Por Esteban Silva*
En su XXVIII Congreso General, Salvador Allende, efectuado los días 14 al 16 de marzo del año 2008, la máxima instancia de los socialistas aprobó importantes resoluciones internacionales. Una de sus resoluciones acordadas por unanimidad, expresa su solidaridad con la lucha del pueblo saharaui y su legitimo derecho a la autodeterminación e independencia, denuncia las graves violaciones que se comenten en su contra y le solicita al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que Chile proceda a reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), cuyo Presidente es Mohammed Abdelaziz, con el consiguiente establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con ese país. La RASD sufre hoy la ocupación ilegal de Marruecos en parte importante de su territorio. Esta reiteración del partido de la Presidenta Bachelet ante su gobierno, adquiere especial importancia en la actual coyuntura. Hace tan sólo algunas semanas, concluyó nuevamente sin avances positivos una nueva ronda de conversaciones establecidas bajo la égida de Naciones Unidas en Mahasset, Nueva York, entre los representantes del Frente Polisario y Marruecos.
La Cuarta ronda terminó sin avances producto de la obcecada actitud Marroquí de bloquear sistemáticamente toda posibilidad para que se cumplan los acuerdos y Resoluciones establecidos por Naciones Unidas y el Plan de Paz, en orden a que sean los propios saharauis, a través de un Referéndum, los que decidan sobre su autodeterminación y definitiva independencia.
El reino de Marruecos ha rechazado en bloque todas las medidas de confianza propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, acrecentado la represión sistemática hacia el pueblo saharaui en los territorios ocupados.Ni el intenso lobby organizado en los últimos meses por Marruecos en Chile, a través de costosos eventos culturales y donaciones, ni las atractivas invitaciones a políticos, parlamentarios y empresarios, para participar en encuentros en ese país, ni los recurrentes homenajes a parlamentarios y ministros, han logrado convencer sobre el nuevo y unilateral planteamiento marroquí de ejercer soberanía definitiva sobre los territorios que ilegalmente ocupa, a través de un supuesto plan de autonomía que desconoce todos los acuerdos internacionales establecidos para la realización de un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental.La obcecación marroquí está llevando peligrosamente a un punto muerto toda posibilidad de solución diplomática y pacifica al conflicto. ¿Y en el escenario actual del conflicto del Sahara Occidental que puede hacer un país como Chile para contribuir con los esfuerzos de paz, de descolonización y autodeterminación en que están empeñadas las Naciones Unidas?
En nuestra opinión, su contribución concreta debe ser el reconocimiento inmediato de la RASD y el consecuente establecimiento de relaciones diplomáticas, como bien lo plantea el Partido Socialista en su XXVIII Congreso General.El Reconocimiento de la RASD por parte del Estado de Chile, se transformaría en una contribución concreta a la búsqueda de una solución definitiva en el conflicto del Sahara Occidental, en coherencia con nuestra postura como país expresada cada año en la Cuarta Comisión de Descolonización de la Asamblea General de la ONU. Esta postura, emitiría al mismo tiempo, una potente señal hacia la comunidad internacional, sumándonos así al importante grupo de países Sudamericanos, de América Central y el Caribe, que ya han reconocido la República Saharaui.
La solicitud de reconocimiento a la RASD, es una postura que une a amplios sectores ciudadanos, de gobierno y oposición. Durante los últimos años, y en reiteradas oportunidades, un amplio y plural arco de representantes académicos, sociales, políticos, sindicales, estudiantiles y artistas, han solicitado al ejecutivo el reconocimiento de la RASD y el consecuente establecimiento de relaciones diplomáticas. Desde su ámbito, los más significativos representantes de organizaciones de derechos humanos, junto a abogados y juristas especializados en la defensa de los derechos humanos, han representado al gobierno y la cancillería, su preocupación y rechazo ante las sistemáticas violaciones que ejerce Marruecos sobre el pueblo saharaui.En noviembre de 2007, 63 diputados pertenecientes al conjunto de las bancadas que tiene la Cámara de Diputados de Chile (PS, PPD, PRSD, DC, RN, UDI e independientes), suscribieron una importante carta dirigida a la Presidenta Bachelet, solicitándole el reconocimiento de la RASD.
El reconocimiento de la RASD por parte del Estado Chileno, junto a otras acciones mancomunadas en el terreno diplomático y político, contribuirá también a aumentar la necesaria presión internacional sobre Marruecos con el objeto de obligar a ese país a cumplir los acuerdos internacionales pendientes.
No somos un país aislado y lejano, en un mundo cada vez más interdependiente y globalizado, los chilenos debemos y podemos contribuir con la paz y el derecho a la libre autodeterminación de un pueblo, que como el saharaui, todavía no obtiene su definitiva descolonización y autodeterminación soberana en el siglo XXI.
*Esteban Silva es analista internacional y militante socialista.
11 de abril de 2008
10 de abril de 2008
En democracia los ciudadanos deciden
Patricio Herman*
La opinión pública conoce muy bien el conflicto existente entre el consorcio Hidroaysén, conformado por las empresas Endesa y Colbún, que pretende represar los caudalosos ríos Pascua y Baker para construir centrales hidroeléctricas, cuya producción de energía sería transportada al norte del país por Transelec y diversos grupos ciudadanos defensores del carácter prístino de la Patagonia chilena, quienes se oponen con variados argumentos de peso a esa intervención en la naturaleza.
Según el libro “Patagonia Chilena ¡sin represas!” la línea de transmisión sería extensísima (2.200 km), pasaría por 8 regiones y 200 comunas y miles de predios rurales serían afectados por las torres de alta tensión y lo que no es menor, 12 áreas silvestres protegidas por el Estado, se verían impactadas por ese trazado. ¿Qué dirá nuestra flamante ministra de Medio Ambiente con respecto a lo inmediatamente anterior? Tampoco podemos perder de vista que este proyecto está pensado para suministrar energía eléctrica a los santiaguinos y a las empresas que explotan el cobre y otros minerales en el norte del país y quienes se quedan con el “cacho” son los ayseninos.
