen polvo-, y a los buenos polvos, de preferencia blancos, no sé si me explico.
El resultado ya lo conoces: después de echar a los popoffs, los afganos pasan lo esencial de su tiempo produciendo heroína y matando yanquis de dos maneras: con balas… y con droga.
El 27 de septiembre del año 2005, la primera sesión del 109° Congreso de los EE.UU. vio llegar una proposición de Resolución, la H.RES.461, presentada por Mr. Smith, representante de New Jersey, en su propio nombre y en el de los honorables Mr. Payne, Mr. Royce, Mr. Flake, y Mr. Meeks de New York, resolución que fue sometida al Comité de Relaciones Internacionales.
Lo sabroso son los “Atendido” o “Visto”, ¡atento el personal!:
”RESOLUCIÓN
Con el fin de promover la aceleración de la eliminación de los subsidios agrícolas en los países industrializados para aliviar la pobreza y estimular el crecimiento, la salud y la estabilidad en la economía de los países africanos.
Visto que los países industrializados, como los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, gastan mil millones de dólares diarios en subsidios agrícolas, aproximadamente seis veces más que el monto oficial de la ayuda destinada a los países en vías de desarrollo;
Visto que los subsidios agrícolas que distorsionan el comercio han estimulado históricamente la sobreproducción en los países industrializados, aplastando las economías agrícolas y disuadiendo las inversiones agrícolas en los países en vías de desarrollo;
Visto que más del 70% de los africanos dependen del sector agrícola para lo esencial de su sustento;
Visto que el hundimiento de la agricultura en los países africanos y otros países en desarrollo frustra los esfuerzos globales para reducir la pobreza, contribuye al desarrollo de enfermedades, incluyendo la pandemia de HIV/SIDA, y al aumento de la inestabilidad que amenaza la seguridad de los Estados Unidos;
Visto que de acuerdo a un informe de Oxfam Internacional, gracias a los subsidios la parte de los Estados Unidos en el mercado del algodón creció en un 37%, haciendo de los EE.UU. el líder en materia de exportaciones a pesar de que el precio del algodón cayó por debajo de los costes de producción en los EEUU.
Visto que más de 10 millones de personas, solo en África Occidental y Central, dependen directamente de la producción de algodón para su subsistencia, al exportar un 90% del algodón que producen;
Visto que de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Asuntos Económicos de Gran Bretaña los subsidios agrícolas de la Unión Europea han reducido las exportaciones africanas de leche y derivados en más del 90%, de ganado en cerca de un 70%, de carne en casi 60%, de productos agrícolas (cereales excluidos) en un 50%, y de cereales en más de un 40%;
Visto que en Japón una vaca lechera produce en promedio U$ 7,50 de subsidios diarios, mientras que 75% de los africanos vive con menos de U$ 2 por día;
Visto que a través de los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial los países subdesarrollados fueron obligados a terminar con sus propios subsidios agrícolas de manera expedita, a pesar de que los países desarrollados son reacios a eliminar los suyos;
Visto que los países desarrollados acordaron negociar el fin multilateral de los subsidios agrícolas a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con una fecha objetivo fijada al 1 de enero del 2005 pero que esta fecha no fue respetada;
Visto que el Grupo de los 8 países desarrollados (G-8), reunido del 6 al 8 de julio del 2005 en Gleneagles, Escocia, emitió una declaración que vuelve a comprometer a sus miembros “a la eliminación de toda forma de subsidios a la exportación”;
Visto que los estados miembros del G-8 también acordaron en la reunión de Gleneagles obrar para la exitosa conclusión de la Agenda de Doha de la OMC que incluye la armonización de las reglas del comercio internacional;
Visto que la mayoría de los países menos desarrollados (PMD) son países africanos, incluyendo a 25 de los 30 PMD de la OMC;
Visto que la economía de África constituye actualmente solo dos por ciento del comercio mundial, en parte como resultado de las políticas de los países desarrollados que distorsionan el comercio;
Visto que el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimenticias advirtió en su informe sobre el hambre “Pan para el Mundo” del año 2003 que la liberalización del comercio de productos agrícolas en todos los países industrializados llevaría a un incremento del 45% en el comercio neto de África sub-Sahariana, así como a un aumento del 5,1 % del ingreso anual de las granjas y agro-industrias en África sub Sahariana, excluyendo África del sur;
Visto que el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimenticias estima que en África cada dólar de ingreso agrícola produce U$ 1,42 de aumento adicional en el PNB;
Visto que, a pesar de la más alta tasa de crecimiento en ocho años, con un 5% el año pasado, la mayor parte de los países africanos necesitan una rápida adecuación de sus capacidades comerciales para hacerle frente a la apertura de sus mercados según las reglas de la OMC;
Y
Visto que el Presidente George W. Bush hablando frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2005 dijo que los Estados Unidos están preparados para eliminar todos los subsidios, derechos de importación y otros obstáculos al libre flujo de mercancías y servicios entre los Estados Unidos y las naciones más pobres: Ahora, se Resuelve…”
Ahí vienen cuatro medidas al peo que debiesen contribuir a resolver los problemas enumerados más arriba. ¿Resultado casi tres años más tarde?
Simple: Los EE.UU. acaban de programar, para los cinco años a venir, los subsidios más caros de la historia del imperio. Nunca los Estados Unidos y la Unión Europea habían gastado tanta plata en subsidios agrícolas como en este momento. A la OMC le pueden dar por el saco, y después de todo… ¿a quién coños le preocupa la OMC?
