*Por Marcel Claude
Hay un cierto acuerdo en que los municipios son una instancia privilegiada para el logro de las políticas públicas, debido a que constituyen una organización pública cercana a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la manera en que éstos pueden alcanzar sus objetivos, no es similar para todos ellos. En nuestro país, el financiamiento de las municipalidades es un tema no resuelto que provoca mucha percepción de abuso e injusticia y, de hecho, es común la clasificación natural entre municipios ricos y otros pobres. En el escenario actual, es evidente que resulta ser un tema no despreciable, debido al nivel de responsabilidades que estos enfrentan en ámbitos tan distintos como la educación o la salud, la recolección de residuos o la reparación de vías públicas, etcétera.
Si consideramos que dentro de los 345 municipios existentes, hay un porcentaje significativo –en torno al 48%- que no supera el promedio nacional de recursos per capita, entonces, la situación no resulta para nada satisfactoria. Por ejemplo, el municipio de Vitacura con una población aproximada de 82 mil habitantes, tiene un presupuesto superior a los 31 mil millones de pesos, en cambio Quillota, comuna de la quinta región, con 83 mil habitantes, tiene un presupuesto de 4 mil 890 millones de pesos, o dicho de otro modo, Vitacura tiene 6,3 veces más recursos que Quillota. Y esta última debe atender tres veces la cantidad de alumnos que dicha comuna de la Región Metropolitana. En ese mismo escenario y peor aún, hay comunas como Alhué que en el 2006 no contaban con recursos propios para hacer inversiones en su territorio. Estas desigualdades se convierten en un problema muy complejo, particularmente en el caso de las comunas pobres, si se consideran los altísimos montos que deben destinar a Educación y Salud.
Las cifras respecto a los gastos que realizan las municipalidades se pueden analizar también desde otra perspectiva, para así mostrar cuán lejos estamos de los objetivos del desarrollo que tanto nos gusta profesar. Tomados globalmente, los municipios del país administran recursos financieros que constituyen aproximadamente un 2,8% del Producto Interno Bruto y solo un 13% de los gastos del gobierno en general. Algo muy distante de lo que ocurre en los países de Europa, en los que el porcentaje promedio del ámbito local constituye un 43% de lo que representa el gasto gubernamental. En Suecia por ejemplo, la cifra se empina por sobre el 60%. Por su parte, en países del sur y centro América ese promedio es de 16,5%. En ese ámbito Bolivia registra una participación de un 18,3%. Chile está muy lejos de esos porcentajes, a pesar de la importancia política y la relevancia que públicamente se le asigna a los municipios. Una vez más, no hay concordancia entre lo que se postula como de importancia mayor y los recursos que se disponen para ello.
Y si bien se han creado instrumentos que han permitido allegar más recursos a los municipios, como es el Fondo Común Municipal, este no se utiliza en todo su potencial, ya que actualmente es de 520 mil millones de pesos aproximadamente, lo que resulta del todo insuficiente dado las urgentes necesidades que éstos enfrentan, sobre todo los más pobres. Además, este fondo mayoritariamente proviene de los recursos comunales, por ejemplo, del impuesto territorial y/o de los permisos de circulación, y muy poco del gobierno central, por lo que es una manera de repartirse la pobreza o de mejor distribuir la miseria. Peor aún, a este fondo las comunas llamadas ricas aportan -en porcentajes- casi lo mismo que las comunas pobres: mientras que del impuesto territorial todas las comunas deben destinar un 60%, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65%. En cuanto a la distribución de este fondo las críticas apuntan a la falta de criterios objetivos y en concordancia con la real vulnerabilidad de las comunas.
Entonces, cuando se cuestiona ácida o duramente la función municipal o los resultados de ésta, se deberían considerar las enormes responsabilidades, funciones y tareas que deben cumplir las municipalidades, al mismo tiempo que la baja recepción de recursos –considerando el conjunto de éstos- y la poca importancia de los fondos municipales en relación al gasto global del gobierno central. En pocas palabras, se descentralizan las responsabilidades pero no los recursos disponibles, lo que conduce al peor de los mundos pues nadie es finalmente responsable de resolver las necesidades de la población. El gobierno tiene los recursos pero no las responsabilidades y el municipio tiene las responsabilidades pero no los recursos. Resultado: frustración, pobreza, injusticia y un gobierno central cada vez más rico pues no gasta los recursos provenientes de impuestos o transferencias que hacen las empresas públicas como Codelco. A estas alturas el candado resulta muy ingenioso para reducir o mantener controlado el gasto público. El problema es que así las cosas avanzan muy poco y las deficiencias educacionales, en salud o en infraestructura, se siguen postergando.
