Por Arturo Arriagada*
Si los medios de comunicación chilenos tuvieran que compararse con un tipo de liderazgo político, serían representados por el populismo. Ya que su discurso se centra en defender los intereses ciudadanos fiscalizando el rol del gobierno y los abusos de poder, los medios chilenos se quedan sólo en las palabras. Ya que son parte de una industria que se caracteriza por entregar poca información respecto a su desempeño, el ciudadano libre e informado que los medios promueven se ve impedido de ejercer tal derecho, por ejemplo, al momento de elegir qué medio utilizar.
En Chile dos son las fuentes más importantes para analizar la performance de los medios de comunicación. Ambas están más relacionadas a la oferta y demanda de sus propuestas y no tanto al tipo de contenidos que presentan. Para el caso de la prensa escrita, la Asociación Nacional de la Prensa (www.anp.cl) publica dos veces al año el Sistema de Verificación de Circulación y Lectoría (SVCL) de los diarios. En el caso de la televisión, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV, www.cntv.cl) da a conocer una vez al año las tendencias de la programación de los canales de televisión abierta y la inversión publicitaria.
De acuerdo al SVCL del primer semestre de 2007, de lunes a viernes el diario más leído por los chilenos fue La Cuarta con un promedio de 507.490 lectores. Seguida por Las Últimas Noticias con 441.581, El Mercurio con 330.174, La Tercera con 318.379; La Segunda con 74.687 y La Nación con 27.974. Pero en los últimos años han entrado nuevos actores a una industria caracterizada por la concentración en la propiedad. Es el caso de los diarios gratuitos La Hora –que si bien pertenece al grupo Copesa, se reparte gratuitamente a las personas- y Publimetro. Este último alcanzó niveles similares de lectoría que los diarios pagados con un promedio de 400.928 lectores en días de semana.
Ya que la tendencia de la industria a nivel mundial refleja que los diarios concentran la mayor cantidad de contenidos en sus ediciones de fin de semana, los datos del SVCL demuestran el impacto de ello en la lectoría. Si bien el promedio de lectores de fin de semana también lo encabezó La Cuarta con 517.414, el cuadro cambia ya que La Tercera pasa a ocupar el segundo lugar (488.613), seguido por El Mercurio (478.162) y las Últimas Noticias (379.994). Es importante destacar que los diarios La Segunda y La Nación poseen un alto margen de error en el cálculo de sus lectores. Pero también es preocupante que el SVCL no entregue información sobre los contenidos más tratados por la prensa o un detalle del perfil del lector de diarios.
El Estudio Estadístico 2007 realizado por el CNTV entrega una mayor variedad de información para comprender algunas características de la industria televisiva. TVN fue la estación que transmitió los programas más vistos por los chilenos. Dos de ellos correspondieron al género reality show (Pelotón) transmitidos en el mes de Mayo. Mientras que en Agosto de los tres programas más vistos –todos de TVN- dos fueron telenovelas (Alguien Te Mira y Amor por Accidente).
El género informativo fue el segundo más visto durante 2007, por debajo del contenido misceláneo. Interesante es el dato respecto al consumo por género, donde los hombres concentraron sus preferencias en programas de contenido deportivo y reportajes como Informe Especial, mientras las mujeres eligieron las telenovelas nacionales y los reality shows. Respecto a la publicidad, los canales de televisión destinaron el año pasado ¾ de su tiempo total de emisión a programación y ¼ a la transmisión de publicidad. La televisión también fue el medio que acaparó la mayor inversión publicitaria, seguida de la prensa escrita y la radio. Pero el estudio del CNTV no entrega cifras de inversión por canal ni valores referenciales de las tarifas publicitarias.
Ahora bien, estos datos no necesariamente podrían considerarse útiles para elegir un medio en función de una necesidad específica. Si bien el interés de la "señora juanita" puede estar más enfocado en la entretención, al momento de optar por un canal de televisión o diario para informarse respecto a una campaña presidencial, su decisión estará guiada por la intuición en vez de datos empíricos. Para qué hablar si la "señora Juanita" tiene un local de ropa en Patronato y quiere avisar sus productos en televisión o en diarios. Ni los precios de los avisos ni la segmentación de los públicos que consumen cada medio están disponibles. O sea, la "señora Juanita" debería contratar los servicios de una agencia de publicidad. Y está claro que no es su prioridad.
Ya que en Chile no existen estudios públicos respecto al tipo de cobertura (a favor o en contra, por ejemplo) que realizan los medios sobre los asuntos nacionales, es necesario que el CNTV y la ANP incluyan estas metodologías en sus análisis. Un ejemplo útil es el estudio realizado en EE.UU. por el Proyecto para la Excelencia del Periodismo (www.journalism.org). El informe The State of The News Media 2008, es un documento que analiza la cobertura noticiosa de los medios (prensa escrita, televisión, medios online y radio) en EE.UU. También informa sobre los temas más tratados durante el año, la opinión de periodistas sobre el desempeño de su trabajo, así como las proyecciones de una industria que está en constante cambio.
