Por Marcel Claude*
Se anunció hace poco un acuerdo entre la CUT y el gobierno de Chile, léase ministros de Hacienda y Trabajo, Velasco y Andrade respectivamente, en relación a un aumento en el salario mínimo de 10,4%.
Como todos los años, los trabajadores representados por Arturo Martínez se quejaron de intransigencia y mal trato por parte de las autoridades económicas. Este episodio regular y permanente en que los trabajadores salen siempre trasquilados, contrasta con la situación del sector financiero y de las sociedades anónimas que han tenido siempre el respaldo y apoyo de la Unidad de Fomento (UF), como mecanismo para proteger sus enormes utilidades en el curso de estos últimos años.
La situación da también para pensar que habría que rediseñar la forma en que este salario mínimo se determina, a fin de avanzar a una reajustabilidad automática, al menos del famoso y controvertido salario mínimo, aunque lo justo sería aplicar reajustes automáticos a todos los salarios que reciben por contrato los trabajadores.
No es digno ni es justo que mientras la banca y las sociedades comerciales ajustan sus ingresos automáticamente según el IPC y gracias a la UF, los trabajadores deban pasar por extenuantes y muchas veces indignos procesos de negociación para recuperar, en medida menor, el efecto que los precios ejercen sobre sus salarios haciéndoles perder su poder adquisitivo.
La evidencia muestra por lo demás que si para algo ha servido la UF, ha sido para preservar las utilidades y las ganancias, mientras los salarios se hunden en la mazmorra de la desvalorización. Como se sabe, la UF consiste en un mecanismo de valorización económica vinculado al índice de precios al consumidor (IPC), que permite una reajustabilidad automática y cotidiana -en función de este IPC- de todo valor que se exprese en la famosa UF. Es decir, es una excelente manera de protegerse frente a la desvalorización que implica la inflación.
Actualmente ésta es utilizada predominantemente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados todo tipo de préstamos, hipotecas y otros contratos en el mercado de la vivienda, así como los instrumentos financieros gubernamentales de largo plazo. También existen algunos tipos de ingresos indexados como son las pensiones alimenticias y algunos beneficios del sistema de seguridad social. En un comienzo el valor de la UF era ajustado tres veces en el año, con lo que presentaba un rezago respecto de la variación del IPC. A partir del año 1977 y hasta hoy, el valor de la UF es actualizado diariamente en base al IPC del último mes.
La información es meridianamente clara: la indexación financiera ha cumplido de manera bastante eficaz su objetivo de proteger a los retornos financieros de la inflación. Las utilidades netas de las instituciones financieras muestran una fuerte tendencia al alza entre 1990 y 2007, con un aumento sistemático de más de 500% en el período, y estas parecieran encontrarse aisladas de las variaciones en el nivel de actividad económica, de manera que las caídas en el crecimiento del PIB no se reflejan en descensos similares en las utilidades de estas instituciones.
Resalta, en este sentido, que éstas apenas se hayan visto perjudicadas por la contracción del PIB en 1999, disminuyendo apenas su ritmo de crecimiento para retomar rápidamente el curso de crecimiento acelerado que han presentado hasta la fecha. Lo mismo puede apreciarse respecto de las instituciones bancarias que utilizan la indexación financiera como modo de proteger los retornos de sus colocaciones. También en este caso las utilidades netas y tasas de rentabilidad del sector parecieran encontrarse aisladas de la evolución del conjunto de la economía.
Es más, las tasas de rentabilidad de los bancos superan en varias veces (sobre el 15%) el crecimiento del PIB en el período que va desde 1999 al 2004. No es distinto el caso general de las sociedades anónimas. Los datos encontrados para los años 2002 a 2007 muestran un crecimiento sostenido de las utilidades netas, por sobre el 500% en el período analizado y nuevamente con independencia del nivel de actividad económica, puesto que casi ni se alteran con los descensos de la actividad productiva del país. Claramente, la introducción de la indexación financiera ha sido eficaz en evitar la erosión del poder adquisitivo cuando los ingresos se originan en los retornos financieros del factor productivo capital.
Sin embargo, para los trabajadores la historia es de signo contrario. Como se sabe, el año 1985 se flexibilizó el mercado laboral a tal punto que la fijación del nivel de salarios comenzó a ser objeto de una negociación entre el empleador y el trabajador particular. A partir de entonces y hasta el día de hoy la actualización del salario en función del nivel de inflación está sujeta a las posibilidades de los trabajadores de incluir en sus contratos cláusulas de indexación, principalmente a través de los procesos de negociación y convenios colectivos.
El problema es que, en Chile, el alcance de estos mecanismos es extremadamente limitado, puesto que entre 1990 y 2007, el número de trabajadores que negociaban colectivamente no alcanzaba a cubrir al 15% del total de trabajadores ocupados.
Este contexto de desmovilización y baja participación sindical ilustra la poca efectividad de dejar a los propios trabajadores la misión de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios conforme a la variación de los precios. A diferencia de lo observado respecto de las utilidades, las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja.
El crecimiento de los salarios nominales mostró casi una década de disminuciones entre 1995 y 2004, volviendo a aumentar a contar del 2005. Recién en el 2007 se alcanza el nivel de crecimiento experimentado por los salarios nominales una década antes. En términos reales, el crecimiento de las remuneraciones cae a la mitad entre 1995 y 2000, para luego estabilizarse y volver a aumentar recién en el 2007 a los niveles de una década atrás.
Contrariamente también a lo que ocurre con los ingresos del capital, la tendencia en el crecimiento de las remuneraciones se muestra en alguna medida aislada del ciclo económico, pero en el sentido contrario al que presentan las utilidades. Los salarios nominales siguen el curso descendente de la actividad económica entre 1995 y 1999 pero su descenso se prolonga por 5 años más. Mientras el curso del PIB toca su punto más bajo en 1999 para comenzar una nueva tendencia alcista a partir del 2000, el repunte de los salarios llega recién en el 2005. Si se observan las remuneraciones reales, en cambio, su tendencia se muestra completamente disociada de la tendencia en la actividad económica, presentando una caída más moderada pero también más persistente en el tiempo.
Estas tendencias deberían ser bien entendidas por las organizaciones sindicales y comenzar a articularse para establecer, al menos, una indexación del salario mínimo y no tener que asumir todos los años el trato vejatorio e indignante a que someten los sucesivos ministros de hacienda a los trabajadores.
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*Marcel Claude es economista.
27 de junio de 2008
La misma de antes
Por Sergio Ramírez*
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
La misma de antes
Por Sergio Ramírez*
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.
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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.
25 de junio de 2008
LGE ¿volvieron a fracasar los aprendices?
Por Cristina Moyano*
A fines de los años 80, en los inicios de nuestra transición, el historiador y premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, escribía un artículo titulado “Volverán a fracasar los aprendices?”, en cuyo fondo discursivo se encontraba una dura crítica a la forma pactada de salida a la dictadura, a los acuerdos políticos tomados entre miembros de una elite política anquilosada que se reproducía lentamente y que había ahogado todas las experiencias de ciudadanía emergidas desde el seno de la resistencia contra el gobierno de la dictadura.
El retorno de los viejos liderazgos políticos a la escena pública, 17 años después de caído el gobierno democrático de Salvador Allende, cerraba un ciclo histórico ahogando en un pacto político las expresiones sociales de ciudadanía en pos de mantener un orden deseado y armonía social. La semantización de una sociedad anómica caló tan hondo en la elite política que articuló la Concertación, que el pacto político de acuerdos entre el centro y un sector de la izquierda, selló una forma de transición que configuró una particular cultura política.