Si queremos descentralizar, no basta con que el gobierno central se deshaga de sus responsabilidades, también debe asignar los recursos necesarios para que las municipalidades puedan afrontar sus obligaciones. Además, así lo establece la ley. El desarrollo pasa también, como hemos visto, por una mayor disponibilidad de recursos gastados a nivel local y no centralizadamente.
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*Marcel Claude es Director de Investigación y Estudio de la Universidad Arcis
16 de mayo de 2008
15 de mayo de 2008
Huele a peligro
Por Rodrigo Larraín*
No tenemos por qué creer que la encuesta sobre victimización realizada por el INE esté mal hecha; una larga y probada experiencia avalan los datos entregados por este instituto. Ellos muestran un sostenido descenso en el número de delitos pero, y simultáneamente, las personas conservan altos niveles de miedo a la delincuencia. Entonces, ¿por qué los chilenos declaramos que tenemos temor a ser víctimas de delitos? Tal vez la clave no esté en la delincuencia propiamente sino en una sensación generalizada de inseguridad en muchos ámbitos de la vida. Se han propuesto varias interpretaciones de los resultados y sus paradojas, pero quizás valga la pena insertar los datos en un contexto mayor.
Vivimos una sensación más que de crisis de decadencia, una sensación de temor a la vida misma, a la falta de ideales, a la inacción y a no saber bien en qué gastar la vida –como causa– y no ir viviendo para puro pensar cómo nos las arreglaremos para pagar las deudas, para consumir. Como en la República de Weimar, en la Alemania antes de Hitler.
Hemos pasado por épocas de desencanto. A comienzos del siglo XX el pesimismo se había apoderado de los intelectuales chilenos, y esa sensación la traspasaron a diversos sectores de la vida nacional, eran intelectuales que habían leído “La Decadencia de Occidente” de Oswald Spengler, aparecido en 1918 el primer tomo y en 1923 el segundo, y a otros negativistas menores ya olvidados. Diversos filósofos estaban en la tradición de Spengler, como Nietzsche o Schopenhauer. La gran crisis económica de 1929 pareció darles la razón, el pesimismo era más realista que el optimismo moderno y burgués. No quedaba tiempo sino sólo para el heroísmo, la guerra y el romanticismo destructivo. Si el burgués con su democracia no traía la felicidad, tal vez otro sistema lo haría, y aparecen las ideas totalitarias y pesimistas, en donde las élites, los hombres superiores, en lo posible blancos y descendientes de guerreros, nos darán grandeza. Se teme la democracia y desconfía de ella por mediocre y masiva, por ser carente de aristocracia y por ordinaria, únicamente los escogidos podrán salvarnos de ella. Y ya se sabe a dónde condujeron esas ideas en Alemania. La sensibilidad romántica con su pesimismo dará municiones intelectuales y respaldo moral a los enemigos de una democracia corrupta y deslegitimada, todo sea por evitar el colapso, el desorden y el caos de una forma de vida.
Eso pasa entre nosotros, a eso le tiene miedo el chileno medio, tal como en la República de Weimar. Los alemanes se quejaban del mundo en que les había tocado vivir, decían que era demasiado soez, degenerado, todos preocupados de las nacientes estrellas del cine y la radio, que la prensa informaba de puros crímenes, que la palabra empeñada no valía, que todos querían medrar y enriquecerse como fuera, etcétera, etcétera. Y que los dirigentes políticos de la República no veían lo que acontecía, que había muchas gentes indeseables y que la justicia no funcionaba. Sin duda que los crímenes han disminuido, pero el síntoma Weimar apareció entre nosotros, ojalá los dirigentes políticos chilenos esta vez sintonicen con el pueblo. El pesimismo sociocultural y psicológico –lleno de licencias médicas, automedicación, angustias, depresión y drogas– con su desazón cotidiana puede encausarse alegre e irresponsablemente en un proyecto de sentido retorcido y perverso y que, una vez más, clausure la democracia moderna.
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*Rodrigo Larraín es sociólogo, académico de la Universidad Central.
