Por Ivonne David
Recientemente en un restaurante de la capital se trenzaron a golpes un grupo de adolescentes chilenos con algunos jóvenes coreanos, por alusiones impropias pero, probablemente, sin mayor intención xenófoba, de unos a otros. (Alguien se refirió a una de las niñas como “chinita”). Este hecho demuestra ignorancia por ambos lados, ya que este apelativo es habitual y no peyorativo para referirse en Chile a jóvenes asiáticas, y por otra se desconoce la irritación que puede producir en éstas ser confundidas de nacionalidad.
Puede ser algo anecdótico. Pero revela una nueva realidad en Chile, que la opinión pública todavía mira con cierta indiferencia. Es un cambio cultural y social que se da en el país desde hace algunos años, con la llegada de inmigrantes procedentes de países vecinos e incluso de tierras lejanas. La globalización de la cual tanto se habla, no sólo implica un crecimiento de los intercambios comerciales y tecnológicos, sino que está produciendo en todo el mundo una inmigración desde regiones en conflicto o de menor desarrollo, hacia países que, como Chile, gozan de estabilidad económica, social y política.
Con excepción de algunos centros de estudio y oenegés que se preocupan del tema, que están realizando investigaciones respecto al perfil migratorio hacia Chile, no se conocen aún trabajos en profundidad, oficiales o privados, que nos indiquen claramente que es lo que sucede realmente en materia de inmigración en nuestro país más allá de las estadísticas. Conocer la realidad socio-económica, laboral, de inserción cultural, relacionamiento con la comunidad local, etc. son elementos fundamentales para estructurar una política migratoria que se anticipe a los problemas que este fenómeno está produciendo en Europa y otras partes.
No basta con regular el ingreso y solicitar medios de vida para tres meses, tampoco basta una amnistía por una vez que regularice a un número de personas ilegales. Estas acciones no impedirán que sigan entrando inmigrantes, incluso en mayor número que antes.
¿Qué se está haciendo en materia de integración de los inmigrantes? ¿En educación multicultural en los colegios? Para algunos puede parecer exagerado, porque al parecer en Chile no hay tantos extranjeros. Pero no hay que esperar a que el número se desborde, y tampoco que se comiencen a percibir como una amenaza a la identidad nacional.
La realidad demuestra que la ignorancia y el desconocimiento de ambas partes es el acicate para que surjan las peores actitudes de racismo y xenofobia, si no se atienden a tiempo. Tampoco se debe olvidar a los que ya están acá, que tratan de sobrevivir en difíciles condiciones, muchos de ellos con niños pequeños que deben asistir al colegio y son discriminados por ser “diferentes”.
No es un misterio que ya existe en Santiago un gettho en la zona de Independencia y Recoleta, donde viven gran cantidad de peruanos en lastimosas condiciones de hacinamiento, lo que ha dado lugar a graves hechos como el reciente incendio provocado por el recalentamiento de los circuitos eléctricos, al parecer de una conexión ilegal.
Estos hechos nos demuestran que es necesario encarar la inmigración en forma integral, como debe ser. La mayoría de los extranjeros que vienen a Chile trabajan en la construcción, agricultura o el servicio doméstico, que como todos sabemos son puestos de trabajo desechados cada vez más por los trabajadores locales. Por lo tanto es una fuerza laboral que presta utilidad hoy y lo hará cada vez más en el futuro.
Unas condiciones de vida digna, con derecho a salud, educación, vivienda y programas de integración social, son la forma en que nuestro país puede asegurar que el problema del racismo y la xenofobia, ya de alguna manera subyacente, no adquiera proporciones alarmantes. Y que la inmigración, debidamente regulada, con base en los derechos humanos y los compromisos internacionales de Chile, sea un beneficio para el país y para quienes llegan a vivir y aportar su esfuerzo a nuestra tierra como una tierra de oportunidades.
7 de julio de 2008
3 de julio de 2008
Turistas e inmigrantes
Por Álvaro Cuadra*
La Comunidad Europea acaba de anunciar un endurecimiento de sus políticas contra la inmigración. Los países ricos enarbolan las banderas del libre comercio y la globalización de los mercados. En cada foro internacional presionan a los países pobres para que tomen medidas que favorezcan sus intereses inmediatos. Sin embargo, al mismo tiempo endurecen sus políticas migratorias para evitar que los pobres de la tierra se instalen en sus ciudades.
Los pobres e indocumentados, sean negros del África, “sudacas”, “moros” o “asiáticos” resultan aborrecibles no tanto por su color o sus costumbres, como por su precariedad económica. Las sociedades ricas aborrecen de los extranjeros pobres que vienen a disputar empleos a muchos de sus propios marginales. Las sociedades más prósperas, mimadas en el consumismo suntuario, reniegan de su fundamento democrático para salvaguardar un modo de vida.
Intoxicadas de narcisismo por la cultura mediático publicitaria, las sociedades “desarrolladas” han desplazado todo reclamo humanista universalista por una delirante xenofobia cuya coartada es el nacionalismo y el racismo: antesala de la degradación y la barbarie.
La hiperindustria de la cultura en Europa y los Estados Unidos ha engendrado una visión cínica del mundo, plagada de estereotipos vulgares para una masa plebeya. A través de una retahíla de lugares comunes se estructura una visión patológica del mundo, cuyos vértices son el odio, la violencia y el nihilismo agresivo frente a la presunta amenaza. Eso tiene un nombre y se llama fascismo.
Millones de africanos y árabes en Francia, turcos en Alemania, mexicanos y latinos en Estados Unidos, “sudacas” en España o peruanos en Chile, deben sufrir a diario la discriminación de una sociedad que se siente “superior” a las miserias de sus inmigrantes. Las masas plebeyas e ignorantes son presa fácil del discurso xenofóbico, en especial cierto segmento juvenil.
La globalización concebida como libre flujo de capitales y mercancía, nos muestra su rostro antidemocrático cuando se trata de seres humanos pobres. Nadie quiere que los esclavos miserables y malolientes se instalen en su antejardín. La globalización promueve las imágenes de los emprendedores y “winners”, en las antípodas de las víctimas o “losers”: homosexuales, indígenas, negros, enfermos y pobres.
Es cierto, ya no vemos las velas inflamadas de los barcos europeos que cruzaban el Atlántico desde la costa africana, trayendo el preciado “marfil negro”, cargamento de esclavos hasta La Habana o Cartagena de Indias. Las cadenas y los grilletes han sido reemplazados hoy por el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza perpetua. Generaciones desesperadas cuyo único horizonte es peregrinar hacia la metrópoli, desafiando la muerte, por una vida diferente.
Los países pobres del sur son tenidos como exóticos y lejanos parajes de turismo, donde la agreste naturaleza aún permanece impoluta; acaso como paraísos sexuales para la pedofilia o como paraísos fiscales para los negocios turbios. Los pueblos del sur constituyen la frontera, el “far west” donde todavía se consiguen materias primas a bajo coste sin restricciones medioambientales.
En la hora actual coexisten dos mundos inconmensurables, distintos y distantes. Cada vez que un grupo de africanos a la deriva se aproxima a las turísticas playas europeas, se rozan dos mundos que el capital ha separado: los seres globalizados que retozan en edénicos parajes “all inclusive” y aquellos marginados muertos de hambre y de olvido.
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*Álvaro Cuadra, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS.
La Comunidad Europea acaba de anunciar un endurecimiento de sus políticas contra la inmigración. Los países ricos enarbolan las banderas del libre comercio y la globalización de los mercados. En cada foro internacional presionan a los países pobres para que tomen medidas que favorezcan sus intereses inmediatos. Sin embargo, al mismo tiempo endurecen sus políticas migratorias para evitar que los pobres de la tierra se instalen en sus ciudades.
Los pobres e indocumentados, sean negros del África, “sudacas”, “moros” o “asiáticos” resultan aborrecibles no tanto por su color o sus costumbres, como por su precariedad económica. Las sociedades ricas aborrecen de los extranjeros pobres que vienen a disputar empleos a muchos de sus propios marginales. Las sociedades más prósperas, mimadas en el consumismo suntuario, reniegan de su fundamento democrático para salvaguardar un modo de vida.
Intoxicadas de narcisismo por la cultura mediático publicitaria, las sociedades “desarrolladas” han desplazado todo reclamo humanista universalista por una delirante xenofobia cuya coartada es el nacionalismo y el racismo: antesala de la degradación y la barbarie.
La hiperindustria de la cultura en Europa y los Estados Unidos ha engendrado una visión cínica del mundo, plagada de estereotipos vulgares para una masa plebeya. A través de una retahíla de lugares comunes se estructura una visión patológica del mundo, cuyos vértices son el odio, la violencia y el nihilismo agresivo frente a la presunta amenaza. Eso tiene un nombre y se llama fascismo.
Millones de africanos y árabes en Francia, turcos en Alemania, mexicanos y latinos en Estados Unidos, “sudacas” en España o peruanos en Chile, deben sufrir a diario la discriminación de una sociedad que se siente “superior” a las miserias de sus inmigrantes. Las masas plebeyas e ignorantes son presa fácil del discurso xenofóbico, en especial cierto segmento juvenil.
La globalización concebida como libre flujo de capitales y mercancía, nos muestra su rostro antidemocrático cuando se trata de seres humanos pobres. Nadie quiere que los esclavos miserables y malolientes se instalen en su antejardín. La globalización promueve las imágenes de los emprendedores y “winners”, en las antípodas de las víctimas o “losers”: homosexuales, indígenas, negros, enfermos y pobres.
Es cierto, ya no vemos las velas inflamadas de los barcos europeos que cruzaban el Atlántico desde la costa africana, trayendo el preciado “marfil negro”, cargamento de esclavos hasta La Habana o Cartagena de Indias. Las cadenas y los grilletes han sido reemplazados hoy por el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza perpetua. Generaciones desesperadas cuyo único horizonte es peregrinar hacia la metrópoli, desafiando la muerte, por una vida diferente.
Los países pobres del sur son tenidos como exóticos y lejanos parajes de turismo, donde la agreste naturaleza aún permanece impoluta; acaso como paraísos sexuales para la pedofilia o como paraísos fiscales para los negocios turbios. Los pueblos del sur constituyen la frontera, el “far west” donde todavía se consiguen materias primas a bajo coste sin restricciones medioambientales.
En la hora actual coexisten dos mundos inconmensurables, distintos y distantes. Cada vez que un grupo de africanos a la deriva se aproxima a las turísticas playas europeas, se rozan dos mundos que el capital ha separado: los seres globalizados que retozan en edénicos parajes “all inclusive” y aquellos marginados muertos de hambre y de olvido.
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*Álvaro Cuadra, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS.
Primarias abiertas para la DC
Por Marcelo Trivelli*
La Democracia Cristiana desarrollará este fin de semana su Junta Nacional. Es la primera junta después de una profunda división interna donde un senador y ex presidente del partido fue expulsado y, como consecuencia, renunciaron cinco diputados además de dirigentes intermedios y militantes.
No nos engañemos. Esta Junta tiene el desafío de enfrentar una profunda crisis de confianza, una sostenida pérdida de representación parlamentaria y con un pacto político, la Concertación, agotado y quebrado. Estamos en un escenario nacional donde 9 de cada 10 chilenos desconfían de los partidos políticos y más del 50 por ciento no se identifica con ningún conglomerado.
La Democracia Cristiana está en un punto crítico. Tomaremos una decisión que marcará nuestro futuro: seguiremos camino hacia la extinción votando por más de lo mismo o nos atrevemos a votar por más democracia. Sólo con el coraje de ceder nuestros propios privilegios, saldremos fortalecidos para construir, junto a la gente, un nuevo proyecto político para Chile.
El próximo fin de semana, los democratacristianos enfrentaremos al pasado versus el futuro, al sectarismo versus la unidad, la continuidad versus el cambio y, por sobre todo, a la búsqueda del poder por el poder, versus la democracia participativa.
Ha llegado el momento de decirles a nuestros dirigentes que tomen conciencia de ello y que es hora de que vuelvan a hacer política de cara a la ciudadanía.
Soy un convencido, que la Democracia Cristiana necesita abrir muchos espacios de participación, debe oxigenar la política y dar un ejemplo de democracia a todo Chile. La Junta DC debe definir el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Si decidimos primarias abiertas con múltiples candidatos y debates regionales, demostraremos que la democracia debe existir siempre y no sólo cuando nos conviene. De esta manera, la elección será libre, secreta e informada donde todos los chilenos y chilenas (no militantes de otros partidos) podrán tener la oportunidad de participar en una elección primaria que es trascendente para el futuro de nuestro país.
La ciudadanía volverá a confiar en la DC cuando el partido vuelva a confiar en la gente. Tenemos la obligación ética de tomar una decisión audaz que asegure más democracia y participación. Cualquier decisión que no sea primarias abiertas con debates regionales, condenará a la DC a la extinción.
Hago un llamado a tener confianza en la ciudadanía. Les pido a mis camaradas que confíen en ustedes mismos y les pido que confíen en el sueño de que se puede construir entre todos un país mejor.
Los grandes cambios los alcanzaremos cuando actuemos de acuerdo a nuestros valores, principios y sueños. Cuando, fieles a nuestros fundadores, seamos capaces de adherir a un proyecto inspirado en la verdad, en el esfuerzo, en el merito, la transparencia y la participación. Solo así podremos invitar a todos nuestros compatriotas a ser parte de un proyecto para que Chile progrese con valores.
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*Marcelo Trivelli es precandidato presidencial y ex jefe de campaña de Soledad Alvear.
La Democracia Cristiana desarrollará este fin de semana su Junta Nacional. Es la primera junta después de una profunda división interna donde un senador y ex presidente del partido fue expulsado y, como consecuencia, renunciaron cinco diputados además de dirigentes intermedios y militantes.
No nos engañemos. Esta Junta tiene el desafío de enfrentar una profunda crisis de confianza, una sostenida pérdida de representación parlamentaria y con un pacto político, la Concertación, agotado y quebrado. Estamos en un escenario nacional donde 9 de cada 10 chilenos desconfían de los partidos políticos y más del 50 por ciento no se identifica con ningún conglomerado.
La Democracia Cristiana está en un punto crítico. Tomaremos una decisión que marcará nuestro futuro: seguiremos camino hacia la extinción votando por más de lo mismo o nos atrevemos a votar por más democracia. Sólo con el coraje de ceder nuestros propios privilegios, saldremos fortalecidos para construir, junto a la gente, un nuevo proyecto político para Chile.
El próximo fin de semana, los democratacristianos enfrentaremos al pasado versus el futuro, al sectarismo versus la unidad, la continuidad versus el cambio y, por sobre todo, a la búsqueda del poder por el poder, versus la democracia participativa.
Ha llegado el momento de decirles a nuestros dirigentes que tomen conciencia de ello y que es hora de que vuelvan a hacer política de cara a la ciudadanía.
Soy un convencido, que la Democracia Cristiana necesita abrir muchos espacios de participación, debe oxigenar la política y dar un ejemplo de democracia a todo Chile. La Junta DC debe definir el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Si decidimos primarias abiertas con múltiples candidatos y debates regionales, demostraremos que la democracia debe existir siempre y no sólo cuando nos conviene. De esta manera, la elección será libre, secreta e informada donde todos los chilenos y chilenas (no militantes de otros partidos) podrán tener la oportunidad de participar en una elección primaria que es trascendente para el futuro de nuestro país.
La ciudadanía volverá a confiar en la DC cuando el partido vuelva a confiar en la gente. Tenemos la obligación ética de tomar una decisión audaz que asegure más democracia y participación. Cualquier decisión que no sea primarias abiertas con debates regionales, condenará a la DC a la extinción.
Hago un llamado a tener confianza en la ciudadanía. Les pido a mis camaradas que confíen en ustedes mismos y les pido que confíen en el sueño de que se puede construir entre todos un país mejor.
Los grandes cambios los alcanzaremos cuando actuemos de acuerdo a nuestros valores, principios y sueños. Cuando, fieles a nuestros fundadores, seamos capaces de adherir a un proyecto inspirado en la verdad, en el esfuerzo, en el merito, la transparencia y la participación. Solo así podremos invitar a todos nuestros compatriotas a ser parte de un proyecto para que Chile progrese con valores.
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*Marcelo Trivelli es precandidato presidencial y ex jefe de campaña de Soledad Alvear.
2 de julio de 2008
Ministra, la responsabilidad no se delega
Por Paola Vasconi*
Por estos días Santiago ha vivido una de las peores semanas en términos de contaminación atmosférica. De hecho, entre el domingo 22 y el jueves 30 de junio, la capital constató 5 episodios críticos consecutivos de contaminación: tres alertas y dos preemergencias poniendo en grave riesgo la salud de la población, especialmente la de sus niños y adultos mayores.