En Chile, tal como lo reflejan las encuestas, los medios gozan de gran credibilidad por parte de las audiencias. Y los medios populistas existen porque no tienen incentivos –económicos y simbólicos- para dejar de serlo. En una sociedad de mercado, la información es un bien que permite a los ciudadanos ejercer su derecho a elegir. Y en un régimen democrático los medios son actores políticos que poseen las condiciones necesarias para informar a dichos ciudadanos. Por esto no deben dormirse en los laureles, evitando analizar su quehacer cotidiano. En una industria que se jacta de estar en función de sus audiencias, es fundamental generar nuevos instrumentos para mejorar su desempeño, convirtiéndose en verdaderos representantes de la ciudadanía y la transparencia.
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* Arturo Arriagada es profesor e invstigador de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.
28 de marzo de 2008
27 de marzo de 2008
Fuego Olímpico y Derechos Humanos
Por Leonardo Aravena Arredondo*
China es uno de los mayores violadores de los Derechos Humanos en el mundo, al que sólo EE. UU. parece superar con su política “anti” terrorista que no trepida en invasiones, asesinatos indiscriminados de población civil, torturas, violación de fronteras y otras prácticas que efectúa reiterada y masivamente, en una pretendida “protección” de sus intereses.
Mucho se ha destacado esta política del garrote indiscriminado de la nación más poderosa de la tierra, pero no se ha dicho lo suficiente respecto de la situación en China, salvo el temor de algunos deportistas que se excluyen de participar en los Juegos Olímpicos, de octubre próximo, en razón de la contaminación ambiental que existe en Pekín.
Cuando en la ceremonia de alumbramiento de la “Llama Olímpica” en el estadio de la Antigua Olimpia, intervenía Lui Qi, presidente del Comité Organizador de los Juegos, fue interrumpido por un manifestante que llamó al boicot por la represión que tiene lugar en el Tibet por parte de policías chinos, con un saldo no determinado de muertos, censura absoluta de prensa y supresión de toda clase de derechos para manifestantes en favor de la libertad.
La llama fue encendida, comenzando un largo viaje por el mundo que culminará en agosto próximo con el encendido de la que dominará las competencias, declarando el presidente del Comité Olímpico Internacional su esperanza de que "el simbolismo de la antorcha sea reconocido en todo el mundo", añadiendo que “a lo largo de la ruta la gente estará en contacto con su fuerza y con los valores que representa".
Lamentablemente, esos valores, simbolizados también en la bandera de los cinco anillos, se mostrarán esta vez en un fondo rojo de sangre y negro de luto. Por los más de 12.000 ejecutados en China cada año, por los reprimidos y asesinados en el Tibet, por los encarcelados sin juicio, por los prisioneros de conciencia, por la libertad de información denegada, tanto en el acceso de los propios chinos a las fuentes como del resto del mundo, impedido de conocer objetivamente lo que sucede en ese país, en el que el “espíritu olímpico“, tan preciado y aplaudido, no se aprecia, oculto y cubierto por el horror.
.
Así como se encendió la llama en el sitio arqueológico de Olimpia, cuna de los Juegos hace 2.800 años, seguramente los “Juegos Olímpicos 2008” tendrán lugar como está programado, en medio de protestas aisladas, más o menos masivas en el recorrido del fuego por el mundo, pero la humanidad habrá perdido la oportunidad única de exigir al gigante asiático respeto por la vida y por los derechos de todos, hombres y mujeres y el “olimpismo”, tan aplaudido con su mensaje de vida y sus postulados de corrección y caballerosidad, sufrirá un golpe mayúsculo al apoyar implícitamente las peores prácticas en contra de los Derechos Humanos.
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* Leonardo Aravena Arredondo es profesor de Derecho de la Universidad Central de Chile .
China es uno de los mayores violadores de los Derechos Humanos en el mundo, al que sólo EE. UU. parece superar con su política “anti” terrorista que no trepida en invasiones, asesinatos indiscriminados de población civil, torturas, violación de fronteras y otras prácticas que efectúa reiterada y masivamente, en una pretendida “protección” de sus intereses.
Mucho se ha destacado esta política del garrote indiscriminado de la nación más poderosa de la tierra, pero no se ha dicho lo suficiente respecto de la situación en China, salvo el temor de algunos deportistas que se excluyen de participar en los Juegos Olímpicos, de octubre próximo, en razón de la contaminación ambiental que existe en Pekín.
Cuando en la ceremonia de alumbramiento de la “Llama Olímpica” en el estadio de la Antigua Olimpia, intervenía Lui Qi, presidente del Comité Organizador de los Juegos, fue interrumpido por un manifestante que llamó al boicot por la represión que tiene lugar en el Tibet por parte de policías chinos, con un saldo no determinado de muertos, censura absoluta de prensa y supresión de toda clase de derechos para manifestantes en favor de la libertad.