Y después no me vengan a decir que uno es antiyanqui. Na’ que ver. Lo que me rompe las bolas son los hilotas nacionales que firman acuerditos en plan TLC con la esperanza de salir en la foto comiéndose una hamburguesa.
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* Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
Cuando el imperio se acuerda que tiene un corazoncito, o más prosaicamente, cuando ve que el cagazo que viene puede atentar contra su seguridad interna, se produce un derrame de buenas intenciones que puede hasta incluir una peli de Hollywood tan llena de buenas intenciones que se te caen las lágrimas.
Algo así como “Charlie Wilson's War”, que relata la guerra de Afganistán contra los soviéticos vista desde la cama de un senador algo dedicado a las minas, -sobretodo a las cristianas integristas pero amantes de un buen polvo-, y a los buenos polvos, de preferencia blancos, no sé si me explico.
El resultado ya lo conoces: después de echar a los popoffs, los afganos pasan lo esencial de su tiempo produciendo heroína y matando yanquis de dos maneras: con balas… y con droga.
El 27 de septiembre del año 2005, la primera sesión del 109° Congreso de los EE.UU. vio llegar una proposición de Resolución, la H.RES.461, presentada por Mr. Smith, representante de New Jersey, en su propio nombre y en el de los honorables Mr. Payne, Mr. Royce, Mr. Flake, y Mr. Meeks de New York, resolución que fue sometida al Comité de Relaciones Internacionales.
Lo sabroso son los “Atendido” o “Visto”, ¡atento el personal!:
”RESOLUCIÓN
Con el fin de promover la aceleración de la eliminación de los subsidios agrícolas en los países industrializados para aliviar la pobreza y estimular el crecimiento, la salud y la estabilidad en la economía de los países africanos.
Visto que los países industrializados, como los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, gastan mil millones de dólares diarios en subsidios agrícolas, aproximadamente seis veces más que el monto oficial de la ayuda destinada a los países en vías de desarrollo;
Visto que los subsidios agrícolas que distorsionan el comercio han estimulado históricamente la sobreproducción en los países industrializados, aplastando las economías agrícolas y disuadiendo las inversiones agrícolas en los países en vías de desarrollo;
Visto que más del 70% de los africanos dependen del sector agrícola para lo esencial de su sustento;
Visto que el hundimiento de la agricultura en los países africanos y otros países en desarrollo frustra los esfuerzos globales para reducir la pobreza, contribuye al desarrollo de enfermedades, incluyendo la pandemia de HIV/SIDA, y al aumento de la inestabilidad que amenaza la seguridad de los Estados Unidos;
Visto que de acuerdo a un informe de Oxfam Internacional, gracias a los subsidios la parte de los Estados Unidos en el mercado del algodón creció en un 37%, haciendo de los EE.UU. el líder en materia de exportaciones a pesar de que el precio del algodón cayó por debajo de los costes de producción en los EEUU.
Visto que más de 10 millones de personas, solo en África Occidental y Central, dependen directamente de la producción de algodón para su subsistencia, al exportar un 90% del algodón que producen;
Visto que de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Asuntos Económicos de Gran Bretaña los subsidios agrícolas de la Unión Europea han reducido las exportaciones africanas de leche y derivados en más del 90%, de ganado en cerca de un 70%, de carne en casi 60%, de productos agrícolas (cereales excluidos) en un 50%, y de cereales en más de un 40%;
Visto que en Japón una vaca lechera produce en promedio U$ 7,50 de subsidios diarios, mientras que 75% de los africanos vive con menos de U$ 2 por día;
Visto que a través de los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial los países subdesarrollados fueron obligados a terminar con sus propios subsidios agrícolas de manera expedita, a pesar de que los países desarrollados son reacios a eliminar los suyos;
Visto que los países desarrollados acordaron negociar el fin multilateral de los subsidios agrícolas a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con una fecha objetivo fijada al 1 de enero del 2005 pero que esta fecha no fue respetada;
Visto que el Grupo de los 8 países desarrollados (G-8), reunido del 6 al 8 de julio del 2005 en Gleneagles, Escocia, emitió una declaración que vuelve a comprometer a sus miembros “a la eliminación de toda forma de subsidios a la exportación”;
Visto que los estados miembros del G-8 también acordaron en la reunión de Gleneagles obrar para la exitosa conclusión de la Agenda de Doha de la OMC que incluye la armonización de las reglas del comercio internacional;
Visto que la mayoría de los países menos desarrollados (PMD) son países africanos, incluyendo a 25 de los 30 PMD de la OMC;
Visto que la economía de África constituye actualmente solo dos por ciento del comercio mundial, en parte como resultado de las políticas de los países desarrollados que distorsionan el comercio;
Visto que el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimenticias advirtió en su informe sobre el hambre “Pan para el Mundo” del año 2003 que la liberalización del comercio de productos agrícolas en todos los países industrializados llevaría a un incremento del 45% en el comercio neto de África sub-Sahariana, así como a un aumento del 5,1 % del ingreso anual de las granjas y agro-industrias en África sub Sahariana, excluyendo África del sur;
Visto que el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimenticias estima que en África cada dólar de ingreso agrícola produce U$ 1,42 de aumento adicional en el PNB;
Visto que, a pesar de la más alta tasa de crecimiento en ocho años, con un 5% el año pasado, la mayor parte de los países africanos necesitan una rápida adecuación de sus capacidades comerciales para hacerle frente a la apertura de sus mercados según las reglas de la OMC;
Y
Visto que el Presidente George W. Bush hablando frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2005 dijo que los Estados Unidos están preparados para eliminar todos los subsidios, derechos de importación y otros obstáculos al libre flujo de mercancías y servicios entre los Estados Unidos y las naciones más pobres: Ahora, se Resuelve…”
Ahí vienen cuatro medidas al peo que debiesen contribuir a resolver los problemas enumerados más arriba. ¿Resultado casi tres años más tarde?