Ante los hechos, la respuesta de las autoridades ambientales, específicamente de la Ministra de Medio Ambiente ha sido: “desde el punto de vista legal y reglamentario se ha cumplido con todas las tareas y exigencias que imponía aquello, que la legislación se dio para enfrentar estos episodios, que es el plan de prevención y descontaminación”.
Sin embargo, me atrevo a decir que la Ministra de Medio Ambiente se equivoca. Ella es la máxima autoridad ambiental en nuestro país, y como tal, tiene una responsabilidad política en el tema, que va más allá de la legalidad del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago. Ella es por Ley la encargada de velar por un ambiente libre de contaminación y, si bien acepto en que esto no significa “que se deba vivir en ausencia total de contaminación, sino que conforme a normas que protejan la salud de la población”. Desde esa mirada, claramente podemos afirmar que durante esta semana los niveles de material particulado grueso (PM10) definidos por la norma chilena, se han “superado” con creces, impidiendo a los santiaguinos “vivir conforme a las normas que protegen su salud”.
Además, si nos centráramos exclusivamente en el análisis del PPDA también podríamos afirmar que la Ministra nuevamente se equivoca, pues existe una evidente ausencia de autoridad ambiental, desde que en enero del 2006 se dieron a conocer los malos resultados de la segunda Auditoría realizada al mentado Plan, y julio de 2008 donde aún esperamos su actualización. Desde su último ajuste, en el 2004, la realidad de Santiago ha cambiado sin que a la fecha se hayan hecho efectivas nuevas medidas.
Es más, estamos en condiciones de afirmar que en los últimos años, los gobiernos de la Concertación han dado pésimas señales a la hora de enfrentar el problema de la calidad del aire de la capital. Sólo por mencionar algunas: negociar por más de dos años con las empresas comercializadoras de estufas a leña para evitar prohibición de su venta en la región; expandir el radio urbano de la ciudad en post del negocio inmobiliario; construcción de autopistas urbanas; pésimo transporte público; retraso en la colocación de filtros a buses y camiones; retraso en la revisión de los convertidores catalíticos; rebaja en el impuesto a los combustibles, entre otras
En la necesidad de afrontar la actual crisis del aire de Santiago, el pasado 5 de junio la Ministra de Medio Ambiente anunció la creación del cargo de gerente del aire. Hoy reiteramos que Santiago no necesita un gerente del aire, sino que la Ministra de Medio Ambiente, el Director Ejecutivo de CONAMA y la Presidenta de la República tomen las decisiones que se requieren, más allá de cálculos políticos.
Los ciudadanos de la capital necesitamos señales claras. Santiago requiere de una Autoridad Política que cuente con el respaldo directo de la Presidenta, que tenga en sus manos el poder y las herramientas necesarias para coordinar las políticas regionales y tomar las medidas necesarias, para que la capital tenga un aire respirable, y que no tema a los costos políticos de dichas medidas. De lo contrario, la salud de la población seguirá pagando los costos y probablemente en el corto plazo tendremos que lamentar decenas de enfermedades y muertes como consecuencia de la contaminación del aire.
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*Paola Vasconi es coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram.
Por estos días Santiago ha vivido una de las peores semanas en términos de contaminación atmosférica. De hecho, entre el domingo 22 y el jueves 30 de junio, la capital constató 5 episodios críticos consecutivos de contaminación: tres alertas y dos preemergencias poniendo en grave riesgo la salud de la población, especialmente la de sus niños y adultos mayores.
Ante los hechos, la respuesta de las autoridades ambientales, específicamente de la Ministra de Medio Ambiente ha sido: “desde el punto de vista legal y reglamentario se ha cumplido con todas las tareas y exigencias que imponía aquello, que la legislación se dio para enfrentar estos episodios, que es el plan de prevención y descontaminación”.
Sin embargo, me atrevo a decir que la Ministra de Medio Ambiente se equivoca. Ella es la máxima autoridad ambiental en nuestro país, y como tal, tiene una responsabilidad política en el tema, que va más allá de la legalidad del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago. Ella es por Ley la encargada de velar por un ambiente libre de contaminación y, si bien acepto en que esto no significa “que se deba vivir en ausencia total de contaminación, sino que conforme a normas que protejan la salud de la población”. Desde esa mirada, claramente podemos afirmar que durante esta semana los niveles de material particulado grueso (PM10) definidos por la norma chilena, se han “superado” con creces, impidiendo a los santiaguinos “vivir conforme a las normas que protegen su salud”.
Además, si nos centráramos exclusivamente en el análisis del PPDA también podríamos afirmar que la Ministra nuevamente se equivoca, pues existe una evidente ausencia de autoridad ambiental, desde que en enero del 2006 se dieron a conocer los malos resultados de la segunda Auditoría realizada al mentado Plan, y julio de 2008 donde aún esperamos su actualización. Desde su último ajuste, en el 2004, la realidad de Santiago ha cambiado sin que a la fecha se hayan hecho efectivas nuevas medidas.
Es más, estamos en condiciones de afirmar que en los últimos años, los gobiernos de la Concertación han dado pésimas señales a la hora de enfrentar el problema de la calidad del aire de la capital. Sólo por mencionar algunas: negociar por más de dos años con las empresas comercializadoras de estufas a leña para evitar prohibición de su venta en la región; expandir el radio urbano de la ciudad en post del negocio inmobiliario; construcción de autopistas urbanas; pésimo transporte público; retraso en la colocación de filtros a buses y camiones; retraso en la revisión de los convertidores catalíticos; rebaja en el impuesto a los combustibles, entre otras
En la necesidad de afrontar la actual crisis del aire de Santiago, el pasado 5 de junio la Ministra de Medio Ambiente anunció la creación del cargo de gerente del aire. Hoy reiteramos que Santiago no necesita un gerente del aire, sino que la Ministra de Medio Ambiente, el Director Ejecutivo de CONAMA y la Presidenta de la República tomen las decisiones que se requieren, más allá de cálculos políticos.
Los ciudadanos de la capital necesitamos señales claras. Santiago requiere de una Autoridad Política que cuente con el respaldo directo de la Presidenta, que tenga en sus manos el poder y las herramientas necesarias para coordinar las políticas regionales y tomar las medidas necesarias, para que la capital tenga un aire respirable, y que no tema a los costos políticos de dichas medidas. De lo contrario, la salud de la población seguirá pagando los costos y probablemente en el corto plazo tendremos que lamentar decenas de enfermedades y muertes como consecuencia de la contaminación del aire.
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*Paola Vasconi es coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram.
En el centenario de Casa Grande
Por Vólker Gutiérrez*
En 1908 el país se preparaba (¡no lo sabremos hoy nosotros!) para celebrar el primer centenario de la Independencia. Las autoridades de la época no escatimaron la creación de comisiones especiales y la destinación de recursos por doquier, a fin de que tan magno acontecimiento dejara huella en la historia. Ad portas estábamos de inaugurar, entre otros, la estación Mapocho, el palacio de Bellas Artes. Entre tanto, un escritor ingresaba a la galería de los imperdibles al publicar una de las novelas clásicas de nuestra literatura: Casa Grande. Caro propósito, si es que lo tuvo, fue el que le costó a Luis Orrego Luco.
Nacido en 1866 en la capital, Orrego Luco estaba ligado por ascendencia y por vínculos sociales con las familias más ilustres del país. De hecho, estaba casado con María Vicuña Subercaseaux, hija del mismísimo prócer Benjamín Vicuña Mackenna. Y habiendo comenzado de joven su relación con la escritura, no es menor decir que participó de las tertulias literarias que el hijo del presidente Balmaceda -Pedro Balmaceda Toro- dirigió en La Moneda, junto al entonces también joven poeta nicaragüense Rubén Darío.
Decimos que no fue sencillo para nuestro escritor alcanzar el estatus que logró en las letras nacionales cuando publicó Casa Grande (incluso el crítico literario Emilio Vaisse, bajo el seudónimo de Omer Emeth, lo comparó al francés Maupassant). Y no nos referimos a su proceso de maduración literaria, sino al anatema que sufrió de parte de algunos de sus pares sociales. Claro, no tuvo que enfrentar querellas judiciales ni debió abandonar el país, como le ocurrió al periodista Francisco Martorell cuando hizo pública su “Impunidad diplomática” hace algunos pocos años. Pero Orrego debió salir a defender su obra y su persona de los ataques de que fue objeto. Más aún: la Iglesia Católica condenó la novela por considerar que su autor, ante la presencia de un conflicto matrimonial, auspiciaba el divorcio.
¿Cuál fue el escozor que provocó Casa Grande, en 1908, entre la familia aristocrática del país? Principalmente dos cosas no menores.
Por un lado, está la historia de un matrimonio santiaguino de alta alcurnia, que acaba con el femicidio de la esposa. En la obra, Orrego Luco refiere una inyección de digitalina que Ángel Heredia, el marido, colocó en vez de la morfina que le solicitó su enferma mujer, Gabriela Sandoval. Con la muerte de la protagonista también culminan los constantes desarreglos de Heredia: infidelidades, fastuosos viajes a Europa, fallidas especulaciones bursátiles que mermaron el caudal familiar.
Si la trama de las novela hubiese nacido sólo de la imaginación del autor, de seguro que ningún escándalo habría rodeado a su publicación. No fue así. Rápidamente se pudo reconocer que los personajes de Sandoval y Heredia correspondían a los verdaderos Teresa Zañartu Vicuña y Eduardo Undurraga García-Huidobro. Ambos contrajeron matrimonio en 1898, pero los cuadros demenciales del marido llevaron a un rápido quiebre y un posterior divorcio.
Una vez regresado Undurraga de una de sus tantas estadías en Europa, en el invierno de 1905, le solicitó a su ex esposa permiso para ver a la hija común, lo que le fue negado con el pretexto de que la niña se encontraba enferma. La noche del sábado primero de julio, al encontrar a Teresa Zañartu en la función de Poliuto en el Teatro Municipal, Undurraga se encolerizó y, tras el segundo acto de la ópera, partió a buscar un revolver con el que le disparó en la cabeza a la mujer, en el pórtico mismo del teatro, al final de la velada. Muerte instantánea. Muerte real.
Que en el seno de la aristocracia se produjera un femicidio ya era mucho. Imagínense lo que a ese sector social le provocó el que tres años después, uno de los suyos, casado con una prima hermana de la víctima, les restregara el hecho a través de una novela.
Por otra parte además, junto con hacer patente que los ricos también tienen dementes y que pueden cometer crímenes dignos de la mejor de las páginas rojas, Orrego Luco hizo en Casa Grande una pormenorizada descripción del modo de vida de la aristocracia de la bella época, de la ostentación y el derroche con que la clase dirigente vivía los años dorados del salitre y de los albores del primer centenario de la República. Y esto fue, seguramente, algo más complicado para la elite criolla, por cuanto no se trataba de desnudar las falencias de una que otra persona, sino de hacer patente las miserias de toda una clase.
A propósito del desprecio recibido por Luis Orrego Luco y su Casa Grande, el ensayista Domingo Melfi apuntó que “Presentar los vicios y debilidades de una sociedad que en la superficie aparecía bañada en el suave brillo del esplendor (…) constituía un delito que no podía quedar sin sanción inmediata”.
Y así fue. Al tiempo de publicarse la novela, una de las personas aludidas en clave, escribió los siguientes versos para su autor, rescatados por el crítico literario Fidel Araneda:
“Luis Orrego Luco,
Hombre ocioso y vago
Que ejecuta diarios por casualidad
No es literato, ni un escritor
Es un pobre hombre sin ningún valor
Si quieres saber cuánto es
Tres chauchas y un diez,
Tres chauchas y un diez”.
Era el desquite de quienes, por verse ridiculizados en la novela, reaccionaron con más que molestia. Son los representantes de un sector social que se percibía a sí mismo como congénitamente dotado de cualidades bondadosas, tal como se desprende de las palabras que usó Benjamín Vicuña Subercaseaux, en El Mercurio del lunes 3 de julio de 1905, para denotar las características espirituales de la víctima del femicidio, su prima hermana: “No apuntamos por una vanidad social estas aristocráticas procedencias: las apuntamos porque ellas son una declaración de nobleza moral, algo que, en parte, puede hacer comprender la inagotable fuente de virtudes que era el alma de Teresa Zañartu Vicuña”.
La novela de Orrego Luco, más allá del estilo “no pocas veces cursi” con que le señala Fidel Araneda, tiene el mérito de hacer, desde adentro, la radiografía de una aristocracia que a principios del siglo pasado había dejado atrás un modo de vida más recatado y austero, cambiándolo por un estilo en el que la ostentación y el lujo se transformaron en un sello de identidad y pertenencia. Es cosa de mirar hoy las suntuosas viviendas de la época que quedan como testigos, por ejemplo, en los barrios Dieciocho y República de la capital. O es cuestión de leer Casa Grande.
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*Vólker Gutiérrez A. es Presidente de Cultura Mapocho
En 1908 el país se preparaba (¡no lo sabremos hoy nosotros!) para celebrar el primer centenario de la Independencia. Las autoridades de la época no escatimaron la creación de comisiones especiales y la destinación de recursos por doquier, a fin de que tan magno acontecimiento dejara huella en la historia. Ad portas estábamos de inaugurar, entre otros, la estación Mapocho, el palacio de Bellas Artes. Entre tanto, un escritor ingresaba a la galería de los imperdibles al publicar una de las novelas clásicas de nuestra literatura: Casa Grande. Caro propósito, si es que lo tuvo, fue el que le costó a Luis Orrego Luco.
Nacido en 1866 en la capital, Orrego Luco estaba ligado por ascendencia y por vínculos sociales con las familias más ilustres del país. De hecho, estaba casado con María Vicuña Subercaseaux, hija del mismísimo prócer Benjamín Vicuña Mackenna. Y habiendo comenzado de joven su relación con la escritura, no es menor decir que participó de las tertulias literarias que el hijo del presidente Balmaceda -Pedro Balmaceda Toro- dirigió en La Moneda, junto al entonces también joven poeta nicaragüense Rubén Darío.
Decimos que no fue sencillo para nuestro escritor alcanzar el estatus que logró en las letras nacionales cuando publicó Casa Grande (incluso el crítico literario Emilio Vaisse, bajo el seudónimo de Omer Emeth, lo comparó al francés Maupassant). Y no nos referimos a su proceso de maduración literaria, sino al anatema que sufrió de parte de algunos de sus pares sociales. Claro, no tuvo que enfrentar querellas judiciales ni debió abandonar el país, como le ocurrió al periodista Francisco Martorell cuando hizo pública su “Impunidad diplomática” hace algunos pocos años. Pero Orrego debió salir a defender su obra y su persona de los ataques de que fue objeto. Más aún: la Iglesia Católica condenó la novela por considerar que su autor, ante la presencia de un conflicto matrimonial, auspiciaba el divorcio.
¿Cuál fue el escozor que provocó Casa Grande, en 1908, entre la familia aristocrática del país? Principalmente dos cosas no menores.
Por un lado, está la historia de un matrimonio santiaguino de alta alcurnia, que acaba con el femicidio de la esposa. En la obra, Orrego Luco refiere una inyección de digitalina que Ángel Heredia, el marido, colocó en vez de la morfina que le solicitó su enferma mujer, Gabriela Sandoval. Con la muerte de la protagonista también culminan los constantes desarreglos de Heredia: infidelidades, fastuosos viajes a Europa, fallidas especulaciones bursátiles que mermaron el caudal familiar.
Si la trama de las novela hubiese nacido sólo de la imaginación del autor, de seguro que ningún escándalo habría rodeado a su publicación. No fue así. Rápidamente se pudo reconocer que los personajes de Sandoval y Heredia correspondían a los verdaderos Teresa Zañartu Vicuña y Eduardo Undurraga García-Huidobro. Ambos contrajeron matrimonio en 1898, pero los cuadros demenciales del marido llevaron a un rápido quiebre y un posterior divorcio.
Una vez regresado Undurraga de una de sus tantas estadías en Europa, en el invierno de 1905, le solicitó a su ex esposa permiso para ver a la hija común, lo que le fue negado con el pretexto de que la niña se encontraba enferma. La noche del sábado primero de julio, al encontrar a Teresa Zañartu en la función de Poliuto en el Teatro Municipal, Undurraga se encolerizó y, tras el segundo acto de la ópera, partió a buscar un revolver con el que le disparó en la cabeza a la mujer, en el pórtico mismo del teatro, al final de la velada. Muerte instantánea. Muerte real.
Que en el seno de la aristocracia se produjera un femicidio ya era mucho. Imagínense lo que a ese sector social le provocó el que tres años después, uno de los suyos, casado con una prima hermana de la víctima, les restregara el hecho a través de una novela.