Ahora bien, hemos tomado conocimiento que en la comuna de Tortel se llevó a cabo una consulta ciudadana, convocada por su alcalde, para que se pronunciara sobre esta inversión privada, apoyada por algunos ministros de la presidenta Bachelet. La comunidad libremente expresó su rechazo al discutido proyecto y así fue como el 78% de los 161 votantes se pronunció en contra de la iniciativa y el 22% restante correspondió a quienes votaron por la aprobación, más los nulos y en blanco. Fue un interesante ejercicio de participación ciudadana, pero como las consultas no son vinculantes, sus resultados no producen ningún efecto práctico en la hora de las decisiones.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) establece que estas corporaciones pueden desarrollar directamente, con otros órganos del Estado, funciones relativas a la educación, cultura, salud pública y diferentes materias de interés ciudadano, incluyendo la protección del medioambiente. Asimismo la referida legislación expresa con meridiana claridad las instancias de participación de la ciudadanía en las materias relevantes asociadas con el desarrollo de las comunas y por ello en el artículo 94º se ordena que cada municipio contará con un consejo económico y social, el cual asegurará la expresión de las organizaciones territoriales y funcionales para que el progreso, entendido en su más amplio significado, sea una realidad en cada comuna. Por lo tanto, es legítimo que las municipalidades se relacionen con las Comisiones Regionales del Medioambiente para abordar en conjunto los asuntos ambientales.
El plebiscito, que a diferencia de la consulta, sí es vinculante, está considerado en esta Ley y en su artículo 99º se definen cuales son las materias plebiscitables y entre otras, dice textualmente “u otras de interés para la comunidad local”, siendo que el ámbito ambiental es prioritario para los habitantes de las comunas de la 11ª región. El mismo artículo dice que el alcalde puede convocar a plebiscito y si no lo hace, le corresponde a la ciudadanía exigirlo a través de un requerimiento formal suscrito por el 10% de los inscritos en los registros electorales de cada comuna, situación que ocurrió en la comuna de Vitacura en la región metropolitana ante el intento del alcalde de modificar el plan regulador con un sesgo abiertamente pro inmobiliario. Los vecinos se sintieron sobrepasados y con las firmas requeridas, obligaron a la autoridad local a que convocara a plebiscito, pero como el alcalde se negó a ceñirse al mandato legal, fue necesario que la Contraloría General de la República ordenara el cumplimiento de la LOCM. Este plebiscito se hará en Marzo del año 2009 porque en año de elecciones municipales y en Octubre próximo las tendremos, no es posible llevarlo a cabo.
Por lo anterior, sería deseable que las autoridades y sus mandantes de las comunas de Tortel, Cochrane y O’Higgins se organicen debidamente para utilizar la herramienta democrática del plebiscito entre los meses de Enero y Febrero de 2009 y que su resultado sea tomado muy en cuenta por el Estado en la hora final de las decisiones ambientales, teniéndose presente que deberán acudir a las urnas al menos el 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de esas 3 comunas patagónicas para que el resultado obligue o por lo menos induzca en este caso en particular.
Más de alguien cuestionará que estamos mezclando asuntos de competencia municipal (plebiscito) con otros de resorte general (EIA), lo cual es discutible porque el tema de estas voluminosas represas debería ser abordado con suma imaginación con el propósito de decidir lo más equilibradamente posible. En tal sentido, quisiéramos que los 3 alcaldes, con el apoyo de sus concejos municipales, se preparen para convocar al plebiscito y como éste tendría un elevado costo, por todas las formalidades del mismo, esperaríamos que el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet, a través de su intendenta regional, cooperará con el máximo de recursos económicos para que la ciudadanía, libre e informadamente, decida si está a favor o en contra de las polémicas represas, cuestionadas editorialmente en días recientes incluso en The New York Times, el diario más prestigioso de USA.
Por otro lado y sabido que “el que paga la música, oye lo que quiere escuchar”, sería interesante que el Gobierno aporte el financiamiento necesario para contratar una firma consultora externa, especializada en elaborar este tipo de Estudios (EIA), elegida oyendo a los lugareños, para que realice una evaluación independiente del proyecto hidroeléctrico, para compararlo con el EIA de los consultores de Hidroaysén. Qué esto no está contemplado en la normativa no importa, porque lo que se desea es disponer del máximo de información objetiva para decidir con transparencia a toda prueba
Si se opta por la convocatoria al plebiscito para conocer de verdad la posición que sustenta la ciudadanía y si se permite el EIA alternativo se abrirían las compuertas a la sabiduría y así ganaría el país. En este escenario, la prensa escrita, la radio y la TV de esa región tienen un tremendo desafío en orden a difundir en igualdad de condiciones los pro y los contra de esta inversión privada. Los habitantes ayseninos tienen que conocer este proyecto cabalmente, para sus fines de ahora y para los de las próximas generaciones y en tal sentido la Corema regional, con las conclusiones de los 2 EIA a la vista, estará en condiciones de resolver con autonomía e independencia.
*Fundación Defendamos la Ciudad
La opinión pública conoce muy bien el conflicto existente entre el consorcio Hidroaysén, conformado por las empresas Endesa y Colbún, que pretende represar los caudalosos ríos Pascua y Baker para construir centrales hidroeléctricas, cuya producción de energía sería transportada al norte del país por Transelec y diversos grupos ciudadanos defensores del carácter prístino de la Patagonia chilena, quienes se oponen con variados argumentos de peso a esa intervención en la naturaleza.