Simple: Los EE.UU. acaban de programar, para los cinco años a venir, los subsidios más caros de la historia del imperio. Nunca los Estados Unidos y la Unión Europea habían gastado tanta plata en subsidios agrícolas como en este momento. A la OMC le pueden dar por el saco, y después de todo… ¿a quién coños le preocupa la OMC?
Y después no me vengan a decir que uno es antiyanqui. Na’ que ver. Lo que me rompe las bolas son los hilotas nacionales que firman acuerditos en plan TLC con la esperanza de salir en la foto comiéndose una hamburguesa.
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* Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
26 de mayo de 2008
Libertad sindical y afiliación obligatoria
Por Ricardo Manzi*
Últimamente se han publicado en la prensa diversas noticias que refieren el posible patrocinio del Gobierno a un proyecto originado en un grupo de diputados y cuya finalidad era la de aprobar una ley que estableciera la afiliación sindical automática y obligatoria para todos los trabajadores que ingresaren a una empresa. La finalidad evidente y declarada de un intento normativo en esa línea apunta a fortalecer la sindicalización, que a juicio de los autores de la moción, resulta aún baja en nuestro país, no obstante su incremento en los últimos años producto de diversas iniciativas legales impulsadas por los gobiernos de la Concertación, entre otros, por la introducción del denominado “canon de negociación colectiva.”
Esta moción parlamentaria, contaría ahora con el apoyo del Ministro del Trabajo y Previsión Social, quién ha manifestando su concordancia con esa iniciativa e indicado que el ejecutivo le prestaría apoyo.
Recientemente, se han formulado nuevas opiniones orientadas en esa dirección por parlamentarios socialistas, las que parecen contar, al menos, con el acuerdo del Ministro del Trabajo y la CUT.
Pues bien, sin estar en desacuerdo con el fortalecimiento de los sindicatos y robustecimiento de los cuerpos intermedios en general, respecto de un proyecto en esa línea parece oportuno hacer algunas precisiones sobre los criterios y principios que subvierte y los riesgos que su implementación trae aparejados.
La Constitución Política en su Capítulo III “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, artículo 19, numeral 19º establece el derecho a sindicación de conformidad a la ley. La misma disposición establece que, “la afiliación sindical será siempre voluntaria.”
De esas escuetas disposiciones de nuestra Constitución y de las correspondientes del Código del Trabajo, se puede concluir que en términos generales nuestra legislación se ajusta a los criterios indiscutidos de libertad sindical tanto positiva como negativa que hoy imperan en las naciones democráticas y que se alinean con los convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo – OIT -.
La referencia a la ley, se entiende hecha al Código el Trabajo, el cual en sus artículos 212 y siguientes establece el derecho a constituir organizaciones, sin autorización previa, es decir, sin condicionar el nacimiento del derecho a una autorización, visación o aprobación de algún agente de la administración o de cualquier otro orden. Por su parte la Constitución hace referencia a la llamada “libertad sindical negativa” al referirse a que la afiliación será siempre voluntaria, libertad que en su aspecto negativo, no es otra cosa que el derecho de todo trabajador a no afiliarse a sindicato alguno y a no ser presionado de ningún modo ni por persona alguna para hacerlo. Así mismo comprende, el derecho a desafiliarse si se encontrare afiliado a alguna orgánica sindical. Dicho de otro modo, nadie puede ser obligado a sindicarse ni a permanecer obligatoriamente en una organización sindical.
La referencia que hace nuestra constitución a la voluntariedad del acto de afiliación sindical no es baladí y tiene como explicación jurídica y política su surgimiento en un contexto de evidente desconfianza hacia prácticas existentes en el pasado que limitaban seriamente ésta y otras libertades, ya no sólo en los países de los llamados “socialismos reales”, sino que también en las autocracias occidentales y aún en regímenes democráticos auténticos.
Conocidos son los casos de los denominados “sindicatos verticales” cuya dirección y control quedaba entregada a autoridades administrativas o a directivos carentes de independencia, como fue el caso de la España franquista o el peronismo argentino, que más que defender intereses gremiales auténticos, servían como formas de control social, como agencias de negocios de muchos dirigentes y plataformas políticas para el desarrollo de las carreras políticas de algunos de sus directivos.
En todo caso, la indicada iniciativa si llegare a concretarse, tendría que someterse a un celoso escrutinio público, puesto que el establecimiento de una afiliación automática, forzosa u obligatoria significaría la revisión de diversas normas tanto constitucionales como legales, a saber:
• el carácter voluntario de la afiliación sindical, con lo cual desaparecería la libertad sindical negativa o quedaría limitada o restringida, requiriendo de su titular acciones expresas a favor de su recuperación y ejercicio, en tanto que hoy, ese derecho se le reconoce sin limitación alguna;
• si se establece la afiliación sindical obligatoria, ello podría traer aparejado la exigencia de otros grupos intermedios para que a tu turno, se establezca a su respecto, una disposición del todo semejante, puesto que el numeral 15º del artículo 19 de la Carta Fundamental, establece el derecho de asociarse sin permiso previo. En efecto, tal derecho establece en la actualidad la voluntariedad de la afiliación asociativa y la prohibición del asociacionismo obligatorio o forzoso. Así las cosas, no habría motivo que autorizara proceder de modo diferente respecto de los diversos cuerpos intermedios que interactúan en la sociedad. En este caso, el ejercicio de la libertad de asociación negativa, requeriría de actos expresos por parte de su titular, en tanto que hoy, al igual que en materia sindical, le es reconocida sin limitación alguna.