Por otra parte además, junto con hacer patente que los ricos también tienen dementes y que pueden cometer crímenes dignos de la mejor de las páginas rojas, Orrego Luco hizo en Casa Grande una pormenorizada descripción del modo de vida de la aristocracia de la bella época, de la ostentación y el derroche con que la clase dirigente vivía los años dorados del salitre y de los albores del primer centenario de la República. Y esto fue, seguramente, algo más complicado para la elite criolla, por cuanto no se trataba de desnudar las falencias de una que otra persona, sino de hacer patente las miserias de toda una clase.
A propósito del desprecio recibido por Luis Orrego Luco y su Casa Grande, el ensayista Domingo Melfi apuntó que “Presentar los vicios y debilidades de una sociedad que en la superficie aparecía bañada en el suave brillo del esplendor (…) constituía un delito que no podía quedar sin sanción inmediata”.
Y así fue. Al tiempo de publicarse la novela, una de las personas aludidas en clave, escribió los siguientes versos para su autor, rescatados por el crítico literario Fidel Araneda:
“Luis Orrego Luco,
Hombre ocioso y vago
Que ejecuta diarios por casualidad
No es literato, ni un escritor
Es un pobre hombre sin ningún valor
Si quieres saber cuánto es
Tres chauchas y un diez,
Tres chauchas y un diez”.
Era el desquite de quienes, por verse ridiculizados en la novela, reaccionaron con más que molestia. Son los representantes de un sector social que se percibía a sí mismo como congénitamente dotado de cualidades bondadosas, tal como se desprende de las palabras que usó Benjamín Vicuña Subercaseaux, en El Mercurio del lunes 3 de julio de 1905, para denotar las características espirituales de la víctima del femicidio, su prima hermana: “No apuntamos por una vanidad social estas aristocráticas procedencias: las apuntamos porque ellas son una declaración de nobleza moral, algo que, en parte, puede hacer comprender la inagotable fuente de virtudes que era el alma de Teresa Zañartu Vicuña”.
La novela de Orrego Luco, más allá del estilo “no pocas veces cursi” con que le señala Fidel Araneda, tiene el mérito de hacer, desde adentro, la radiografía de una aristocracia que a principios del siglo pasado había dejado atrás un modo de vida más recatado y austero, cambiándolo por un estilo en el que la ostentación y el lujo se transformaron en un sello de identidad y pertenencia. Es cosa de mirar hoy las suntuosas viviendas de la época que quedan como testigos, por ejemplo, en los barrios Dieciocho y República de la capital. O es cuestión de leer Casa Grande.
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*Vólker Gutiérrez A. es Presidente de Cultura Mapocho
30 de junio de 2008
Límites al actuar policial
Por Paulina Acevedo*
El desmedido protagonismo que se le ha otorgado en la agenda pública de este mundo globalizado a temas como el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, ha dado pie a todo tipo de excesos por parte de las policías y las políticas de Estado, en la búsqueda de contrarrestar una realidad aparentemente exacerbada por la violencia.
Nuestro país, pionero en la región en diversas materias (así reza el slogan que se exhibe al exterior), no se ha quedado atrás en dar prioritaria atención al combate de estos “flagelos sociales”, pero lo hace permitiendo el traspaso de límites éticos del actuar policial en un Estado democrático.
Tanto por la rudeza de sus métodos de captura (uso indebido de la fuerza), como por la trasgresión de derechos fundamentales, presente en casos de privación ilegítima de libertad (derechos al debido proceso y el desplazamiento) y de tortura en el marco de la detención (integridad física, seguridad personal y vida), el actuar de las policías presenta serias deficiencias y vulnera la dignidad humana. Una situación que le fue representada al Estado chileno por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2007, cuando manifestó su preocupación por las múltiples denuncias recibidas en este sentido, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables.
Con todo, lo que resulta aún más complejo no son estas prácticas abiertas, sino aquellas solapadas, esas que indagan impunemente en la vida privada de las personas en pro de alcanzar, se nos argumenta, el anhelado control del espacio público que busca el gobierno (de terrorismo y delincuencia) y de conseguir materializar ese amplio y a la vez ambiguo término que se ha puesto tan de moda: la seguridad ciudadana.
Todavía más preocupante es que el gobierno haya extendido estas prácticas de seguimiento, infiltración, espionaje telefónico y de correos electrónicos, de robo de información digital y de incautación de materiales audiovisuales, de allanamientos y de detenciones arbitrarias practicadas por la Agencia Nacional de Inteligencia para una persecución descomedida de los movimientos sociales que hacen sentir sus demandas al interior del Estado. Utilizando además leyes especiales (de Seguridad del Estado y terrorista) en su persecución penal.
El ejemplo más paradigmático, es la “criminalización” (en palabras del relator especial de la ONU para pueblos indígenas) que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. Donde no sólo está presente la violación abierta de derechos básicos por parte de la policía y el Estado, sino también esa mano encubierta que se cierne de igual modo sobre quienes solidarizan o defienden los derechos de estos pueblos, incluso quienes se acercan a documentar estas realidades. El gobierno les considera peligrosos y da las libertades para reprimir.
Recientemente se conoció la detención de la documentalista Elena Varela, quien se ha dedicado los últimos cuatro años a hacer un completo registro de la situación que viven distintas comunidades mapuches de la Araucanía con la explosión forestal que se ha desatado en la zona, esto en el marco de su proyecto audiovisual “Newen Mapuche”, reconocido con los aportes de Fondart y Corfo, pese a no tener relación alguna con los delitos –no comprobados- que se le imputan, y en el cual existen diversos testimonios de dirigentes y comuneros. Algunos de los cuales habían pedido reserva de identidad para entregar la información por miedo. Hecho que se suma a la detención de dos equipos de documentalistas extranjeros (franceses e italianos), cuyo material sobre la situación mapuche también les fue incautado y luego fueron expulsados del país.
Pero los mapuches no son los únicos que son espiados e infiltrados por las policías. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores subcontratados de Codelco y otros sindicatos, deudores habitacionales y organizaciones medioambientales, han denunciado estas prácticas. Yo misma, periodista y comunicadora en derechos humanos, he tenido varios intentos de piching en mi correo personal, y seguramente mi teléfono esté intervenido. Todo por comunicar situaciones de violación a derechos humanos que afectan distintas personas y grupos sociales.
Es más, cualquiera que hoy se manifieste frente a La Moneda, ejerciendo su derecho constitucional y humano a la expresión, es filmado por carabineros. Y no con esas cámaras pequeñas con que la policía infiltraba las manifestaciones públicas, sino con un equipo profesional como el de los canales, a vista y paciencia de todo aquel que transita, lamentablemente sin cuestionar este robo de imagen. ¿Qué les da derecho a filmarnos?, la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen luego con esas imágenes? ¿Entrarán en calidad de sospechosos o peligrosos en una lista manejada secretamente por la policía?
Ya hace tiempo era hora de decir basta frente a estas situaciones. Ahora es tiempo de exigirlo. No puede la ANI u otro organismo policial tener las amplias facultades que hoy ostentan para intervenir teléfonos sin orden judicial o seguir secretamente a personas por el sólo hecho de “ser” o “pertenecer”.
No podemos permitir que se violen nuestros derechos humanos y ciudadanos en un Estado que se dice democrático. Quiero vivir en un país donde a nadie se le intervenga por lo que piensa, donde a nadie se le reprima por oponerse a un sistema que no comparte, donde no se instale el miedo y la persecución política como método de coerción, y con la libertad necesaria para expresar nuestras ideas y protestar públicamente.
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*Paulina Acevedo es Periodista, diplomada en Derechos Humanos.
El desmedido protagonismo que se le ha otorgado en la agenda pública de este mundo globalizado a temas como el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, ha dado pie a todo tipo de excesos por parte de las policías y las políticas de Estado, en la búsqueda de contrarrestar una realidad aparentemente exacerbada por la violencia.
Nuestro país, pionero en la región en diversas materias (así reza el slogan que se exhibe al exterior), no se ha quedado atrás en dar prioritaria atención al combate de estos “flagelos sociales”, pero lo hace permitiendo el traspaso de límites éticos del actuar policial en un Estado democrático.
Tanto por la rudeza de sus métodos de captura (uso indebido de la fuerza), como por la trasgresión de derechos fundamentales, presente en casos de privación ilegítima de libertad (derechos al debido proceso y el desplazamiento) y de tortura en el marco de la detención (integridad física, seguridad personal y vida), el actuar de las policías presenta serias deficiencias y vulnera la dignidad humana. Una situación que le fue representada al Estado chileno por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2007, cuando manifestó su preocupación por las múltiples denuncias recibidas en este sentido, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables.
Con todo, lo que resulta aún más complejo no son estas prácticas abiertas, sino aquellas solapadas, esas que indagan impunemente en la vida privada de las personas en pro de alcanzar, se nos argumenta, el anhelado control del espacio público que busca el gobierno (de terrorismo y delincuencia) y de conseguir materializar ese amplio y a la vez ambiguo término que se ha puesto tan de moda: la seguridad ciudadana.
Todavía más preocupante es que el gobierno haya extendido estas prácticas de seguimiento, infiltración, espionaje telefónico y de correos electrónicos, de robo de información digital y de incautación de materiales audiovisuales, de allanamientos y de detenciones arbitrarias practicadas por la Agencia Nacional de Inteligencia para una persecución descomedida de los movimientos sociales que hacen sentir sus demandas al interior del Estado. Utilizando además leyes especiales (de Seguridad del Estado y terrorista) en su persecución penal.
El ejemplo más paradigmático, es la “criminalización” (en palabras del relator especial de la ONU para pueblos indígenas) que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. Donde no sólo está presente la violación abierta de derechos básicos por parte de la policía y el Estado, sino también esa mano encubierta que se cierne de igual modo sobre quienes solidarizan o defienden los derechos de estos pueblos, incluso quienes se acercan a documentar estas realidades. El gobierno les considera peligrosos y da las libertades para reprimir.
Recientemente se conoció la detención de la documentalista Elena Varela, quien se ha dedicado los últimos cuatro años a hacer un completo registro de la situación que viven distintas comunidades mapuches de la Araucanía con la explosión forestal que se ha desatado en la zona, esto en el marco de su proyecto audiovisual “Newen Mapuche”, reconocido con los aportes de Fondart y Corfo, pese a no tener relación alguna con los delitos –no comprobados- que se le imputan, y en el cual existen diversos testimonios de dirigentes y comuneros. Algunos de los cuales habían pedido reserva de identidad para entregar la información por miedo. Hecho que se suma a la detención de dos equipos de documentalistas extranjeros (franceses e italianos), cuyo material sobre la situación mapuche también les fue incautado y luego fueron expulsados del país.
Pero los mapuches no son los únicos que son espiados e infiltrados por las policías. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores subcontratados de Codelco y otros sindicatos, deudores habitacionales y organizaciones medioambientales, han denunciado estas prácticas. Yo misma, periodista y comunicadora en derechos humanos, he tenido varios intentos de piching en mi correo personal, y seguramente mi teléfono esté intervenido. Todo por comunicar situaciones de violación a derechos humanos que afectan distintas personas y grupos sociales.
Es más, cualquiera que hoy se manifieste frente a La Moneda, ejerciendo su derecho constitucional y humano a la expresión, es filmado por carabineros. Y no con esas cámaras pequeñas con que la policía infiltraba las manifestaciones públicas, sino con un equipo profesional como el de los canales, a vista y paciencia de todo aquel que transita, lamentablemente sin cuestionar este robo de imagen. ¿Qué les da derecho a filmarnos?, la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen luego con esas imágenes? ¿Entrarán en calidad de sospechosos o peligrosos en una lista manejada secretamente por la policía?
Ya hace tiempo era hora de decir basta frente a estas situaciones. Ahora es tiempo de exigirlo. No puede la ANI u otro organismo policial tener las amplias facultades que hoy ostentan para intervenir teléfonos sin orden judicial o seguir secretamente a personas por el sólo hecho de “ser” o “pertenecer”.
No podemos permitir que se violen nuestros derechos humanos y ciudadanos en un Estado que se dice democrático. Quiero vivir en un país donde a nadie se le intervenga por lo que piensa, donde a nadie se le reprima por oponerse a un sistema que no comparte, donde no se instale el miedo y la persecución política como método de coerción, y con la libertad necesaria para expresar nuestras ideas y protestar públicamente.
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*Paulina Acevedo es Periodista, diplomada en Derechos Humanos.
29 de junio de 2008
Confesiones de chavistas críticos
Por Esteban Valenzuela*
Se palpa otro aire en Venezuela desde que Chávez reconoció su derrota en el reciente plebiscito para reformas constitucionales. Sorprendió con su llamado a las FARC para dejar las armas y terminar con los secuestros. Incluso, en estos días los diarios consignan el enojo de dirigentes sindicales con su líder bolivariano por llegar a un acuerdo estratégico con las asociaciones empresariales para dar un impulso a la producción.
Hay dos lecturas posibles; Chávez maniobra ante la fortaleza de la alianza político militar entre Colombia y EE.UU., y busca el acuerdo con los empresarios ante los problemas económicos del país que contrastan con el auge petrolero: inflación y carestía de alimentos básicos.
La realidad no se maniquea aunque los venezolanos no lo acepten en su profunda división. Un respiro fecundo es dialogar con una pareja de profesionales, quienes desde una posición chavista han evolucionado a una "militancia crítica" (él) y desde la independencia a una postura favorable ante las posturas intransigentes de la oposición (ella).
Allí aparece en el relato los claroscuros, la valoración y la crítica. La caída de un sistema de partidos corrupto que explica el surgimiento del militar bolivariano. El abandono de millones de pobres urbanos y rurales que no contaban con agua, escuelas suficientes ni salud. Los logros en ayudas monetarias a los quintiles más carenciados, salud familiar (con más de un millar de médicos cubanos), nuevas escuelas, microcrédito, recuperación de espacios públicos, así como proyectos emblemáticos como un tren y ampliación del metro para el colapsado conurbano caraqueño o las nuevas refinerías.
Sin embargo, se reconoce que fue un error quitar la concesión a un canal opositor, que ha faltado firmeza para enfrentar la corrupción y dotar al país de una Contraloría independiente, que la retórica hay que acompañarla de políticas públicas y transformaciones eficaces, que ha faltado eficacia para dar mayores pasos en vivienda e infraestructura, que el control del dólar ha generado un mercado paralelo en que surgen fortunas de la nada.
La realidad no es en blanco y negro. Hay prensa, radio y televisión crítica. La oposición se ha fortalecido tras el triunfo del NO y se apresta a elegir más gobernadores (hoy sólo tiene cuatro) en un país que elige sus gobiernos regionales. Además, el próximo año, en las legislativas, no se repetirá la ausencia de oposición en el Congreso, lo que debilitó las instituciones y los contrapesos, que han llevado al propio Chávez a desistirse de leyes decretadas sin deliberación.
Es más, mis amigos "chavistas críticos" reconocen que no toda la oposición es igual, que hay izquierdistas que no fueron convocados, que el centroderechista "Primero Justicia" hizo una labor social importante en introducir mediación comunitaria en un país donde se padece la impunidad, el conflicto y la delincuencia. También hay autocrítica para buscar comprender por qué las mayorías estudiantiles de la Universidad Central se han vuelto opositoras, aunque a su vez, hay orgullo por las "universidades bolivarianas" que han dado acceso a los jóvenes de menos ingresos, de barrios en que sus escuelas no les permite lograr los puntajes para acceder a las tradicionales universidades del Estado.
Venezuela está en una búsqueda frenética de sentido, cohesión y se abre una ventana para recuperar la convivencia. La democracia implica reconocer al otro, y ese es un camino que chavistas y opositores tienen por delante. Lo que sí está claro, es que no hay hegemonía total. El propio chavismo sabe la diferencia entre su lema "patria o muerte" y la nueva imagen de tres figuras humanas de colores vivos que se entrelazan para declarar que ahora "el país es de todos". Dos meta relatos para un proceso que necesita mayor consenso, mayorías, eficacia y capacidad de construir confianzas para dar fecundidad a los tiempos del petróleo a 140 dólares. Gobernar no es vivir en la guerra; es construir. Estar en la oposición no es demonizar, es criticar y buscar compromisos. La historia dirá.
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*Esteban Valenzuela es diputado por Chile Primero
Se palpa otro aire en Venezuela desde que Chávez reconoció su derrota en el reciente plebiscito para reformas constitucionales. Sorprendió con su llamado a las FARC para dejar las armas y terminar con los secuestros. Incluso, en estos días los diarios consignan el enojo de dirigentes sindicales con su líder bolivariano por llegar a un acuerdo estratégico con las asociaciones empresariales para dar un impulso a la producción.