No tenemos por qué creer que la encuesta sobre victimización realizada por el INE esté mal hecha; una larga y probada experiencia avalan los datos entregados por este instituto. Ellos muestran un sostenido descenso en el número de delitos pero, y simultáneamente, las personas conservan altos niveles de miedo a la delincuencia. Entonces, ¿por qué los chilenos declaramos que tenemos temor a ser víctimas de delitos? Tal vez la clave no esté en la delincuencia propiamente sino en una sensación generalizada de inseguridad en muchos ámbitos de la vida. Se han propuesto varias interpretaciones de los resultados y sus paradojas, pero quizás valga la pena insertar los datos en un contexto mayor.
Vivimos una sensación más que de crisis de decadencia, una sensación de temor a la vida misma, a la falta de ideales, a la inacción y a no saber bien en qué gastar la vida –como causa– y no ir viviendo para puro pensar cómo nos las arreglaremos para pagar las deudas, para consumir. Como en la República de Weimar, en la Alemania antes de Hitler.
Hemos pasado por épocas de desencanto. A comienzos del siglo XX el pesimismo se había apoderado de los intelectuales chilenos, y esa sensación la traspasaron a diversos sectores de la vida nacional, eran intelectuales que habían leído “La Decadencia de Occidente” de Oswald Spengler, aparecido en 1918 el primer tomo y en 1923 el segundo, y a otros negativistas menores ya olvidados. Diversos filósofos estaban en la tradición de Spengler, como Nietzsche o Schopenhauer. La gran crisis económica de 1929 pareció darles la razón, el pesimismo era más realista que el optimismo moderno y burgués. No quedaba tiempo sino sólo para el heroísmo, la guerra y el romanticismo destructivo. Si el burgués con su democracia no traía la felicidad, tal vez otro sistema lo haría, y aparecen las ideas totalitarias y pesimistas, en donde las élites, los hombres superiores, en lo posible blancos y descendientes de guerreros, nos darán grandeza. Se teme la democracia y desconfía de ella por mediocre y masiva, por ser carente de aristocracia y por ordinaria, únicamente los escogidos podrán salvarnos de ella. Y ya se sabe a dónde condujeron esas ideas en Alemania. La sensibilidad romántica con su pesimismo dará municiones intelectuales y respaldo moral a los enemigos de una democracia corrupta y deslegitimada, todo sea por evitar el colapso, el desorden y el caos de una forma de vida.
Eso pasa entre nosotros, a eso le tiene miedo el chileno medio, tal como en la República de Weimar. Los alemanes se quejaban del mundo en que les había tocado vivir, decían que era demasiado soez, degenerado, todos preocupados de las nacientes estrellas del cine y la radio, que la prensa informaba de puros crímenes, que la palabra empeñada no valía, que todos querían medrar y enriquecerse como fuera, etcétera, etcétera. Y que los dirigentes políticos de la República no veían lo que acontecía, que había muchas gentes indeseables y que la justicia no funcionaba. Sin duda que los crímenes han disminuido, pero el síntoma Weimar apareció entre nosotros, ojalá los dirigentes políticos chilenos esta vez sintonicen con el pueblo. El pesimismo sociocultural y psicológico –lleno de licencias médicas, automedicación, angustias, depresión y drogas– con su desazón cotidiana puede encausarse alegre e irresponsablemente en un proyecto de sentido retorcido y perverso y que, una vez más, clausure la democracia moderna.
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*Rodrigo Larraín es sociólogo, académico de la Universidad Central.
13 de mayo de 2008
Pinochet, El Clarín, las mineras y la corrupción
Por Manuel Riesco*
La corrupción constituye una de las preocupaciones más acuciantes de la opinión pública, con toda razón. El hecho que tradicionalmente no constituya en Chile una práctica generalizada ni en el Estado ni en los negocios, y por lo mismo el país aparezca entre los menos corruptos del mundo, no es excusa para soslayar el tema. Especialmente si se aprecia una tendencia creciente. Felizmente, los mecanismos de denuncia pública, control por parte de las fuerzas políticas opositoras y acción de la justicia, operan en Chile de modo singularmente eficaz. Sin embargo, lamentablemente su acción se remite sólo a la corrupción “al menudeo”, por así llamarla. Lo que es de verdad grave es la existencia en Chile de una corrupción en gran escala, de la cual poco se habla y no se considera en las mediciones internacionales. La misma puede operar impunemente porque queda al margen de los mecanismos de control. Sencillamente porque involucra tanto al gobierno como a la oposición parlamentaria.