La llama fue encendida, comenzando un largo viaje por el mundo que culminará en agosto próximo con el encendido de la que dominará las competencias, declarando el presidente del Comité Olímpico Internacional su esperanza de que "el simbolismo de la antorcha sea reconocido en todo el mundo", añadiendo que “a lo largo de la ruta la gente estará en contacto con su fuerza y con los valores que representa".
Lamentablemente, esos valores, simbolizados también en la bandera de los cinco anillos, se mostrarán esta vez en un fondo rojo de sangre y negro de luto. Por los más de 12.000 ejecutados en China cada año, por los reprimidos y asesinados en el Tibet, por los encarcelados sin juicio, por los prisioneros de conciencia, por la libertad de información denegada, tanto en el acceso de los propios chinos a las fuentes como del resto del mundo, impedido de conocer objetivamente lo que sucede en ese país, en el que el “espíritu olímpico“, tan preciado y aplaudido, no se aprecia, oculto y cubierto por el horror.
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Así como se encendió la llama en el sitio arqueológico de Olimpia, cuna de los Juegos hace 2.800 años, seguramente los “Juegos Olímpicos 2008” tendrán lugar como está programado, en medio de protestas aisladas, más o menos masivas en el recorrido del fuego por el mundo, pero la humanidad habrá perdido la oportunidad única de exigir al gigante asiático respeto por la vida y por los derechos de todos, hombres y mujeres y el “olimpismo”, tan aplaudido con su mensaje de vida y sus postulados de corrección y caballerosidad, sufrirá un golpe mayúsculo al apoyar implícitamente las peores prácticas en contra de los Derechos Humanos.
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* Leonardo Aravena Arredondo es profesor de Derecho de la Universidad Central de Chile .
¡Nacionalízame todo!
Por Luis Casado*
Hace algunas semanas un consejero financiero del banco francés “LCL” (ex Crédit Lyonnais) me aseguraba que algunos actores del mundo de las finanzas estaban “jugando a asustarse ellos mismos”. En otras palabras, según este “experto” de mis dos, la crisis de los subprimes, las hipotecas basura, no era sino palabrería y exageración. Me alegro de haberle ordenado devolverme los cuatro chavos que tenía ahorrados antes de ver partir mis magras economías al mismo sitio adonde va el superávit fiscal de la copia feliz del edén: ¡p’al carajo!
Porque ya puestos, también soy capaz de perder tanta o más plata que un banco o las AFPs. ¡Pero al menos yo no me cobro comisiones!
Mientras tanto la prensa internacional sigue dando cuenta, crédulamente, de lo que le cuentan los que manejan la manija y uno se entera de que para evitar que la explosión de la burbuja del crédito inmobiliario americano no haga hundirse todo el sistema bancario se consideran todos los remedios posibles e imaginables, incluso aquellos. Por ejemplo, la compra masiva por parte del Estado Federal de los productos financieros basados en los créditos inmobiliarios. ¿Guatisdís?
Simple. Tú te vas con la patrona un fin de semana al Casino de Viña, -para los efectos da lo mismo aunque en plan un poquillo más cutre-, y te juegas hasta los sobresueldos de la época del RL mientras te bañas en una piscina de champaña de Champagne (el único lugar del planeta que lo produce). Y cuando ya has perdido hasta las características de tu propio ácido ribonucleico, llamas al Estado Federal para que te compre las pérdidas, o sea te reembolse con plata pública tus locuras privadas. ¿Capisci?
Eso es lo que está haciendo, lo que ya empezó a hacer, la FED. De eso iba el tema de prestarle plata a JPMorgan (unos 30 mil millones de dólares) para que comprase Bearn Stern por 236 pijoteros millones. Porque fue una ganga, de acuerdo, pero que trae consigo un agujero megagaláctico. ¿Quién paga las juergas privadas en los EEUU? ¿Eh? Igualito que en el campo de flores bordado: el ES-TA-DO.
Así fue cuando el escándalo de los Saving & Loans en los años 80-90, que le costó al contribuyente yanqui más de 200 mil millones de dólares. En aquella época John Kenneth Galbraith llamó esa hazaña “the largest and costliest venture in public misfeasance, malfeasance and larceny of all time”. ¡Se ve que no conocía los subprimes!
Del mismo modo ocurrió cuando, a fines de los años 90, Myron Scholes y Robert C. Merton, -premios Nóbel de Economía-, cometieron el desastre del fondo especulativo Long-Term Capital Management (LTCM). Estos patriotas habían inventado una martingala para jugar en Bolsa, truco que solo podía hacerte ganar cientos de millones, palabra de premio Nóbel de Economía. Cuando se las arreglaron para perder casi cinco mil millones de dólares en menos de cuatro meses la FED, o sea el Estado Federal, corrió a salvar a los genios de las finanzas.
Si no sabías porqué razón los neoliberales, -que tanto critican a los poderes públicos-, luchan como condenados para controlar el Estado, ahora lo sabes.
Servidor, cuyas finanzas vienen conociendo un período (provisorio) de vacas flacas y de falta de liquidez, decidió muy mal a propósito jugar un billete en el Loto, otro en las Quinielas, un resto en la Polla Gol y lo que quedaba lo puso todo en el “Pepito paga doble” que maneja un trilero senegalés ahí cerca del Metro Barbès-Rochechouart.