Esta cultura política de negociación, consenso, de temor al conflicto, de simbolización de un orden deseado negando el enfrentamiento y las oposiciones, de amnesia y autoflagelamientos, propia de la elite concertacionista, parecía comenzar a cambiar con las promesas que auguraban tras de sí el recambio político que representaba la actual Presidenta de la República y el renacimiento lento de nuevos movimientos sociales. La promesa de un gobierno ciudadano que sucumbió en el mismo momento de su enunciación, cobra nuevos bríos en el actual conflicto generado a raíz de la recién aprobada “idea de legislar” en torno a la Ley General de Educación, LGE.
La construcción de un nuevo marco que reglamentara la educación chilena, dejada en manos del mercado y, por ende, regulada sólo por el lucro, nació como una demanda estudiantil. Después de muchos años de movimientos estudiantiles universitarios desgastados en peticiones economicistas, los alumnos secundarios consiguieron poner en el tapete el problema de fondo de la educación chilena; esto es, la desigualdad y mala calidad de un sistema educativo que tiene como régimen de regulación el lucro económico. Tal como los teóricos de los movimientos sociales plantean, la estructura de oportunidades estaba dada por una coyuntura puntual. Un recién electo gobierno con discurso ciudadano que había generado muchas expectativas de transformación, junto a condiciones materiales paupérrimas que vivían los colegios municipalizados y subvencionados, fueron la tónica para que se desatara un debate que no ha logrado desaparecer en los últimos años de la escena pública.
Jóvenes en las calles organizándose de maneras nuevas, que combinadas con viejas prácticas hacían casi in entendibles las nuevas formas de autorregulación y representatividad. Con voceros, ajenos a la verticalidad del poder, los jóvenes estudiantes descolocaron a las autoridades y parecieron sumergirse en aquellos momentos de subsidencia para reaparecer con fuerza en la actualidad.
Consiguieron hacerse escuchar, pero los poderes fácticos tomaron el control y el consejo asesor presidencial convocado para este tema reinstaló nuevamente el debate y situó puntos importantes, pero no fundamentales. Excluidos los actores sociales y ciudadanos, los políticos retoman el control y la LGE, un curso tradicional. Otro aborto del gobierno ciudadano.
La promesa de una legislación especial para la educación pública queda en el aire, como promesa de última hora para zanjar un acuerdo político tomado entre la Concertación y la Derecha, que tiene escasa representatividad para todos los actores involucrados en el conflicto.
El llamado al orden que la Presidenta de la República hiciera a los presidentes de los partidos de la Concertación para que ordenaran sus filas, se transforma en un último intento por generar una sensación de gobernabilidad administrativa, habiéndose ganado una serie de conflictos y errores que hacen que este aparente triunfo tenga más sabor a fracaso.
Este llamado al orden retoma la vieja práctica política de alcanzar acuerdos sin considerar a los movimientos sociales, de preservar el orden y la negociación como valores supremos de la Nación, manteniendo una unidad que cada vez es más superficial y carente de contenido. ¿Qué ocurrirá con este compromiso presidencial en torno a la educación pública? ¿Quiénes serán los convocados a participar de esta iniciativa? Son preguntas cuyas respuestas leídas a la luz de una práctica política recurrente y establecida, son fáciles de prever.
El debate en torno a una educación pública de calidad ha quedado nuevamente sumergido en el metadiscurso de la libertad de enseñanza y la autonomía. ¿Qué define a la educación pública en un sistema educacional de mercado? Es una pregunta que algunos se han resuelto a responder y en las actuales condiciones de cancelación del debate, muy pocos los que serán escuchados para asir la bandera de defensa de la misma.
Es preocupante, sin embargo, que con el fin de mantener un acuerdo político realizado entre la Concertación y la Alianza, se haya cancelado el debate a través de la indicación de urgencia con la que se inscribió la idea de legislar. Que ante el temor a la crítica de escasez de autoridad y falta de gobernabilidad, la Concertación haya vuelto a cerrar la posibilidad de terminar con una herencia dictatorial que ha consagrado la desigualdad en nuestro país.
Educación de calidad para todos es una consigna que apela a restituir a la educación su carácter garantizador de una adecuada movilidad social. Sin embargo, la nueva LGE no es capaz de asegurar aquello, debilitando por ejemplo la profesión docente (Artículo III) y no discutiendo sobre el lucro que contiene el negocio educacional.
¿Volverán a fracasar los aprendices? se preguntaba Gabriel Salazar a comienzos de la transición. Ahora, disfrazados de técnicos y expertos, los políticos han ahogado el debate ciudadano para mantener el mismo orden deseado con el que se inició esa transición a la democracia. Los aprendices, al parecer, se convirtieron en maestros.
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*Cristina Moyano es académica del Departamento de Historia. Universidad de Santiago de Chile.
A fines de los años 80, en los inicios de nuestra transición, el historiador y premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, escribía un artículo titulado “Volverán a fracasar los aprendices?”, en cuyo fondo discursivo se encontraba una dura crítica a la forma pactada de salida a la dictadura, a los acuerdos políticos tomados entre miembros de una elite política anquilosada que se reproducía lentamente y que había ahogado todas las experiencias de ciudadanía emergidas desde el seno de la resistencia contra el gobierno de la dictadura.
El retorno de los viejos liderazgos políticos a la escena pública, 17 años después de caído el gobierno democrático de Salvador Allende, cerraba un ciclo histórico ahogando en un pacto político las expresiones sociales de ciudadanía en pos de mantener un orden deseado y armonía social. La semantización de una sociedad anómica caló tan hondo en la elite política que articuló la Concertación, que el pacto político de acuerdos entre el centro y un sector de la izquierda, selló una forma de transición que configuró una particular cultura política.
Esta cultura política de negociación, consenso, de temor al conflicto, de simbolización de un orden deseado negando el enfrentamiento y las oposiciones, de amnesia y autoflagelamientos, propia de la elite concertacionista, parecía comenzar a cambiar con las promesas que auguraban tras de sí el recambio político que representaba la actual Presidenta de la República y el renacimiento lento de nuevos movimientos sociales. La promesa de un gobierno ciudadano que sucumbió en el mismo momento de su enunciación, cobra nuevos bríos en el actual conflicto generado a raíz de la recién aprobada “idea de legislar” en torno a la Ley General de Educación, LGE.
La construcción de un nuevo marco que reglamentara la educación chilena, dejada en manos del mercado y, por ende, regulada sólo por el lucro, nació como una demanda estudiantil. Después de muchos años de movimientos estudiantiles universitarios desgastados en peticiones economicistas, los alumnos secundarios consiguieron poner en el tapete el problema de fondo de la educación chilena; esto es, la desigualdad y mala calidad de un sistema educativo que tiene como régimen de regulación el lucro económico. Tal como los teóricos de los movimientos sociales plantean, la estructura de oportunidades estaba dada por una coyuntura puntual. Un recién electo gobierno con discurso ciudadano que había generado muchas expectativas de transformación, junto a condiciones materiales paupérrimas que vivían los colegios municipalizados y subvencionados, fueron la tónica para que se desatara un debate que no ha logrado desaparecer en los últimos años de la escena pública.
Jóvenes en las calles organizándose de maneras nuevas, que combinadas con viejas prácticas hacían casi in entendibles las nuevas formas de autorregulación y representatividad. Con voceros, ajenos a la verticalidad del poder, los jóvenes estudiantes descolocaron a las autoridades y parecieron sumergirse en aquellos momentos de subsidencia para reaparecer con fuerza en la actualidad.
Consiguieron hacerse escuchar, pero los poderes fácticos tomaron el control y el consejo asesor presidencial convocado para este tema reinstaló nuevamente el debate y situó puntos importantes, pero no fundamentales. Excluidos los actores sociales y ciudadanos, los políticos retoman el control y la LGE, un curso tradicional. Otro aborto del gobierno ciudadano.