De este modo, el país apareció "sorprendido" cuando se descubrieron los multimillonarios latrocinios de Pinochet, su parentela, y el alto mando militar. Todos se asombraron de comprobar que el dictador autodenominado Portaliano resultó el gobernante más corrupto de la historia de Chile. Sin embargo, eso se sabía desde hacía mucho. Era evidente a todas luces, simplemente porque el tren de vida de estos delincuentes no se correspondía ni de lejos con sus ingresos legales, más bien modestos. Por si alguien tuviese dudas, quedó en evidencia a los inicios de la transición, con el asunto de los llamados "Pinocheques." Sin embargo, hasta que el asunto reventó en EE.UU., en Chile no pasó nada. Tanto el gobierno como la oposición de derecha convinieron en echar tierra al asunto y hacer la vista gorda durante más de una década. "Por razones de Estado," como rezaba la tristemente la famosa orden al respecto del Presidente Frei al Consejo de Defensa del Estado.
En estos días, aparece en la prensa otro caso de corrupción en gran escala, flagrante y vergonzosa, en el cual aparecen asimismo envueltos el gobierno y la oposición. Se trata del llamado "Caso Clarín," en el cual ambos se han puesto de acuerdo en no pagar la indemnización que reclama su auténtica propietaria. Ésta es nada menos que la Fundación Salvador Allende, creada por el ingeniero Víctor Pey y el abogado Joan Garcés, dos de los más estrechos colaboradores del Presidente Allende. Su lealtad a la memoria del mandatario mártir y la persistencia para defender su legado y llevar a la justicia a los golpistas, no han desmayado ni un instante a lo largo de décadas. Sus esfuerzos han resultado clave para los avances del proceso democrático, especialmente con ocasión de la detención de Pinochet en Londres. Sin embargo, con ocasión de su justo reclamo en este caso, la actuación del gobierno, con el aval explícito de la derecha y la participación directa de uno de sus principales operadores, ha sido escandalosa.
Han gastado millones de dólares en una defensa que ha perdido una y otra vez en todas las instancias a lo largo de una década y tres gobiernos. Entre las facturas de gastos por más de seis millones de dólares presentadas ante el CIADI, el gobierno reconoce haber pagado suculentos honorarios al que fuera el funcionario público que inició la demanda, contratado luego para coordinar la defensa. Entre otras perlas, dicen haber gastado más de cien mil dólares ¡en arriendo de computadores portátiles (esa cifra alcanzaría para comprar más de cien de estos equipos)! Como es bien sabido, aparte del despilfarro en esta "defensa," lo más grotesco fue el pago de diez millones de dólares a familiares del anterior dueño del diario, los que reconocen públicamente no haber recibido sino una mínima parte de esta cantidad. Se sabe asimismo que el resto fue a parar a manos de una sociedad formada especialmente para estos efectos por un encargado de finanzas de uno de los partidos de gobierno y que hace de palo blanco.
Eso lo sabe todo Chile. Sin embargo la derecha, tan estridente en otros casos de corrupción, acá no dice esta boca es mía. Por el contrario, han asumido ellos directamente la defensa del caso, puesto que el gobierno contrató al estudio de un prominente abogado derechista que es el principal testaferro de las transnacionales en Chile, y el ya mencionado ex-funcionario, ahora coordinador de la defensa, se pasó asimismo a la derecha en la última elección presidencial. De hecho, hasta ahora casi nadie dice nada. La hija del Presidente Allende ha constituido en esta ocasión una excepción, sugiriendo tímidamente al gobierno que mejor pague de una vez en lugar de continuar derrochando dinero público, mientras el diputado Juan Pablo Letelier ha sido un poco más claro.
Escandaloso como es, el "Caso Clarín" no es el peor caso de corrupción en Chile. Peor, es el hecho que los ricos en Chile pagan menos impuestos que sus empleadas domésticas, parafraseando lo que denunció hace poco uno de los personajes más ricos del Reino Unido, refiriéndose a su propio país. Utilizan todos los trucos disponibles para eludirlos, que se los saben de memoria sus asesores, hábiles y muy bien pagados y que por cierto que respecto a sus propios impuestos aplican el refrán que la caridad comienza por casa. Actualmente existe una verdadera razzia contra estas prácticas a nivel mundial, en la cual han ido cayendo sucesivamente centenares de evasores en Alemania y otros países, y en días recientes han sido detenidos altos ejecutivos de los dos principales bancos suizos, uno en Brasil y el otro en los propios EE.UU., acusados de ayudar a evadir impuestos. Mientras tanto, en Chile no pasa nada.