Con tan mala suerte que perdí hasta los soquetes y no me queda más remedio que pedirle a Ben Bernanke: “joder macho: ¡nacionalízame todo!”.
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* Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
Hace algunas semanas un consejero financiero del banco francés “LCL” (ex Crédit Lyonnais) me aseguraba que algunos actores del mundo de las finanzas estaban “jugando a asustarse ellos mismos”. En otras palabras, según este “experto” de mis dos, la crisis de los subprimes, las hipotecas basura, no era sino palabrería y exageración. Me alegro de haberle ordenado devolverme los cuatro chavos que tenía ahorrados antes de ver partir mis magras economías al mismo sitio adonde va el superávit fiscal de la copia feliz del edén: ¡p’al carajo!
Porque ya puestos, también soy capaz de perder tanta o más plata que un banco o las AFPs. ¡Pero al menos yo no me cobro comisiones!
Mientras tanto la prensa internacional sigue dando cuenta, crédulamente, de lo que le cuentan los que manejan la manija y uno se entera de que para evitar que la explosión de la burbuja del crédito inmobiliario americano no haga hundirse todo el sistema bancario se consideran todos los remedios posibles e imaginables, incluso aquellos. Por ejemplo, la compra masiva por parte del Estado Federal de los productos financieros basados en los créditos inmobiliarios. ¿Guatisdís?
Simple. Tú te vas con la patrona un fin de semana al Casino de Viña, -para los efectos da lo mismo aunque en plan un poquillo más cutre-, y te juegas hasta los sobresueldos de la época del RL mientras te bañas en una piscina de champaña de Champagne (el único lugar del planeta que lo produce). Y cuando ya has perdido hasta las características de tu propio ácido ribonucleico, llamas al Estado Federal para que te compre las pérdidas, o sea te reembolse con plata pública tus locuras privadas. ¿Capisci?
Eso es lo que está haciendo, lo que ya empezó a hacer, la FED. De eso iba el tema de prestarle plata a JPMorgan (unos 30 mil millones de dólares) para que comprase Bearn Stern por 236 pijoteros millones. Porque fue una ganga, de acuerdo, pero que trae consigo un agujero megagaláctico. ¿Quién paga las juergas privadas en los EEUU? ¿Eh? Igualito que en el campo de flores bordado: el ES-TA-DO.
Así fue cuando el escándalo de los Saving & Loans en los años 80-90, que le costó al contribuyente yanqui más de 200 mil millones de dólares. En aquella época John Kenneth Galbraith llamó esa hazaña “the largest and costliest venture in public misfeasance, malfeasance and larceny of all time”. ¡Se ve que no conocía los subprimes!
Del mismo modo ocurrió cuando, a fines de los años 90, Myron Scholes y Robert C. Merton, -premios Nóbel de Economía-, cometieron el desastre del fondo especulativo Long-Term Capital Management (LTCM). Estos patriotas habían inventado una martingala para jugar en Bolsa, truco que solo podía hacerte ganar cientos de millones, palabra de premio Nóbel de Economía. Cuando se las arreglaron para perder casi cinco mil millones de dólares en menos de cuatro meses la FED, o sea el Estado Federal, corrió a salvar a los genios de las finanzas.
Si no sabías porqué razón los neoliberales, -que tanto critican a los poderes públicos-, luchan como condenados para controlar el Estado, ahora lo sabes.
Servidor, cuyas finanzas vienen conociendo un período (provisorio) de vacas flacas y de falta de liquidez, decidió muy mal a propósito jugar un billete en el Loto, otro en las Quinielas, un resto en la Polla Gol y lo que quedaba lo puso todo en el “Pepito paga doble” que maneja un trilero senegalés ahí cerca del Metro Barbès-Rochechouart.
Con tan mala suerte que perdí hasta los soquetes y no me queda más remedio que pedirle a Ben Bernanke: “joder macho: ¡nacionalízame todo!”.
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* Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
24 de marzo de 2008
Cuba: el bloqueo del bloggueo
Por Javier Campos*
En mi columna publicada aquí el 15 de Enero pasado, hablé extensamente de “La generación Y en Cuba” y del blog de Yoani Sánchez, quien recibía cerca de un millón de entradas cada mes. Pero acaba de ser bloqueado por el gobierno cubano. O por orden superior del régimen en algún lugar donde se maneja secretamente la informática en la isla. Quizás en
¿Cómo hizo para enviar el mensaje y burlar el bloqueo de su página donde le están imponiendo una dura censura para que su blog no sea leído ni visto en Cuba ni menos insertar mensajes de alguna cuenta desde dentro del país? Si duda es la solidaridad planetaria, pero también hay un factor importante que temen los regimenes dictatoriales y es que es imposible bajo la era de Internet bloquear la información en su totalidad. O aplastar de raíz millones de blogs que como cadenas, de todas maneras, darán un espacio para que Yoani continúe escribiendo desde una isla cercada por el gobierno.