La promesa de una legislación especial para la educación pública queda en el aire, como promesa de última hora para zanjar un acuerdo político tomado entre la Concertación y la Derecha, que tiene escasa representatividad para todos los actores involucrados en el conflicto.
El llamado al orden que la Presidenta de la República hiciera a los presidentes de los partidos de la Concertación para que ordenaran sus filas, se transforma en un último intento por generar una sensación de gobernabilidad administrativa, habiéndose ganado una serie de conflictos y errores que hacen que este aparente triunfo tenga más sabor a fracaso.
Este llamado al orden retoma la vieja práctica política de alcanzar acuerdos sin considerar a los movimientos sociales, de preservar el orden y la negociación como valores supremos de la Nación, manteniendo una unidad que cada vez es más superficial y carente de contenido. ¿Qué ocurrirá con este compromiso presidencial en torno a la educación pública? ¿Quiénes serán los convocados a participar de esta iniciativa? Son preguntas cuyas respuestas leídas a la luz de una práctica política recurrente y establecida, son fáciles de prever.
El debate en torno a una educación pública de calidad ha quedado nuevamente sumergido en el metadiscurso de la libertad de enseñanza y la autonomía. ¿Qué define a la educación pública en un sistema educacional de mercado? Es una pregunta que algunos se han resuelto a responder y en las actuales condiciones de cancelación del debate, muy pocos los que serán escuchados para asir la bandera de defensa de la misma.
Es preocupante, sin embargo, que con el fin de mantener un acuerdo político realizado entre la Concertación y la Alianza, se haya cancelado el debate a través de la indicación de urgencia con la que se inscribió la idea de legislar. Que ante el temor a la crítica de escasez de autoridad y falta de gobernabilidad, la Concertación haya vuelto a cerrar la posibilidad de terminar con una herencia dictatorial que ha consagrado la desigualdad en nuestro país.
Educación de calidad para todos es una consigna que apela a restituir a la educación su carácter garantizador de una adecuada movilidad social. Sin embargo, la nueva LGE no es capaz de asegurar aquello, debilitando por ejemplo la profesión docente (Artículo III) y no discutiendo sobre el lucro que contiene el negocio educacional.
¿Volverán a fracasar los aprendices? se preguntaba Gabriel Salazar a comienzos de la transición. Ahora, disfrazados de técnicos y expertos, los políticos han ahogado el debate ciudadano para mantener el mismo orden deseado con el que se inició esa transición a la democracia. Los aprendices, al parecer, se convirtieron en maestros.
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*Cristina Moyano es académica del Departamento de Historia. Universidad de Santiago de Chile.
¿Tendremos libre acceso a la información pública?
Por Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z.*
El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.
La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".
Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.
Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.
El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:
1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.
2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran “peligrosas” para la institucionalidad y “marginales”. Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.
3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.
Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.
El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.
En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro-Acceso.
El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.
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*Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Fundación Defendamos la Ciudad.
El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.
La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".
Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.
Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.
El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:
1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.
2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran “peligrosas” para la institucionalidad y “marginales”. Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.
3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.
Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.
El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.
En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro-Acceso.
El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.
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*Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Fundación Defendamos la Ciudad.
La LGE y el tejo quedao
Por Luis Casado*
Una conocida y muy usual técnica de negociación consiste en pedir más de lo que se quiere obtener, para luego, cediendo en modo razonable, llegar al resultado deseado. En la copia feliz del edén ese truco se conoce como “el tejo pasao”, expresión que tal vez nos viene de la práctica del juego de la rayuela.
Nadie le ha reconocido hasta ahora a la Concertación el desarrollo de una técnica simétricamente opuesta que consiste en proponer infinitamente menos de lo necesario y aconsejable con el único fin de mantener el statu quo y perennizar el régimen que heredaron de la dictadura: la técnica del tejo quedao.
Gracias al tejo quedao, Chile es el único país del mundo que sale de una dictadura manteniendo en vigor lo esencial de ella, partiendo por la propia Constitución. Y no sólo la ley fundamental sino también el régimen político, el ordenamiento institucional, el modelo económico, la distribución del ingreso, la entrega de los servicios públicos a la voracidad del mercado y la mala costumbre del pillaje del patrimonio del Estado.
Aylwin ya había anunciado el color cuando habló de “justicia en la medida de lo posible”, y exigió y obtuvo silencio para desnacionalizar el cobre. Ricardo Lagos le puso broche de oro cuando, -sacando cuentas miserables-, le ofreció a las víctimas de la dictadura una reparación “simbólica”.
A lo largo del período que va de la alegría que hubiese debido venir hasta el Chile que debíamos ser todos pero son unos más que otros, esta técnica del tejo quedao ha servicio para un barrido y para un fregado.
Lo que nunca te explicaron fue el sustrato ideológico que sustenta el fraude: pasa que algunas teorías económicas tratan al hombre como un factor de producción, una mercancía, un recurso que conviene administrar al más bajo coste.
En esta teoría que te cuento, el hombre representa un coste excesivo que impide constituir un ahorro suficiente para financiar la inversión productiva. La educación, la salud, la vivienda, forman parte de esos costes que conviene limitar y acaso eliminar, reduciendo la participación del Estado en su producción y distribución, lo que de paso permite jibarizar el Estado mismo, abriéndole más espacio al mercado.
Como ves el ser humano no es en ningún caso la finalidad del proceso productivo, el beneficiario del desarrollo entendido como un proceso de largo plazo, de carácter esencialmente cualititativo en sus modalidades y en sus resultados.
Por eso te meten en la cabeza la noción de “crecimiento” que designa un fenómeno cuantitativo, un indicador estadístico de producción de bienes y servicios, expresado frecuentemente como un porcentaje del PIB.
Y olvidan que el desarrollo es la transcripción económica y social de la idea de progreso humano, un proceso de transformación de las técnicas y de las estructuras económicas, políticas y sociales que debe traer consigo el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y su capacidad a ejercer sus libertades de ciudadano.
El desarrollo es un fin en sí mismo, el “crecimiento” no es sino un instrumento que debiese estar subordinado al desarrollo.
Visto así, la LOCE y la LGE no son sino la traducción jurídica de una concepción del ser humano considerado como un factor de producción, una carga, un coste, una mercancía.
Esa concepción hizo que los economistas de la dictadura hayan juzgado oportuno generar un mercado jugoso y rentable, el mercado de la educación en el que cada “factor de producción” tiene que costear su propia capacitación y perfeccionamiento.
En este esquema, el joven que se endeuda para estudiar no hace sino invertir en su futuro, calculando la rentabilidad de su inversión con fórmulas aritméticas utilizadas para calcular cualquier tipo de inversión. El valor actualizado neto (VAN), ¿te dice algo? Pendejadas de experto contable, mariconadas de economista, ardides de financista usurero. Que transformadas en teorías económicas dan la LOCE y la LGE.
Luego viene el mismísimo ministro secretario general de gobierno y elucubra a propósito del “giro único” que debe garantizar la “calidad de la educación”, sin olvidar una sentida estrofa sobre el legítimo beneficio que produce una actividad honorable.
Y declara en el Parlamento que gracias a la LGE “ya no se podrá ser director de escuela y propietario de un motel al mismo tiempo” (sic).
Este es el nivel de reflexión en plan tejo quedao que nos proponen quienes manejan la manija. “Giro único”, compartimentación de las inversiones, si pongo dinero en una fábrica de condones no debiese comprar acciones en una maternidad privada.
Uno no ve donde está la incompatibilidad cuando de lo que se trata es de afichar números azules en el balance de fin de año y aportar al “crecimiento”. ¿Acaso para el Sr. ministro secretario general de gobierno el dinero tiene olor?
¡Empresarios del mundo uníos!