• Nos surge la duda, si siguiendo esa línea de conducta estará igualmente dispuesta la autoridad a impulsar una afiliación obligatoria respecto de los colegios profesionales o respecto de asociaciones gremiales u otras entidades de semejante carácter.
Los avances en la doctrina jurídica, en materia legislativa y en las prácticas laborales han ido eliminando o restringiendo las denominadas “cláusulas de aseguramiento sindical” que existieron sólo en forma limitada en nuestro país y de las cuales el Código del Trabajo, sólo reconoce el canon de negociación colectiva, en concordancia con lo aceptado en la legislación comparada.
¿Qué ventajas podría reportar a la sociedad chilena y sus instituciones contar con un sistema de adscripción sindical obligatorio o forzoso en desmedro de la libertad asociativa?
No visualizamos esas ventajas a primera vista; antes al contrario, creemos que más bien nos encontraríamos con algunos riesgos para la libertad sindical no menores, a saber:
a) la tentación de establecer una afiliación obligatoria sin restricciones, a favor de grandes conglomerados sindicales, probablemente los más politizados, que como consecuencia de lo mismo, se orientarían a favorecer las carreras políticas de sus dirigentes;
b) el riego de postergación de los intereses auténticamente gremiales, en beneficio de otros, que si bien legítimos, no necesariamente serán concordantes con las finalidades de estas organizaciones;
c) que, para lo anterior, sería necesario derogar la norma constitucional sobre la afiliación voluntaria y la tentación de entregar la regulación de esta libertad a una simple norma de rango legal o a la contratación colectiva, de modo, de facilitar la introducción de otras modalidades de aseguramiento sindical, tales como, los denominados “Closed Shop” por los cuales las empresas se obligan a contratar solo a los trabajadores afiliados a esas organizaciones o a algunas de sus variantes, como los “Union Shop”, “Percentage Shop” u otras categorías, que a la luz de las normas sobre libertad sindical, resultan no solo contrarias a nuestro sistema y a la doctrina internacional generalmente aceptada, si no que, contrarias a los valores de la libertad personal. Es más, algunas de ellas resultan hoy por hoy y de acuerdo a nuestra legislación prácticas antisindicales, como sería el caso de aquel trabajador que determina alejarse de su sindicato, lo que le trae aparejado como consecuencia, su despido (Maintenance of membership) o, una abierta discriminación que le impida desarrollarse en la compañía de conformidad a sus reales capacidades;
d) como se indicó, las limitaciones a la libertad sindical ya no sólo podrían tener efectos mientras se detenta un empleo o función, sino que también podrían producirse en el acceso al empleo. En efecto, a través de estos mecanismos u otros cuyo espectro se abre con ocasión de limitar la libertad sindical negativa, surgen naturalmente las limitaciones o discriminaciones en acceso al trabajo, tales como no contratar a quién no se encuentre afiliado a una determinada organización. De hecho, las limitaciones o discriminaciones tanto favorables o desfavorables al empleo debieran estar siempre prohibidas.
Como puede apreciarse, por esta vía podría no sólo afectarse la libertad sindical, sino que también, la igualdad ante la ley, en lo relativo a la igualdad de oportunidades y la libertad de trabajo y su protección (Art. 19 No. 16 CPE).
En relación con esta incipiente discusión y en forma coincidente, se ha hablado por la autoridad laboral de derogar o restringir aquellos aspectos que limitan la politización de la acción sindical establecidos en el N° 18 del citado artículo 19 de la Constitución, de modo que éstos, no puedan coetáneamente ser dirigentes sindicales y detentar la representación política, con lo cual los intereses gremiales podrían quedar indefectiblemente postergados o preteridos.
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*Ricardo Manzi Jones es abogado
Últimamente se han publicado en la prensa diversas noticias que refieren el posible patrocinio del Gobierno a un proyecto originado en un grupo de diputados y cuya finalidad era la de aprobar una ley que estableciera la afiliación sindical automática y obligatoria para todos los trabajadores que ingresaren a una empresa. La finalidad evidente y declarada de un intento normativo en esa línea apunta a fortalecer la sindicalización, que a juicio de los autores de la moción, resulta aún baja en nuestro país, no obstante su incremento en los últimos años producto de diversas iniciativas legales impulsadas por los gobiernos de la Concertación, entre otros, por la introducción del denominado “canon de negociación colectiva.”
Esta moción parlamentaria, contaría ahora con el apoyo del Ministro del Trabajo y Previsión Social, quién ha manifestando su concordancia con esa iniciativa e indicado que el ejecutivo le prestaría apoyo.
Recientemente, se han formulado nuevas opiniones orientadas en esa dirección por parlamentarios socialistas, las que parecen contar, al menos, con el acuerdo del Ministro del Trabajo y la CUT.
Pues bien, sin estar en desacuerdo con el fortalecimiento de los sindicatos y robustecimiento de los cuerpos intermedios en general, respecto de un proyecto en esa línea parece oportuno hacer algunas precisiones sobre los criterios y principios que subvierte y los riesgos que su implementación trae aparejados.
La Constitución Política en su Capítulo III “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, artículo 19, numeral 19º establece el derecho a sindicación de conformidad a la ley. La misma disposición establece que, “la afiliación sindical será siempre voluntaria.”