Hay dos lecturas posibles; Chávez maniobra ante la fortaleza de la alianza político militar entre Colombia y EE.UU., y busca el acuerdo con los empresarios ante los problemas económicos del país que contrastan con el auge petrolero: inflación y carestía de alimentos básicos.
La realidad no se maniquea aunque los venezolanos no lo acepten en su profunda división. Un respiro fecundo es dialogar con una pareja de profesionales, quienes desde una posición chavista han evolucionado a una "militancia crítica" (él) y desde la independencia a una postura favorable ante las posturas intransigentes de la oposición (ella).
Allí aparece en el relato los claroscuros, la valoración y la crítica. La caída de un sistema de partidos corrupto que explica el surgimiento del militar bolivariano. El abandono de millones de pobres urbanos y rurales que no contaban con agua, escuelas suficientes ni salud. Los logros en ayudas monetarias a los quintiles más carenciados, salud familiar (con más de un millar de médicos cubanos), nuevas escuelas, microcrédito, recuperación de espacios públicos, así como proyectos emblemáticos como un tren y ampliación del metro para el colapsado conurbano caraqueño o las nuevas refinerías.
Sin embargo, se reconoce que fue un error quitar la concesión a un canal opositor, que ha faltado firmeza para enfrentar la corrupción y dotar al país de una Contraloría independiente, que la retórica hay que acompañarla de políticas públicas y transformaciones eficaces, que ha faltado eficacia para dar mayores pasos en vivienda e infraestructura, que el control del dólar ha generado un mercado paralelo en que surgen fortunas de la nada.
La realidad no es en blanco y negro. Hay prensa, radio y televisión crítica. La oposición se ha fortalecido tras el triunfo del NO y se apresta a elegir más gobernadores (hoy sólo tiene cuatro) en un país que elige sus gobiernos regionales. Además, el próximo año, en las legislativas, no se repetirá la ausencia de oposición en el Congreso, lo que debilitó las instituciones y los contrapesos, que han llevado al propio Chávez a desistirse de leyes decretadas sin deliberación.
Es más, mis amigos "chavistas críticos" reconocen que no toda la oposición es igual, que hay izquierdistas que no fueron convocados, que el centroderechista "Primero Justicia" hizo una labor social importante en introducir mediación comunitaria en un país donde se padece la impunidad, el conflicto y la delincuencia. También hay autocrítica para buscar comprender por qué las mayorías estudiantiles de la Universidad Central se han vuelto opositoras, aunque a su vez, hay orgullo por las "universidades bolivarianas" que han dado acceso a los jóvenes de menos ingresos, de barrios en que sus escuelas no les permite lograr los puntajes para acceder a las tradicionales universidades del Estado.
Venezuela está en una búsqueda frenética de sentido, cohesión y se abre una ventana para recuperar la convivencia. La democracia implica reconocer al otro, y ese es un camino que chavistas y opositores tienen por delante. Lo que sí está claro, es que no hay hegemonía total. El propio chavismo sabe la diferencia entre su lema "patria o muerte" y la nueva imagen de tres figuras humanas de colores vivos que se entrelazan para declarar que ahora "el país es de todos". Dos meta relatos para un proceso que necesita mayor consenso, mayorías, eficacia y capacidad de construir confianzas para dar fecundidad a los tiempos del petróleo a 140 dólares. Gobernar no es vivir en la guerra; es construir. Estar en la oposición no es demonizar, es criticar y buscar compromisos. La historia dirá.
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*Esteban Valenzuela es diputado por Chile Primero
27 de junio de 2008
La insuficiencia del reajuste al salario mínimo
Por Marcel Claude*
Se anunció hace poco un acuerdo entre la CUT y el gobierno de Chile, léase ministros de Hacienda y Trabajo, Velasco y Andrade respectivamente, en relación a un aumento en el salario mínimo de 10,4%.
Como todos los años, los trabajadores representados por Arturo Martínez se quejaron de intransigencia y mal trato por parte de las autoridades económicas. Este episodio regular y permanente en que los trabajadores salen siempre trasquilados, contrasta con la situación del sector financiero y de las sociedades anónimas que han tenido siempre el respaldo y apoyo de la Unidad de Fomento (UF), como mecanismo para proteger sus enormes utilidades en el curso de estos últimos años.
La situación da también para pensar que habría que rediseñar la forma en que este salario mínimo se determina, a fin de avanzar a una reajustabilidad automática, al menos del famoso y controvertido salario mínimo, aunque lo justo sería aplicar reajustes automáticos a todos los salarios que reciben por contrato los trabajadores.
No es digno ni es justo que mientras la banca y las sociedades comerciales ajustan sus ingresos automáticamente según el IPC y gracias a la UF, los trabajadores deban pasar por extenuantes y muchas veces indignos procesos de negociación para recuperar, en medida menor, el efecto que los precios ejercen sobre sus salarios haciéndoles perder su poder adquisitivo.
La evidencia muestra por lo demás que si para algo ha servido la UF, ha sido para preservar las utilidades y las ganancias, mientras los salarios se hunden en la mazmorra de la desvalorización. Como se sabe, la UF consiste en un mecanismo de valorización económica vinculado al índice de precios al consumidor (IPC), que permite una reajustabilidad automática y cotidiana -en función de este IPC- de todo valor que se exprese en la famosa UF. Es decir, es una excelente manera de protegerse frente a la desvalorización que implica la inflación.
Actualmente ésta es utilizada predominantemente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados todo tipo de préstamos, hipotecas y otros contratos en el mercado de la vivienda, así como los instrumentos financieros gubernamentales de largo plazo. También existen algunos tipos de ingresos indexados como son las pensiones alimenticias y algunos beneficios del sistema de seguridad social. En un comienzo el valor de la UF era ajustado tres veces en el año, con lo que presentaba un rezago respecto de la variación del IPC. A partir del año 1977 y hasta hoy, el valor de la UF es actualizado diariamente en base al IPC del último mes.
La información es meridianamente clara: la indexación financiera ha cumplido de manera bastante eficaz su objetivo de proteger a los retornos financieros de la inflación. Las utilidades netas de las instituciones financieras muestran una fuerte tendencia al alza entre 1990 y 2007, con un aumento sistemático de más de 500% en el período, y estas parecieran encontrarse aisladas de las variaciones en el nivel de actividad económica, de manera que las caídas en el crecimiento del PIB no se reflejan en descensos similares en las utilidades de estas instituciones.
Resalta, en este sentido, que éstas apenas se hayan visto perjudicadas por la contracción del PIB en 1999, disminuyendo apenas su ritmo de crecimiento para retomar rápidamente el curso de crecimiento acelerado que han presentado hasta la fecha. Lo mismo puede apreciarse respecto de las instituciones bancarias que utilizan la indexación financiera como modo de proteger los retornos de sus colocaciones. También en este caso las utilidades netas y tasas de rentabilidad del sector parecieran encontrarse aisladas de la evolución del conjunto de la economía.
Es más, las tasas de rentabilidad de los bancos superan en varias veces (sobre el 15%) el crecimiento del PIB en el período que va desde 1999 al 2004. No es distinto el caso general de las sociedades anónimas. Los datos encontrados para los años 2002 a 2007 muestran un crecimiento sostenido de las utilidades netas, por sobre el 500% en el período analizado y nuevamente con independencia del nivel de actividad económica, puesto que casi ni se alteran con los descensos de la actividad productiva del país. Claramente, la introducción de la indexación financiera ha sido eficaz en evitar la erosión del poder adquisitivo cuando los ingresos se originan en los retornos financieros del factor productivo capital.
Sin embargo, para los trabajadores la historia es de signo contrario. Como se sabe, el año 1985 se flexibilizó el mercado laboral a tal punto que la fijación del nivel de salarios comenzó a ser objeto de una negociación entre el empleador y el trabajador particular. A partir de entonces y hasta el día de hoy la actualización del salario en función del nivel de inflación está sujeta a las posibilidades de los trabajadores de incluir en sus contratos cláusulas de indexación, principalmente a través de los procesos de negociación y convenios colectivos.
El problema es que, en Chile, el alcance de estos mecanismos es extremadamente limitado, puesto que entre 1990 y 2007, el número de trabajadores que negociaban colectivamente no alcanzaba a cubrir al 15% del total de trabajadores ocupados.
Este contexto de desmovilización y baja participación sindical ilustra la poca efectividad de dejar a los propios trabajadores la misión de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios conforme a la variación de los precios. A diferencia de lo observado respecto de las utilidades, las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja.
El crecimiento de los salarios nominales mostró casi una década de disminuciones entre 1995 y 2004, volviendo a aumentar a contar del 2005. Recién en el 2007 se alcanza el nivel de crecimiento experimentado por los salarios nominales una década antes. En términos reales, el crecimiento de las remuneraciones cae a la mitad entre 1995 y 2000, para luego estabilizarse y volver a aumentar recién en el 2007 a los niveles de una década atrás.
Contrariamente también a lo que ocurre con los ingresos del capital, la tendencia en el crecimiento de las remuneraciones se muestra en alguna medida aislada del ciclo económico, pero en el sentido contrario al que presentan las utilidades. Los salarios nominales siguen el curso descendente de la actividad económica entre 1995 y 1999 pero su descenso se prolonga por 5 años más. Mientras el curso del PIB toca su punto más bajo en 1999 para comenzar una nueva tendencia alcista a partir del 2000, el repunte de los salarios llega recién en el 2005. Si se observan las remuneraciones reales, en cambio, su tendencia se muestra completamente disociada de la tendencia en la actividad económica, presentando una caída más moderada pero también más persistente en el tiempo.
Estas tendencias deberían ser bien entendidas por las organizaciones sindicales y comenzar a articularse para establecer, al menos, una indexación del salario mínimo y no tener que asumir todos los años el trato vejatorio e indignante a que someten los sucesivos ministros de hacienda a los trabajadores.
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*Marcel Claude es economista.
Se anunció hace poco un acuerdo entre la CUT y el gobierno de Chile, léase ministros de Hacienda y Trabajo, Velasco y Andrade respectivamente, en relación a un aumento en el salario mínimo de 10,4%.
Como todos los años, los trabajadores representados por Arturo Martínez se quejaron de intransigencia y mal trato por parte de las autoridades económicas. Este episodio regular y permanente en que los trabajadores salen siempre trasquilados, contrasta con la situación del sector financiero y de las sociedades anónimas que han tenido siempre el respaldo y apoyo de la Unidad de Fomento (UF), como mecanismo para proteger sus enormes utilidades en el curso de estos últimos años.
La situación da también para pensar que habría que rediseñar la forma en que este salario mínimo se determina, a fin de avanzar a una reajustabilidad automática, al menos del famoso y controvertido salario mínimo, aunque lo justo sería aplicar reajustes automáticos a todos los salarios que reciben por contrato los trabajadores.
No es digno ni es justo que mientras la banca y las sociedades comerciales ajustan sus ingresos automáticamente según el IPC y gracias a la UF, los trabajadores deban pasar por extenuantes y muchas veces indignos procesos de negociación para recuperar, en medida menor, el efecto que los precios ejercen sobre sus salarios haciéndoles perder su poder adquisitivo.
La evidencia muestra por lo demás que si para algo ha servido la UF, ha sido para preservar las utilidades y las ganancias, mientras los salarios se hunden en la mazmorra de la desvalorización. Como se sabe, la UF consiste en un mecanismo de valorización económica vinculado al índice de precios al consumidor (IPC), que permite una reajustabilidad automática y cotidiana -en función de este IPC- de todo valor que se exprese en la famosa UF. Es decir, es una excelente manera de protegerse frente a la desvalorización que implica la inflación.
Actualmente ésta es utilizada predominantemente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados todo tipo de préstamos, hipotecas y otros contratos en el mercado de la vivienda, así como los instrumentos financieros gubernamentales de largo plazo. También existen algunos tipos de ingresos indexados como son las pensiones alimenticias y algunos beneficios del sistema de seguridad social. En un comienzo el valor de la UF era ajustado tres veces en el año, con lo que presentaba un rezago respecto de la variación del IPC. A partir del año 1977 y hasta hoy, el valor de la UF es actualizado diariamente en base al IPC del último mes.
La información es meridianamente clara: la indexación financiera ha cumplido de manera bastante eficaz su objetivo de proteger a los retornos financieros de la inflación. Las utilidades netas de las instituciones financieras muestran una fuerte tendencia al alza entre 1990 y 2007, con un aumento sistemático de más de 500% en el período, y estas parecieran encontrarse aisladas de las variaciones en el nivel de actividad económica, de manera que las caídas en el crecimiento del PIB no se reflejan en descensos similares en las utilidades de estas instituciones.
Resalta, en este sentido, que éstas apenas se hayan visto perjudicadas por la contracción del PIB en 1999, disminuyendo apenas su ritmo de crecimiento para retomar rápidamente el curso de crecimiento acelerado que han presentado hasta la fecha. Lo mismo puede apreciarse respecto de las instituciones bancarias que utilizan la indexación financiera como modo de proteger los retornos de sus colocaciones. También en este caso las utilidades netas y tasas de rentabilidad del sector parecieran encontrarse aisladas de la evolución del conjunto de la economía.
Es más, las tasas de rentabilidad de los bancos superan en varias veces (sobre el 15%) el crecimiento del PIB en el período que va desde 1999 al 2004. No es distinto el caso general de las sociedades anónimas. Los datos encontrados para los años 2002 a 2007 muestran un crecimiento sostenido de las utilidades netas, por sobre el 500% en el período analizado y nuevamente con independencia del nivel de actividad económica, puesto que casi ni se alteran con los descensos de la actividad productiva del país. Claramente, la introducción de la indexación financiera ha sido eficaz en evitar la erosión del poder adquisitivo cuando los ingresos se originan en los retornos financieros del factor productivo capital.
Sin embargo, para los trabajadores la historia es de signo contrario. Como se sabe, el año 1985 se flexibilizó el mercado laboral a tal punto que la fijación del nivel de salarios comenzó a ser objeto de una negociación entre el empleador y el trabajador particular. A partir de entonces y hasta el día de hoy la actualización del salario en función del nivel de inflación está sujeta a las posibilidades de los trabajadores de incluir en sus contratos cláusulas de indexación, principalmente a través de los procesos de negociación y convenios colectivos.
El problema es que, en Chile, el alcance de estos mecanismos es extremadamente limitado, puesto que entre 1990 y 2007, el número de trabajadores que negociaban colectivamente no alcanzaba a cubrir al 15% del total de trabajadores ocupados.
Este contexto de desmovilización y baja participación sindical ilustra la poca efectividad de dejar a los propios trabajadores la misión de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios conforme a la variación de los precios. A diferencia de lo observado respecto de las utilidades, las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja.
El crecimiento de los salarios nominales mostró casi una década de disminuciones entre 1995 y 2004, volviendo a aumentar a contar del 2005. Recién en el 2007 se alcanza el nivel de crecimiento experimentado por los salarios nominales una década antes. En términos reales, el crecimiento de las remuneraciones cae a la mitad entre 1995 y 2000, para luego estabilizarse y volver a aumentar recién en el 2007 a los niveles de una década atrás.
Contrariamente también a lo que ocurre con los ingresos del capital, la tendencia en el crecimiento de las remuneraciones se muestra en alguna medida aislada del ciclo económico, pero en el sentido contrario al que presentan las utilidades. Los salarios nominales siguen el curso descendente de la actividad económica entre 1995 y 1999 pero su descenso se prolonga por 5 años más. Mientras el curso del PIB toca su punto más bajo en 1999 para comenzar una nueva tendencia alcista a partir del 2000, el repunte de los salarios llega recién en el 2005. Si se observan las remuneraciones reales, en cambio, su tendencia se muestra completamente disociada de la tendencia en la actividad económica, presentando una caída más moderada pero también más persistente en el tiempo.
Estas tendencias deberían ser bien entendidas por las organizaciones sindicales y comenzar a articularse para establecer, al menos, una indexación del salario mínimo y no tener que asumir todos los años el trato vejatorio e indignante a que someten los sucesivos ministros de hacienda a los trabajadores.
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*Marcel Claude es economista.
La misma de antes
Por Sergio Ramírez*
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
La misma de antes
Por Sergio Ramírez*
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
25 de junio de 2008
LGE ¿volvieron a fracasar los aprendices?
Por Cristina Moyano*
A fines de los años 80, en los inicios de nuestra transición, el historiador y premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, escribía un artículo titulado “Volverán a fracasar los aprendices?”, en cuyo fondo discursivo se encontraba una dura crítica a la forma pactada de salida a la dictadura, a los acuerdos políticos tomados entre miembros de una elite política anquilosada que se reproducía lentamente y que había ahogado todas las experiencias de ciudadanía emergidas desde el seno de la resistencia contra el gobierno de la dictadura.