____________________________________________________________________________________
Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
Una conocida y muy usual técnica de negociación consiste en pedir más de lo que se quiere obtener, para luego, cediendo en modo razonable, llegar al resultado deseado. En la copia feliz del edén ese truco se conoce como “el tejo pasao”, expresión que tal vez nos viene de la práctica del juego de la rayuela.
Nadie le ha reconocido hasta ahora a la Concertación el desarrollo de una técnica simétricamente opuesta que consiste en proponer infinitamente menos de lo necesario y aconsejable con el único fin de mantener el statu quo y perennizar el régimen que heredaron de la dictadura: la técnica del tejo quedao.
Gracias al tejo quedao, Chile es el único país del mundo que sale de una dictadura manteniendo en vigor lo esencial de ella, partiendo por la propia Constitución. Y no sólo la ley fundamental sino también el régimen político, el ordenamiento institucional, el modelo económico, la distribución del ingreso, la entrega de los servicios públicos a la voracidad del mercado y la mala costumbre del pillaje del patrimonio del Estado.
Aylwin ya había anunciado el color cuando habló de “justicia en la medida de lo posible”, y exigió y obtuvo silencio para desnacionalizar el cobre. Ricardo Lagos le puso broche de oro cuando, -sacando cuentas miserables-, le ofreció a las víctimas de la dictadura una reparación “simbólica”.
A lo largo del período que va de la alegría que hubiese debido venir hasta el Chile que debíamos ser todos pero son unos más que otros, esta técnica del tejo quedao ha servicio para un barrido y para un fregado.
Lo que nunca te explicaron fue el sustrato ideológico que sustenta el fraude: pasa que algunas teorías económicas tratan al hombre como un factor de producción, una mercancía, un recurso que conviene administrar al más bajo coste.
En esta teoría que te cuento, el hombre representa un coste excesivo que impide constituir un ahorro suficiente para financiar la inversión productiva. La educación, la salud, la vivienda, forman parte de esos costes que conviene limitar y acaso eliminar, reduciendo la participación del Estado en su producción y distribución, lo que de paso permite jibarizar el Estado mismo, abriéndole más espacio al mercado.
Como ves el ser humano no es en ningún caso la finalidad del proceso productivo, el beneficiario del desarrollo entendido como un proceso de largo plazo, de carácter esencialmente cualititativo en sus modalidades y en sus resultados.
Por eso te meten en la cabeza la noción de “crecimiento” que designa un fenómeno cuantitativo, un indicador estadístico de producción de bienes y servicios, expresado frecuentemente como un porcentaje del PIB.
Y olvidan que el desarrollo es la transcripción económica y social de la idea de progreso humano, un proceso de transformación de las técnicas y de las estructuras económicas, políticas y sociales que debe traer consigo el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y su capacidad a ejercer sus libertades de ciudadano.
El desarrollo es un fin en sí mismo, el “crecimiento” no es sino un instrumento que debiese estar subordinado al desarrollo.
Visto así, la LOCE y la LGE no son sino la traducción jurídica de una concepción del ser humano considerado como un factor de producción, una carga, un coste, una mercancía.
Esa concepción hizo que los economistas de la dictadura hayan juzgado oportuno generar un mercado jugoso y rentable, el mercado de la educación en el que cada “factor de producción” tiene que costear su propia capacitación y perfeccionamiento.
En este esquema, el joven que se endeuda para estudiar no hace sino invertir en su futuro, calculando la rentabilidad de su inversión con fórmulas aritméticas utilizadas para calcular cualquier tipo de inversión. El valor actualizado neto (VAN), ¿te dice algo? Pendejadas de experto contable, mariconadas de economista, ardides de financista usurero. Que transformadas en teorías económicas dan la LOCE y la LGE.
Luego viene el mismísimo ministro secretario general de gobierno y elucubra a propósito del “giro único” que debe garantizar la “calidad de la educación”, sin olvidar una sentida estrofa sobre el legítimo beneficio que produce una actividad honorable.
Y declara en el Parlamento que gracias a la LGE “ya no se podrá ser director de escuela y propietario de un motel al mismo tiempo” (sic).
Este es el nivel de reflexión en plan tejo quedao que nos proponen quienes manejan la manija. “Giro único”, compartimentación de las inversiones, si pongo dinero en una fábrica de condones no debiese comprar acciones en una maternidad privada.
Uno no ve donde está la incompatibilidad cuando de lo que se trata es de afichar números azules en el balance de fin de año y aportar al “crecimiento”. ¿Acaso para el Sr. ministro secretario general de gobierno el dinero tiene olor?
¡Empresarios del mundo uníos!
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Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.
24 de junio de 2008
En Defensa de la Educación Pública
Por María Angélica Oliva*
En los tiempos que corren se hace necesario volver a pensar cuestiones que ya forman parte de nuestro acervo cultural, para el caso, del conjunto de bienes materiales y valores de la democracia conquistados en el devenir de la vida republicana.
En esta empresa, resulta adecuado acompañarnos de Jorge Millas y su denuncia del embotamiento progresivo de la conciencia moral, por una suerte de anemia ética que paraliza las reacciones defensivas del espíritu. “No faltan, sin duda, los actos buenos, esos que forman el hábito moral, consagrado por la observancia consuetudinaria de prácticas indispensables para la coexistencia de los hombres, señala el filósofo.
Pero es notoria la inacción frente al estrago, quiero decir, la insensibilidad para percibir lo específicamente inmoral y actuar en consecuencia. Como si las almas se hubiesen cansado del combate moral”.
El estrago, es decir el daño o perjuicio moral que esta columna denuncia es el debilitamiento de nuestra educación pública, a instancias de una política educativa que desde los tiempos de la dictadura ha sido funcional a la construcción de la desigualdad, los resultados del SIMCE o de la PSU, el debilitamiento de la profesión docente y el precario estado de la educación municipalizada constituyen, entre otros, una muestra fehaciente de ello.
Por ello, la ética resulta inexcusable a la hora de reflexionar sobre el sentido que posee la educación como un bien público y su expresión en el derecho a la educación, así reafirmamos la indisoluble unidad entre ética y política, una de cuyas expresiones en la política educativa es que ésta garantice los valores de justicia, bien común y seguridad jurídica.
La reflexión que nos convoca sobre la educación pública, adquiere el estatus de una defensa que es urgente, tal como rezaba una pancarta en la reciente movilización de alumnos, maestros y familias, donde el Colegio de Profesores, sintetizaba el motivo de la jornada: ‘En Defensa de la Educación Pública’.
No menos representativo era un rayado en el frontis del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tomado por sus estudiantes con la sentencia: ‘Si Jesús fuese estudiante, no podría serlo de la Pontificia Universidad Católica de Chile’. ¿Qué es lo que amerita ser defendido? ¿Por qué debe ser defendido? y ¿Quiénes debemos defenderlo?
En nuestra civilización, la educación se ha institucionalizado en una escolarización universal y obligatoria, adquiriendo el estatus de un derecho humano universal que debe satisfacerse en condiciones de igualdad y gratuidad, tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en uno de cuyos artículos se lee:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Asunto ratificado en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, como un derecho específico de la infancia, pues “el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembro útil de la sociedad”.
En nuestro país, que ha suscrito ambas declaraciones, la idea de la educación como un bien público posee una lata tradición, baste observar cómo desde la Constitución Política de 1833, se reconoce la influencia de la educación en la fundación de un Estado Nacional Republicano, ella constituye una atención preferente del Estado y un deber primordial del Gobierno encargado de fundar una moral común. Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales.
Esta tradición recoge la influencia francesa, por ejemplo, en el reconocimiento al derecho de todo ciudadano a la educación, el deber del Estado en materia de enseñanza y con la educación popular, la gratuidad de la educación elemental, el laicismo en la enseñanza e instrucción moral del pueblo, la idea de educación nacional, y la responsabilidad del Estado en la formación del maestro, entre otras.