Desde que Raúl Castro asumió el poder el 25 de febrero mencionó que haría ciertos cambios o eliminaría ciertas restricciones en la sociedad cubana. Las “autorizaciones” fueron recientemente las que siguen: permitir comprar computadores y aparatos de DVD, alojarse en hoteles que han sido por muchos años privilegio solamente de los turistas, los agricultores pueden comprar libremente ciertos instrumentos de labranza. Para 2009 y 2010 se esperan otras “autorizaciones”. Lo que queda claro para los cubanos es que nada cambia pues con esas “libertades” aún habrá que seguir pagando en dólares o en pesos convertibles la mayoría de los productos. Hasta un cepillo de dientes hay que comprarlo en moneda convertible y no en pesos cubanos. Imaginemos “el bloqueo al consumo de necesidades básicas” si el salario promedio que recibe el cubano son 200 pesos al mes (al cambio, 15 dólares).
Si una computadora cuesta 1.500 dólares, un cuarto de hotel por noche 100 dólares, etc., ¿qué libertades y cambios importantes está haciendo Raúl Castro? Lo que se pide son otras cosas bien específicas y más importantes como la autorización de negocios individuales para que la economía se diversifique, cambiar la injusta doble moneda (ganar en pesos y comprar en dólares), eliminar el control informativo de Internet, permitir que la población tenga la libertad de viajar fuera del país (y aún dentro del propio) entre muchas más. Y lo otro que queda aun más claro – y que es lo que nunca ha querido reconocer la izquierda ciega y nostálgica- es la evidencia de una crisis económica y de las libertades profunda.
Y respecto al control informativo, el gobierno cubano se niega a suprimirlo por el temor de que con tanta información distinta se produzca en el país nadie sabe qué demandas masivas de la población. Y entonces no queda más que bloquear a los que escriben otras cosas que no aparecen ni en el “Granma”, “Juventud Rebelde” o en los controlados canales de la televisión.
Termino con unos párrafos de la última crónica del blog de Yoani Sánchez donde ella misma da a entender que ni será el último ni el penúltimo en publicar en su blog: “Así que los anónimos censores de nuestro famélico ciberespacio cubano, han querido encerrarme en el cuarto, apagarme la luz y no dejar entrar a los amigos. Eso, convertido al lenguaje de la red, quiere decir bloquearme el sitio, filtrar mi página, en fin, “pinchar” el blog para que mis compatriotas no puedan leerlo. Desde hace un par de días Generación Y es sólo un mensaje de error en la pantalla de muchas computadoras cubanas. Otro sitio bloqueado para los “monitoreados” internautas de
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*Javier Campos, poeta, narrador, columnista.
Propuesta para casos pendientes de Derechos Humanos
Por Eduardo Saavedra Díaz*
No se necesita demasiado sentido común ni mucho menos buen sentido para estar en desacuerdo con el proyecto de ley, originado por moción de un diputado de
En efecto, el proyecto busca acumular los procesos referidos a un mismo imputado, suprimir la etapa del plenario (el juicio propiamente tal), eliminar el recurso de apelación y establecer un máximo de 10 años de penas privativas de libertad para aquellas personas que acumulen condenas superiores a dicha cantidad de tiempo, incluyendo las penas anteriormente impuestas. Cuestión que el máximo tribunal calificó como una clara alteración y vulneración de las reglas procesales que rigen el sistema, las normas constitucionales que garantizan el debido proceso y las reglas de aplicación de penas. Esto último por cuanto la iniciativa “establece una pena máxima sin señalar el delito ni considerar el grado de participación, las circunstancias atenuantes o agravantes y el número de ilícitos”.
Pero este proyecto además, huelga recordarlo, vulnera importantes normas de derechos humanos contenidas en compromisos internacionales asumidos por Chile y que se refieren al debido proceso, como el derecho que toda persona tiene de ser oída en un juicio público o el de interponer recursos. Normas que son de rango constitucional y que por aplicación del artículo 27 de
Sin embargo, una eventual desestimación de esta iniciativa legal no zanja por ningún motivo el debate sobre la posibilidad de calibrar el camino judicial por el que se ha optado en los últimos diez años con algún acuerdo político, si lo que realmente se busca es una mayor celeridad para esclarecer la verdad y sancionar a los responsables en los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, especialmente los de desapariciones forzadas, que todavía siguen pendientes.
Si se considera que solamente por asesinato y desaparición forzada hay alrededor de 4 mil víctimas, frente a una cantidad aproximada de 120 procesos abiertos en todo el país y apenas 26 condenas confirmadas por
Es evidente que cualquier acuerdo de esta naturaleza va a generar pérdidas irreparables tanto para familiares de víctimas como para ex-colaboradores de la dictadura que fueron partícipes. Pero no es menos cierto que el camino exclusivo de la sanción carcelaria constituye un fatal desincentivo para que estos mismos ex-colaboradores entreguen información que le pueda servir a la gran mayoría de los familiares de víctimas que ni siquiera han logrado acceder a la verdad, cuestión que genera un claro efecto discriminatorio para éstas.
