Por Sergio Ramírez*
La Chureca es un basurero cercano a la costa del Lago Xolotlán, que puede parecer paradisíaco desde al aire. Las aguas tranquilas, en las que se reflejan las nubes, de todos modos infectadas por los vertederos de las cloacas, la península de Chiltepe horadada por los cráteres de antiguas lagunas volcánicas, el cono inmenso del volcán Momotombo, y esfuminadas hacia el norte, más allá de la ribera del lago, los contrafuertes de la cordillera de Dipilto, en los lindes con Honduras.
Todo el día los camiones recogedores avanzan por los caminos de acceso a La Chureca haciendo temblar el suelo y alzando polvo, para depositar su carga en el inmenso playón de 60 hectáreas donde la ciudad va acumulando sus desechos, y el basurero se revela como un extraño paisaje calcinado, tierra oscura y requemada que se alza en promontorios nublados por las humaredas. Una multitud se afana en aquel paraje como vestida para una fiesta de disfraces en harapos, viejos, adolescentes, niños, tapándose las cabezas de mil maneras frente a los rigores del sol, y las narices frente a la putrefacción. Escarban armados de palos. Son los que viven de la basura. Es su reino de este mundo.
Escarban en busca de todo lo que pueda ser rescatado, piezas de hierro, láminas, embalajes de cartón, periódicos y revistas viejas, envases de plástico, botellas de vidrio, tesoros que tienen precio, vigilados de cerca por las bandadas de zopilotes que por su parte buscan la carroña, porque en el basural hay de todo, perros muertos y sobras de comida de los restaurantes y desperdicios de las cocinas de los hogares, tripas de destazaderos, verduras que se pudren en los mercados de abastos, y aún desechos de hospitales, alguna vez un feto, otra, la pierna proveniente de un amputación.
A La Chureca llegan diariamente unas 1.800 toneladas de desechos provenientes de los más de 300 barrios de la capital de millón y medio de habitantes, y se dice que es el vertedero a cielo abierto más grande de América Latina. Extraño campeonato. Y quienes viven de escarbar entre la basura, viven también allí. Doscientas familias que entre niños y adultos hacen un ejército ambulante de 1.200 personas, dispuesta a defender su medio de subsistencia diaria: lo que otros botan. Y por eso amanecieron un día en pie de guerra, y cerraron a los camiones recolectores los accesos.
Su protesta era debida a que los choferes y cargadores de los camiones que a diario recogen la basura en las calles de Managua, seleccionaban antes todo lo que tiene un valor comercial, para quedarse con el tesoro. El grito de guerra de los alzados era ¡queremos basura de calidad! Es decir, la basura completa, sin ordeños previos. Basura de primera.
No es un negocio pequeño, si se le ve en su totalidad, porque se trata de material reciclable que se vende a las plantas procesadoras de papel higiénico, fábricas de envases, fundidoras de piezas de metal. Y los sindicatos de trabajadores de la municipalidad de Managua, asumieron la representación de los recolectores frente a los habitantes de La Chureca, que nombraron sus propios negociadores.
La guerra de la basura se declaró entre los fantasmas escuálidos que buscan los tesoros diarios en aquel paisaje de infierno, no importa que se contaminen de enfermedades de la piel y de los ojos, males intestinales y de la sangre, y que sus pulmones se sofocan con el humo tóxico de las quemas; y los recogedores que van de acera en acera, desnudos de la cintura para arriba en el calor sofocante de Managua, levantando los tachos para verterlos en las fauces malolientes de las culatas de los camiones, que revuelven los desperdicios antes de tragárselos, una operación que hacen a mano pelada, despreciando los guantes.
Hubo asesores jurídicos, mediadores, largas sesiones entre los representantes de las partes. Y al fin fue alcanzado un acuerdo, debidamente firmado como un verdadero tratado de paz. El compromiso fue repartir el tesoro. Los operarios de los camiones recolectores se quedarían con los desechos de papel, cartón, aluminio, cobre y bronce, y los habitantes de La Chureca deberán conformarse con los envases de plástico y las botellas de vidrio.