También es posible destacar la influencia y tradición de la educación pública norteamericana, que define la escolarización como un bien público y un derecho fundamental; tal como queda de manifiesto en la obra de Dewey, que destaca la reciprocidad entre democracia y educación; la democracia constituye en sí misma un principio educacional, que no puede desarrollarse sin la educación, pues, la escuela constituye el agente esencial de la distribución de todos los valores y finalidades a que un grupo social tiende, lo que se ve reflejado en nuestra Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común de 1920.
Así, gradualmente, se configura la idea de un Estado Docente, donde la educación es un derecho constitucional y un deber del Estado, corolario de ello, es la creación de la red de educación nacional, cuyo protagonista es el Estado, aunque también participan la Iglesia Católica y las comunidades locales. Esto sustentado en la convicción que “Un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública (…) para el sociólogo y para el filósofo bajo el respecto moral, gobernar es educar, y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”, señala uno de sus artífices, Valentín Letelier.
Es ésta noción de Estado Docente, que en sus inicios es laica y radical y, luego, es también liberal, la que entra en pugna con la postura católica y conservadora, partidaria de la Libertad de Enseñanza, que considera que “La libertad de enseñanza era un derecho natural de los padres de familia y un derecho político del ciudadano, como todas las libertades públicas”.
Hay, entonces, dos posiciones que ideológicamente se contraponen; una educación dirigida por el Estado, laica y liberal, que privilegia lo público sobre lo privado, donde prevalece el derecho del Estado en la educación, versus una postura católica y conservadora, que privilegia el derecho de cada familia en la educación, enfatizando lo privado sobre lo público.
Es en el tiempo de dictadura donde la institución del rol del Estado subsidiario, significa la resolución del conflicto entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza, a favor de ésta última, generándose las condiciones para el desarrollo del sistema neoliberal. De tal suerte, que la educación que es un derecho y un bien público, termina transformándose en una mercancía con la consiguiente fractura en la educación como bien público.
Tres manifestaciones de este proceso de privatización de la educación pública son: el traspaso de la gestión de los establecimientos escolares, desde la dependencia ministerial centralizada a una descentralizada, la municipal; la transferencia de los docentes, de funcionarios públicos a municipales, y el cambio en el sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, estimulando la incorporación masiva de agentes privados, es decir, de los sostenedores al mercado de la educación.
He aquí, cómo desde la política educativa, se establecen las bases para la profundización de la desigualdad educativa, pues se genera el caldo de cultivo para que un derecho universal quede satisfecho de manera parcial y desigual, asestando un duro revés al cumplimiento de los valores de justicia y bien común. ¿Quiénes debemos defenderlo? En una sociedad democrática el valor de la educación consagrado en un derecho a la educación, y de una educación de calidad que incluya la equidad, atañe a toda la ciudadanía, pues constituye un bien público, es de todos y para todos, debe ser resguardado por todos, pues precisamente, la participación hace a lo público.
Ante el peligro del embotamiento de la conciencia moral y la institución de una pseudopolítica, hay que recuperar las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía democrática, un buen ejemplo de ello es el Foro Nacional “Educación de Calidad para Todos”, que constituye un esfuerzo de participación organizada de la sociedad civil interesada en la educación, en el mejoramiento de su equidad y calidad, y que busca realizar en Chile el Programa Mundial Educación Para Todos que aspira a una educación básica de calidad sin exclusión y surge del compromiso contraído el año 2000 en Dakar (Senegal) en el Foro Mundial sobre la Educación. Precisamente, este Foro, en el primer punto de su Agenda por la Equidad, plantea reafirmar la Educación como un derecho y un bien público y el fortalecimiento de la educación pública.
La Defensa de la Educación Pública, esto es, finalmente, lo que alienta la polémica en torno a la Ley General de Educación.
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*María Angélica Oliva, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Universidad de Talca
En los tiempos que corren se hace necesario volver a pensar cuestiones que ya forman parte de nuestro acervo cultural, para el caso, del conjunto de bienes materiales y valores de la democracia conquistados en el devenir de la vida republicana.
En esta empresa, resulta adecuado acompañarnos de Jorge Millas y su denuncia del embotamiento progresivo de la conciencia moral, por una suerte de anemia ética que paraliza las reacciones defensivas del espíritu. “No faltan, sin duda, los actos buenos, esos que forman el hábito moral, consagrado por la observancia consuetudinaria de prácticas indispensables para la coexistencia de los hombres, señala el filósofo.
Pero es notoria la inacción frente al estrago, quiero decir, la insensibilidad para percibir lo específicamente inmoral y actuar en consecuencia. Como si las almas se hubiesen cansado del combate moral”.
El estrago, es decir el daño o perjuicio moral que esta columna denuncia es el debilitamiento de nuestra educación pública, a instancias de una política educativa que desde los tiempos de la dictadura ha sido funcional a la construcción de la desigualdad, los resultados del SIMCE o de la PSU, el debilitamiento de la profesión docente y el precario estado de la educación municipalizada constituyen, entre otros, una muestra fehaciente de ello.
Por ello, la ética resulta inexcusable a la hora de reflexionar sobre el sentido que posee la educación como un bien público y su expresión en el derecho a la educación, así reafirmamos la indisoluble unidad entre ética y política, una de cuyas expresiones en la política educativa es que ésta garantice los valores de justicia, bien común y seguridad jurídica.
La reflexión que nos convoca sobre la educación pública, adquiere el estatus de una defensa que es urgente, tal como rezaba una pancarta en la reciente movilización de alumnos, maestros y familias, donde el Colegio de Profesores, sintetizaba el motivo de la jornada: ‘En Defensa de la Educación Pública’.
No menos representativo era un rayado en el frontis del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tomado por sus estudiantes con la sentencia: ‘Si Jesús fuese estudiante, no podría serlo de la Pontificia Universidad Católica de Chile’. ¿Qué es lo que amerita ser defendido? ¿Por qué debe ser defendido? y ¿Quiénes debemos defenderlo?
En nuestra civilización, la educación se ha institucionalizado en una escolarización universal y obligatoria, adquiriendo el estatus de un derecho humano universal que debe satisfacerse en condiciones de igualdad y gratuidad, tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en uno de cuyos artículos se lee:
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Asunto ratificado en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, como un derecho específico de la infancia, pues “el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembro útil de la sociedad”.
En nuestro país, que ha suscrito ambas declaraciones, la idea de la educación como un bien público posee una lata tradición, baste observar cómo desde la Constitución Política de 1833, se reconoce la influencia de la educación en la fundación de un Estado Nacional Republicano, ella constituye una atención preferente del Estado y un deber primordial del Gobierno encargado de fundar una moral común. Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales.
Esta tradición recoge la influencia francesa, por ejemplo, en el reconocimiento al derecho de todo ciudadano a la educación, el deber del Estado en materia de enseñanza y con la educación popular, la gratuidad de la educación elemental, el laicismo en la enseñanza e instrucción moral del pueblo, la idea de educación nacional, y la responsabilidad del Estado en la formación del maestro, entre otras.
También es posible destacar la influencia y tradición de la educación pública norteamericana, que define la escolarización como un bien público y un derecho fundamental; tal como queda de manifiesto en la obra de Dewey, que destaca la reciprocidad entre democracia y educación; la democracia constituye en sí misma un principio educacional, que no puede desarrollarse sin la educación, pues, la escuela constituye el agente esencial de la distribución de todos los valores y finalidades a que un grupo social tiende, lo que se ve reflejado en nuestra Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común de 1920.