Según el libro “Patagonia Chilena ¡sin represas!” la línea de transmisión sería extensísima (2.200 km), pasaría por 8 regiones y 200 comunas y miles de predios rurales serían afectados por las torres de alta tensión y lo que no es menor, 12 áreas silvestres protegidas por el Estado, se verían impactadas por ese trazado. ¿Qué dirá nuestra flamante ministra de Medio Ambiente con respecto a lo inmediatamente anterior? Tampoco podemos perder de vista que este proyecto está pensado para suministrar energía eléctrica a los santiaguinos y a las empresas que explotan el cobre y otros minerales en el norte del país y quienes se quedan con el “cacho” son los ayseninos.
Ahora bien, hemos tomado conocimiento que en la comuna de Tortel se llevó a cabo una consulta ciudadana, convocada por su alcalde, para que se pronunciara sobre esta inversión privada, apoyada por algunos ministros de la presidenta Bachelet. La comunidad libremente expresó su rechazo al discutido proyecto y así fue como el 78% de los 161 votantes se pronunció en contra de la iniciativa y el 22% restante correspondió a quienes votaron por la aprobación, más los nulos y en blanco. Fue un interesante ejercicio de participación ciudadana, pero como las consultas no son vinculantes, sus resultados no producen ningún efecto práctico en la hora de las decisiones.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) establece que estas corporaciones pueden desarrollar directamente, con otros órganos del Estado, funciones relativas a la educación, cultura, salud pública y diferentes materias de interés ciudadano, incluyendo la protección del medioambiente. Asimismo la referida legislación expresa con meridiana claridad las instancias de participación de la ciudadanía en las materias relevantes asociadas con el desarrollo de las comunas y por ello en el artículo 94º se ordena que cada municipio contará con un consejo económico y social, el cual asegurará la expresión de las organizaciones territoriales y funcionales para que el progreso, entendido en su más amplio significado, sea una realidad en cada comuna. Por lo tanto, es legítimo que las municipalidades se relacionen con las Comisiones Regionales del Medioambiente para abordar en conjunto los asuntos ambientales.
El plebiscito, que a diferencia de la consulta, sí es vinculante, está considerado en esta Ley y en su artículo 99º se definen cuales son las materias plebiscitables y entre otras, dice textualmente “u otras de interés para la comunidad local”, siendo que el ámbito ambiental es prioritario para los habitantes de las comunas de la 11ª región. El mismo artículo dice que el alcalde puede convocar a plebiscito y si no lo hace, le corresponde a la ciudadanía exigirlo a través de un requerimiento formal suscrito por el 10% de los inscritos en los registros electorales de cada comuna, situación que ocurrió en la comuna de Vitacura en la región metropolitana ante el intento del alcalde de modificar el plan regulador con un sesgo abiertamente pro inmobiliario. Los vecinos se sintieron sobrepasados y con las firmas requeridas, obligaron a la autoridad local a que convocara a plebiscito, pero como el alcalde se negó a ceñirse al mandato legal, fue necesario que la Contraloría General de la República ordenara el cumplimiento de la LOCM. Este plebiscito se hará en Marzo del año 2009 porque en año de elecciones municipales y en Octubre próximo las tendremos, no es posible llevarlo a cabo.
Por lo anterior, sería deseable que las autoridades y sus mandantes de las comunas de Tortel, Cochrane y O’Higgins se organicen debidamente para utilizar la herramienta democrática del plebiscito entre los meses de Enero y Febrero de 2009 y que su resultado sea tomado muy en cuenta por el Estado en la hora final de las decisiones ambientales, teniéndose presente que deberán acudir a las urnas al menos el 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de esas 3 comunas patagónicas para que el resultado obligue o por lo menos induzca en este caso en particular.
Más de alguien cuestionará que estamos mezclando asuntos de competencia municipal (plebiscito) con otros de resorte general (EIA), lo cual es discutible porque el tema de estas voluminosas represas debería ser abordado con suma imaginación con el propósito de decidir lo más equilibradamente posible. En tal sentido, quisiéramos que los 3 alcaldes, con el apoyo de sus concejos municipales, se preparen para convocar al plebiscito y como éste tendría un elevado costo, por todas las formalidades del mismo, esperaríamos que el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet, a través de su intendenta regional, cooperará con el máximo de recursos económicos para que la ciudadanía, libre e informadamente, decida si está a favor o en contra de las polémicas represas, cuestionadas editorialmente en días recientes incluso en The New York Times, el diario más prestigioso de USA.
Por otro lado y sabido que “el que paga la música, oye lo que quiere escuchar”, sería interesante que el Gobierno aporte el financiamiento necesario para contratar una firma consultora externa, especializada en elaborar este tipo de Estudios (EIA), elegida oyendo a los lugareños, para que realice una evaluación independiente del proyecto hidroeléctrico, para compararlo con el EIA de los consultores de Hidroaysén. Qué esto no está contemplado en la normativa no importa, porque lo que se desea es disponer del máximo de información objetiva para decidir con transparencia a toda prueba
Si se opta por la convocatoria al plebiscito para conocer de verdad la posición que sustenta la ciudadanía y si se permite el EIA alternativo se abrirían las compuertas a la sabiduría y así ganaría el país. En este escenario, la prensa escrita, la radio y la TV de esa región tienen un tremendo desafío en orden a difundir en igualdad de condiciones los pro y los contra de esta inversión privada. Los habitantes ayseninos tienen que conocer este proyecto cabalmente, para sus fines de ahora y para los de las próximas generaciones y en tal sentido la Corema regional, con las conclusiones de los 2 EIA a la vista, estará en condiciones de resolver con autonomía e independencia.
*Fundación Defendamos la Ciudad
9 de abril de 2008
¡Viva la lucha de clases!