El retorno de los viejos liderazgos políticos a la escena pública, 17 años después de caído el gobierno democrático de Salvador Allende, cerraba un ciclo histórico ahogando en un pacto político las expresiones sociales de ciudadanía en pos de mantener un orden deseado y armonía social. La semantización de una sociedad anómica caló tan hondo en la elite política que articuló la Concertación, que el pacto político de acuerdos entre el centro y un sector de la izquierda, selló una forma de transición que configuró una particular cultura política.
Esta cultura política de negociación, consenso, de temor al conflicto, de simbolización de un orden deseado negando el enfrentamiento y las oposiciones, de amnesia y autoflagelamientos, propia de la elite concertacionista, parecía comenzar a cambiar con las promesas que auguraban tras de sí el recambio político que representaba la actual Presidenta de la República y el renacimiento lento de nuevos movimientos sociales. La promesa de un gobierno ciudadano que sucumbió en el mismo momento de su enunciación, cobra nuevos bríos en el actual conflicto generado a raíz de la recién aprobada “idea de legislar” en torno a la Ley General de Educación, LGE.
La construcción de un nuevo marco que reglamentara la educación chilena, dejada en manos del mercado y, por ende, regulada sólo por el lucro, nació como una demanda estudiantil. Después de muchos años de movimientos estudiantiles universitarios desgastados en peticiones economicistas, los alumnos secundarios consiguieron poner en el tapete el problema de fondo de la educación chilena; esto es, la desigualdad y mala calidad de un sistema educativo que tiene como régimen de regulación el lucro económico. Tal como los teóricos de los movimientos sociales plantean, la estructura de oportunidades estaba dada por una coyuntura puntual. Un recién electo gobierno con discurso ciudadano que había generado muchas expectativas de transformación, junto a condiciones materiales paupérrimas que vivían los colegios municipalizados y subvencionados, fueron la tónica para que se desatara un debate que no ha logrado desaparecer en los últimos años de la escena pública.
Jóvenes en las calles organizándose de maneras nuevas, que combinadas con viejas prácticas hacían casi in entendibles las nuevas formas de autorregulación y representatividad. Con voceros, ajenos a la verticalidad del poder, los jóvenes estudiantes descolocaron a las autoridades y parecieron sumergirse en aquellos momentos de subsidencia para reaparecer con fuerza en la actualidad.
Consiguieron hacerse escuchar, pero los poderes fácticos tomaron el control y el consejo asesor presidencial convocado para este tema reinstaló nuevamente el debate y situó puntos importantes, pero no fundamentales. Excluidos los actores sociales y ciudadanos, los políticos retoman el control y la LGE, un curso tradicional. Otro aborto del gobierno ciudadano.
La promesa de una legislación especial para la educación pública queda en el aire, como promesa de última hora para zanjar un acuerdo político tomado entre la Concertación y la Derecha, que tiene escasa representatividad para todos los actores involucrados en el conflicto.
El llamado al orden que la Presidenta de la República hiciera a los presidentes de los partidos de la Concertación para que ordenaran sus filas, se transforma en un último intento por generar una sensación de gobernabilidad administrativa, habiéndose ganado una serie de conflictos y errores que hacen que este aparente triunfo tenga más sabor a fracaso.
Este llamado al orden retoma la vieja práctica política de alcanzar acuerdos sin considerar a los movimientos sociales, de preservar el orden y la negociación como valores supremos de la Nación, manteniendo una unidad que cada vez es más superficial y carente de contenido. ¿Qué ocurrirá con este compromiso presidencial en torno a la educación pública? ¿Quiénes serán los convocados a participar de esta iniciativa? Son preguntas cuyas respuestas leídas a la luz de una práctica política recurrente y establecida, son fáciles de prever.
El debate en torno a una educación pública de calidad ha quedado nuevamente sumergido en el metadiscurso de la libertad de enseñanza y la autonomía. ¿Qué define a la educación pública en un sistema educacional de mercado? Es una pregunta que algunos se han resuelto a responder y en las actuales condiciones de cancelación del debate, muy pocos los que serán escuchados para asir la bandera de defensa de la misma.
Es preocupante, sin embargo, que con el fin de mantener un acuerdo político realizado entre la Concertación y la Alianza, se haya cancelado el debate a través de la indicación de urgencia con la que se inscribió la idea de legislar. Que ante el temor a la crítica de escasez de autoridad y falta de gobernabilidad, la Concertación haya vuelto a cerrar la posibilidad de terminar con una herencia dictatorial que ha consagrado la desigualdad en nuestro país.
Educación de calidad para todos es una consigna que apela a restituir a la educación su carácter garantizador de una adecuada movilidad social. Sin embargo, la nueva LGE no es capaz de asegurar aquello, debilitando por ejemplo la profesión docente (Artículo III) y no discutiendo sobre el lucro que contiene el negocio educacional.
¿Volverán a fracasar los aprendices? se preguntaba Gabriel Salazar a comienzos de la transición. Ahora, disfrazados de técnicos y expertos, los políticos han ahogado el debate ciudadano para mantener el mismo orden deseado con el que se inició esa transición a la democracia. Los aprendices, al parecer, se convirtieron en maestros.
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*Cristina Moyano es académica del Departamento de Historia. Universidad de Santiago de Chile.
A fines de los años 80, en los inicios de nuestra transición, el historiador y premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, escribía un artículo titulado “Volverán a fracasar los aprendices?”, en cuyo fondo discursivo se encontraba una dura crítica a la forma pactada de salida a la dictadura, a los acuerdos políticos tomados entre miembros de una elite política anquilosada que se reproducía lentamente y que había ahogado todas las experiencias de ciudadanía emergidas desde el seno de la resistencia contra el gobierno de la dictadura.
El retorno de los viejos liderazgos políticos a la escena pública, 17 años después de caído el gobierno democrático de Salvador Allende, cerraba un ciclo histórico ahogando en un pacto político las expresiones sociales de ciudadanía en pos de mantener un orden deseado y armonía social. La semantización de una sociedad anómica caló tan hondo en la elite política que articuló la Concertación, que el pacto político de acuerdos entre el centro y un sector de la izquierda, selló una forma de transición que configuró una particular cultura política.
Esta cultura política de negociación, consenso, de temor al conflicto, de simbolización de un orden deseado negando el enfrentamiento y las oposiciones, de amnesia y autoflagelamientos, propia de la elite concertacionista, parecía comenzar a cambiar con las promesas que auguraban tras de sí el recambio político que representaba la actual Presidenta de la República y el renacimiento lento de nuevos movimientos sociales. La promesa de un gobierno ciudadano que sucumbió en el mismo momento de su enunciación, cobra nuevos bríos en el actual conflicto generado a raíz de la recién aprobada “idea de legislar” en torno a la Ley General de Educación, LGE.
La construcción de un nuevo marco que reglamentara la educación chilena, dejada en manos del mercado y, por ende, regulada sólo por el lucro, nació como una demanda estudiantil. Después de muchos años de movimientos estudiantiles universitarios desgastados en peticiones economicistas, los alumnos secundarios consiguieron poner en el tapete el problema de fondo de la educación chilena; esto es, la desigualdad y mala calidad de un sistema educativo que tiene como régimen de regulación el lucro económico. Tal como los teóricos de los movimientos sociales plantean, la estructura de oportunidades estaba dada por una coyuntura puntual. Un recién electo gobierno con discurso ciudadano que había generado muchas expectativas de transformación, junto a condiciones materiales paupérrimas que vivían los colegios municipalizados y subvencionados, fueron la tónica para que se desatara un debate que no ha logrado desaparecer en los últimos años de la escena pública.
Jóvenes en las calles organizándose de maneras nuevas, que combinadas con viejas prácticas hacían casi in entendibles las nuevas formas de autorregulación y representatividad. Con voceros, ajenos a la verticalidad del poder, los jóvenes estudiantes descolocaron a las autoridades y parecieron sumergirse en aquellos momentos de subsidencia para reaparecer con fuerza en la actualidad.
Consiguieron hacerse escuchar, pero los poderes fácticos tomaron el control y el consejo asesor presidencial convocado para este tema reinstaló nuevamente el debate y situó puntos importantes, pero no fundamentales. Excluidos los actores sociales y ciudadanos, los políticos retoman el control y la LGE, un curso tradicional. Otro aborto del gobierno ciudadano.
La promesa de una legislación especial para la educación pública queda en el aire, como promesa de última hora para zanjar un acuerdo político tomado entre la Concertación y la Derecha, que tiene escasa representatividad para todos los actores involucrados en el conflicto.
El llamado al orden que la Presidenta de la República hiciera a los presidentes de los partidos de la Concertación para que ordenaran sus filas, se transforma en un último intento por generar una sensación de gobernabilidad administrativa, habiéndose ganado una serie de conflictos y errores que hacen que este aparente triunfo tenga más sabor a fracaso.
Este llamado al orden retoma la vieja práctica política de alcanzar acuerdos sin considerar a los movimientos sociales, de preservar el orden y la negociación como valores supremos de la Nación, manteniendo una unidad que cada vez es más superficial y carente de contenido. ¿Qué ocurrirá con este compromiso presidencial en torno a la educación pública? ¿Quiénes serán los convocados a participar de esta iniciativa? Son preguntas cuyas respuestas leídas a la luz de una práctica política recurrente y establecida, son fáciles de prever.
El debate en torno a una educación pública de calidad ha quedado nuevamente sumergido en el metadiscurso de la libertad de enseñanza y la autonomía. ¿Qué define a la educación pública en un sistema educacional de mercado? Es una pregunta que algunos se han resuelto a responder y en las actuales condiciones de cancelación del debate, muy pocos los que serán escuchados para asir la bandera de defensa de la misma.
Es preocupante, sin embargo, que con el fin de mantener un acuerdo político realizado entre la Concertación y la Alianza, se haya cancelado el debate a través de la indicación de urgencia con la que se inscribió la idea de legislar. Que ante el temor a la crítica de escasez de autoridad y falta de gobernabilidad, la Concertación haya vuelto a cerrar la posibilidad de terminar con una herencia dictatorial que ha consagrado la desigualdad en nuestro país.
Educación de calidad para todos es una consigna que apela a restituir a la educación su carácter garantizador de una adecuada movilidad social. Sin embargo, la nueva LGE no es capaz de asegurar aquello, debilitando por ejemplo la profesión docente (Artículo III) y no discutiendo sobre el lucro que contiene el negocio educacional.
¿Volverán a fracasar los aprendices? se preguntaba Gabriel Salazar a comienzos de la transición. Ahora, disfrazados de técnicos y expertos, los políticos han ahogado el debate ciudadano para mantener el mismo orden deseado con el que se inició esa transición a la democracia. Los aprendices, al parecer, se convirtieron en maestros.
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*Cristina Moyano es académica del Departamento de Historia. Universidad de Santiago de Chile.
¿Tendremos libre acceso a la información pública?
Por Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z.*
El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.
La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".
Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.
Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.
El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:
1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.
2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran “peligrosas” para la institucionalidad y “marginales”. Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.
3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.
Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.
El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.
En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro-Acceso.
El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.
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*Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Fundación Defendamos la Ciudad.
El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.
La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".
Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.
Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.
El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:
1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.
2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran “peligrosas” para la institucionalidad y “marginales”. Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.
3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.
Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.
El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.
En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro-Acceso.
El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.
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*Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Fundación Defendamos la Ciudad.
La LGE y el tejo quedao
Por Luis Casado*
Una conocida y muy usual técnica de negociación consiste en pedir más de lo que se quiere obtener, para luego, cediendo en modo razonable, llegar al resultado deseado. En la copia feliz del edén ese truco se conoce como “el tejo pasao”, expresión que tal vez nos viene de la práctica del juego de la rayuela.
Nadie le ha reconocido hasta ahora a la Concertación el desarrollo de una técnica simétricamente opuesta que consiste en proponer infinitamente menos de lo necesario y aconsejable con el único fin de mantener el statu quo y perennizar el régimen que heredaron de la dictadura: la técnica del tejo quedao.
Gracias al tejo quedao, Chile es el único país del mundo que sale de una dictadura manteniendo en vigor lo esencial de ella, partiendo por la propia Constitución. Y no sólo la ley fundamental sino también el régimen político, el ordenamiento institucional, el modelo económico, la distribución del ingreso, la entrega de los servicios públicos a la voracidad del mercado y la mala costumbre del pillaje del patrimonio del Estado.
Aylwin ya había anunciado el color cuando habló de “justicia en la medida de lo posible”, y exigió y obtuvo silencio para desnacionalizar el cobre. Ricardo Lagos le puso broche de oro cuando, -sacando cuentas miserables-, le ofreció a las víctimas de la dictadura una reparación “simbólica”.
A lo largo del período que va de la alegría que hubiese debido venir hasta el Chile que debíamos ser todos pero son unos más que otros, esta técnica del tejo quedao ha servicio para un barrido y para un fregado.
Lo que nunca te explicaron fue el sustrato ideológico que sustenta el fraude: pasa que algunas teorías económicas tratan al hombre como un factor de producción, una mercancía, un recurso que conviene administrar al más bajo coste.
En esta teoría que te cuento, el hombre representa un coste excesivo que impide constituir un ahorro suficiente para financiar la inversión productiva. La educación, la salud, la vivienda, forman parte de esos costes que conviene limitar y acaso eliminar, reduciendo la participación del Estado en su producción y distribución, lo que de paso permite jibarizar el Estado mismo, abriéndole más espacio al mercado.
Como ves el ser humano no es en ningún caso la finalidad del proceso productivo, el beneficiario del desarrollo entendido como un proceso de largo plazo, de carácter esencialmente cualititativo en sus modalidades y en sus resultados.
Por eso te meten en la cabeza la noción de “crecimiento” que designa un fenómeno cuantitativo, un indicador estadístico de producción de bienes y servicios, expresado frecuentemente como un porcentaje del PIB.
Y olvidan que el desarrollo es la transcripción económica y social de la idea de progreso humano, un proceso de transformación de las técnicas y de las estructuras económicas, políticas y sociales que debe traer consigo el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y su capacidad a ejercer sus libertades de ciudadano.
El desarrollo es un fin en sí mismo, el “crecimiento” no es sino un instrumento que debiese estar subordinado al desarrollo.
Visto así, la LOCE y la LGE no son sino la traducción jurídica de una concepción del ser humano considerado como un factor de producción, una carga, un coste, una mercancía.
Esa concepción hizo que los economistas de la dictadura hayan juzgado oportuno generar un mercado jugoso y rentable, el mercado de la educación en el que cada “factor de producción” tiene que costear su propia capacitación y perfeccionamiento.
En este esquema, el joven que se endeuda para estudiar no hace sino invertir en su futuro, calculando la rentabilidad de su inversión con fórmulas aritméticas utilizadas para calcular cualquier tipo de inversión. El valor actualizado neto (VAN), ¿te dice algo? Pendejadas de experto contable, mariconadas de economista, ardides de financista usurero. Que transformadas en teorías económicas dan la LOCE y la LGE.
Luego viene el mismísimo ministro secretario general de gobierno y elucubra a propósito del “giro único” que debe garantizar la “calidad de la educación”, sin olvidar una sentida estrofa sobre el legítimo beneficio que produce una actividad honorable.
Y declara en el Parlamento que gracias a la LGE “ya no se podrá ser director de escuela y propietario de un motel al mismo tiempo” (sic).
Este es el nivel de reflexión en plan tejo quedao que nos proponen quienes manejan la manija. “Giro único”, compartimentación de las inversiones, si pongo dinero en una fábrica de condones no debiese comprar acciones en una maternidad privada.
Uno no ve donde está la incompatibilidad cuando de lo que se trata es de afichar números azules en el balance de fin de año y aportar al “crecimiento”. ¿Acaso para el Sr. ministro secretario general de gobierno el dinero tiene olor?
¡Empresarios del mundo uníos!
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Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
Una conocida y muy usual técnica de negociación consiste en pedir más de lo que se quiere obtener, para luego, cediendo en modo razonable, llegar al resultado deseado. En la copia feliz del edén ese truco se conoce como “el tejo pasao”, expresión que tal vez nos viene de la práctica del juego de la rayuela.
Nadie le ha reconocido hasta ahora a la Concertación el desarrollo de una técnica simétricamente opuesta que consiste en proponer infinitamente menos de lo necesario y aconsejable con el único fin de mantener el statu quo y perennizar el régimen que heredaron de la dictadura: la técnica del tejo quedao.
Gracias al tejo quedao, Chile es el único país del mundo que sale de una dictadura manteniendo en vigor lo esencial de ella, partiendo por la propia Constitución. Y no sólo la ley fundamental sino también el régimen político, el ordenamiento institucional, el modelo económico, la distribución del ingreso, la entrega de los servicios públicos a la voracidad del mercado y la mala costumbre del pillaje del patrimonio del Estado.