Así, gradualmente, se configura la idea de un Estado Docente, donde la educación es un derecho constitucional y un deber del Estado, corolario de ello, es la creación de la red de educación nacional, cuyo protagonista es el Estado, aunque también participan la Iglesia Católica y las comunidades locales. Esto sustentado en la convicción que “Un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública (…) para el sociólogo y para el filósofo bajo el respecto moral, gobernar es educar, y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”, señala uno de sus artífices, Valentín Letelier.
Es ésta noción de Estado Docente, que en sus inicios es laica y radical y, luego, es también liberal, la que entra en pugna con la postura católica y conservadora, partidaria de la Libertad de Enseñanza, que considera que “La libertad de enseñanza era un derecho natural de los padres de familia y un derecho político del ciudadano, como todas las libertades públicas”.
Hay, entonces, dos posiciones que ideológicamente se contraponen; una educación dirigida por el Estado, laica y liberal, que privilegia lo público sobre lo privado, donde prevalece el derecho del Estado en la educación, versus una postura católica y conservadora, que privilegia el derecho de cada familia en la educación, enfatizando lo privado sobre lo público.
Es en el tiempo de dictadura donde la institución del rol del Estado subsidiario, significa la resolución del conflicto entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza, a favor de ésta última, generándose las condiciones para el desarrollo del sistema neoliberal. De tal suerte, que la educación que es un derecho y un bien público, termina transformándose en una mercancía con la consiguiente fractura en la educación como bien público.
Tres manifestaciones de este proceso de privatización de la educación pública son: el traspaso de la gestión de los establecimientos escolares, desde la dependencia ministerial centralizada a una descentralizada, la municipal; la transferencia de los docentes, de funcionarios públicos a municipales, y el cambio en el sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, estimulando la incorporación masiva de agentes privados, es decir, de los sostenedores al mercado de la educación.
He aquí, cómo desde la política educativa, se establecen las bases para la profundización de la desigualdad educativa, pues se genera el caldo de cultivo para que un derecho universal quede satisfecho de manera parcial y desigual, asestando un duro revés al cumplimiento de los valores de justicia y bien común. ¿Quiénes debemos defenderlo? En una sociedad democrática el valor de la educación consagrado en un derecho a la educación, y de una educación de calidad que incluya la equidad, atañe a toda la ciudadanía, pues constituye un bien público, es de todos y para todos, debe ser resguardado por todos, pues precisamente, la participación hace a lo público.
Ante el peligro del embotamiento de la conciencia moral y la institución de una pseudopolítica, hay que recuperar las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía democrática, un buen ejemplo de ello es el Foro Nacional “Educación de Calidad para Todos”, que constituye un esfuerzo de participación organizada de la sociedad civil interesada en la educación, en el mejoramiento de su equidad y calidad, y que busca realizar en Chile el Programa Mundial Educación Para Todos que aspira a una educación básica de calidad sin exclusión y surge del compromiso contraído el año 2000 en Dakar (Senegal) en el Foro Mundial sobre la Educación. Precisamente, este Foro, en el primer punto de su Agenda por la Equidad, plantea reafirmar la Educación como un derecho y un bien público y el fortalecimiento de la educación pública.
La Defensa de la Educación Pública, esto es, finalmente, lo que alienta la polémica en torno a la Ley General de Educación.
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*María Angélica Oliva, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Universidad de Talca
23 de junio de 2008
La dictadura de Daniel Ortega
Por Javier Campos*
Eso de “dictadura” lo dijo hace unos días, este mes de junio, quien tiene una autoridad histórica en Nicaragua y fuera la excomandante guerrillera, Dora María Tellez quien ha hecho suya la frase de otro ex-sandinista y candidato a la presidencia por el MSRN (Movimiento Sandinista de Renovación Nacional) Herty Lewit (1939-2007): “Nací en una dictadura y no quiero morir en otra”.
Fue ella la comandante más joven dentro del ejército sandinista, ayudando a derrotar aquella dictadura para cambiar la sociedad nicaragüense bajo décadas de opresión y dictadura de la familia Somoza.
O como escribe recién Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990, y fundador con Dora María Téllez del MRSN: “La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación como la número dos en el comando encabezado por Edén Pastora, que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber conducido a las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979”.
Ya es historia aquel movimiento que intentó mejorar a un país empobrecido donde el dueño de todo el territorio, incluidas empresas y haciendas, pertenecía en su mayoría a esa familia que controló el país desde 1936 a 1979.
A comienzos de este junio ella comenzó una huelga de hambre para protestar por el abuso de la familia Ortega, que está a pasos de controlar, al igual que una dictadura del pasado, aquel país junto al otro partido del neoliberal y ex-presidente Arnoldo Alemán (1997-2001). Su protesta es para hacer más conciencia de una situación que está llevando a ese país a la profundidad no sólo de la pobreza sino de la corrupción y la instalación de una dinastía manipulada por una caudillo al viejo estilo de la izquierda más ortodoxa, junto a un reinado familiar que repite otra vez el pasado somocista que vivió Nicaragua, así como el pasado de tantos ejemplos de caudillos de derecha o de izquierda.
Es decir, la ex comandante Dora María Téllez quiere “denunciar principalmente el abuso de poder, la falta de inoperancia y el autoritarismo del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, quienes juntos han creado un monstruo bicéfalo llamado Murteguismo”, como bien ha nombrado la poeta Gioconda Belli.
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*Javier Campos es poeta, narrador y columnista.
Eso de “dictadura” lo dijo hace unos días, este mes de junio, quien tiene una autoridad histórica en Nicaragua y fuera la excomandante guerrillera, Dora María Tellez quien ha hecho suya la frase de otro ex-sandinista y candidato a la presidencia por el MSRN (Movimiento Sandinista de Renovación Nacional) Herty Lewit (1939-2007): “Nací en una dictadura y no quiero morir en otra”.
Fue ella la comandante más joven dentro del ejército sandinista, ayudando a derrotar aquella dictadura para cambiar la sociedad nicaragüense bajo décadas de opresión y dictadura de la familia Somoza.
O como escribe recién Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990, y fundador con Dora María Téllez del MRSN: “La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación como la número dos en el comando encabezado por Edén Pastora, que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber conducido a las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979”.
Ya es historia aquel movimiento que intentó mejorar a un país empobrecido donde el dueño de todo el territorio, incluidas empresas y haciendas, pertenecía en su mayoría a esa familia que controló el país desde 1936 a 1979.
A comienzos de este junio ella comenzó una huelga de hambre para protestar por el abuso de la familia Ortega, que está a pasos de controlar, al igual que una dictadura del pasado, aquel país junto al otro partido del neoliberal y ex-presidente Arnoldo Alemán (1997-2001). Su protesta es para hacer más conciencia de una situación que está llevando a ese país a la profundidad no sólo de la pobreza sino de la corrupción y la instalación de una dinastía manipulada por una caudillo al viejo estilo de la izquierda más ortodoxa, junto a un reinado familiar que repite otra vez el pasado somocista que vivió Nicaragua, así como el pasado de tantos ejemplos de caudillos de derecha o de izquierda.
Es decir, la ex comandante Dora María Téllez quiere “denunciar principalmente el abuso de poder, la falta de inoperancia y el autoritarismo del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, quienes juntos han creado un monstruo bicéfalo llamado Murteguismo”, como bien ha nombrado la poeta Gioconda Belli.
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*Javier Campos es poeta, narrador y columnista.
La fiesta de los euroscépticos
Por Héctor Casanueva
El rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa -pieza clave en la meta de la unidad política de la Unión Europea- ha vuelto a poner de plácemes a los euroescépticos de toda la vida, más otros nuevos que se suman dentro de las fronteras comunitarias y desde otras partes del mundo, América Latina incluida. Hay gente que tiene una rara fascinación por los reveses, sobretodo cuando estos afectan a grandes proyectos.
Para quienes no son capaces de mirar el horizonte y tener una perspectiva global y de largo plazo, estas situaciones les permiten confirmar agoreras visiones negativas que justificarían su inacción, su día a día, el corto plazo, la coyuntura.