Por Nicolás Espejo*
No son pocos los que, con la candidez propia de quien desconoce la historia, han predicado el fin de la sociedad de clases. Imbuidos por la impronta de nuevas formas de catalogar lo social, algunos han sugerido que la calificación tradicional marxista –que distingue entre la clase burguesa y el proletariado- carece de validez bajo las crecientes condiciones de hibridización de la sociedad capitalista actual. Por eso, para muchos, es mejor hablar de formas de “estratificación social”, dependientes de estructuras de diferenciación asociadas a la raza o el género, entre otras.
La sociología marxista moderna ha respondido a esta cuestión indicando que, para describir correctamente la operatividad de la sociedad capitalista, el análisis de clase debiese evitar su reducción a la mera tenencia -o la falta de ella- de ciertas formas de capital económico. Como lo indica agudamente la sociología Bourdieana –entre otras- las distintas formas de capital cultural, simbólico o político, también acaban determinando fuertemente el lugar de los sujetos dentro de la sociedad capitalista. El ejemplo de la educación es paradigmático en este sentido. Si usted estudia en el Colegio San Ignacio o en el Tabancura, debe hacer casi lo imposible para terminar perteneciendo a los sectores menos aventajados económica, social y políticamente de la sociedad. Si duda sobre esta cuestión, puede revisar los diversos “rankings” que al efecto se elaboran constantemente en esta materia.
¿Qué tiene que ver todo esto con el fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después? Muchísimo. La decisión del TC en esta materia viene a recordarnos varias cosas.
Primero, que el valor simbólico de la mujer en Chile no ha llegado –a pesar de que el Gobierno diga que tenemos “mucho que celebrar”- a transformarse en un status jurídico pleno. Si es que el TC cree que el derecho a la vida del que está por nacer es un derecho absoluto, que no debe ponderarse con ningún otro derecho, entonces simplemente las mujeres no son reconocidas como portadoras de derechos en ningún sentido jurídicamente relevante. El derecho a la vida del que está por nacer, independiente de su estado embrionario, triunfa siempre frente a cualquier otro derecho (como el derecho a la autonomía o a la salud sexual y reproductiva de la mujer). Por ello, en Chile usted se encuentra mejor protegido por la Constitución Política de la República de Chile si es dueño de un auto –el TC ponderará agudamente su derecho a la propiedad y la libre circulación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación -, que si resulta ser una mujer en edad fértil (ya sabemos, ahí no hay nada que ponderar).
Segundo, la decisión del TC nos recuerda que la división de clases en Chile, esa que pone nerviosa a la derecha y que la izquierda parece ya haber olvidado, sigue rampante. No le basta al TC que, por el sólo hecho de ser mujer, usted no tenga ningún derecho que hacer valer como argumento relevante en materia de su autonomía sexual y reproductiva. Si por esas cosas de la vida –lo que los filósofos morales llaman “la lotería natural”- a usted no solo le tocó “la mala suerte” de ser mujer, sino que, además, se ve enfrentada al hecho de depender de la salud pública, las cosas no se ven necesariamente auspiciosas. La decisión del TC, ya lo sabemos, garantiza que las mujeres menos aventajadas socio-económicamente de Chile no tengan el mismo derecho a acceder a medicación anticonceptiva de emergencia en los mismo términos que las mujeres mejor situadas en la estructura de capital económico. Se trata, como lo indica la literatura especializada, de una forma reforzada de discriminación: usted “paga” por ser mujer y por ser pobre (o menos favorecida socio-económicamente).
Por eso es que el fallo del TC es clasista en el más específico y técnico de los sentidos. No sorprende, claro está. Es un reflejo del Chile real. Pero no por eso deja de molestarnos y ofendernos. Por eso no es descabellado decir: ¡Qué viva la lucha de clases!
*Nicolás Espejo es director de centro de derechos humanos de la UDP
No son pocos los que, con la candidez propia de quien desconoce la historia, han predicado el fin de la sociedad de clases. Imbuidos por la impronta de nuevas formas de catalogar lo social, algunos han sugerido que la calificación tradicional marxista –que distingue entre la clase burguesa y el proletariado- carece de validez bajo las crecientes condiciones de hibridización de la sociedad capitalista actual. Por eso, para muchos, es mejor hablar de formas de “estratificación social”, dependientes de estructuras de diferenciación asociadas a la raza o el género, entre otras.
La sociología marxista moderna ha respondido a esta cuestión indicando que, para describir correctamente la operatividad de la sociedad capitalista, el análisis de clase debiese evitar su reducción a la mera tenencia -o la falta de ella- de ciertas formas de capital económico. Como lo indica agudamente la sociología Bourdieana –entre otras- las distintas formas de capital cultural, simbólico o político, también acaban determinando fuertemente el lugar de los sujetos dentro de la sociedad capitalista. El ejemplo de la educación es paradigmático en este sentido. Si usted estudia en el Colegio San Ignacio o en el Tabancura, debe hacer casi lo imposible para terminar perteneciendo a los sectores menos aventajados económica, social y políticamente de la sociedad. Si duda sobre esta cuestión, puede revisar los diversos “rankings” que al efecto se elaboran constantemente en esta materia.
¿Qué tiene que ver todo esto con el fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después? Muchísimo. La decisión del TC en esta materia viene a recordarnos varias cosas.
Primero, que el valor simbólico de la mujer en Chile no ha llegado –a pesar de que el Gobierno diga que tenemos “mucho que celebrar”- a transformarse en un status jurídico pleno. Si es que el TC cree que el derecho a la vida del que está por nacer es un derecho absoluto, que no debe ponderarse con ningún otro derecho, entonces simplemente las mujeres no son reconocidas como portadoras de derechos en ningún sentido jurídicamente relevante. El derecho a la vida del que está por nacer, independiente de su estado embrionario, triunfa siempre frente a cualquier otro derecho (como el derecho a la autonomía o a la salud sexual y reproductiva de la mujer). Por ello, en Chile usted se encuentra mejor protegido por la Constitución Política de la República de Chile si es dueño de un auto –el TC ponderará agudamente su derecho a la propiedad y la libre circulación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación -, que si resulta ser una mujer en edad fértil (ya sabemos, ahí no hay nada que ponderar).