Pero las minas del rey Salomón, con sus tesoros escondidos, no quedarían así no más en paz. Los tratados fueron desconocidos al día siguiente por nuevos actores que se erigieron de pronto como partes interesadas: el Movimiento Comunal, el Frente Nacional de los Trabajadores, el Procurador Oficial de los Derechos Humanos, todos ellos convertidos por arte de magia negra en celosos defensores de los recogedores de basura. Y todos ellos provienen de las filas leales al presidente Daniel Ortega, que dirige ahora la guerra de la basura desde las sombras de su poder por las interpósitas manos de sus lugartenientes. Su propósito no es otro que forzar la renuncia del alcalde de Managua, el ingeniero Dionisio Marenco. El alcalde Marenco, viejo militante sandinista, fue electo hace menos de cuatro años con el respaldo del propio presidente Ortega. Goza de la cota de popularidad más alta entre las figuras políticas del país, según las encuestas; ha hecho una labor notable al frente de la alcaldía al construir nuevas obras de infraestructura vial, atender las necesidades de los barrios más pobres, entregar títulos de propiedad sobre miles de viviendas, y solventar, precisamente, el problema de la basura, uno de los más agudos y crónicos de la ciudad.
Por eso, precisamente, por sus éxitos, y porque es más popular que el presidente Ortega, que más bien obtiene calificaciones negativas entre los ciudadanos, quieren sepultar al alcalde de Managua en la basura. Esa popularidad lo catapulta hacia las preferencias electorales como candidato a la presidencia, y se hace reo entonces de un delito de lesa majestad. En las filas del partido oficial no puede haber sino un solo candidato, que es el propio presidente Ortega, dispuesto a cambiar la Constitución para reelegirse.
La guerra de la basura, por tanto, sigue escalando. Piquetes oficialistas impiden ahora a los camiones entrar en La Chureca. El alcalde ha logrado que municipalidades vecinas reciban en sus vertederos la basura de Managua, pero nuevos piquetes aparecen bloqueando el acceso en esos otros lugares, y algunas de esas municipalidades desertan del apoyo, frente a las presiones presidenciales.
La ciudad rebosa de basura. Amenazan las epidemias. Los camiones de la alcaldía trabajan en horarios clandestinos para evitar las agresiones orquestadas. Los planes financiados por el gobierno de España a un costo de 40 millones de euros, para cerrar la Chureca y apoyar a las familias del basural a buscar formas decentes de vida, pueden desaparecer junto con el alcalde. Es decir, se los puede llevar la guerra, que es lo mismo que se los lleve el absurdo.
Una guerra para castigar a un alcalde, sepultándolo en la basura, pero que amenaza con sepultar a toda una ciudad. Realismo trágico, más que realismo mágico.
* Sergio Ramírez. Escritor nicaragüense. Vice-presidente de Nicaragua (1984-1990)
4 de abril de 2008
3 de abril de 2008
Tribunal Constitucional: exijo una explicación
*Domingo Lovera Parmo
El entredicho entre el Senador Nelson Ávila y el Ministro del Tribunal Constitucional (TC), Mario Fernández, reveló lo que todos y todas siempre supimos: que en las designaciones de los miembros del TC—así como en las designaciones del Fiscal Nacional, de Ministros de Corte, y otros cargos, existen más que consideraciones solo académicas y profesionales. Es que resulta evidente cómo, quienes son candidatos a algunos cargos como los mencionados, antes que descansar en sus méritos profesionales, lo hacen en sus “contactos.” Entonces “visitan” a quienes pueden proponerlos (como las innumerables “visitas” que recibieron los ministros de la Corte Suprema cuando debían designar a los Fiscales Regionales) y llaman por teléfono a los amigos de los amigos para que les den una manito en la designación.
¿Y qué papel cabe a los ciudadanos en esto? Ninguno. O uno muy irrelevante, que se reduce a lanzar huevos. Varias organizaciones han insistido hasta el cansancio en lo obvio. Si queremos evitar este tipo de situaciones, es decir, si queremos impedir que en la designación de importantes ‘oficiales públicos’ operen únicamente los “contactos”—con los cuales luego nos espantamos—, debe establecerse un procedimiento de audiencias públicas que permitan a la ciudadanía tomar noticia sobre los méritos y perfiles de quienes van a ocupar esos cargos, en especial los de jueces del TC. Las audiencias permiten, así, que al candidato, antes de verlo merodeando las oficinas de algún funcionario que tenga algo que decir, lo veamos dando la cara a la comunidad y entregando razones de sus perspectivas, como ocurre en Estados Unidos, y como ocurre en la Argentina. De paso, esas audiencias permiten a los propios encargados de las designaciones (senadores y diputados) cuestionar y conocer mejor a ese candidato que espera por su voto. Básicamente lo mismo que hacen ellos y ellas en campaña electoral. Eso es lo que permite a la comunidad, luego, mientras ejercen sus cargos, pedirles cuenta. Es decir, pedirles que actúen de acuerdo a la forma en que dijeron que iban a actuar. Es con audiencias públicas que la comunidad puede exigir cuenta y coherencia del accionar de sus representantes en las designaciones, por ejemplo, de los miembros del TC.