Afortunadamente, en la historia de la humanidad nunca han triunfado los escépticos ni los pesimistas. La Unión Europea es una prueba contemporánea de ello, pues su construcción se ha hecho siempre como fruto de la sobredeterminación política de grandes líderes con mirada estratégica, como Adenauer, Schumann, De Gásperi, Delors, Kohl, Mitterrand, Martens, que fueron capaces de unir a los dos mayores contrincantes de su historia -Francia y Alemania- y plantear a los ciudadanos un proyecto político, económico y de cooperación que generó, en pocos años, paz y prosperidad.
Fue un revulsivo que contribuyó a derrumbar el muro y la cortina de hierro, para avanzar en la unidad del Este y el Oeste y terminar con la Guerra Fría. Recordemos que antes de firmarse el Tratado de Roma en 1957, un connotado canciller euroescéptico vaticinó, erróneamente: “Ese tratado nunca se firmará, y si se firma nunca se aplicará, y si se aplica nunca funcionará”. Cincuenta años después, la Unión Europea cuenta con veintisiete miembros, es la primera potencia comercial y de cooperación del mundo, y sus ciudadanos gozan de un bienestar que se mide no sólo en ingreso per cápita, sino en calidad de vida.
Por eso que el revés que significa el referéndum negativo de Irlanda no puede ser la medida de un supuesto fracaso del proyecto integracionista europeo, como no lo fueron en su momento ni las negativas francesa y holandesa de hace unos años, o el rechazo danés al Tratado de Maastricht, revertidos mediante un trabajo de ingeniería política y capacidad de liderazgo.
En este caso, los líderes irlandeses han fallado, no han logrado trasmitir al pueblo los valores de un proyecto integracionista que a Irlanda le ha significado grandes beneficios y un desarrollo inimaginable hace pocos años. Están en deuda con Europa, pero lo más probable, como ha ocurrido muchas veces, es que los actores políticos, sociales, académicos, llegarán a encontrar la manera de leer debidamente el significado del referéndum, escucharán lo que la voz del pueblo está diciendo –que más que un no a Europa, es una advertencia a una determinada forma de construirla- y podrán reemprender el camino trazado.
Lo que se juega en Europa es la tensión entre individualismo y comunitarismo, que es lo mismo que nos estamos jugando con la fallida integración latinoamericana. Por estos lados, tenemos también nuestros “latinoescépticos”, que no creen en la integración de nuestros países o tratan de llevarla sólo a sus molinos. Para ellos es un verdadero festín que algunas veces la integración europea -un paradigma como proyecto- tenga estos traspiés. Pero el curso de la historia de la Unión Europea demuestra que aún con letra torcida, va escribiendo inexorablemente sus avances hacia más comunitarismo, más humanismo y más bienestar, y ese sí es un ejemplo para nosotros.
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*Héctor Casanueva es vicerrector académico de la Universidad Miguel de Cervantes.
El rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa -pieza clave en la meta de la unidad política de la Unión Europea- ha vuelto a poner de plácemes a los euroescépticos de toda la vida, más otros nuevos que se suman dentro de las fronteras comunitarias y desde otras partes del mundo, América Latina incluida. Hay gente que tiene una rara fascinación por los reveses, sobretodo cuando estos afectan a grandes proyectos.
Para quienes no son capaces de mirar el horizonte y tener una perspectiva global y de largo plazo, estas situaciones les permiten confirmar agoreras visiones negativas que justificarían su inacción, su día a día, el corto plazo, la coyuntura.
Afortunadamente, en la historia de la humanidad nunca han triunfado los escépticos ni los pesimistas. La Unión Europea es una prueba contemporánea de ello, pues su construcción se ha hecho siempre como fruto de la sobredeterminación política de grandes líderes con mirada estratégica, como Adenauer, Schumann, De Gásperi, Delors, Kohl, Mitterrand, Martens, que fueron capaces de unir a los dos mayores contrincantes de su historia -Francia y Alemania- y plantear a los ciudadanos un proyecto político, económico y de cooperación que generó, en pocos años, paz y prosperidad.
Fue un revulsivo que contribuyó a derrumbar el muro y la cortina de hierro, para avanzar en la unidad del Este y el Oeste y terminar con la Guerra Fría. Recordemos que antes de firmarse el Tratado de Roma en 1957, un connotado canciller euroescéptico vaticinó, erróneamente: “Ese tratado nunca se firmará, y si se firma nunca se aplicará, y si se aplica nunca funcionará”. Cincuenta años después, la Unión Europea cuenta con veintisiete miembros, es la primera potencia comercial y de cooperación del mundo, y sus ciudadanos gozan de un bienestar que se mide no sólo en ingreso per cápita, sino en calidad de vida.
Por eso que el revés que significa el referéndum negativo de Irlanda no puede ser la medida de un supuesto fracaso del proyecto integracionista europeo, como no lo fueron en su momento ni las negativas francesa y holandesa de hace unos años, o el rechazo danés al Tratado de Maastricht, revertidos mediante un trabajo de ingeniería política y capacidad de liderazgo.
En este caso, los líderes irlandeses han fallado, no han logrado trasmitir al pueblo los valores de un proyecto integracionista que a Irlanda le ha significado grandes beneficios y un desarrollo inimaginable hace pocos años. Están en deuda con Europa, pero lo más probable, como ha ocurrido muchas veces, es que los actores políticos, sociales, académicos, llegarán a encontrar la manera de leer debidamente el significado del referéndum, escucharán lo que la voz del pueblo está diciendo –que más que un no a Europa, es una advertencia a una determinada forma de construirla- y podrán reemprender el camino trazado.
Lo que se juega en Europa es la tensión entre individualismo y comunitarismo, que es lo mismo que nos estamos jugando con la fallida integración latinoamericana. Por estos lados, tenemos también nuestros “latinoescépticos”, que no creen en la integración de nuestros países o tratan de llevarla sólo a sus molinos. Para ellos es un verdadero festín que algunas veces la integración europea -un paradigma como proyecto- tenga estos traspiés. Pero el curso de la historia de la Unión Europea demuestra que aún con letra torcida, va escribiendo inexorablemente sus avances hacia más comunitarismo, más humanismo y más bienestar, y ese sí es un ejemplo para nosotros.
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*Héctor Casanueva es vicerrector académico de la Universidad Miguel de Cervantes.
El afán por lavar la imagen de Celco
Por Sara Larraín*
En días recientes hemos asistido a otro de esos ejemplos que indican que el marketing y la comunicación corporativa pueden dar casi para todo. Una consultoría realizada por un equipo de la U. de Chile, dirigido por el profesor Víctor Marín, ha dado pie para que varios líderes patronales del sector forestal apuren la defensa corporativa de rigor ante el “notable desempeño ambiental” de Celco y la “tecnología de punta” que utiliza en el proceso industrial de la celulosa. La misma consultoría sirvió para que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprovechara la oportunidad de cuestionar los consensos ciudadanos y políticos logrados en la anterior campaña presidencial y que el 5 de junio pasado –Día Mundial del Medio Ambiente- desembocaron en el ingreso al Parlamento de los proyectos legales tendientes a crear el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.
Aprovechando una de las conclusiones de la consultoría, denominada ‘Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces’, Celco (hoy, Celulosa Arauco) enarbola que la muerte y migración de cisnes de cuello negro, registrada en 2004, habría sido consecuencia de variaciones meteorológicas. A saber, falta de lluvias, escaso caudal y 3 eventos de temperaturas bajo 0°C.
Ante el exabrupto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aclaró que “en ningún caso el estudio fue contratado para revisar las hipótesis ya existentes, sino para modelar el trabajo en el ecosistema y para poner a interactuar e interlocutar a los distintos actores” y que la consultoría no será considerada en los planes de recuperación del Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.