De esas escuetas disposiciones de nuestra Constitución y de las correspondientes del Código del Trabajo, se puede concluir que en términos generales nuestra legislación se ajusta a los criterios indiscutidos de libertad sindical tanto positiva como negativa que hoy imperan en las naciones democráticas y que se alinean con los convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo – OIT -.
La referencia a la ley, se entiende hecha al Código el Trabajo, el cual en sus artículos 212 y siguientes establece el derecho a constituir organizaciones, sin autorización previa, es decir, sin condicionar el nacimiento del derecho a una autorización, visación o aprobación de algún agente de la administración o de cualquier otro orden. Por su parte la Constitución hace referencia a la llamada “libertad sindical negativa” al referirse a que la afiliación será siempre voluntaria, libertad que en su aspecto negativo, no es otra cosa que el derecho de todo trabajador a no afiliarse a sindicato alguno y a no ser presionado de ningún modo ni por persona alguna para hacerlo. Así mismo comprende, el derecho a desafiliarse si se encontrare afiliado a alguna orgánica sindical. Dicho de otro modo, nadie puede ser obligado a sindicarse ni a permanecer obligatoriamente en una organización sindical.
La referencia que hace nuestra constitución a la voluntariedad del acto de afiliación sindical no es baladí y tiene como explicación jurídica y política su surgimiento en un contexto de evidente desconfianza hacia prácticas existentes en el pasado que limitaban seriamente ésta y otras libertades, ya no sólo en los países de los llamados “socialismos reales”, sino que también en las autocracias occidentales y aún en regímenes democráticos auténticos.
Conocidos son los casos de los denominados “sindicatos verticales” cuya dirección y control quedaba entregada a autoridades administrativas o a directivos carentes de independencia, como fue el caso de la España franquista o el peronismo argentino, que más que defender intereses gremiales auténticos, servían como formas de control social, como agencias de negocios de muchos dirigentes y plataformas políticas para el desarrollo de las carreras políticas de algunos de sus directivos.
En todo caso, la indicada iniciativa si llegare a concretarse, tendría que someterse a un celoso escrutinio público, puesto que el establecimiento de una afiliación automática, forzosa u obligatoria significaría la revisión de diversas normas tanto constitucionales como legales, a saber:
• el carácter voluntario de la afiliación sindical, con lo cual desaparecería la libertad sindical negativa o quedaría limitada o restringida, requiriendo de su titular acciones expresas a favor de su recuperación y ejercicio, en tanto que hoy, ese derecho se le reconoce sin limitación alguna;
• si se establece la afiliación sindical obligatoria, ello podría traer aparejado la exigencia de otros grupos intermedios para que a tu turno, se establezca a su respecto, una disposición del todo semejante, puesto que el numeral 15º del artículo 19 de la Carta Fundamental, establece el derecho de asociarse sin permiso previo. En efecto, tal derecho establece en la actualidad la voluntariedad de la afiliación asociativa y la prohibición del asociacionismo obligatorio o forzoso. Así las cosas, no habría motivo que autorizara proceder de modo diferente respecto de los diversos cuerpos intermedios que interactúan en la sociedad. En este caso, el ejercicio de la libertad de asociación negativa, requeriría de actos expresos por parte de su titular, en tanto que hoy, al igual que en materia sindical, le es reconocida sin limitación alguna.
• Nos surge la duda, si siguiendo esa línea de conducta estará igualmente dispuesta la autoridad a impulsar una afiliación obligatoria respecto de los colegios profesionales o respecto de asociaciones gremiales u otras entidades de semejante carácter.
Los avances en la doctrina jurídica, en materia legislativa y en las prácticas laborales han ido eliminando o restringiendo las denominadas “cláusulas de aseguramiento sindical” que existieron sólo en forma limitada en nuestro país y de las cuales el Código del Trabajo, sólo reconoce el canon de negociación colectiva, en concordancia con lo aceptado en la legislación comparada.
¿Qué ventajas podría reportar a la sociedad chilena y sus instituciones contar con un sistema de adscripción sindical obligatorio o forzoso en desmedro de la libertad asociativa?
No visualizamos esas ventajas a primera vista; antes al contrario, creemos que más bien nos encontraríamos con algunos riesgos para la libertad sindical no menores, a saber:
a) la tentación de establecer una afiliación obligatoria sin restricciones, a favor de grandes conglomerados sindicales, probablemente los más politizados, que como consecuencia de lo mismo, se orientarían a favorecer las carreras políticas de sus dirigentes;
b) el riego de postergación de los intereses auténticamente gremiales, en beneficio de otros, que si bien legítimos, no necesariamente serán concordantes con las finalidades de estas organizaciones;
c) que, para lo anterior, sería necesario derogar la norma constitucional sobre la afiliación voluntaria y la tentación de entregar la regulación de esta libertad a una simple norma de rango legal o a la contratación colectiva, de modo, de facilitar la introducción de otras modalidades de aseguramiento sindical, tales como, los denominados “Closed Shop” por los cuales las empresas se obligan a contratar solo a los trabajadores afiliados a esas organizaciones o a algunas de sus variantes, como los “Union Shop”, “Percentage Shop” u otras categorías, que a la luz de las normas sobre libertad sindical, resultan no solo contrarias a nuestro sistema y a la doctrina internacional generalmente aceptada, si no que, contrarias a los valores de la libertad personal. Es más, algunas de ellas resultan hoy por hoy y de acuerdo a nuestra legislación prácticas antisindicales, como sería el caso de aquel trabajador que determina alejarse de su sindicato, lo que le trae aparejado como consecuencia, su despido (Maintenance of membership) o, una abierta discriminación que le impida desarrollarse en la compañía de conformidad a sus reales capacidades;
d) como se indicó, las limitaciones a la libertad sindical ya no sólo podrían tener efectos mientras se detenta un empleo o función, sino que también podrían producirse en el acceso al empleo. En efecto, a través de estos mecanismos u otros cuyo espectro se abre con ocasión de limitar la libertad sindical negativa, surgen naturalmente las limitaciones o discriminaciones en acceso al trabajo, tales como no contratar a quién no se encuentre afiliado a una determinada organización. De hecho, las limitaciones o discriminaciones tanto favorables o desfavorables al empleo debieran estar siempre prohibidas.