Además, en democracia –a diferencia de lo que ocurre en dictadura y en las tiranías populistas- las decisiones colectivas no sólo descansan en el voto, sino también en el razonamiento público: el debate abierto y contradictorio entre las distintas visiones sociales y políticas que diariamente deben intentar ponerse las unas en el lugar de las otras para convivir civilizadamente. Y en tal sentido, lo importante es que las pérdidas que esta deliberación conlleve no vulneren las normas y principios fundamentales para una convivencia civilizada, consagradas tanto en nuestro ordenamiento jurídico nacional como en los compromisos internacionales que hemos asumido en el propio ejercicio de nuestra soberanía.
Un posible acuerdo que se me ocurre a este respecto, consiste en crear una ley especial de mecanismos alternativos a la penas privativas de libertad para todo condenado en estas materias que durante el curso del proceso o el cumplimiento de su condena haya proporcionado información, siempre que ésta constituya cooperación eficaz para esclarecer cada hecho en donde haya participado él y otros sujetos que no hayan sido todavía procesados o condenados. De modo que si el juez instructor comprueba la efectividad de las informaciones suministradas, el afectado pueda acceder al beneficio de remisión condicional por un año o libertad vigilada por todo el tiempo de la condena, según sea la pena impuesta, una vez que se dicte sentencia firme y ejecutoriada en su contra; y si ya está cumpliendo condena efectiva, pueda postular al beneficio de la libertad condicional una vez que haya cumplido un tercio de la misma, si es autor, y un quinto, si es cómplice o encubridor.
Es cierto que una propuesta de este tipo sacrifica la modalidad carcelaria del castigo o un ámbito importante del mismo, lo que pone en duda su legitimidad tanto moral como jurídica, y seguramente las agrupaciones de familiares de víctimas, ciertos abogados litigantes y las organizaciones de activistas de derechos humanos la calificarán como una irrisión para sus aspiraciones de “verdad y justicia”. Pero no es menos cierto que en una sociedad democrática, que presupone una convivencia pluralista, las pretensiones de cada parte no pueden sustentarse en el hermetismo del “todo o nada” ni en la superchería del “justo equilibrio”, sino en un “cuánto por cuánto” entre los distintos valores por los que libremente optamos: cuánta libertad por cuánta igualdad, cuánta verdad por cuánta compasión, cuánta justicia por cuánta benevolencia, cuánta verdad por cuánta justicia.
A esta última pregunta –cuánta verdad por cuánta justicia- intenta responder el acuerdo que propongo, cuyo propósito no es únicamente acelerar procesos, sino también incentivar la entrega voluntaria de información por parte de los involucrados y evitar que se siga reproduciendo la inconveniente disparidad de criterios jurisprudenciales que han adoptado los tribunales superiores en este último tiempo, asumiendo un rol de mediadores políticos que no les corresponde a ellos sino al congreso y a la presidenta. Disparidad que -no resulta ocioso recordarlo- está poniendo en jaque la seguridad jurídica en casos tan graves como son los crímenes de lesa humanidad.
Y es muy probable que mi propuesta -al igual que la moción acertadamente rebatida por el máximo tribunal- sea rechazada e incluso abucheada por los vengadores de los llamados “derechos del pueblo”. Pero es el precio que en democracia un ciudadano paga por ejercer legítimamente su libertad de expresión. George Orwell lo dijo: “Si algo quiere decir la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír”. Una opción que de todos modos prefiero al interés arbitrario encubierto por la hipocresía de lo “políticamente correcto”.
*Eduardo Saavedra Díaz es abogado
Convenio 169 de la OIT y disyuntiva de la Presidenta Bachelet
* Por José Aylwin
Co director Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Con 36 votos a favor y uno en contra (Jovino Novoa), el día 4 de marzo recién pasado, el Senado aprobó, luego de caso 18 años de tramitación, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989.
La aprobación por el Senado de este Convenio, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, y establece en su favor un conjunto de derechos políticos (participación en el Estado, consulta y autogestión), territoriales (derechos de propiedad y posesión sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales indígenas), y culturales (derecho consuetudinario, educación y salud pertinentes, entre otros), es, sin lugar a dudas, relevante. Luego de su ratificación por la Presidenta, este Convenio vendría a establecer un nuevo escenario jurídico institucional para abordar las relaciones – así como también los conflictos - entre pueblos indígenas y Estado, en particular en el contexto de una economía globalizada que se expande vorazmente hacia los territorios indígenas.
A la fecha el Convenio ha sido ratificado por 17 Estados, 12 de ellos en América Latina. A pesar de los temores que en muchos de ellos fueran manifestados, este Convenio demandado por los pueblos indígenas, lejos de haber incentivado procesos de fragmentación de los Estados, o de haber generado nuevos conflictos entre estos pueblos y Estados y/o particulares que habitan en sus territorios, ha contribuido a abordar dichos conflictos de manera institucional, contribuyendo a su resolución en un marco de derecho y bajo de justicia.