Segundo, la decisión del TC nos recuerda que la división de clases en Chile, esa que pone nerviosa a la derecha y que la izquierda parece ya haber olvidado, sigue rampante. No le basta al TC que, por el sólo hecho de ser mujer, usted no tenga ningún derecho que hacer valer como argumento relevante en materia de su autonomía sexual y reproductiva. Si por esas cosas de la vida –lo que los filósofos morales llaman “la lotería natural”- a usted no solo le tocó “la mala suerte” de ser mujer, sino que, además, se ve enfrentada al hecho de depender de la salud pública, las cosas no se ven necesariamente auspiciosas. La decisión del TC, ya lo sabemos, garantiza que las mujeres menos aventajadas socio-económicamente de Chile no tengan el mismo derecho a acceder a medicación anticonceptiva de emergencia en los mismo términos que las mujeres mejor situadas en la estructura de capital económico. Se trata, como lo indica la literatura especializada, de una forma reforzada de discriminación: usted “paga” por ser mujer y por ser pobre (o menos favorecida socio-económicamente).
Por eso es que el fallo del TC es clasista en el más específico y técnico de los sentidos. No sorprende, claro está. Es un reflejo del Chile real. Pero no por eso deja de molestarnos y ofendernos. Por eso no es descabellado decir: ¡Qué viva la lucha de clases!
*Nicolás Espejo es director de centro de derechos humanos de la UDP
8 de abril de 2008
El autismo del Banco Central
Por Alexis Guardia*
Economistas del ámbito financiero ya no creen que exista un piso para el dólar. Según el ranking elaborado por Blomberg, que agrupa a 180 monedas e instrumentos de inversión, el peso chileno llegó a ser la moneda mas apreciada en el mundo respecto al dólar incluso por sobre el franco suizo. Por cierto la fortaleza del peso no se condice con la debilidad de una estructura productiva asentada en la exportación de recursos naturales y commodities sujetas a importantes fluctuaciones cíclicas. Esta inusitada fortaleza del peso esta influida últimamente también por la debilidad global del dólar del último período.
La verdad es que el tipo de cambio nominal respecto al dólar viene cuesta abajo en la rodada desde el año 2004 ( 24% de caída durante el período 2007-2003) y se ha precipitado en los últimos meses por tres razones: la depreciación del dólar al nivel mundial; el creciente diferencial de tasas de interés de corto plazo entre lo establecido por el Banco Central chileno y el Banco Central de EE.UU., que incentiva la entrada de capitales a Chile.( véase la creciente entrada de depósitos en dólares en el sistema bancario a partir de septiembre del 2007); adicionalmente se agrega un aumento del precio del cobre que llegó a girar en torno a 4 dólares la libra ( el mayor valor en la historia) a raíz de la existencia de bajos inventarios y un dólar débil como fenómeno global que obliga a los inversionista a buscar otros valores refugios, particularmente en los derivados de commodities.
Para examinar como se ha visto afectado en lo inmediato la competitividad-precio del sector exportador chileno y del sector que produce para el mercado interno, debemos hacer consideración del tipo de cambio real y no solo del tipo de cambio nominal. En efecto el tipo de cambio real observado es una relación de los precios externos en pesos de los principales socios comerciales respecto a los precios internos de Chile en pesos. Como es sabido, este tipo de cambio real se ha deteriorado en 9,5% y se traduce que nuestra producción es menos competitiva en 9,5% respecto a la de nuestros principales socios en el periodo 2003-2007, en tanto el tipo de cambio nominal se redujo en 24%.en el mismo período. Si abrimos, ahora la actual canasta exportadora chilena, encontraremos seis productos genéricos que representan el 75% del valor total de las exportaciones del 2007. Ellos son: cobre, molibdeno, celulosa, salmón, frutas y vinos, solo los tres primeros tienen a la fecha, variaciones de precios externos que mitigan la apreciación del peso, los otros están lejos de ello incluso el vino exportado enfrentó una disminución de 7,5% de sus precios externos promedios durante el periodo 2006- 2007. De prolongarse esta situación lo único rentable y sostenible son los productos señalados acentuando la especialización de la canasta exportadora y abriendo perspectivas para ellos y deteriorándolas para los otros. Así, el motor exportador queda cada vez mas segmentado. ¿Qué pasa en esta situación con el encadenamiento productivo que venía registrando el sector exportador en sus núcleos más dinámicos? ¿Por que habría que comprar a los proveedores locales los insumos del sector exportador cuando ellos son más baratos importarlos? ¿Y que pasa con las oportunidades que abren los acuerdos comerciales para diversificar las exportaciones? Porque es obvio que estos acuerdos comerciales no se han hecho solo para vender más cobre, molibdeno y celulosa, que además tenían muy bajos aranceles antes de los acuerdos. Sin duda, en las actuales circunstancias la apreciación del peso es un golpe duro en el corazón del modelo exportador, pero también lo es para la industria local que genera empleo y dentro de la cual se cobija lo esencial de la pequeña y mediana industria.