Como puede apreciarse, por esta vía podría no sólo afectarse la libertad sindical, sino que también, la igualdad ante la ley, en lo relativo a la igualdad de oportunidades y la libertad de trabajo y su protección (Art. 19 No. 16 CPE).
En relación con esta incipiente discusión y en forma coincidente, se ha hablado por la autoridad laboral de derogar o restringir aquellos aspectos que limitan la politización de la acción sindical establecidos en el N° 18 del citado artículo 19 de la Constitución, de modo que éstos, no puedan coetáneamente ser dirigentes sindicales y detentar la representación política, con lo cual los intereses gremiales podrían quedar indefectiblemente postergados o preteridos.
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*Ricardo Manzi Jones es abogado
¿Ley de monumentos o de patrimonio?
Por Luis Alegría*
La discusión que se ha venido dando en el último tiempo desde diversas editoriales y cartas a los periódicos sobre la protección del patrimonio nacional, cuyo día se conmemoró ayer en todo el país, nos lleva a constatar una serie de situaciones lamentables. Entre estas se cuenta la confusión en el uso de los conceptos de patrimonio y monumento.
Patrimonio y monumentos no son lo mismo. Esto genera consecuencias no menores, si se piensa que a la hora de hablar de una legislación de Protección del Patrimonio, incentivos tributarios, o incluso de una institucionalidad patrimonial, esta se centre en la modificación a la actual Ley de Monumentos Nacionales (17.288), y eventualmente en la creación del Instituto del Patrimonio. Existe cierto consenso sobre la necesidad de adaptar las antiguas normas a los nuevos tiempos.
Poco se habla de los vacíos que la legislación ha evidenciado durante mucho tiempo. Y, según parece, seguirá manteniendo con unas instituciones que dentro del esquema de la protección y defensa del patrimonio juegan un rol capital: los museos.
Se puede constatar entonces, que reducido el patrimonio sólo a propiedades o bienes raíces, se genere una discusión, que por cierto no deja de ser importante, entre Estado y privados. Pero en un esquema de bipolaridad, que por un lado, margina a la sociedad civil y las organizaciones que la representan. Y por otro, la discusión de lo patrimonial a la luz pública se reduce, como lo hemos señalado, a la exclusiva protección de los monumentos (léase bienes inmuebles), tema que desde el ámbito académico está superado, pero que en el imaginario colectivo sigue siendo predominante.
Vemos con preocupación también que una discusión sobre el rol de los museos en el marco de la protección del patrimonio, queda excluida del debate nacional. Los museos siguen siendo representados como espacios estáticos, sin mayor vinculación con la realidad, básicamente como objeto de posibles robos y problemas de conservación.
Por ello, urge una discusión de la problemática patrimonial más amplia, que incluya como una necesidad de protección del patrimonio: la regulación, fomento y sostenibilidad de los museos del país, es decir la generación de una política cultural para los museos. Tema que fue central en las X Jornadas Museológicas que se desarrollaron en el Museo R.P. Gustavo le Paige, y en el Centro Cultural de España durante mayo, cuyas conclusiones se darán a conocer en los próximos días.
Abogamos por una norma jurídica para los Museos de Chile, y también por la creación de un fondo de financiamiento público, o público/privado o privado para el desarrollo de los museos, en el marco de mejorar sus estándares de funcionamiento. Si en el marco de FONDART existen fondos específicos, para áreas claves del desarrollo cultural del país, como un Fondo Audiovisual, otro de la Música, otro del Libro, ¿por qué no puede existir un Fondo de financiamiento del patrimonio y dentro de este una línea de financiamiento para los museos de Chile?
Este sin duda, puede ser uno de los anuncios más importantes que se pueden hacer este 2008, el Año Iberoamericano de Museos, y porque no, puede ser un gran regalo para todo el país en el marco del Bicentenario.
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*Luis Alegría Licuime es docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
La discusión que se ha venido dando en el último tiempo desde diversas editoriales y cartas a los periódicos sobre la protección del patrimonio nacional, cuyo día se conmemoró ayer en todo el país, nos lleva a constatar una serie de situaciones lamentables. Entre estas se cuenta la confusión en el uso de los conceptos de patrimonio y monumento.
Patrimonio y monumentos no son lo mismo. Esto genera consecuencias no menores, si se piensa que a la hora de hablar de una legislación de Protección del Patrimonio, incentivos tributarios, o incluso de una institucionalidad patrimonial, esta se centre en la modificación a la actual Ley de Monumentos Nacionales (17.288), y eventualmente en la creación del Instituto del Patrimonio. Existe cierto consenso sobre la necesidad de adaptar las antiguas normas a los nuevos tiempos.
Poco se habla de los vacíos que la legislación ha evidenciado durante mucho tiempo. Y, según parece, seguirá manteniendo con unas instituciones que dentro del esquema de la protección y defensa del patrimonio juegan un rol capital: los museos.