Lamentablemente, existe una fuerte presión desde los sectores conservadores en el Congreso y fuera de él para que el Convenio sea ratificado por la Presidenta con una declaración interpretativa que limite sus alcances jurídicos. En efecto, a raíz de dichas presiones la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aprobó en enero pasado el Convenio con una declaración interpretativa que establecía que: "El gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35 del referido instrumento internacional, en el sentido que este solo se aplica en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
Se debe señalar que el artículo 35 del Convenio 169 de la OIT dispone que "la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres y acuerdos nacionales."
Aunque las actas de aprobación por el Senado del Convenio a comienzos del presente mes no dan cuenta de acuerdo alguno que limite o interprete sus contenidos, en días pasados Sebastián Donoso, profesor de derecho de la Universidad Católica e integrante de la UDI, sorprendió a la opinión pública, y en particular a los pueblos indígenas, al señalar en un artículo publicado por El Mercurio (12 de marzo) que éste habría sido aprobado en forma casi unánime “sobre la base de un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición”. Aclarando que en virtud de dicho acuerdo la aprobación de Convenio 169 “…no abre la puerta a otros instrumentos internacionales - como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la ONU en septiembre pasado…”. Sus declaraciones sorprenden también, pues reconoce que “… las recomendaciones son bastante más avanzadas que el propio Convenio” y, por tanto, que esta interpretación “… es una forma de limitar futuras demandas basadas en la reciente declaración de la ONU.”
La declaración interpretativa propuesta por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y al decir del profesor Donoso, por la Cámara Alta en su conjunto al aprobar el Convenio, tienen el claro objetivo de impedir que las disposiciones del Convenio 169 puedan interpretarse de manera evolutiva, esto es, tomando en cuenta los avances del derecho internacional de los derechos humanos relativos a pueblos indígenas verificados desde su aprobación por la OIT hace ya casi dos décadas, así como aquellos que se verifiquen en el futuro. En particular ella viene a impedir que la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el voto favorable de 144 Estados, entre ellos del Estado chileno, la oposición de solo 4 Estados, y la abstención de 11 Estados, sea utilizada como marco jurídico para una interpretación evolutiva de las normas del Convenio 169.
Las restricciones que se imponen a su interpretación de acuerdo a las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas resultan particularmente graves, por cuanto esta última refleja, al decir del Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, “…el consenso internacional cada vez más extendido en torno al contenido de los derechos indígenas, tal como son reconocidos progresivamente en numerosos países así como en diversos instrumentos internacionales y en la práctica de los órganos internacionales de derechos humanos.” (Relator Stavenhagen, 22 octubre de 2007)
Cabe recordar además que una declaración interpretativa de esta naturaleza no tendría validez frente a la OIT, entidad que, de acuerdo a su normativa, no acepta reservas, declaraciones limitativas o reservas encubiertas como lo es la propuesta por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para el Convenio 169. Para la OIT las declaraciones solo son aceptables en tanto no modifiquen el consentimiento, es decir, no afecten el contenido sustantivo del Convenio que se busca ratificar.
En razón de lo anterior, numerosas organizaciones de pueblos indígenas han solicitado en los últimos días a la Presidenta que ratifique el Convenio sin una declaración interpretativa, esto es, sin un candado que impida un reconocimiento progresivo y evolutivo de los derechos indígenas en el país.
La Presidenta Bachelet tiene entonces una disyuntiva; escuchar a los sectores opositores al gobierno, que le proponen la declaración interpretativa antes señalada, o hacerlo sin ella, oyendo a los pueblos indígenas.
La primera opción, además de pasar a llevar la voluntad de los pueblos indígenas, constituiría una paradoja, por cuanto una de las obligaciones que el Convenio 169 impone a los Estados es “…consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.” (artículo 6 .1.a)
Tal como hemos señalado en múltiples ocasiones, la posibilidad de reestablecer un diálogo constrictivo entre el Estado y los pueblos indígenas pasa por el reconocimiento, sin cortapisas, de sus derechos internacionalmente acogidos, y el respeto hacia sus prioridades. Al cumplirse la mitad de su mandato presidencial, Bachelet tiene una nueva posibilidad, tal vez la última, de demostrar sus opciones - hasta ahora ambiguas - en su relación con los pueblos indígenas.
La decisión está en sus manos.
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* José Aylwin es co director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Co director Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
Con 36 votos a favor y uno en contra (Jovino Novoa), el día 4 de marzo recién pasado, el Senado aprobó, luego de caso 18 años de tramitación, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989.
La aprobación por el Senado de este Convenio, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, y establece en su favor un conjunto de derechos políticos (participación en el Estado, consulta y autogestión), territoriales (derechos de propiedad y posesión sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales indígenas), y culturales (derecho consuetudinario, educación y salud pertinentes, entre otros), es, sin lugar a dudas, relevante. Luego de su ratificación por la Presidenta, este Convenio vendría a establecer un nuevo escenario jurídico institucional para abordar las relaciones – así como también los conflictos - entre pueblos indígenas y Estado, en particular en el contexto de una economía globalizada que se expande vorazmente hacia los territorios indígenas.