Aylwin ya había anunciado el color cuando habló de “justicia en la medida de lo posible”, y exigió y obtuvo silencio para desnacionalizar el cobre. Ricardo Lagos le puso broche de oro cuando, -sacando cuentas miserables-, le ofreció a las víctimas de la dictadura una reparación “simbólica”.
A lo largo del período que va de la alegría que hubiese debido venir hasta el Chile que debíamos ser todos pero son unos más que otros, esta técnica del tejo quedao ha servicio para un barrido y para un fregado.
Lo que nunca te explicaron fue el sustrato ideológico que sustenta el fraude: pasa que algunas teorías económicas tratan al hombre como un factor de producción, una mercancía, un recurso que conviene administrar al más bajo coste.
En esta teoría que te cuento, el hombre representa un coste excesivo que impide constituir un ahorro suficiente para financiar la inversión productiva. La educación, la salud, la vivienda, forman parte de esos costes que conviene limitar y acaso eliminar, reduciendo la participación del Estado en su producción y distribución, lo que de paso permite jibarizar el Estado mismo, abriéndole más espacio al mercado.
Como ves el ser humano no es en ningún caso la finalidad del proceso productivo, el beneficiario del desarrollo entendido como un proceso de largo plazo, de carácter esencialmente cualititativo en sus modalidades y en sus resultados.
Por eso te meten en la cabeza la noción de “crecimiento” que designa un fenómeno cuantitativo, un indicador estadístico de producción de bienes y servicios, expresado frecuentemente como un porcentaje del PIB.
Y olvidan que el desarrollo es la transcripción económica y social de la idea de progreso humano, un proceso de transformación de las técnicas y de las estructuras económicas, políticas y sociales que debe traer consigo el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y su capacidad a ejercer sus libertades de ciudadano.
El desarrollo es un fin en sí mismo, el “crecimiento” no es sino un instrumento que debiese estar subordinado al desarrollo.
Visto así, la LOCE y la LGE no son sino la traducción jurídica de una concepción del ser humano considerado como un factor de producción, una carga, un coste, una mercancía.
Esa concepción hizo que los economistas de la dictadura hayan juzgado oportuno generar un mercado jugoso y rentable, el mercado de la educación en el que cada “factor de producción” tiene que costear su propia capacitación y perfeccionamiento.
En este esquema, el joven que se endeuda para estudiar no hace sino invertir en su futuro, calculando la rentabilidad de su inversión con fórmulas aritméticas utilizadas para calcular cualquier tipo de inversión. El valor actualizado neto (VAN), ¿te dice algo? Pendejadas de experto contable, mariconadas de economista, ardides de financista usurero. Que transformadas en teorías económicas dan la LOCE y la LGE.
Luego viene el mismísimo ministro secretario general de gobierno y elucubra a propósito del “giro único” que debe garantizar la “calidad de la educación”, sin olvidar una sentida estrofa sobre el legítimo beneficio que produce una actividad honorable.
Y declara en el Parlamento que gracias a la LGE “ya no se podrá ser director de escuela y propietario de un motel al mismo tiempo” (sic).
Este es el nivel de reflexión en plan tejo quedao que nos proponen quienes manejan la manija. “Giro único”, compartimentación de las inversiones, si pongo dinero en una fábrica de condones no debiese comprar acciones en una maternidad privada.
Uno no ve donde está la incompatibilidad cuando de lo que se trata es de afichar números azules en el balance de fin de año y aportar al “crecimiento”. ¿Acaso para el Sr. ministro secretario general de gobierno el dinero tiene olor?
¡Empresarios del mundo uníos!
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Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
24 de junio de 2008
En Defensa de la Educación Pública
Por María Angélica Oliva*
En los tiempos que corren se hace necesario volver a pensar cuestiones que ya forman parte de nuestro acervo cultural, para el caso, del conjunto de bienes materiales y valores de la democracia conquistados en el devenir de la vida republicana.
En esta empresa, resulta adecuado acompañarnos de Jorge Millas y su denuncia del embotamiento progresivo de la conciencia moral, por una suerte de anemia ética que paraliza las reacciones defensivas del espíritu. “No faltan, sin duda, los actos buenos, esos que forman el hábito moral, consagrado por la observancia consuetudinaria de prácticas indispensables para la coexistencia de los hombres, señala el filósofo.
Pero es notoria la inacción frente al estrago, quiero decir, la insensibilidad para percibir lo específicamente inmoral y actuar en consecuencia. Como si las almas se hubiesen cansado del combate moral”.
El estrago, es decir el daño o perjuicio moral que esta columna denuncia es el debilitamiento de nuestra educación pública, a instancias de una política educativa que desde los tiempos de la dictadura ha sido funcional a la construcción de la desigualdad, los resultados del SIMCE o de la PSU, el debilitamiento de la profesión docente y el precario estado de la educación municipalizada constituyen, entre otros, una muestra fehaciente de ello.
Por ello, la ética resulta inexcusable a la hora de reflexionar sobre el sentido que posee la educación como un bien público y su expresión en el derecho a la educación, así reafirmamos la indisoluble unidad entre ética y política, una de cuyas expresiones en la política educativa es que ésta garantice los valores de justicia, bien común y seguridad jurídica.
La reflexión que nos convoca sobre la educación pública, adquiere el estatus de una defensa que es urgente, tal como rezaba una pancarta en la reciente movilización de alumnos, maestros y familias, donde el Colegio de Profesores, sintetizaba el motivo de la jornada: ‘En Defensa de la Educación Pública’.
No menos representativo era un rayado en el frontis del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tomado por sus estudiantes con la sentencia: ‘Si Jesús fuese estudiante, no podría serlo de la Pontificia Universidad Católica de Chile’. ¿Qué es lo que amerita ser defendido? ¿Por qué debe ser defendido? y ¿Quiénes debemos defenderlo?
En nuestra civilización, la educación se ha institucionalizado en una escolarización universal y obligatoria, adquiriendo el estatus de un derecho humano universal que debe satisfacerse en condiciones de igualdad y gratuidad, tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en uno de cuyos artículos se lee:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Asunto ratificado en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, como un derecho específico de la infancia, pues “el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembro útil de la sociedad”.
En nuestro país, que ha suscrito ambas declaraciones, la idea de la educación como un bien público posee una lata tradición, baste observar cómo desde la Constitución Política de 1833, se reconoce la influencia de la educación en la fundación de un Estado Nacional Republicano, ella constituye una atención preferente del Estado y un deber primordial del Gobierno encargado de fundar una moral común. Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales.
Esta tradición recoge la influencia francesa, por ejemplo, en el reconocimiento al derecho de todo ciudadano a la educación, el deber del Estado en materia de enseñanza y con la educación popular, la gratuidad de la educación elemental, el laicismo en la enseñanza e instrucción moral del pueblo, la idea de educación nacional, y la responsabilidad del Estado en la formación del maestro, entre otras.
También es posible destacar la influencia y tradición de la educación pública norteamericana, que define la escolarización como un bien público y un derecho fundamental; tal como queda de manifiesto en la obra de Dewey, que destaca la reciprocidad entre democracia y educación; la democracia constituye en sí misma un principio educacional, que no puede desarrollarse sin la educación, pues, la escuela constituye el agente esencial de la distribución de todos los valores y finalidades a que un grupo social tiende, lo que se ve reflejado en nuestra Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común de 1920.
Así, gradualmente, se configura la idea de un Estado Docente, donde la educación es un derecho constitucional y un deber del Estado, corolario de ello, es la creación de la red de educación nacional, cuyo protagonista es el Estado, aunque también participan la Iglesia Católica y las comunidades locales. Esto sustentado en la convicción que “Un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública (…) para el sociólogo y para el filósofo bajo el respecto moral, gobernar es educar, y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”, señala uno de sus artífices, Valentín Letelier.
Es ésta noción de Estado Docente, que en sus inicios es laica y radical y, luego, es también liberal, la que entra en pugna con la postura católica y conservadora, partidaria de la Libertad de Enseñanza, que considera que “La libertad de enseñanza era un derecho natural de los padres de familia y un derecho político del ciudadano, como todas las libertades públicas”.
Hay, entonces, dos posiciones que ideológicamente se contraponen; una educación dirigida por el Estado, laica y liberal, que privilegia lo público sobre lo privado, donde prevalece el derecho del Estado en la educación, versus una postura católica y conservadora, que privilegia el derecho de cada familia en la educación, enfatizando lo privado sobre lo público.
Es en el tiempo de dictadura donde la institución del rol del Estado subsidiario, significa la resolución del conflicto entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza, a favor de ésta última, generándose las condiciones para el desarrollo del sistema neoliberal. De tal suerte, que la educación que es un derecho y un bien público, termina transformándose en una mercancía con la consiguiente fractura en la educación como bien público.
Tres manifestaciones de este proceso de privatización de la educación pública son: el traspaso de la gestión de los establecimientos escolares, desde la dependencia ministerial centralizada a una descentralizada, la municipal; la transferencia de los docentes, de funcionarios públicos a municipales, y el cambio en el sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, estimulando la incorporación masiva de agentes privados, es decir, de los sostenedores al mercado de la educación.
He aquí, cómo desde la política educativa, se establecen las bases para la profundización de la desigualdad educativa, pues se genera el caldo de cultivo para que un derecho universal quede satisfecho de manera parcial y desigual, asestando un duro revés al cumplimiento de los valores de justicia y bien común. ¿Quiénes debemos defenderlo? En una sociedad democrática el valor de la educación consagrado en un derecho a la educación, y de una educación de calidad que incluya la equidad, atañe a toda la ciudadanía, pues constituye un bien público, es de todos y para todos, debe ser resguardado por todos, pues precisamente, la participación hace a lo público.
Ante el peligro del embotamiento de la conciencia moral y la institución de una pseudopolítica, hay que recuperar las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía democrática, un buen ejemplo de ello es el Foro Nacional “Educación de Calidad para Todos”, que constituye un esfuerzo de participación organizada de la sociedad civil interesada en la educación, en el mejoramiento de su equidad y calidad, y que busca realizar en Chile el Programa Mundial Educación Para Todos que aspira a una educación básica de calidad sin exclusión y surge del compromiso contraído el año 2000 en Dakar (Senegal) en el Foro Mundial sobre la Educación. Precisamente, este Foro, en el primer punto de su Agenda por la Equidad, plantea reafirmar la Educación como un derecho y un bien público y el fortalecimiento de la educación pública.
La Defensa de la Educación Pública, esto es, finalmente, lo que alienta la polémica en torno a la Ley General de Educación.
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*María Angélica Oliva, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Universidad de Talca
En los tiempos que corren se hace necesario volver a pensar cuestiones que ya forman parte de nuestro acervo cultural, para el caso, del conjunto de bienes materiales y valores de la democracia conquistados en el devenir de la vida republicana.
En esta empresa, resulta adecuado acompañarnos de Jorge Millas y su denuncia del embotamiento progresivo de la conciencia moral, por una suerte de anemia ética que paraliza las reacciones defensivas del espíritu. “No faltan, sin duda, los actos buenos, esos que forman el hábito moral, consagrado por la observancia consuetudinaria de prácticas indispensables para la coexistencia de los hombres, señala el filósofo.
Pero es notoria la inacción frente al estrago, quiero decir, la insensibilidad para percibir lo específicamente inmoral y actuar en consecuencia. Como si las almas se hubiesen cansado del combate moral”.
El estrago, es decir el daño o perjuicio moral que esta columna denuncia es el debilitamiento de nuestra educación pública, a instancias de una política educativa que desde los tiempos de la dictadura ha sido funcional a la construcción de la desigualdad, los resultados del SIMCE o de la PSU, el debilitamiento de la profesión docente y el precario estado de la educación municipalizada constituyen, entre otros, una muestra fehaciente de ello.
Por ello, la ética resulta inexcusable a la hora de reflexionar sobre el sentido que posee la educación como un bien público y su expresión en el derecho a la educación, así reafirmamos la indisoluble unidad entre ética y política, una de cuyas expresiones en la política educativa es que ésta garantice los valores de justicia, bien común y seguridad jurídica.
La reflexión que nos convoca sobre la educación pública, adquiere el estatus de una defensa que es urgente, tal como rezaba una pancarta en la reciente movilización de alumnos, maestros y familias, donde el Colegio de Profesores, sintetizaba el motivo de la jornada: ‘En Defensa de la Educación Pública’.
No menos representativo era un rayado en el frontis del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tomado por sus estudiantes con la sentencia: ‘Si Jesús fuese estudiante, no podría serlo de la Pontificia Universidad Católica de Chile’. ¿Qué es lo que amerita ser defendido? ¿Por qué debe ser defendido? y ¿Quiénes debemos defenderlo?
En nuestra civilización, la educación se ha institucionalizado en una escolarización universal y obligatoria, adquiriendo el estatus de un derecho humano universal que debe satisfacerse en condiciones de igualdad y gratuidad, tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en uno de cuyos artículos se lee:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Asunto ratificado en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, como un derecho específico de la infancia, pues “el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembro útil de la sociedad”.
En nuestro país, que ha suscrito ambas declaraciones, la idea de la educación como un bien público posee una lata tradición, baste observar cómo desde la Constitución Política de 1833, se reconoce la influencia de la educación en la fundación de un Estado Nacional Republicano, ella constituye una atención preferente del Estado y un deber primordial del Gobierno encargado de fundar una moral común. Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales.
Esta tradición recoge la influencia francesa, por ejemplo, en el reconocimiento al derecho de todo ciudadano a la educación, el deber del Estado en materia de enseñanza y con la educación popular, la gratuidad de la educación elemental, el laicismo en la enseñanza e instrucción moral del pueblo, la idea de educación nacional, y la responsabilidad del Estado en la formación del maestro, entre otras.
También es posible destacar la influencia y tradición de la educación pública norteamericana, que define la escolarización como un bien público y un derecho fundamental; tal como queda de manifiesto en la obra de Dewey, que destaca la reciprocidad entre democracia y educación; la democracia constituye en sí misma un principio educacional, que no puede desarrollarse sin la educación, pues, la escuela constituye el agente esencial de la distribución de todos los valores y finalidades a que un grupo social tiende, lo que se ve reflejado en nuestra Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común de 1920.
Así, gradualmente, se configura la idea de un Estado Docente, donde la educación es un derecho constitucional y un deber del Estado, corolario de ello, es la creación de la red de educación nacional, cuyo protagonista es el Estado, aunque también participan la Iglesia Católica y las comunidades locales. Esto sustentado en la convicción que “Un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública (…) para el sociólogo y para el filósofo bajo el respecto moral, gobernar es educar, y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”, señala uno de sus artífices, Valentín Letelier.
Es ésta noción de Estado Docente, que en sus inicios es laica y radical y, luego, es también liberal, la que entra en pugna con la postura católica y conservadora, partidaria de la Libertad de Enseñanza, que considera que “La libertad de enseñanza era un derecho natural de los padres de familia y un derecho político del ciudadano, como todas las libertades públicas”.
Hay, entonces, dos posiciones que ideológicamente se contraponen; una educación dirigida por el Estado, laica y liberal, que privilegia lo público sobre lo privado, donde prevalece el derecho del Estado en la educación, versus una postura católica y conservadora, que privilegia el derecho de cada familia en la educación, enfatizando lo privado sobre lo público.
Es en el tiempo de dictadura donde la institución del rol del Estado subsidiario, significa la resolución del conflicto entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza, a favor de ésta última, generándose las condiciones para el desarrollo del sistema neoliberal. De tal suerte, que la educación que es un derecho y un bien público, termina transformándose en una mercancía con la consiguiente fractura en la educación como bien público.
Tres manifestaciones de este proceso de privatización de la educación pública son: el traspaso de la gestión de los establecimientos escolares, desde la dependencia ministerial centralizada a una descentralizada, la municipal; la transferencia de los docentes, de funcionarios públicos a municipales, y el cambio en el sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, estimulando la incorporación masiva de agentes privados, es decir, de los sostenedores al mercado de la educación.
He aquí, cómo desde la política educativa, se establecen las bases para la profundización de la desigualdad educativa, pues se genera el caldo de cultivo para que un derecho universal quede satisfecho de manera parcial y desigual, asestando un duro revés al cumplimiento de los valores de justicia y bien común. ¿Quiénes debemos defenderlo? En una sociedad democrática el valor de la educación consagrado en un derecho a la educación, y de una educación de calidad que incluya la equidad, atañe a toda la ciudadanía, pues constituye un bien público, es de todos y para todos, debe ser resguardado por todos, pues precisamente, la participación hace a lo público.