Se puede constatar entonces, que reducido el patrimonio sólo a propiedades o bienes raíces, se genere una discusión, que por cierto no deja de ser importante, entre Estado y privados. Pero en un esquema de bipolaridad, que por un lado, margina a la sociedad civil y las organizaciones que la representan. Y por otro, la discusión de lo patrimonial a la luz pública se reduce, como lo hemos señalado, a la exclusiva protección de los monumentos (léase bienes inmuebles), tema que desde el ámbito académico está superado, pero que en el imaginario colectivo sigue siendo predominante.
Vemos con preocupación también que una discusión sobre el rol de los museos en el marco de la protección del patrimonio, queda excluida del debate nacional. Los museos siguen siendo representados como espacios estáticos, sin mayor vinculación con la realidad, básicamente como objeto de posibles robos y problemas de conservación.
Por ello, urge una discusión de la problemática patrimonial más amplia, que incluya como una necesidad de protección del patrimonio: la regulación, fomento y sostenibilidad de los museos del país, es decir la generación de una política cultural para los museos. Tema que fue central en las X Jornadas Museológicas que se desarrollaron en el Museo R.P. Gustavo le Paige, y en el Centro Cultural de España durante mayo, cuyas conclusiones se darán a conocer en los próximos días.
Abogamos por una norma jurídica para los Museos de Chile, y también por la creación de un fondo de financiamiento público, o público/privado o privado para el desarrollo de los museos, en el marco de mejorar sus estándares de funcionamiento. Si en el marco de FONDART existen fondos específicos, para áreas claves del desarrollo cultural del país, como un Fondo Audiovisual, otro de la Música, otro del Libro, ¿por qué no puede existir un Fondo de financiamiento del patrimonio y dentro de este una línea de financiamiento para los museos de Chile?
Este sin duda, puede ser uno de los anuncios más importantes que se pueden hacer este 2008, el Año Iberoamericano de Museos, y porque no, puede ser un gran regalo para todo el país en el marco del Bicentenario.
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*Luis Alegría Licuime es docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Esto no puede continuar
Por Manuel Riesco*
CENDA ha presentado recientemente en un seminario de Naciones Unidas un análisis de los resultados financieros de la industria minera en Chile, basados en sus propios balances. Sus conclusiones deberían ser materia de preocupación. Muestran que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganarán otro tanto.
Se comprueban que los subproductos pagan todos los costos. Toda la venta de cobre se traduce en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras.
Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas. Finalmente, el estudio estima la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas, concluyendo que la misma permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos. Estos resultados ameritan una explicación al país.
Las cifras son bastante impactantes. De partida, la investigación muestra que el 2007 BHP Billiton superó a CODELCO como la principal productora de cobre en el país -ambas representan un 30% del total, incluyendo su parte de El Abra en el caso de CODELCO-, mientras que junto a las dos que le siguen, Anglo-American (13%) y Antofagasta, perteneciente a Luksic (8%), las tres mayores superan el 50% del total, y las diez mayores el 70% del cobre producido en Chile.
Las mineras privadas reconocen haber obtenido utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que se conocen como EBITDA por sus iniciales en inglés, y constituyen la medida más adecuada de las reales ganancias en industrias que, como ésta, abusan del endeudamiento y la depreciación acelerada por US$9.078,29 millones el 2005 y US$18.990,52 millones el 2007. Escondida recibió aproximadamente un tercio de las mismas. Eso significa que solo en esos dos años, las ganancias de las mineras privadas superan con creces el total de la inversión extranjera en minería desde 1974 al 2006, que no alcanza los US$20 mil millones, la mayor parte de los cuales fueron invertidos en años recientes y por añadidura ya fueron recuperados con creces con anterioridad al 2005. Se estima que el 2007 (los balances de las privadas deberían estar siendo publicados en estos días) dichas utilidades superarán ampliamente las del 2006.
Las cifras de la industria confirman las extraordinarias condiciones de la minería en Chile. CODELCO obtuvo el 2006 ganancias (EBITDA) de US$6.481 por tonelada producida. Sin embargo, ese año el precio del cobre alcanzó un promedio de US$6.731 por tonelada. Eso significa que logró el milagro de llevar a ganancias el precio íntegro del cobre. ¿Cómo se explica esta alquimia? CODELCO obtuvo US$1.969 por sub productos contenidos en cada tonelada del cobre extraído. En otras palabras, producir cobre en Chile sale gratis, puesto que los subproductos pagan los costos totales. Eso demuestra que las mineras que operan en Chile se embolsan como ganancias todo el cobre que venden.
Sin embargo, CENDA descubre serias inconsistencias en la información publicada por las privadas. El 2006 las ganancias de CODELCO (EBITDA) fueron superiores a las que declaran las privadas en US$1.400 dólares por tonelada producida, lo que equivale al 25% más de lo que declaran estas últimas. El 2005 dicha diferencia a favor de la estatal alcanzó ¡al 42%! Por otra parte, Escondida, que es la única privada que publica resultados detallados, declara haber recibido por sub productos sólo US$122 por tonelada de cobre producido, lo cual significa que CODELCO habría recibido ese año 16 veces más que la privada por este concepto. El 2005, los ingresos por subproductos de la estatal superan los declarados por Escondida ¡en 20 veces!
Las mineras privadas deben una explicación al país por las cifras sobre las cuales tributan puesto que ellas parecen muy difíciles de creer. Es evidente a simple vista que los minerales de CODELCO, además de ser mucho más antiguos y tener leyes muy inferiores, presentan costos de explotación mucho mayores, los que se suman a los elevados gastos generales de la estatal. Por otra parte, parece imposible que los subproductos contenidos en los minerales de CODELCO presenten diferencias tan abultadas con los que explotan las privadas.