El episodio de la designación de los miembros del TC en Chile fue sencillamente patético. Concertación y Alianza se repartieron las nominaciones. Tal cual como ocurre en las pichangas de barrio: tu elijes uno, y luego yo otro. ¿El objetivo? Trasladar el consenso de la esfera política al TC. Las designaciones de Bertelsen y Vodanovic, por ejemplo, se efectuaron en una sesión que nadie conocía que se iba a realizar. De un momento a otro. Todo en silencio. Todo en las sombras. Si preguntamos a los diputados y senadores qué méritos vieron en los candidatos, probablemente no sabrían qué contestar. No es novedad que a veces votan sin saber qué votan (han declarado en más de alguna ocasión que ni siquiera leen los proyectos de ley). Y ello es así porque su voto lo entregan siguiendo las órdenes de su partido (“a éste hay que votarlo”), el acuerdo previo, o haciendo efectivo el “compromiso” que se comprometió en la reunión, en la visita, en la presentación, o como quieran llamarle.
Las disculpas públicas, como las que pide hoy el Senador Nelson Ávila por haber apoyado a Mario Fernández, sirven de muy poco, aunque de algo sirven. Tanto mejor sería actuar con seriedad al momento de las designaciones. Tanto mejor hacerlo de cara a la ciudadanía.
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* Domingo Lovera Parmo es profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales.
El entredicho entre el Senador Nelson Ávila y el Ministro del Tribunal Constitucional (TC), Mario Fernández, reveló lo que todos y todas siempre supimos: que en las designaciones de los miembros del TC—así como en las designaciones del Fiscal Nacional, de Ministros de Corte, y otros cargos, existen más que consideraciones solo académicas y profesionales. Es que resulta evidente cómo, quienes son candidatos a algunos cargos como los mencionados, antes que descansar en sus méritos profesionales, lo hacen en sus “contactos.” Entonces “visitan” a quienes pueden proponerlos (como las innumerables “visitas” que recibieron los ministros de la Corte Suprema cuando debían designar a los Fiscales Regionales) y llaman por teléfono a los amigos de los amigos para que les den una manito en la designación.
¿Y qué papel cabe a los ciudadanos en esto? Ninguno. O uno muy irrelevante, que se reduce a lanzar huevos. Varias organizaciones han insistido hasta el cansancio en lo obvio. Si queremos evitar este tipo de situaciones, es decir, si queremos impedir que en la designación de importantes ‘oficiales públicos’ operen únicamente los “contactos”—con los cuales luego nos espantamos—, debe establecerse un procedimiento de audiencias públicas que permitan a la ciudadanía tomar noticia sobre los méritos y perfiles de quienes van a ocupar esos cargos, en especial los de jueces del TC. Las audiencias permiten, así, que al candidato, antes de verlo merodeando las oficinas de algún funcionario que tenga algo que decir, lo veamos dando la cara a la comunidad y entregando razones de sus perspectivas, como ocurre en Estados Unidos, y como ocurre en la Argentina. De paso, esas audiencias permiten a los propios encargados de las designaciones (senadores y diputados) cuestionar y conocer mejor a ese candidato que espera por su voto. Básicamente lo mismo que hacen ellos y ellas en campaña electoral. Eso es lo que permite a la comunidad, luego, mientras ejercen sus cargos, pedirles cuenta. Es decir, pedirles que actúen de acuerdo a la forma en que dijeron que iban a actuar. Es con audiencias públicas que la comunidad puede exigir cuenta y coherencia del accionar de sus representantes en las designaciones, por ejemplo, de los miembros del TC.
El episodio de la designación de los miembros del TC en Chile fue sencillamente patético. Concertación y Alianza se repartieron las nominaciones. Tal cual como ocurre en las pichangas de barrio: tu elijes uno, y luego yo otro. ¿El objetivo? Trasladar el consenso de la esfera política al TC. Las designaciones de Bertelsen y Vodanovic, por ejemplo, se efectuaron en una sesión que nadie conocía que se iba a realizar. De un momento a otro. Todo en silencio. Todo en las sombras. Si preguntamos a los diputados y senadores qué méritos vieron en los candidatos, probablemente no sabrían qué contestar. No es novedad que a veces votan sin saber qué votan (han declarado en más de alguna ocasión que ni siquiera leen los proyectos de ley). Y ello es así porque su voto lo entregan siguiendo las órdenes de su partido (“a éste hay que votarlo”), el acuerdo previo, o haciendo efectivo el “compromiso” que se comprometió en la reunión, en la visita, en la presentación, o como quieran llamarle.