El lector informado sabe por supuesto que la responsabilidad sobre ese desastre ecológico está clara y remiten a los desechos órgano clorados lanzados por Celco al estuario del río cruces. En efecto, en este afán por lavar una imagen corporativa, los interesados optan por sesgar la información e ignorar que el anterior estudio de la U. Austral, que sí está basado en trabajos de campo y análisis de sedimento del río y de ingesta de cisnes, constataron la presencia de altas concentraciones de químicos procedentes de la celulosa y daño hepático en taguas y cisnes.
Así también, obvian que en 2004, las temperaturas del aire (registradas en la Estación Climatológica del Campus Isla Teja) fueron similares a lapsos anteriores y que el caudal del río, medido por la Dirección General de Aguas, fue, en mayo de 2004, mayor que en el período anual anterior. Lo más lamentable es que la consultoría asociada a la U. de Chile no realizó pruebas y muestreos en terreno y además no explica los daños hepáticos causados por ingesta de plantas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. Más aun, al seleccionar a los actores sociales a los que pediría declaración y antecedentes, incluyó, en el caso de los armadores fluviales, a un grupo ya cooptado por Celco y otro que se está querellando.
No obstante, aún cuando la muerte y desplazamiento de cisnes de cuello negro fue registrada en septiembre de 2004, no es este hecho el que fundamentó la decisión de paralizar la planta de Celco, pues la Corema comprobó múltiples violaciones al permiso de calificación ambiental denunciadas. En efecto, la empresa construyó una planta para producir 100 mil toneladas más de lo aprobado. Además, instaló un ducto y pozos ilegales y realizó extracciones de agua no presentadas a Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asistió a otro engaño, pues Celco presentó un proyecto pero materializó otro distinto. Como si esto fuera poco, inauguró su producción de celulosa sin tratar residuos industriales líquidos, cuestión que era requisito sine qua non de la autorización ambiental. En tal sentido, es lógico suponer que derramó poluyentes ácidos, clorados y a temperaturas altas durante varios meses.
Hoy, ignorando los hechos ya establecidos, la defensa corporativa aprovecha de ensalzar la “transparencia” de Celco (pese a que, para salvarse de un fallo adverso en la Corte Suprema, atribuyó al EULA de la U. de Concepción un estudio propio) y la “tecnología de vanguardia” que utilizaría, pero, como no somos ingenuos y estamos bien informados, sabemos que la empresa se ha negado, pese a las utilidades de un generoso precio internacional de la celulosa, a incorporar auténtica tecnología de punta. O sea, el sistema de producción de circuito cerrado, que permitiría reducir el 70% del consumo de agua y manejar desechos como lodos, factibles de secar, confinar o incinerar.
La conclusión, evidentemente, es que nuevas consultorías nada nuevo aportarían, pues la historia ya está escrita y ahora procede ocuparse de recuperar el Santuario. Finalmente, este es uno de los tantos ejemplos que develan los vicios de la actual institucionalidad ambiental y que avalan la necesidad de avanzar en la construcción de un “segundo piso” de la legalidad sobre la materia, para sistematizar y operacionalizar los derechos ambientales que la Constitución garantiza.
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*Sara Larraín es directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable.
En días recientes hemos asistido a otro de esos ejemplos que indican que el marketing y la comunicación corporativa pueden dar casi para todo. Una consultoría realizada por un equipo de la U. de Chile, dirigido por el profesor Víctor Marín, ha dado pie para que varios líderes patronales del sector forestal apuren la defensa corporativa de rigor ante el “notable desempeño ambiental” de Celco y la “tecnología de punta” que utiliza en el proceso industrial de la celulosa. La misma consultoría sirvió para que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprovechara la oportunidad de cuestionar los consensos ciudadanos y políticos logrados en la anterior campaña presidencial y que el 5 de junio pasado –Día Mundial del Medio Ambiente- desembocaron en el ingreso al Parlamento de los proyectos legales tendientes a crear el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.
Aprovechando una de las conclusiones de la consultoría, denominada ‘Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces’, Celco (hoy, Celulosa Arauco) enarbola que la muerte y migración de cisnes de cuello negro, registrada en 2004, habría sido consecuencia de variaciones meteorológicas. A saber, falta de lluvias, escaso caudal y 3 eventos de temperaturas bajo 0°C.
Ante el exabrupto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aclaró que “en ningún caso el estudio fue contratado para revisar las hipótesis ya existentes, sino para modelar el trabajo en el ecosistema y para poner a interactuar e interlocutar a los distintos actores” y que la consultoría no será considerada en los planes de recuperación del Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.
El lector informado sabe por supuesto que la responsabilidad sobre ese desastre ecológico está clara y remiten a los desechos órgano clorados lanzados por Celco al estuario del río cruces. En efecto, en este afán por lavar una imagen corporativa, los interesados optan por sesgar la información e ignorar que el anterior estudio de la U. Austral, que sí está basado en trabajos de campo y análisis de sedimento del río y de ingesta de cisnes, constataron la presencia de altas concentraciones de químicos procedentes de la celulosa y daño hepático en taguas y cisnes.
Así también, obvian que en 2004, las temperaturas del aire (registradas en la Estación Climatológica del Campus Isla Teja) fueron similares a lapsos anteriores y que el caudal del río, medido por la Dirección General de Aguas, fue, en mayo de 2004, mayor que en el período anual anterior. Lo más lamentable es que la consultoría asociada a la U. de Chile no realizó pruebas y muestreos en terreno y además no explica los daños hepáticos causados por ingesta de plantas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. Más aun, al seleccionar a los actores sociales a los que pediría declaración y antecedentes, incluyó, en el caso de los armadores fluviales, a un grupo ya cooptado por Celco y otro que se está querellando.
No obstante, aún cuando la muerte y desplazamiento de cisnes de cuello negro fue registrada en septiembre de 2004, no es este hecho el que fundamentó la decisión de paralizar la planta de Celco, pues la Corema comprobó múltiples violaciones al permiso de calificación ambiental denunciadas. En efecto, la empresa construyó una planta para producir 100 mil toneladas más de lo aprobado. Además, instaló un ducto y pozos ilegales y realizó extracciones de agua no presentadas a Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asistió a otro engaño, pues Celco presentó un proyecto pero materializó otro distinto. Como si esto fuera poco, inauguró su producción de celulosa sin tratar residuos industriales líquidos, cuestión que era requisito sine qua non de la autorización ambiental. En tal sentido, es lógico suponer que derramó poluyentes ácidos, clorados y a temperaturas altas durante varios meses.
Hoy, ignorando los hechos ya establecidos, la defensa corporativa aprovecha de ensalzar la “transparencia” de Celco (pese a que, para salvarse de un fallo adverso en la Corte Suprema, atribuyó al EULA de la U. de Concepción un estudio propio) y la “tecnología de vanguardia” que utilizaría, pero, como no somos ingenuos y estamos bien informados, sabemos que la empresa se ha negado, pese a las utilidades de un generoso precio internacional de la celulosa, a incorporar auténtica tecnología de punta. O sea, el sistema de producción de circuito cerrado, que permitiría reducir el 70% del consumo de agua y manejar desechos como lodos, factibles de secar, confinar o incinerar.
La conclusión, evidentemente, es que nuevas consultorías nada nuevo aportarían, pues la historia ya está escrita y ahora procede ocuparse de recuperar el Santuario. Finalmente, este es uno de los tantos ejemplos que develan los vicios de la actual institucionalidad ambiental y que avalan la necesidad de avanzar en la construcción de un “segundo piso” de la legalidad sobre la materia, para sistematizar y operacionalizar los derechos ambientales que la Constitución garantiza.
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*Sara Larraín es directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable.
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