¿Qué hace el Banco Central frente a esta situación? La historia de un tipo de cambio flotante en Chile registra hasta ahora que el Banco Central interviene cuando el precio del dólar sube, presumiblemente porque ello comprometía las metas de inflación. El banco salio directamente al mercado cambiario a vender dólares o deuda indexada en agosto del 2001 y octubre del 2002. Pero no muestra la misma disponibilidad cuando el dólar se aprecia y no sale a comprar hasta ahora. Probablemente porque un dólar barato ayuda a mantener a raya la inflación. ¿Pero a qué costo? Pareciera, por el ultimo informe monetario presentado, que lo que gatillaría una intervención esta dado cuando el tipo de cambio está muy desalineado con los fundamentos de la economía. Es decir cuando está desalineado (en proporciones que se desconocen) respecto al tipo de cambio de “equilibrio de largo plazo”. ¿Qué es esto? Es una ecuación o modelo, en que este tipo de cambio depende por ejemplo de la evolución de los términos de intercambio, gasto del gobierno, activos externos netos y diferenciales de productividad. Sin embargo, pueden haber distintas maneras de modelar los fundamentos. Suponemos que el Banco Central ha escogido un modelo particular (que nadie sabe cuál es) y que observa permanentemente sus resultados, que tampoco se conocen de manera sistemática. Al parecer a los senadores no les interesa preguntar mucho tampoco. Al fin y al cabo si esta regla mueve presumiblemente la intervención estos resultados no pueden ser públicos.
Sin embargo, si uno lee la historia monetaria de los últimos 50 años, vera que los bancos centrales intervienen, por razones más prosaicas en el mercado cambiario, es decir cuando hay movimientos especulativos en torno al precio de la divisa y que pone en juego el buen funcionamiento de la economía real. En el caso chileno creo que estamos en esta situación y el Banco Central que sin duda tiene un buen staff de economistas también pudiera modelar los movimientos especulativos que se generan en el mercado cambiario. En tales circunstancias, el Banco Central debería en algún momento intervenir y golpear las expectativas que incitan a una creciente apreciación del peso, de no hacer nada ellas continuaran comprometiendo el crecimiento a largo plazo de la economía chilena.
Existen varias modalidades de intervención, una de ellas es emitiendo deuda en dólares a fin de evitar un exceso de liquidez en pesos, o hacer uso del encaje sobre la entrada de capitales de corto plazo, corrigiendo naturalmente las perforaciones que ella registró a finales de la década del noventa. Pero sin duda es el Banco Central el que conoce mejor cual sería la más adecuada. El BC tiene capacidad financiera para hacerlo pues su déficit patrimonial ha disminuido gracias a los aportes del fisco, y es hoy de un 2,5% del PIB.
Finalmente podemos concluir lo siguiente. La flotación cambiaria tiene ventajas sin duda, la principal de ellas es que el país puede fijar su política monetaria de manera autónoma, dejando al mercado cambiario el cuidado de determinar el precio externo de la moneda. Pero también tiene desventajas. El inconveniente mayor, particularmente para economías como la chilena a la que le faltan varias etapas para alcanzar el desarrollo y absorber su heterogeneidad estructural, es el rol que juega el mercado en el ámbito cambiario. En efecto, allí las paridades cambiarias son determinadas día a día por la confrontación de la oferta y la demanda. Lo específico es que este mercado exagera a menudo los movimientos y privilegia sistemáticamente las expectativas a muy corto plazo en perjuicio de las otras. Hay momento que el riesgo cambiario es asumido por fuertes movimientos especulativos; por ello las variaciones cotidianas son a menudo excesivas, comparado con los datos económicos del resto de los mercados y de la economía. En tal caso, la flotación no es negocio para el país sino para un puñado de especuladores.En este contexto, la “independencia” del Banco Central es una garantía que podrá cumplir con las metas de inflación que se ha dado, aún cuando todos los bancos centrales de los países desarrollados están revisando sus metas al alza, con una economía fuertemente dañada, sin temer ninguna acusación constitucional.
*Alexis Guardia es economista
Economistas del ámbito financiero ya no creen que exista un piso para el dólar. Según el ranking elaborado por Blomberg, que agrupa a 180 monedas e instrumentos de inversión, el peso chileno llegó a ser la moneda mas apreciada en el mundo respecto al dólar incluso por sobre el franco suizo. Por cierto la fortaleza del peso no se condice con la debilidad de una estructura productiva asentada en la exportación de recursos naturales y commodities sujetas a importantes fluctuaciones cíclicas. Esta inusitada fortaleza del peso esta influida últimamente también por la debilidad global del dólar del último período.
La verdad es que el tipo de cambio nominal respecto al dólar viene cuesta abajo en la rodada desde el año 2004 ( 24% de caída durante el período 2007-2003) y se ha precipitado en los últimos meses por tres razones: la depreciación del dólar al nivel mundial; el creciente diferencial de tasas de interés de corto plazo entre lo establecido por el Banco Central chileno y el Banco Central de EE.UU., que incentiva la entrada de capitales a Chile.( véase la creciente entrada de depósitos en dólares en el sistema bancario a partir de septiembre del 2007); adicionalmente se agrega un aumento del precio del cobre que llegó a girar en torno a 4 dólares la libra ( el mayor valor en la historia) a raíz de la existencia de bajos inventarios y un dólar débil como fenómeno global que obliga a los inversionista a buscar otros valores refugios, particularmente en los derivados de commodities.