Sin embargo, el principal caso de corrupción pública que existe en Chile es el escándalo de la actual legislación minera. Un estudio de CENDA presentado ante un organismo de Naciones Unidas hace pocos días, ha demostrado en base a las propias cifras declaradas por las mineras en sus balances, que entre 2005 y 2006 las privadas retiraron ganancias ¡equivalentes a todas las inversiones realizadas en minería entre 1974 y 2006!, las que además ya habían recuperado antes y con creces. El estudio referido muestra que si las privadas pagaran los mismos impuestos que CODELCO, en proporción a la producción de cada cual -lo cual aparece muy justo-, el Estado podría duplicar su gasto en pensiones, educación y salud, sumados.
Esta situación es evidentemente contraria a los intereses nacionales. Hasta los técnicos más cercanos a las mineras reconocen que los contratos actuales con las mineras privadas son leoninos y que deberían incorporar al menos cláusulas de retornos al Estado relacionadas con el precio del cobre. Sin embargo, frente a esta situación tan escandalosa el gobierno y la oposición de derecha guardan silencio y no hacen absolutamente nada, cuando no aparecen defendiendo a las empresas. Ello no es casual. Las mineras los financian a ambos, empezando por los más encumbrados dirigentes de ambos sectores. Eso es corrupción lisa y llana, y de grueso calibre.
Todo esto no puede continuar. Por eso, se requiere con urgencia la conformación, también en Chile, de un nuevo bloque en el poder, que uniendo a la inmensa mayoría de los partidarios del gobierno, que no tienen nada que ver en estos feos asuntos y muy por el contrario, les indignan tanto o más que a nadie, sea capaz de poner a raya tanto a la corrupción al por menor, como también esta otra, que son palabras mayores.
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*Manuel Riesco es director de CENDA
La corrupción constituye una de las preocupaciones más acuciantes de la opinión pública, con toda razón. El hecho que tradicionalmente no constituya en Chile una práctica generalizada ni en el Estado ni en los negocios, y por lo mismo el país aparezca entre los menos corruptos del mundo, no es excusa para soslayar el tema. Especialmente si se aprecia una tendencia creciente. Felizmente, los mecanismos de denuncia pública, control por parte de las fuerzas políticas opositoras y acción de la justicia, operan en Chile de modo singularmente eficaz. Sin embargo, lamentablemente su acción se remite sólo a la corrupción “al menudeo”, por así llamarla. Lo que es de verdad grave es la existencia en Chile de una corrupción en gran escala, de la cual poco se habla y no se considera en las mediciones internacionales. La misma puede operar impunemente porque queda al margen de los mecanismos de control. Sencillamente porque involucra tanto al gobierno como a la oposición parlamentaria.
De este modo, el país apareció "sorprendido" cuando se descubrieron los multimillonarios latrocinios de Pinochet, su parentela, y el alto mando militar. Todos se asombraron de comprobar que el dictador autodenominado Portaliano resultó el gobernante más corrupto de la historia de Chile. Sin embargo, eso se sabía desde hacía mucho. Era evidente a todas luces, simplemente porque el tren de vida de estos delincuentes no se correspondía ni de lejos con sus ingresos legales, más bien modestos. Por si alguien tuviese dudas, quedó en evidencia a los inicios de la transición, con el asunto de los llamados "Pinocheques." Sin embargo, hasta que el asunto reventó en EE.UU., en Chile no pasó nada. Tanto el gobierno como la oposición de derecha convinieron en echar tierra al asunto y hacer la vista gorda durante más de una década. "Por razones de Estado," como rezaba la tristemente la famosa orden al respecto del Presidente Frei al Consejo de Defensa del Estado.
En estos días, aparece en la prensa otro caso de corrupción en gran escala, flagrante y vergonzosa, en el cual aparecen asimismo envueltos el gobierno y la oposición. Se trata del llamado "Caso Clarín," en el cual ambos se han puesto de acuerdo en no pagar la indemnización que reclama su auténtica propietaria. Ésta es nada menos que la Fundación Salvador Allende, creada por el ingeniero Víctor Pey y el abogado Joan Garcés, dos de los más estrechos colaboradores del Presidente Allende. Su lealtad a la memoria del mandatario mártir y la persistencia para defender su legado y llevar a la justicia a los golpistas, no han desmayado ni un instante a lo largo de décadas. Sus esfuerzos han resultado clave para los avances del proceso democrático, especialmente con ocasión de la detención de Pinochet en Londres. Sin embargo, con ocasión de su justo reclamo en este caso, la actuación del gobierno, con el aval explícito de la derecha y la participación directa de uno de sus principales operadores, ha sido escandalosa.