Finalmente, el estudio de CENDA estima la renta de los minerales -que pertenecen todos al Estado de Chile según la Constitución- de la cual se están apropiando las mineras privadas de forma excesiva. Para ello supone que éstas deben contribuir al Estado lo mismo que CODELCO, en proporción a las producciones respectivas. Este criterio parece de toda justicia y resulta muy generoso para las primeras en razón de sus menores costos. De aplicarse, las privadas deberían haber tributado el 2007 US$13.722 millones, por encima de los US$6.201 mil millones que tributaron ese año, incluyendo 700 millones del "royalty 2". El 2006 deberían haber contribuido una cifra adicional similar.
Comparado con el gasto público social, la renta apropiada de forma excesiva por las mineras privadas alcanza para duplicar el gasto anual en pensiones, educación y salud, todos juntos. Esto no puede continuar.
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Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) .
CENDA ha presentado recientemente en un seminario de Naciones Unidas un análisis de los resultados financieros de la industria minera en Chile, basados en sus propios balances. Sus conclusiones deberían ser materia de preocupación. Muestran que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganarán otro tanto.
Se comprueban que los subproductos pagan todos los costos. Toda la venta de cobre se traduce en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras.
Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas. Finalmente, el estudio estima la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas, concluyendo que la misma permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos. Estos resultados ameritan una explicación al país.
Las cifras son bastante impactantes. De partida, la investigación muestra que el 2007 BHP Billiton superó a CODELCO como la principal productora de cobre en el país -ambas representan un 30% del total, incluyendo su parte de El Abra en el caso de CODELCO-, mientras que junto a las dos que le siguen, Anglo-American (13%) y Antofagasta, perteneciente a Luksic (8%), las tres mayores superan el 50% del total, y las diez mayores el 70% del cobre producido en Chile.
Las mineras privadas reconocen haber obtenido utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que se conocen como EBITDA por sus iniciales en inglés, y constituyen la medida más adecuada de las reales ganancias en industrias que, como ésta, abusan del endeudamiento y la depreciación acelerada por US$9.078,29 millones el 2005 y US$18.990,52 millones el 2007. Escondida recibió aproximadamente un tercio de las mismas. Eso significa que solo en esos dos años, las ganancias de las mineras privadas superan con creces el total de la inversión extranjera en minería desde 1974 al 2006, que no alcanza los US$20 mil millones, la mayor parte de los cuales fueron invertidos en años recientes y por añadidura ya fueron recuperados con creces con anterioridad al 2005. Se estima que el 2007 (los balances de las privadas deberían estar siendo publicados en estos días) dichas utilidades superarán ampliamente las del 2006.
Las cifras de la industria confirman las extraordinarias condiciones de la minería en Chile. CODELCO obtuvo el 2006 ganancias (EBITDA) de US$6.481 por tonelada producida. Sin embargo, ese año el precio del cobre alcanzó un promedio de US$6.731 por tonelada. Eso significa que logró el milagro de llevar a ganancias el precio íntegro del cobre. ¿Cómo se explica esta alquimia? CODELCO obtuvo US$1.969 por sub productos contenidos en cada tonelada del cobre extraído. En otras palabras, producir cobre en Chile sale gratis, puesto que los subproductos pagan los costos totales. Eso demuestra que las mineras que operan en Chile se embolsan como ganancias todo el cobre que venden.
Sin embargo, CENDA descubre serias inconsistencias en la información publicada por las privadas. El 2006 las ganancias de CODELCO (EBITDA) fueron superiores a las que declaran las privadas en US$1.400 dólares por tonelada producida, lo que equivale al 25% más de lo que declaran estas últimas. El 2005 dicha diferencia a favor de la estatal alcanzó ¡al 42%! Por otra parte, Escondida, que es la única privada que publica resultados detallados, declara haber recibido por sub productos sólo US$122 por tonelada de cobre producido, lo cual significa que CODELCO habría recibido ese año 16 veces más que la privada por este concepto. El 2005, los ingresos por subproductos de la estatal superan los declarados por Escondida ¡en 20 veces!
Las mineras privadas deben una explicación al país por las cifras sobre las cuales tributan puesto que ellas parecen muy difíciles de creer. Es evidente a simple vista que los minerales de CODELCO, además de ser mucho más antiguos y tener leyes muy inferiores, presentan costos de explotación mucho mayores, los que se suman a los elevados gastos generales de la estatal. Por otra parte, parece imposible que los subproductos contenidos en los minerales de CODELCO presenten diferencias tan abultadas con los que explotan las privadas.
Finalmente, el estudio de CENDA estima la renta de los minerales -que pertenecen todos al Estado de Chile según la Constitución- de la cual se están apropiando las mineras privadas de forma excesiva. Para ello supone que éstas deben contribuir al Estado lo mismo que CODELCO, en proporción a las producciones respectivas. Este criterio parece de toda justicia y resulta muy generoso para las primeras en razón de sus menores costos. De aplicarse, las privadas deberían haber tributado el 2007 US$13.722 millones, por encima de los US$6.201 mil millones que tributaron ese año, incluyendo 700 millones del "royalty 2". El 2006 deberían haber contribuido una cifra adicional similar.
Comparado con el gasto público social, la renta apropiada de forma excesiva por las mineras privadas alcanza para duplicar el gasto anual en pensiones, educación y salud, todos juntos. Esto no puede continuar.
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Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) .
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