Para examinar como se ha visto afectado en lo inmediato la competitividad-precio del sector exportador chileno y del sector que produce para el mercado interno, debemos hacer consideración del tipo de cambio real y no solo del tipo de cambio nominal. En efecto el tipo de cambio real observado es una relación de los precios externos en pesos de los principales socios comerciales respecto a los precios internos de Chile en pesos. Como es sabido, este tipo de cambio real se ha deteriorado en 9,5% y se traduce que nuestra producción es menos competitiva en 9,5% respecto a la de nuestros principales socios en el periodo 2003-2007, en tanto el tipo de cambio nominal se redujo en 24%.en el mismo período. Si abrimos, ahora la actual canasta exportadora chilena, encontraremos seis productos genéricos que representan el 75% del valor total de las exportaciones del 2007. Ellos son: cobre, molibdeno, celulosa, salmón, frutas y vinos, solo los tres primeros tienen a la fecha, variaciones de precios externos que mitigan la apreciación del peso, los otros están lejos de ello incluso el vino exportado enfrentó una disminución de 7,5% de sus precios externos promedios durante el periodo 2006- 2007. De prolongarse esta situación lo único rentable y sostenible son los productos señalados acentuando la especialización de la canasta exportadora y abriendo perspectivas para ellos y deteriorándolas para los otros. Así, el motor exportador queda cada vez mas segmentado. ¿Qué pasa en esta situación con el encadenamiento productivo que venía registrando el sector exportador en sus núcleos más dinámicos? ¿Por que habría que comprar a los proveedores locales los insumos del sector exportador cuando ellos son más baratos importarlos? ¿Y que pasa con las oportunidades que abren los acuerdos comerciales para diversificar las exportaciones? Porque es obvio que estos acuerdos comerciales no se han hecho solo para vender más cobre, molibdeno y celulosa, que además tenían muy bajos aranceles antes de los acuerdos. Sin duda, en las actuales circunstancias la apreciación del peso es un golpe duro en el corazón del modelo exportador, pero también lo es para la industria local que genera empleo y dentro de la cual se cobija lo esencial de la pequeña y mediana industria.
¿Qué hace el Banco Central frente a esta situación? La historia de un tipo de cambio flotante en Chile registra hasta ahora que el Banco Central interviene cuando el precio del dólar sube, presumiblemente porque ello comprometía las metas de inflación. El banco salio directamente al mercado cambiario a vender dólares o deuda indexada en agosto del 2001 y octubre del 2002. Pero no muestra la misma disponibilidad cuando el dólar se aprecia y no sale a comprar hasta ahora. Probablemente porque un dólar barato ayuda a mantener a raya la inflación. ¿Pero a qué costo? Pareciera, por el ultimo informe monetario presentado, que lo que gatillaría una intervención esta dado cuando el tipo de cambio está muy desalineado con los fundamentos de la economía. Es decir cuando está desalineado (en proporciones que se desconocen) respecto al tipo de cambio de “equilibrio de largo plazo”. ¿Qué es esto? Es una ecuación o modelo, en que este tipo de cambio depende por ejemplo de la evolución de los términos de intercambio, gasto del gobierno, activos externos netos y diferenciales de productividad. Sin embargo, pueden haber distintas maneras de modelar los fundamentos. Suponemos que el Banco Central ha escogido un modelo particular (que nadie sabe cuál es) y que observa permanentemente sus resultados, que tampoco se conocen de manera sistemática. Al parecer a los senadores no les interesa preguntar mucho tampoco. Al fin y al cabo si esta regla mueve presumiblemente la intervención estos resultados no pueden ser públicos.
Sin embargo, si uno lee la historia monetaria de los últimos 50 años, vera que los bancos centrales intervienen, por razones más prosaicas en el mercado cambiario, es decir cuando hay movimientos especulativos en torno al precio de la divisa y que pone en juego el buen funcionamiento de la economía real. En el caso chileno creo que estamos en esta situación y el Banco Central que sin duda tiene un buen staff de economistas también pudiera modelar los movimientos especulativos que se generan en el mercado cambiario. En tales circunstancias, el Banco Central debería en algún momento intervenir y golpear las expectativas que incitan a una creciente apreciación del peso, de no hacer nada ellas continuaran comprometiendo el crecimiento a largo plazo de la economía chilena.
Existen varias modalidades de intervención, una de ellas es emitiendo deuda en dólares a fin de evitar un exceso de liquidez en pesos, o hacer uso del encaje sobre la entrada de capitales de corto plazo, corrigiendo naturalmente las perforaciones que ella registró a finales de la década del noventa. Pero sin duda es el Banco Central el que conoce mejor cual sería la más adecuada. El BC tiene capacidad financiera para hacerlo pues su déficit patrimonial ha disminuido gracias a los aportes del fisco, y es hoy de un 2,5% del PIB.
Finalmente podemos concluir lo siguiente. La flotación cambiaria tiene ventajas sin duda, la principal de ellas es que el país puede fijar su política monetaria de manera autónoma, dejando al mercado cambiario el cuidado de determinar el precio externo de la moneda. Pero también tiene desventajas. El inconveniente mayor, particularmente para economías como la chilena a la que le faltan varias etapas para alcanzar el desarrollo y absorber su heterogeneidad estructural, es el rol que juega el mercado en el ámbito cambiario. En efecto, allí las paridades cambiarias son determinadas día a día por la confrontación de la oferta y la demanda. Lo específico es que este mercado exagera a menudo los movimientos y privilegia sistemáticamente las expectativas a muy corto plazo en perjuicio de las otras. Hay momento que el riesgo cambiario es asumido por fuertes movimientos especulativos; por ello las variaciones cotidianas son a menudo excesivas, comparado con los datos económicos del resto de los mercados y de la economía. En tal caso, la flotación no es negocio para el país sino para un puñado de especuladores.En este contexto, la “independencia” del Banco Central es una garantía que podrá cumplir con las metas de inflación que se ha dado, aún cuando todos los bancos centrales de los países desarrollados están revisando sus metas al alza, con una economía fuertemente dañada, sin temer ninguna acusación constitucional.
*Alexis Guardia es economista
7 de abril de 2008
Salmones, una industria contra la corriente
Por Flavia Liberona*
Las recientes noticias sobre la situación de la salmonicultura chilena dan una voz de alarma y anuncian un posible colapso de la industria. Algunos medios han dado a entender que esta crisis podría ser producto de acciones de ONGs nacionales e internacionales, que han lanzado una campaña de desprestigio de la industria.