A la fecha el Convenio ha sido ratificado por 17 Estados, 12 de ellos en América Latina. A pesar de los temores que en muchos de ellos fueran manifestados, este Convenio demandado por los pueblos indígenas, lejos de haber incentivado procesos de fragmentación de los Estados, o de haber generado nuevos conflictos entre estos pueblos y Estados y/o particulares que habitan en sus territorios, ha contribuido a abordar dichos conflictos de manera institucional, contribuyendo a su resolución en un marco de derecho y bajo de justicia.
Lamentablemente, existe una fuerte presión desde los sectores conservadores en el Congreso y fuera de él para que el Convenio sea ratificado por la Presidenta con una declaración interpretativa que limite sus alcances jurídicos. En efecto, a raíz de dichas presiones la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aprobó en enero pasado el Convenio con una declaración interpretativa que establecía que: "El gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes, formula una declaración interpretativa al artículo 35 del referido instrumento internacional, en el sentido que este solo se aplica en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”
Se debe señalar que el artículo 35 del Convenio 169 de la OIT dispone que "la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres y acuerdos nacionales."
Aunque las actas de aprobación por el Senado del Convenio a comienzos del presente mes no dan cuenta de acuerdo alguno que limite o interprete sus contenidos, en días pasados Sebastián Donoso, profesor de derecho de la Universidad Católica e integrante de la UDI, sorprendió a la opinión pública, y en particular a los pueblos indígenas, al señalar en un artículo publicado por El Mercurio (12 de marzo) que éste habría sido aprobado en forma casi unánime “sobre la base de un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición”. Aclarando que en virtud de dicho acuerdo la aprobación de Convenio 169 “…no abre la puerta a otros instrumentos internacionales - como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la ONU en septiembre pasado…”. Sus declaraciones sorprenden también, pues reconoce que “… las recomendaciones son bastante más avanzadas que el propio Convenio” y, por tanto, que esta interpretación “… es una forma de limitar futuras demandas basadas en la reciente declaración de la ONU.”
La declaración interpretativa propuesta por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y al decir del profesor Donoso, por la Cámara Alta en su conjunto al aprobar el Convenio, tienen el claro objetivo de impedir que las disposiciones del Convenio 169 puedan interpretarse de manera evolutiva, esto es, tomando en cuenta los avances del derecho internacional de los derechos humanos relativos a pueblos indígenas verificados desde su aprobación por la OIT hace ya casi dos décadas, así como aquellos que se verifiquen en el futuro. En particular ella viene a impedir que la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el voto favorable de 144 Estados, entre ellos del Estado chileno, la oposición de solo 4 Estados, y la abstención de 11 Estados, sea utilizada como marco jurídico para una interpretación evolutiva de las normas del Convenio 169.
Las restricciones que se imponen a su interpretación de acuerdo a las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas resultan particularmente graves, por cuanto esta última refleja, al decir del Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, “…el consenso internacional cada vez más extendido en torno al contenido de los derechos indígenas, tal como son reconocidos progresivamente en numerosos países así como en diversos instrumentos internacionales y en la práctica de los órganos internacionales de derechos humanos.” (Relator Stavenhagen, 22 octubre de 2007)
Cabe recordar además que una declaración interpretativa de esta naturaleza no tendría validez frente a la OIT, entidad que, de acuerdo a su normativa, no acepta reservas, declaraciones limitativas o reservas encubiertas como lo es la propuesta por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para el Convenio 169. Para la OIT las declaraciones solo son aceptables en tanto no modifiquen el consentimiento, es decir, no afecten el contenido sustantivo del Convenio que se busca ratificar.
En razón de lo anterior, numerosas organizaciones de pueblos indígenas han solicitado en los últimos días a la Presidenta que ratifique el Convenio sin una declaración interpretativa, esto es, sin un candado que impida un reconocimiento progresivo y evolutivo de los derechos indígenas en el país.
La Presidenta Bachelet tiene entonces una disyuntiva; escuchar a los sectores opositores al gobierno, que le proponen la declaración interpretativa antes señalada, o hacerlo sin ella, oyendo a los pueblos indígenas.
La primera opción, además de pasar a llevar la voluntad de los pueblos indígenas, constituiría una paradoja, por cuanto una de las obligaciones que el Convenio 169 impone a los Estados es “…consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.” (artículo 6 .1.a)
Tal como hemos señalado en múltiples ocasiones, la posibilidad de reestablecer un diálogo constrictivo entre el Estado y los pueblos indígenas pasa por el reconocimiento, sin cortapisas, de sus derechos internacionalmente acogidos, y el respeto hacia sus prioridades. Al cumplirse la mitad de su mandato presidencial, Bachelet tiene una nueva posibilidad, tal vez la última, de demostrar sus opciones - hasta ahora ambiguas - en su relación con los pueblos indígenas.
La decisión está en sus manos.
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* José Aylwin es co director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
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