Ante el peligro del embotamiento de la conciencia moral y la institución de una pseudopolítica, hay que recuperar las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía democrática, un buen ejemplo de ello es el Foro Nacional “Educación de Calidad para Todos”, que constituye un esfuerzo de participación organizada de la sociedad civil interesada en la educación, en el mejoramiento de su equidad y calidad, y que busca realizar en Chile el Programa Mundial Educación Para Todos que aspira a una educación básica de calidad sin exclusión y surge del compromiso contraído el año 2000 en Dakar (Senegal) en el Foro Mundial sobre la Educación. Precisamente, este Foro, en el primer punto de su Agenda por la Equidad, plantea reafirmar la Educación como un derecho y un bien público y el fortalecimiento de la educación pública.
La Defensa de la Educación Pública, esto es, finalmente, lo que alienta la polémica en torno a la Ley General de Educación.
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*María Angélica Oliva, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Universidad de Talca
23 de junio de 2008
La dictadura de Daniel Ortega
Por Javier Campos*
Eso de “dictadura” lo dijo hace unos días, este mes de junio, quien tiene una autoridad histórica en Nicaragua y fuera la excomandante guerrillera, Dora María Tellez quien ha hecho suya la frase de otro ex-sandinista y candidato a la presidencia por el MSRN (Movimiento Sandinista de Renovación Nacional) Herty Lewit (1939-2007): “Nací en una dictadura y no quiero morir en otra”.
Fue ella la comandante más joven dentro del ejército sandinista, ayudando a derrotar aquella dictadura para cambiar la sociedad nicaragüense bajo décadas de opresión y dictadura de la familia Somoza.
O como escribe recién Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990, y fundador con Dora María Téllez del MRSN: “La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación como la número dos en el comando encabezado por Edén Pastora, que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber conducido a las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979”.
Ya es historia aquel movimiento que intentó mejorar a un país empobrecido donde el dueño de todo el territorio, incluidas empresas y haciendas, pertenecía en su mayoría a esa familia que controló el país desde 1936 a 1979.
A comienzos de este junio ella comenzó una huelga de hambre para protestar por el abuso de la familia Ortega, que está a pasos de controlar, al igual que una dictadura del pasado, aquel país junto al otro partido del neoliberal y ex-presidente Arnoldo Alemán (1997-2001). Su protesta es para hacer más conciencia de una situación que está llevando a ese país a la profundidad no sólo de la pobreza sino de la corrupción y la instalación de una dinastía manipulada por una caudillo al viejo estilo de la izquierda más ortodoxa, junto a un reinado familiar que repite otra vez el pasado somocista que vivió Nicaragua, así como el pasado de tantos ejemplos de caudillos de derecha o de izquierda.
Es decir, la ex comandante Dora María Téllez quiere “denunciar principalmente el abuso de poder, la falta de inoperancia y el autoritarismo del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, quienes juntos han creado un monstruo bicéfalo llamado Murteguismo”, como bien ha nombrado la poeta Gioconda Belli.
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*Javier Campos es poeta, narrador y columnista.
Eso de “dictadura” lo dijo hace unos días, este mes de junio, quien tiene una autoridad histórica en Nicaragua y fuera la excomandante guerrillera, Dora María Tellez quien ha hecho suya la frase de otro ex-sandinista y candidato a la presidencia por el MSRN (Movimiento Sandinista de Renovación Nacional) Herty Lewit (1939-2007): “Nací en una dictadura y no quiero morir en otra”.
Fue ella la comandante más joven dentro del ejército sandinista, ayudando a derrotar aquella dictadura para cambiar la sociedad nicaragüense bajo décadas de opresión y dictadura de la familia Somoza.
O como escribe recién Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990, y fundador con Dora María Téllez del MRSN: “La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación como la número dos en el comando encabezado por Edén Pastora, que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber conducido a las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979”.
Ya es historia aquel movimiento que intentó mejorar a un país empobrecido donde el dueño de todo el territorio, incluidas empresas y haciendas, pertenecía en su mayoría a esa familia que controló el país desde 1936 a 1979.
A comienzos de este junio ella comenzó una huelga de hambre para protestar por el abuso de la familia Ortega, que está a pasos de controlar, al igual que una dictadura del pasado, aquel país junto al otro partido del neoliberal y ex-presidente Arnoldo Alemán (1997-2001). Su protesta es para hacer más conciencia de una situación que está llevando a ese país a la profundidad no sólo de la pobreza sino de la corrupción y la instalación de una dinastía manipulada por una caudillo al viejo estilo de la izquierda más ortodoxa, junto a un reinado familiar que repite otra vez el pasado somocista que vivió Nicaragua, así como el pasado de tantos ejemplos de caudillos de derecha o de izquierda.
Es decir, la ex comandante Dora María Téllez quiere “denunciar principalmente el abuso de poder, la falta de inoperancia y el autoritarismo del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, quienes juntos han creado un monstruo bicéfalo llamado Murteguismo”, como bien ha nombrado la poeta Gioconda Belli.
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*Javier Campos es poeta, narrador y columnista.
La fiesta de los euroscépticos
Por Héctor Casanueva
El rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa -pieza clave en la meta de la unidad política de la Unión Europea- ha vuelto a poner de plácemes a los euroescépticos de toda la vida, más otros nuevos que se suman dentro de las fronteras comunitarias y desde otras partes del mundo, América Latina incluida. Hay gente que tiene una rara fascinación por los reveses, sobretodo cuando estos afectan a grandes proyectos.
Para quienes no son capaces de mirar el horizonte y tener una perspectiva global y de largo plazo, estas situaciones les permiten confirmar agoreras visiones negativas que justificarían su inacción, su día a día, el corto plazo, la coyuntura.
Afortunadamente, en la historia de la humanidad nunca han triunfado los escépticos ni los pesimistas. La Unión Europea es una prueba contemporánea de ello, pues su construcción se ha hecho siempre como fruto de la sobredeterminación política de grandes líderes con mirada estratégica, como Adenauer, Schumann, De Gásperi, Delors, Kohl, Mitterrand, Martens, que fueron capaces de unir a los dos mayores contrincantes de su historia -Francia y Alemania- y plantear a los ciudadanos un proyecto político, económico y de cooperación que generó, en pocos años, paz y prosperidad.
Fue un revulsivo que contribuyó a derrumbar el muro y la cortina de hierro, para avanzar en la unidad del Este y el Oeste y terminar con la Guerra Fría. Recordemos que antes de firmarse el Tratado de Roma en 1957, un connotado canciller euroescéptico vaticinó, erróneamente: “Ese tratado nunca se firmará, y si se firma nunca se aplicará, y si se aplica nunca funcionará”. Cincuenta años después, la Unión Europea cuenta con veintisiete miembros, es la primera potencia comercial y de cooperación del mundo, y sus ciudadanos gozan de un bienestar que se mide no sólo en ingreso per cápita, sino en calidad de vida.
Por eso que el revés que significa el referéndum negativo de Irlanda no puede ser la medida de un supuesto fracaso del proyecto integracionista europeo, como no lo fueron en su momento ni las negativas francesa y holandesa de hace unos años, o el rechazo danés al Tratado de Maastricht, revertidos mediante un trabajo de ingeniería política y capacidad de liderazgo.
En este caso, los líderes irlandeses han fallado, no han logrado trasmitir al pueblo los valores de un proyecto integracionista que a Irlanda le ha significado grandes beneficios y un desarrollo inimaginable hace pocos años. Están en deuda con Europa, pero lo más probable, como ha ocurrido muchas veces, es que los actores políticos, sociales, académicos, llegarán a encontrar la manera de leer debidamente el significado del referéndum, escucharán lo que la voz del pueblo está diciendo –que más que un no a Europa, es una advertencia a una determinada forma de construirla- y podrán reemprender el camino trazado.
Lo que se juega en Europa es la tensión entre individualismo y comunitarismo, que es lo mismo que nos estamos jugando con la fallida integración latinoamericana. Por estos lados, tenemos también nuestros “latinoescépticos”, que no creen en la integración de nuestros países o tratan de llevarla sólo a sus molinos. Para ellos es un verdadero festín que algunas veces la integración europea -un paradigma como proyecto- tenga estos traspiés. Pero el curso de la historia de la Unión Europea demuestra que aún con letra torcida, va escribiendo inexorablemente sus avances hacia más comunitarismo, más humanismo y más bienestar, y ese sí es un ejemplo para nosotros.
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*Héctor Casanueva es vicerrector académico de la Universidad Miguel de Cervantes.
El rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa -pieza clave en la meta de la unidad política de la Unión Europea- ha vuelto a poner de plácemes a los euroescépticos de toda la vida, más otros nuevos que se suman dentro de las fronteras comunitarias y desde otras partes del mundo, América Latina incluida. Hay gente que tiene una rara fascinación por los reveses, sobretodo cuando estos afectan a grandes proyectos.
Para quienes no son capaces de mirar el horizonte y tener una perspectiva global y de largo plazo, estas situaciones les permiten confirmar agoreras visiones negativas que justificarían su inacción, su día a día, el corto plazo, la coyuntura.
Afortunadamente, en la historia de la humanidad nunca han triunfado los escépticos ni los pesimistas. La Unión Europea es una prueba contemporánea de ello, pues su construcción se ha hecho siempre como fruto de la sobredeterminación política de grandes líderes con mirada estratégica, como Adenauer, Schumann, De Gásperi, Delors, Kohl, Mitterrand, Martens, que fueron capaces de unir a los dos mayores contrincantes de su historia -Francia y Alemania- y plantear a los ciudadanos un proyecto político, económico y de cooperación que generó, en pocos años, paz y prosperidad.
Fue un revulsivo que contribuyó a derrumbar el muro y la cortina de hierro, para avanzar en la unidad del Este y el Oeste y terminar con la Guerra Fría. Recordemos que antes de firmarse el Tratado de Roma en 1957, un connotado canciller euroescéptico vaticinó, erróneamente: “Ese tratado nunca se firmará, y si se firma nunca se aplicará, y si se aplica nunca funcionará”. Cincuenta años después, la Unión Europea cuenta con veintisiete miembros, es la primera potencia comercial y de cooperación del mundo, y sus ciudadanos gozan de un bienestar que se mide no sólo en ingreso per cápita, sino en calidad de vida.
Por eso que el revés que significa el referéndum negativo de Irlanda no puede ser la medida de un supuesto fracaso del proyecto integracionista europeo, como no lo fueron en su momento ni las negativas francesa y holandesa de hace unos años, o el rechazo danés al Tratado de Maastricht, revertidos mediante un trabajo de ingeniería política y capacidad de liderazgo.
En este caso, los líderes irlandeses han fallado, no han logrado trasmitir al pueblo los valores de un proyecto integracionista que a Irlanda le ha significado grandes beneficios y un desarrollo inimaginable hace pocos años. Están en deuda con Europa, pero lo más probable, como ha ocurrido muchas veces, es que los actores políticos, sociales, académicos, llegarán a encontrar la manera de leer debidamente el significado del referéndum, escucharán lo que la voz del pueblo está diciendo –que más que un no a Europa, es una advertencia a una determinada forma de construirla- y podrán reemprender el camino trazado.
Lo que se juega en Europa es la tensión entre individualismo y comunitarismo, que es lo mismo que nos estamos jugando con la fallida integración latinoamericana. Por estos lados, tenemos también nuestros “latinoescépticos”, que no creen en la integración de nuestros países o tratan de llevarla sólo a sus molinos. Para ellos es un verdadero festín que algunas veces la integración europea -un paradigma como proyecto- tenga estos traspiés. Pero el curso de la historia de la Unión Europea demuestra que aún con letra torcida, va escribiendo inexorablemente sus avances hacia más comunitarismo, más humanismo y más bienestar, y ese sí es un ejemplo para nosotros.
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*Héctor Casanueva es vicerrector académico de la Universidad Miguel de Cervantes.
El afán por lavar la imagen de Celco
Por Sara Larraín*
En días recientes hemos asistido a otro de esos ejemplos que indican que el marketing y la comunicación corporativa pueden dar casi para todo. Una consultoría realizada por un equipo de la U. de Chile, dirigido por el profesor Víctor Marín, ha dado pie para que varios líderes patronales del sector forestal apuren la defensa corporativa de rigor ante el “notable desempeño ambiental” de Celco y la “tecnología de punta” que utiliza en el proceso industrial de la celulosa. La misma consultoría sirvió para que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprovechara la oportunidad de cuestionar los consensos ciudadanos y políticos logrados en la anterior campaña presidencial y que el 5 de junio pasado –Día Mundial del Medio Ambiente- desembocaron en el ingreso al Parlamento de los proyectos legales tendientes a crear el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.
Aprovechando una de las conclusiones de la consultoría, denominada ‘Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces’, Celco (hoy, Celulosa Arauco) enarbola que la muerte y migración de cisnes de cuello negro, registrada en 2004, habría sido consecuencia de variaciones meteorológicas. A saber, falta de lluvias, escaso caudal y 3 eventos de temperaturas bajo 0°C.
Ante el exabrupto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aclaró que “en ningún caso el estudio fue contratado para revisar las hipótesis ya existentes, sino para modelar el trabajo en el ecosistema y para poner a interactuar e interlocutar a los distintos actores” y que la consultoría no será considerada en los planes de recuperación del Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.
El lector informado sabe por supuesto que la responsabilidad sobre ese desastre ecológico está clara y remiten a los desechos órgano clorados lanzados por Celco al estuario del río cruces. En efecto, en este afán por lavar una imagen corporativa, los interesados optan por sesgar la información e ignorar que el anterior estudio de la U. Austral, que sí está basado en trabajos de campo y análisis de sedimento del río y de ingesta de cisnes, constataron la presencia de altas concentraciones de químicos procedentes de la celulosa y daño hepático en taguas y cisnes.
Así también, obvian que en 2004, las temperaturas del aire (registradas en la Estación Climatológica del Campus Isla Teja) fueron similares a lapsos anteriores y que el caudal del río, medido por la Dirección General de Aguas, fue, en mayo de 2004, mayor que en el período anual anterior. Lo más lamentable es que la consultoría asociada a la U. de Chile no realizó pruebas y muestreos en terreno y además no explica los daños hepáticos causados por ingesta de plantas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. Más aun, al seleccionar a los actores sociales a los que pediría declaración y antecedentes, incluyó, en el caso de los armadores fluviales, a un grupo ya cooptado por Celco y otro que se está querellando.
No obstante, aún cuando la muerte y desplazamiento de cisnes de cuello negro fue registrada en septiembre de 2004, no es este hecho el que fundamentó la decisión de paralizar la planta de Celco, pues la Corema comprobó múltiples violaciones al permiso de calificación ambiental denunciadas. En efecto, la empresa construyó una planta para producir 100 mil toneladas más de lo aprobado. Además, instaló un ducto y pozos ilegales y realizó extracciones de agua no presentadas a Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asistió a otro engaño, pues Celco presentó un proyecto pero materializó otro distinto. Como si esto fuera poco, inauguró su producción de celulosa sin tratar residuos industriales líquidos, cuestión que era requisito sine qua non de la autorización ambiental. En tal sentido, es lógico suponer que derramó poluyentes ácidos, clorados y a temperaturas altas durante varios meses.
Hoy, ignorando los hechos ya establecidos, la defensa corporativa aprovecha de ensalzar la “transparencia” de Celco (pese a que, para salvarse de un fallo adverso en la Corte Suprema, atribuyó al EULA de la U. de Concepción un estudio propio) y la “tecnología de vanguardia” que utilizaría, pero, como no somos ingenuos y estamos bien informados, sabemos que la empresa se ha negado, pese a las utilidades de un generoso precio internacional de la celulosa, a incorporar auténtica tecnología de punta. O sea, el sistema de producción de circuito cerrado, que permitiría reducir el 70% del consumo de agua y manejar desechos como lodos, factibles de secar, confinar o incinerar.
La conclusión, evidentemente, es que nuevas consultorías nada nuevo aportarían, pues la historia ya está escrita y ahora procede ocuparse de recuperar el Santuario. Finalmente, este es uno de los tantos ejemplos que develan los vicios de la actual institucionalidad ambiental y que avalan la necesidad de avanzar en la construcción de un “segundo piso” de la legalidad sobre la materia, para sistematizar y operacionalizar los derechos ambientales que la Constitución garantiza.
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*Sara Larraín es directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable.
En días recientes hemos asistido a otro de esos ejemplos que indican que el marketing y la comunicación corporativa pueden dar casi para todo. Una consultoría realizada por un equipo de la U. de Chile, dirigido por el profesor Víctor Marín, ha dado pie para que varios líderes patronales del sector forestal apuren la defensa corporativa de rigor ante el “notable desempeño ambiental” de Celco y la “tecnología de punta” que utiliza en el proceso industrial de la celulosa. La misma consultoría sirvió para que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprovechara la oportunidad de cuestionar los consensos ciudadanos y políticos logrados en la anterior campaña presidencial y que el 5 de junio pasado –Día Mundial del Medio Ambiente- desembocaron en el ingreso al Parlamento de los proyectos legales tendientes a crear el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.