Las disculpas públicas, como las que pide hoy el Senador Nelson Ávila por haber apoyado a Mario Fernández, sirven de muy poco, aunque de algo sirven. Tanto mejor sería actuar con seriedad al momento de las designaciones. Tanto mejor hacerlo de cara a la ciudadanía.
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* Domingo Lovera Parmo es profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales.
El funcionario político
Por Álvaro Castro M.*
Con fecha 31 de marzo presentó su renuncia a Gendarmería de Chile el hermano del senador Camilo Escalona, Simón, quien “trabajó” por más de 15 años en la institución y constituye un nuevo ejemplo de cómo los operadores políticos logran subsistir a costa del erario de las instituciones públicas. Con todo, la situación va más allá de que el renunciado funcionario haya tenido una ausente participación en la institución, o que le haya dado más prioridad a la actividad partidaria que a la penitenciaria, no obstante recibir un sueldo cercano a los $500.000.
El problema de fondo radica en la politización de la administración penitenciaria, fenómeno que como en otros sectores del Estado ha generado disputas entre grupos o “sensibilidades” de funcionarios designados políticamente. Esta cuestión es bastante delicada cuando no se logra contener, como en el caso de Gendarmería, donde el “funcionario político” absorbe al funcionario técnico con costos bastante elevados que se traducen en iniciativas improvisadas, construidas a partir de casos espectaculares, sin razonamiento estadístico, sin análisis de costo beneficio, con una gestión organizacional de espalda a la comunidad y con una agenda que abandona las iniciativas innovadoras en post de no molestar al gobierno amigo.
El fenómeno podría darnos algunas luces que nos permitan explicar situaciones como los desvíos de fondos públicos que se materializan en asesorías o en contrataciones fantasmas como las investigadas actualmente por la Contraloría General de la República, en contra del embajador de España, Osvaldo Puccio, y del actual Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade O también nos permita explicar otras situaciones igualmente investigadas por la Contraloría a propósito de una solicitud de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, ocurrida en el Complejo Penitenciario de Colina II, donde los recursos destinados a la alimentación no se condicen con los alimentos que reciben los internos. Incluso que durante algunos años, como lo han denunciado funcionarios de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, el personal haya tenido que comprar su uniforme en circunstancias que el presupuesto penitenciario incorporaba el ítem respectivo. Y por último, que aún no haya una explicación clara sobre qué pasó en la construcción de las nuevas cárceles, no obstante que en la sesión 11ª del 4 de abril de 2007, la Cámara de Diputados haya manifestado a la Presidenta de la Republica su preocupación “por el retraso evidente de las cárceles concesionadas, lo que ha provocado el despilfarro de recursos fiscales, hacinamiento y nula posibilidad de rehabilitación de internos”.
Lo lamentable, es que al final del día el deterioro se torna extremo, impactando a los internos, a los funcionarios que sí trabajan en la institución y a la comunidad. El sistema penitenciario se encuentra en crisis y difícilmente con una agenda impuesta desde afuera se lograrán avances desde el punto de vista de las condiciones de vida de los internos, la transparencia y los recursos humanos. En los últimos años, las instituciones que giran en torno al control del delito han tenido que enfrentar grandes desafíos frente a un fenómeno que se complejiza y rompe con los patrones históricos preestablecidos. La modernización, en un contexto de extrema politización institucional como la que vive Gendarmería, hace que este proceso de cambio se torne imposible.
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* Álvaro Castro es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales
Con fecha 31 de marzo presentó su renuncia a Gendarmería de Chile el hermano del senador Camilo Escalona, Simón, quien “trabajó” por más de 15 años en la institución y constituye un nuevo ejemplo de cómo los operadores políticos logran subsistir a costa del erario de las instituciones públicas. Con todo, la situación va más allá de que el renunciado funcionario haya tenido una ausente participación en la institución, o que le haya dado más prioridad a la actividad partidaria que a la penitenciaria, no obstante recibir un sueldo cercano a los $500.000.
El problema de fondo radica en la politización de la administración penitenciaria, fenómeno que como en otros sectores del Estado ha generado disputas entre grupos o “sensibilidades” de funcionarios designados políticamente. Esta cuestión es bastante delicada cuando no se logra contener, como en el caso de Gendarmería, donde el “funcionario político” absorbe al funcionario técnico con costos bastante elevados que se traducen en iniciativas improvisadas, construidas a partir de casos espectaculares, sin razonamiento estadístico, sin análisis de costo beneficio, con una gestión organizacional de espalda a la comunidad y con una agenda que abandona las iniciativas innovadoras en post de no molestar al gobierno amigo.