Resulta llamativo que una industria que se ha convertido en los últimos años en el tercer exportador de Chile y el segundo productor se salmones a nivel mundial (después de Noruega) se muestre tan vulnerable.
Para entender la real situación resulta indispensable analizar a fondo lo que está pasando con esta supuestamente “exitosa” industria. La industria salmonera chilena se basa en el cultivo de diversas especies de salmónidos, ninguna de las cuales es nativa, lo que las hace más vulnerables que el mismo tipo de cultivo realizado en países como Noruega o Canadá, de donde son originarias.
El cultivo intensivo de salmónidos comienza a desarrollarse con fuerza en Chile en los 90. Según consigna el informe de Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile elaborado por la OCDE para el período 1990-2004, la acuicultura tuvo un crecimiento de un 825%, y agrega que pese a este explosivo crecimiento, presenta problemas en el ámbito ambiental. Entre las recomendaciones que hace la OCDE para mejorar su desempeño ambiental está “mejorar la protección ambiental y sanitaria en la acuicultura (en relación a la eutrofización, fugas de salmón, equilibrio ecológico de los lagos, uso de antibióticos, vigilancia epidemiológica, erradicación de enfermedades infecciosas, entre otros), particularmente fortaleciendo la capacidad para hacer cumplir las normas y los reglamentos”.
Una serie de estudios e investigaciones publicados en los últimos meses permiten sostener que desde hace tiempo existía evidencia de que las cosas en la industria salmonera nacional no andaban bien y que era necesario y urgente hacer cambios sustantivos en las regulaciones nacionales; cuestión que, por lo demás, propone desde hace tiempo Fundación Terram junto a Oxfam Chile, a través de la Campaña Sin Miento Contra la Corriente.
Pero la industria optó por no mirar lo que estaba pasando, al igual que los servicios públicos encargados de implementar políticas públicas al respecto. Como consecuencia, hoy estamos ante una crisis de proporciones, de la cual es injusto e insostenible responsabilizar a las ONG’s.
Hoy, es urgente que el gobierno y los empresarios tomen medidas, que no pueden estar orientadas a culpabilizar a terceros por las malas prácticas ambientales y laborales de la industria. Es urgente que el Estado, a través de sus servicios públicos, mejore las regulaciones y vele por su adecuado cumplimiento. No sacamos nada con destinar recursos humanos y financieros -pagados por todos los chilenos y chilenas-, para que nuestras autoridades se dediquen a proteger a la industria y promover la venta de salmón chileno. Si el gobierno y la empresa no actúan ahora de forma correcta, una vez más seremos los chilenos y chilenas los que pagaremos los costos ambientales y sociales de las malas prácticas de esta industria, mientras los grandes capitales migrarán hacia otras fuentes de negocios.
*Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram
Las recientes noticias sobre la situación de la salmonicultura chilena dan una voz de alarma y anuncian un posible colapso de la industria. Algunos medios han dado a entender que esta crisis podría ser producto de acciones de ONGs nacionales e internacionales, que han lanzado una campaña de desprestigio de la industria.
Resulta llamativo que una industria que se ha convertido en los últimos años en el tercer exportador de Chile y el segundo productor se salmones a nivel mundial (después de Noruega) se muestre tan vulnerable.
Para entender la real situación resulta indispensable analizar a fondo lo que está pasando con esta supuestamente “exitosa” industria. La industria salmonera chilena se basa en el cultivo de diversas especies de salmónidos, ninguna de las cuales es nativa, lo que las hace más vulnerables que el mismo tipo de cultivo realizado en países como Noruega o Canadá, de donde son originarias.
El cultivo intensivo de salmónidos comienza a desarrollarse con fuerza en Chile en los 90. Según consigna el informe de Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile elaborado por la OCDE para el período 1990-2004, la acuicultura tuvo un crecimiento de un 825%, y agrega que pese a este explosivo crecimiento, presenta problemas en el ámbito ambiental. Entre las recomendaciones que hace la OCDE para mejorar su desempeño ambiental está “mejorar la protección ambiental y sanitaria en la acuicultura (en relación a la eutrofización, fugas de salmón, equilibrio ecológico de los lagos, uso de antibióticos, vigilancia epidemiológica, erradicación de enfermedades infecciosas, entre otros), particularmente fortaleciendo la capacidad para hacer cumplir las normas y los reglamentos”.
Una serie de estudios e investigaciones publicados en los últimos meses permiten sostener que desde hace tiempo existía evidencia de que las cosas en la industria salmonera nacional no andaban bien y que era necesario y urgente hacer cambios sustantivos en las regulaciones nacionales; cuestión que, por lo demás, propone desde hace tiempo Fundación Terram junto a Oxfam Chile, a través de la Campaña Sin Miento Contra la Corriente.
Pero la industria optó por no mirar lo que estaba pasando, al igual que los servicios públicos encargados de implementar políticas públicas al respecto. Como consecuencia, hoy estamos ante una crisis de proporciones, de la cual es injusto e insostenible responsabilizar a las ONG’s.
Hoy, es urgente que el gobierno y los empresarios tomen medidas, que no pueden estar orientadas a culpabilizar a terceros por las malas prácticas ambientales y laborales de la industria. Es urgente que el Estado, a través de sus servicios públicos, mejore las regulaciones y vele por su adecuado cumplimiento. No sacamos nada con destinar recursos humanos y financieros -pagados por todos los chilenos y chilenas-, para que nuestras autoridades se dediquen a proteger a la industria y promover la venta de salmón chileno. Si el gobierno y la empresa no actúan ahora de forma correcta, una vez más seremos los chilenos y chilenas los que pagaremos los costos ambientales y sociales de las malas prácticas de esta industria, mientras los grandes capitales migrarán hacia otras fuentes de negocios.
*Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram
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