Han gastado millones de dólares en una defensa que ha perdido una y otra vez en todas las instancias a lo largo de una década y tres gobiernos. Entre las facturas de gastos por más de seis millones de dólares presentadas ante el CIADI, el gobierno reconoce haber pagado suculentos honorarios al que fuera el funcionario público que inició la demanda, contratado luego para coordinar la defensa. Entre otras perlas, dicen haber gastado más de cien mil dólares ¡en arriendo de computadores portátiles (esa cifra alcanzaría para comprar más de cien de estos equipos)! Como es bien sabido, aparte del despilfarro en esta "defensa," lo más grotesco fue el pago de diez millones de dólares a familiares del anterior dueño del diario, los que reconocen públicamente no haber recibido sino una mínima parte de esta cantidad. Se sabe asimismo que el resto fue a parar a manos de una sociedad formada especialmente para estos efectos por un encargado de finanzas de uno de los partidos de gobierno y que hace de palo blanco.
Eso lo sabe todo Chile. Sin embargo la derecha, tan estridente en otros casos de corrupción, acá no dice esta boca es mía. Por el contrario, han asumido ellos directamente la defensa del caso, puesto que el gobierno contrató al estudio de un prominente abogado derechista que es el principal testaferro de las transnacionales en Chile, y el ya mencionado ex-funcionario, ahora coordinador de la defensa, se pasó asimismo a la derecha en la última elección presidencial. De hecho, hasta ahora casi nadie dice nada. La hija del Presidente Allende ha constituido en esta ocasión una excepción, sugiriendo tímidamente al gobierno que mejor pague de una vez en lugar de continuar derrochando dinero público, mientras el diputado Juan Pablo Letelier ha sido un poco más claro.
Escandaloso como es, el "Caso Clarín" no es el peor caso de corrupción en Chile. Peor, es el hecho que los ricos en Chile pagan menos impuestos que sus empleadas domésticas, parafraseando lo que denunció hace poco uno de los personajes más ricos del Reino Unido, refiriéndose a su propio país. Utilizan todos los trucos disponibles para eludirlos, que se los saben de memoria sus asesores, hábiles y muy bien pagados y que por cierto que respecto a sus propios impuestos aplican el refrán que la caridad comienza por casa. Actualmente existe una verdadera razzia contra estas prácticas a nivel mundial, en la cual han ido cayendo sucesivamente centenares de evasores en Alemania y otros países, y en días recientes han sido detenidos altos ejecutivos de los dos principales bancos suizos, uno en Brasil y el otro en los propios EE.UU., acusados de ayudar a evadir impuestos. Mientras tanto, en Chile no pasa nada.
Sin embargo, el principal caso de corrupción pública que existe en Chile es el escándalo de la actual legislación minera. Un estudio de CENDA presentado ante un organismo de Naciones Unidas hace pocos días, ha demostrado en base a las propias cifras declaradas por las mineras en sus balances, que entre 2005 y 2006 las privadas retiraron ganancias ¡equivalentes a todas las inversiones realizadas en minería entre 1974 y 2006!, las que además ya habían recuperado antes y con creces. El estudio referido muestra que si las privadas pagaran los mismos impuestos que CODELCO, en proporción a la producción de cada cual -lo cual aparece muy justo-, el Estado podría duplicar su gasto en pensiones, educación y salud, sumados.
Esta situación es evidentemente contraria a los intereses nacionales. Hasta los técnicos más cercanos a las mineras reconocen que los contratos actuales con las mineras privadas son leoninos y que deberían incorporar al menos cláusulas de retornos al Estado relacionadas con el precio del cobre. Sin embargo, frente a esta situación tan escandalosa el gobierno y la oposición de derecha guardan silencio y no hacen absolutamente nada, cuando no aparecen defendiendo a las empresas. Ello no es casual. Las mineras los financian a ambos, empezando por los más encumbrados dirigentes de ambos sectores. Eso es corrupción lisa y llana, y de grueso calibre.
Todo esto no puede continuar. Por eso, se requiere con urgencia la conformación, también en Chile, de un nuevo bloque en el poder, que uniendo a la inmensa mayoría de los partidarios del gobierno, que no tienen nada que ver en estos feos asuntos y muy por el contrario, les indignan tanto o más que a nadie, sea capaz de poner a raya tanto a la corrupción al por menor, como también esta otra, que son palabras mayores.