El fenómeno podría darnos algunas luces que nos permitan explicar situaciones como los desvíos de fondos públicos que se materializan en asesorías o en contrataciones fantasmas como las investigadas actualmente por la Contraloría General de la República, en contra del embajador de España, Osvaldo Puccio, y del actual Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade O también nos permita explicar otras situaciones igualmente investigadas por la Contraloría a propósito de una solicitud de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, ocurrida en el Complejo Penitenciario de Colina II, donde los recursos destinados a la alimentación no se condicen con los alimentos que reciben los internos. Incluso que durante algunos años, como lo han denunciado funcionarios de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, el personal haya tenido que comprar su uniforme en circunstancias que el presupuesto penitenciario incorporaba el ítem respectivo. Y por último, que aún no haya una explicación clara sobre qué pasó en la construcción de las nuevas cárceles, no obstante que en la sesión 11ª del 4 de abril de 2007, la Cámara de Diputados haya manifestado a la Presidenta de la Republica su preocupación “por el retraso evidente de las cárceles concesionadas, lo que ha provocado el despilfarro de recursos fiscales, hacinamiento y nula posibilidad de rehabilitación de internos”.
Lo lamentable, es que al final del día el deterioro se torna extremo, impactando a los internos, a los funcionarios que sí trabajan en la institución y a la comunidad. El sistema penitenciario se encuentra en crisis y difícilmente con una agenda impuesta desde afuera se lograrán avances desde el punto de vista de las condiciones de vida de los internos, la transparencia y los recursos humanos. En los últimos años, las instituciones que giran en torno al control del delito han tenido que enfrentar grandes desafíos frente a un fenómeno que se complejiza y rompe con los patrones históricos preestablecidos. La modernización, en un contexto de extrema politización institucional como la que vive Gendarmería, hace que este proceso de cambio se torne imposible.
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* Álvaro Castro es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales
31 de marzo de 2008
Lagos, el tótem
Por Karen Hermosilla
Ha pasado frente a mí el Tibet, la rebaja al impuesto a la bencina, Chávez y las FARC y nada me ha parecido interesante de comentar. Todo parece una reiteración de lo mismo. Sin embargo siempre está él para salvarnos de nuestro gran aburrimiento. "Una palabra suya y bastará para sanarnos".
Catalogar a los partidos políticos como "tribus" es del todo desenfadado ya que con esto está afirmando su primitiva y sectaria estructuración. Solo con esta partecita de la declaración, Lagos confirma que el partido político está en las antípodas de la evolución humana y que esta forma de organización reviste peligros incuantificables cuando sus miembros actúan en hordas antropófagas. Demuda, porque él, el Presidente Lagos, ha sido parte de varias de estas tribus y que por medio de este instrumento ha podido regatear cargos y consolidar posiciones. Ha sido parte de las tribus y más aún, se ha convertido en su tótem indiscutido.
La pretensión de pasarse por alto el democrático ritual de elecciones primarias, confirma una vez más que Lagos es el chamán y cacique de la gran tribu concertacionista. Con la militante paciencia de Escalona se puede llegar a descifrar el verdadero designio –"está disponible"- de un hombre que impulsó un marketing hembrista que le daba asueto por un periodo de 4 años. Ya es hora de comenzar a aterrizar en territorio chileno, dejar la lectura de Icaritos dedicados al calentamiento global, y ponerse en contacto con la liga sociológica del éxito.
Pero lamentablemente se chanflearon sus planes. El tentempié de Insulza tuvo muchas más calorías que el de Lagos y ahora irse a primarias con un panzer recargado, que desde una plataforma internacional ha demostrado sus capacidades políticas y su liderazgo regional, sería más peligroso que atajar gases invernadero con una mano y sin capa.
Más allá de los barroquismos y las imágenes obscenas que nos otorgan los cargos de Lagos e Insulza, la inminente disputa de ambos monstruos políticos en arenas chilenas, está acoquinando a quién tiene, en evidencia, mucho más que perder, dado la visión histórica que posee de sí mismo. Repetirse el plato para muchos resulta un acto bastante egoísta en vista y considerando que hay meritos para que quienes no se han "servido" el fondo, puedan hacerlo. Pero el complejo del hijo único se le escapa por entre el taparrabo y no se desprende aún al paso irreductible de los años.
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