Aprovechando una de las conclusiones de la consultoría, denominada ‘Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces’, Celco (hoy, Celulosa Arauco) enarbola que la muerte y migración de cisnes de cuello negro, registrada en 2004, habría sido consecuencia de variaciones meteorológicas. A saber, falta de lluvias, escaso caudal y 3 eventos de temperaturas bajo 0°C.
Ante el exabrupto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aclaró que “en ningún caso el estudio fue contratado para revisar las hipótesis ya existentes, sino para modelar el trabajo en el ecosistema y para poner a interactuar e interlocutar a los distintos actores” y que la consultoría no será considerada en los planes de recuperación del Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.
El lector informado sabe por supuesto que la responsabilidad sobre ese desastre ecológico está clara y remiten a los desechos órgano clorados lanzados por Celco al estuario del río cruces. En efecto, en este afán por lavar una imagen corporativa, los interesados optan por sesgar la información e ignorar que el anterior estudio de la U. Austral, que sí está basado en trabajos de campo y análisis de sedimento del río y de ingesta de cisnes, constataron la presencia de altas concentraciones de químicos procedentes de la celulosa y daño hepático en taguas y cisnes.
Así también, obvian que en 2004, las temperaturas del aire (registradas en la Estación Climatológica del Campus Isla Teja) fueron similares a lapsos anteriores y que el caudal del río, medido por la Dirección General de Aguas, fue, en mayo de 2004, mayor que en el período anual anterior. Lo más lamentable es que la consultoría asociada a la U. de Chile no realizó pruebas y muestreos en terreno y además no explica los daños hepáticos causados por ingesta de plantas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. Más aun, al seleccionar a los actores sociales a los que pediría declaración y antecedentes, incluyó, en el caso de los armadores fluviales, a un grupo ya cooptado por Celco y otro que se está querellando.
No obstante, aún cuando la muerte y desplazamiento de cisnes de cuello negro fue registrada en septiembre de 2004, no es este hecho el que fundamentó la decisión de paralizar la planta de Celco, pues la Corema comprobó múltiples violaciones al permiso de calificación ambiental denunciadas. En efecto, la empresa construyó una planta para producir 100 mil toneladas más de lo aprobado. Además, instaló un ducto y pozos ilegales y realizó extracciones de agua no presentadas a Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asistió a otro engaño, pues Celco presentó un proyecto pero materializó otro distinto. Como si esto fuera poco, inauguró su producción de celulosa sin tratar residuos industriales líquidos, cuestión que era requisito sine qua non de la autorización ambiental. En tal sentido, es lógico suponer que derramó poluyentes ácidos, clorados y a temperaturas altas durante varios meses.
Hoy, ignorando los hechos ya establecidos, la defensa corporativa aprovecha de ensalzar la “transparencia” de Celco (pese a que, para salvarse de un fallo adverso en la Corte Suprema, atribuyó al EULA de la U. de Concepción un estudio propio) y la “tecnología de vanguardia” que utilizaría, pero, como no somos ingenuos y estamos bien informados, sabemos que la empresa se ha negado, pese a las utilidades de un generoso precio internacional de la celulosa, a incorporar auténtica tecnología de punta. O sea, el sistema de producción de circuito cerrado, que permitiría reducir el 70% del consumo de agua y manejar desechos como lodos, factibles de secar, confinar o incinerar.
La conclusión, evidentemente, es que nuevas consultorías nada nuevo aportarían, pues la historia ya está escrita y ahora procede ocuparse de recuperar el Santuario. Finalmente, este es uno de los tantos ejemplos que develan los vicios de la actual institucionalidad ambiental y que avalan la necesidad de avanzar en la construcción de un “segundo piso” de la legalidad sobre la materia, para sistematizar y operacionalizar los derechos ambientales que la Constitución garantiza.
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*Sara Larraín es directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable.
20 de junio de 2008
Bien común, bien social, bien patrimonial
Por Katia Cotoras y Moisés Scherman *
El proyecto de modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, presentado por el Ejecutivo para trámite legislativo en el Senado, conculca y transgrede nuestros derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Política del Estado. Una vez más los derechos esenciales humanos son sobrepasados por la política mercantilista. Este proyecto se caracteriza por su tendencia a la liberalización del territorio y de las normativas urbanas contrariando los requerimientos de los ciudadanos que han planteado la necesidad de normar sobre un urbanismo participativo vinculante a las decisiones de la comunidad.
A nivel internacional este proyecto desconoce que el país ha suscrito importantes convenios comerciales basados en el marco de la Agenda 21. Este acuerdo marco compromete claramente a nuestro país la necesidad de implementar en los instrumentos de planificación territorial, la participación efectiva de la ciudadanía, y también la efectiva protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.
A nivel nacional este proyecto desconoce las bases de la institucionalidad establecidas en la Constitución Política ya que el Estado debe estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que la constitución establece. Este resguardo al bien común se recoge claramente en cómo se limita el derecho de propiedad, estableciendo que sólo se puede planificar sobre la base de la función social considerando a los ciudadanos iguales en dignidad y derechos.
El artículo 24 de la Constitución establece en lo relativo al derecho de propiedad “que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar gozar y disponer de ella, y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. La constitución aquí establece las condiciones para la limitación del dominio que son en función de los siguientes resguardos:
1.- Cuando lo exijan los intereses generales de la nación
2.- La seguridad nacional
3.- La utilidad pública
4.- La salubridad pública
5.- La conservación de patrimonio ambiental.
Este proyecto de ley desconoce la función social de la propiedad y los conceptos constitucionales en sus diversos articulados.
El interés general de la Nación y la utilidad pública deben estar al servicio de la persona humana con una finalidad de promover el bien común y deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible En todo el texto no se abordan estos postulados en la planificación nacional o como se supeditará esta planificación sectorial urbana a una planificación territorial. Más aún, en el área regional e intercomunal se desconocen las atribuciones de MIDEPLAN y del Gobierno Regional para coordinar las instancias de participación intersectorial e intercomunal.
A nivel nacional no se definen los conceptos básicos de habitabilidad de los centros urbanos para planificar, de los derechos urbanos de cada ciudadana y ciudadano en el espacio público referido a áreas verdes, equipamiento educacional, comercial o de actividades culturales sociales; por lo tanto se desconoce los parámetros básicos de un bien común habitable. El derecho a vivir en una ciudad debe ser calificado como un principio de justicia social. Los derechos de habitabilidad son derechos básicos para la conformación de los recintos y permitir el desarrollo y la protección de la vida como es el derecho a la luz natural, a la ventilación, a la privacidad, al asoleamiento o las áreas verdes, al paisaje natural, a las vistas del entorno etc. que permiten dignificar la calidad de vida del habitante y relacionarlo con su medio ambiente. En la Constitución Política del Estado se establecen ciertas obligaciones al Estado y ciertos derechos de las personas, vinculados a la habitabilidad que este proyecto desconoce. Sobre la base de estos principios le corresponde al Estado fijar las condiciones mínimas de planificación para resguardar los derechos constitucionales:
1- El articulo 19 n° 4 asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada.
2- El articulo 19 n°1 asegura a todas las personas el derecho a la vida y a su integridad física y psíquica.
3- El articulo 19 n°8 asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
4- Finalmente el articulo 19 n°9, asegura la protección de la salud.
Con respecto a la salubridad pública, el proyecto de ley del ejecutivo no norma sobre las compensaciones que deben tener los ciudadanos cuando sus barrios son densificados ya sea en el aumento de congestión vehicular y contaminación del medio ambiente en general. La ley 19.300 claramente establece que los proyectos inmobiliarios producen alteración a los ecosistemas en general. No se presenta ningún avance en la remodelación de la ciudad, de sus barrios ni tampoco se proponen propuestas concertadas entre los habitantes y el poder público que hoy día se utilizan en tantos países. Tampoco se establecen normas para recuperar la calidad ambiental preservando el patrimonio natural, histórico y cultural reduciendo la contaminación y congestión en el conjunto de la ciudad. Para ello es de vital importancia el tratamiento y defensa de las áreas verdes, de los espacios no urbanizados los cuales deben dejar de ser vistos como una reserva de suelo, y sí como un elemento estructurante del territorio de cuya preservación depende en buena medida la sostenibilidad de la vida urbana y el bienestar de sus habitantes.
Con respecto a la limitante al dominio de la propiedad para la Conservación del Patrimonio Ambiental, este proyecto viola la Constitución al permitir el derecho transable en el Patrimonio Natural Cultural y Social de la Nación. Patrimonio que hoy esta en manos de la tuición y conservación del Estado a través de la Conaf y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este derecho transable es la desafectación del estado de protección, traspasando dicha tuición a manos de particulares.
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además es deber del Estado velar por vivir en un medio ambiente libre de contaminación para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. La Constitución establece en sus siguientes artículos normativas para la protección de áreas especiales:
1. Articulo 23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
2.- Artículo 24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usa gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los interese generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
3.- Artículo 118º Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.
4.- Artículo 6º “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República” por lo tanto se debe reconocer los tratados internacionales sobre áreas protegidas.
Estos convenios constituyen una fuente importante de Derecho Ambiental Internacional y contribuyen a la generación de las políticas de cada nación sobre este tema.
Algunos acuerdos son:
• Acuerdo de Asociación Económico Estratégico con Nueva Zelandia, Singapur y Brunei
• Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos
• Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
• Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de comercio internacional
• Protocolo de Kioto
• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África
• Convenio sobre Diversidad Biológica
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
• Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente
• Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación
• Convención para la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América
• Convenio Internacional para la regulación de la caza de la ballena
• Tratado Antártico
• Convenio sobre zonas húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)
• Convención sobre Conservación de Focas Antárticas
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
• Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna salvaje
• Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
• Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico Sudeste
• Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono
Además de estos convenios, Chile ha firmado otros acuerdos ambientales internacionales como son la Declaración de Río y la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, y participa en diferentes Foros Internacionales Globales tales como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Valdivia, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.
Solicitamos, al gobierno que reconociendo la normativa medio ambiental en materias de derechos humanos, resguardo al Patrimonio Natural y Monumentos Nacionales retire este proyecto para modificarlo de acuerdo al estándar de los convenios internacionales que el país se ha obligado a respetar a nivel internacional.
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* Katia Cotoras es Arquitecta y miembro de la Comisión Legislativa Territorial
* Moisés Scherman es Economista y miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa
El proyecto de modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, presentado por el Ejecutivo para trámite legislativo en el Senado, conculca y transgrede nuestros derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Política del Estado. Una vez más los derechos esenciales humanos son sobrepasados por la política mercantilista. Este proyecto se caracteriza por su tendencia a la liberalización del territorio y de las normativas urbanas contrariando los requerimientos de los ciudadanos que han planteado la necesidad de normar sobre un urbanismo participativo vinculante a las decisiones de la comunidad.
A nivel internacional este proyecto desconoce que el país ha suscrito importantes convenios comerciales basados en el marco de la Agenda 21. Este acuerdo marco compromete claramente a nuestro país la necesidad de implementar en los instrumentos de planificación territorial, la participación efectiva de la ciudadanía, y también la efectiva protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.
A nivel nacional este proyecto desconoce las bases de la institucionalidad establecidas en la Constitución Política ya que el Estado debe estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que la constitución establece. Este resguardo al bien común se recoge claramente en cómo se limita el derecho de propiedad, estableciendo que sólo se puede planificar sobre la base de la función social considerando a los ciudadanos iguales en dignidad y derechos.
El artículo 24 de la Constitución establece en lo relativo al derecho de propiedad “que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar gozar y disponer de ella, y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. La constitución aquí establece las condiciones para la limitación del dominio que son en función de los siguientes resguardos:
1.- Cuando lo exijan los intereses generales de la nación
2.- La seguridad nacional
3.- La utilidad pública
4.- La salubridad pública
5.- La conservación de patrimonio ambiental.
Este proyecto de ley desconoce la función social de la propiedad y los conceptos constitucionales en sus diversos articulados.
El interés general de la Nación y la utilidad pública deben estar al servicio de la persona humana con una finalidad de promover el bien común y deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible En todo el texto no se abordan estos postulados en la planificación nacional o como se supeditará esta planificación sectorial urbana a una planificación territorial. Más aún, en el área regional e intercomunal se desconocen las atribuciones de MIDEPLAN y del Gobierno Regional para coordinar las instancias de participación intersectorial e intercomunal.
A nivel nacional no se definen los conceptos básicos de habitabilidad de los centros urbanos para planificar, de los derechos urbanos de cada ciudadana y ciudadano en el espacio público referido a áreas verdes, equipamiento educacional, comercial o de actividades culturales sociales; por lo tanto se desconoce los parámetros básicos de un bien común habitable. El derecho a vivir en una ciudad debe ser calificado como un principio de justicia social. Los derechos de habitabilidad son derechos básicos para la conformación de los recintos y permitir el desarrollo y la protección de la vida como es el derecho a la luz natural, a la ventilación, a la privacidad, al asoleamiento o las áreas verdes, al paisaje natural, a las vistas del entorno etc. que permiten dignificar la calidad de vida del habitante y relacionarlo con su medio ambiente. En la Constitución Política del Estado se establecen ciertas obligaciones al Estado y ciertos derechos de las personas, vinculados a la habitabilidad que este proyecto desconoce. Sobre la base de estos principios le corresponde al Estado fijar las condiciones mínimas de planificación para resguardar los derechos constitucionales:
1- El articulo 19 n° 4 asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada.
2- El articulo 19 n°1 asegura a todas las personas el derecho a la vida y a su integridad física y psíquica.
3- El articulo 19 n°8 asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
4- Finalmente el articulo 19 n°9, asegura la protección de la salud.
Con respecto a la salubridad pública, el proyecto de ley del ejecutivo no norma sobre las compensaciones que deben tener los ciudadanos cuando sus barrios son densificados ya sea en el aumento de congestión vehicular y contaminación del medio ambiente en general. La ley 19.300 claramente establece que los proyectos inmobiliarios producen alteración a los ecosistemas en general. No se presenta ningún avance en la remodelación de la ciudad, de sus barrios ni tampoco se proponen propuestas concertadas entre los habitantes y el poder público que hoy día se utilizan en tantos países. Tampoco se establecen normas para recuperar la calidad ambiental preservando el patrimonio natural, histórico y cultural reduciendo la contaminación y congestión en el conjunto de la ciudad. Para ello es de vital importancia el tratamiento y defensa de las áreas verdes, de los espacios no urbanizados los cuales deben dejar de ser vistos como una reserva de suelo, y sí como un elemento estructurante del territorio de cuya preservación depende en buena medida la sostenibilidad de la vida urbana y el bienestar de sus habitantes.
Con respecto a la limitante al dominio de la propiedad para la Conservación del Patrimonio Ambiental, este proyecto viola la Constitución al permitir el derecho transable en el Patrimonio Natural Cultural y Social de la Nación. Patrimonio que hoy esta en manos de la tuición y conservación del Estado a través de la Conaf y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este derecho transable es la desafectación del estado de protección, traspasando dicha tuición a manos de particulares.
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además es deber del Estado velar por vivir en un medio ambiente libre de contaminación para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. La Constitución establece en sus siguientes artículos normativas para la protección de áreas especiales:
1. Articulo 23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
2.- Artículo 24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usa gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los interese generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
3.- Artículo 118º Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.
4.- Artículo 6º “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República” por lo tanto se debe reconocer los tratados internacionales sobre áreas protegidas.
Estos convenios constituyen una fuente importante de Derecho Ambiental Internacional y contribuyen a la generación de las políticas de cada nación sobre este tema.
Algunos acuerdos son:
• Acuerdo de Asociación Económico Estratégico con Nueva Zelandia, Singapur y Brunei
• Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos
• Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
• Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de comercio internacional
• Protocolo de Kioto
• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África
• Convenio sobre Diversidad Biológica
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
• Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente
• Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación
• Convención para la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América
• Convenio Internacional para la regulación de la caza de la ballena
• Tratado Antártico
• Convenio sobre zonas húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)
• Convención sobre Conservación de Focas Antárticas
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
• Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna salvaje
• Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
• Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico Sudeste
• Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono
Además de estos convenios, Chile ha firmado otros acuerdos ambientales internacionales como son la Declaración de Río y la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, y participa en diferentes Foros Internacionales Globales tales como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Valdivia, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.
Solicitamos, al gobierno que reconociendo la normativa medio ambiental en materias de derechos humanos, resguardo al Patrimonio Natural y Monumentos Nacionales retire este proyecto para modificarlo de acuerdo al estándar de los convenios internacionales que el país se ha obligado a respetar a nivel internacional.
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* Katia Cotoras es Arquitecta y miembro de la Comisión Legislativa Territorial
* Moisés Scherman es Economista y miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa
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