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*Manuel Riesco es director de CENDA
Vicios viejos en odres viejos
Por Sergio Ramírez*
La elección como presidente del Paraguay de un obispo de la iglesia católica suspendido ad divinis, Fernando Lugo, ha venido a significar el fin del reinado de casi 70 años del Partido Colorado. Pero no sólo eso. Amplía el mapa de la izquierda en el poder en América Latina; y si el FMLN, la vieja guerrilla marxista convertida en partido político en El Salvador, gana frente a ARENA las elecciones presidenciales del año próximo, con su candidato el periodista Mauricio Funes, sólo dos presidentes provenientes de partidos conservadores, en México y en Colombia, quedarían en el continente.
Se gastaron las viejas promesas, y la izquierda está en los palacios presidenciales. ¿Pero cuál izquierda? En el mapa, no todo su territorio es del mismo color. Líderes obreros, dirigentes indígenas, viejos guerrilleros, militares rebeldes, obispos que dejaron la sotana. Una oncóloga en Uruguay. Una pediatra en Chile. ¿Por qué están allí? ¿Qué los une, y qué los desune?
Uno no puede imaginar un bloque de países de izquierda en América Latina, bajo una ideología socialista única, como ocurrió hasta antes del fin de la Guerra Fría con el campo soviético, cuando había en Europa Oriental estados de una estructura y una conducta uniforme. Lejos de eso. Las diferencias sobran, y no son sólo de matices.
Entre ellos están de por medio no sólo sus identidades, y no sólo su propia zona de color en el mapa. No sólo las formas en que se alinean, sino otros tipos de intereses. Intereses económicos, intereses fronterizos. Quiénes son ricos, y quienes son pobres. Quienes extienden la mano para dar, y quienes la extienden para pedir. Qué clase de viejos o nuevos conflictos fronterizos existen entre esos países, desde una fábrica de celulosa, hasta una salida al mar.
Hay variados ejemplos que marcan esas diferencias. Pero existe una que es decisiva: si los líderes de izquierda, una vez alcanzada la presidencia, quieren quedarse, o aceptan como regla la alternancia en el poder. Es una diferencia sencilla, pero crucial, porque señala la frontera entre la voluntad democrática, y la voluntad autoritaria.
Lula da Silva se encamina en el Brasil hacia el fin de su segundo mandato, y hasta ahora ha dicho que no pretende un tercero. La propuesta de partidarios suyos, de que se presente de nuevo a las elecciones, la ha calificado como “insensatez pura”. En cambio, una de las reformas claves a la Constitución de Venezuela, que Chávez sometió a consulta popular a fines del año pasado, era la reelección indefinida. Perdió el plebiscito, y esa posibilidad está cerrada “por el momento”, como él mismo ha dicho, lo que significa que volverá a intentarlo. Alternabilidad, o reelección indefinida. Son dos caminos claros y diferentes para la izquierda.
Cuando antes del plebiscito de Venezuela le preguntaron a Lula qué pensaba de la reelección indefinida propuesta por Chávez, respondió: "yo sólo puedo hablar por Brasil y pienso que Brasil no puede jugar con una cosa llamada democracia. Nosotros nos demoramos mucho y mucha gente sufrió para consolidarla". La misma respuesta podría haber dado ante los intentos del presidente Uribe de Colombia, de reelegirse por tercera vez. Y es aquí, en la voluntad, o en las ganas de quedarse, donde la frontera entre izquierda y derecha se borra.
Una vez en Managua, con motivo del Primer Congreso del Frente Sandinista en 1991, escuché a Lula decir en un discurso que el gran error de la izquierda había sido crear una diferencia artificial entre democracia burguesa y democracia proletaria, cuando, en verdad, sólo había una clase de democracia. La izquierda había adquirido así el mal prestigio de presentarse como enemiga de la democracia que significa votar, y escoger gobernantes.
Es algo que nunca olvidé. Quienes piensan que la democracia que permite la alternabilidad en el poder corresponde a un sistema caduco, piensan aún en la democracia burguesa. Y piensan que desde el poder, usando los mismos mecanismos de la democracia burguesa, se puede construir una democracia proletaria, o algo parecido.
Cuando se habla hoy en día de barrer las instituciones y establecer un nuevo sistema que debe surgir de las cenizas del viejo, los preceptos de la democracia proletaria cobran sus fueros. Y cuando ese nuevo sistema se construye para que el mismo líder reine sin plazos sobre la nación, la regla es entonces la del viejo autoritarismo de derecha. El caudillo debe quedarse donde está, porque se le juzga imprescindible. Y para eso, se necesita que la constitución le permita reelegirse cuantas veces sea necesario, o cuantas veces quiera. No es entonces un sistema nuevo. Es el mismo, que hemos vivido de manera recurrente desde el siglo 19, fuente de vicios, de corrupción, de confrontación, de violencia, de pobreza.
El viejo líder insustituible de siempre. El iluminado que sólo él sabe lo que un país necesita. Una idea no precisamente de izquierda, que viene desde el oscuro fondo de la historia de América Latina, del profundo abismo de la sociedad patriarcal, cuando el terrateniente se convirtió en líder militar, y luego en presidente perpetuo. No hay ninguna novedad en la propuesta. Lo único es que se disfraza con virulenta retórica de izquierda.
Cuando el poder se piensa a largo plazo, necesita de instrumentos de largo plazo. Se apodera de todas las instituciones, del sistema judicial, de los tribunales electorales, y quiere apoderarse también del ejército y de la policía. Y no olvida en su lista a los medios de comunicación, la peor basura en el ojo.
Y el proyecto autoritario que concibe siempre a la misma persona a la cabeza del poder, no ve a la oposición como una pieza del sistema democrático, sino como un elemento perturbador al que hay que dominar y hacer callar, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil.
El poder que se arroga el derecho exclusivo de la razón, y la propiedad de la verdad, para decidir qué es lo que es tolerable, no es un poder democrático. Y cuando decide por sí mismo que es lo que es perjudicial para el orden político y lo que no lo es, inscribe a los demás, a los que piensan diferente, del lado de la conspiración para minar el poder.
La democracia, además, implica transparencia y control, algo que el autoritarismo, y el continuismo niegan, y viene a engendrarse por tanto la corrupción. Cuando el sistema democrático funciona, es capaz de fiscalizar a los que gobiernan, y exigirles cuentas. Por eso el autoritarismo encarna también este peligro, el de la falta de transparencia. Si todos los poderes se confunden en un solo puño, aunque sea un puño de izquierda, es más fácil que surjan las fortunas ilícitas, y que los que proclaman la redención de los pobres, se vuelvan ricos de la noche a la mañana.
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*Sergio Ramírez es escritor nicaragüense. Fue vice-presidente de Nicaragua (1984-1990)
La elección como presidente del Paraguay de un obispo de la iglesia católica suspendido ad divinis, Fernando Lugo, ha venido a significar el fin del reinado de casi 70 años del Partido Colorado. Pero no sólo eso. Amplía el mapa de la izquierda en el poder en América Latina; y si el FMLN, la vieja guerrilla marxista convertida en partido político en El Salvador, gana frente a ARENA las elecciones presidenciales del año próximo, con su candidato el periodista Mauricio Funes, sólo dos presidentes provenientes de partidos conservadores, en México y en Colombia, quedarían en el continente.
Se gastaron las viejas promesas, y la izquierda está en los palacios presidenciales. ¿Pero cuál izquierda? En el mapa, no todo su territorio es del mismo color. Líderes obreros, dirigentes indígenas, viejos guerrilleros, militares rebeldes, obispos que dejaron la sotana. Una oncóloga en Uruguay. Una pediatra en Chile. ¿Por qué están allí? ¿Qué los une, y qué los desune?
Uno no puede imaginar un bloque de países de izquierda en América Latina, bajo una ideología socialista única, como ocurrió hasta antes del fin de la Guerra Fría con el campo soviético, cuando había en Europa Oriental estados de una estructura y una conducta uniforme. Lejos de eso. Las diferencias sobran, y no son sólo de matices.
Entre ellos están de por medio no sólo sus identidades, y no sólo su propia zona de color en el mapa. No sólo las formas en que se alinean, sino otros tipos de intereses. Intereses económicos, intereses fronterizos. Quiénes son ricos, y quienes son pobres. Quienes extienden la mano para dar, y quienes la extienden para pedir. Qué clase de viejos o nuevos conflictos fronterizos existen entre esos países, desde una fábrica de celulosa, hasta una salida al mar.
Hay variados ejemplos que marcan esas diferencias. Pero existe una que es decisiva: si los líderes de izquierda, una vez alcanzada la presidencia, quieren quedarse, o aceptan como regla la alternancia en el poder. Es una diferencia sencilla, pero crucial, porque señala la frontera entre la voluntad democrática, y la voluntad autoritaria.
Lula da Silva se encamina en el Brasil hacia el fin de su segundo mandato, y hasta ahora ha dicho que no pretende un tercero. La propuesta de partidarios suyos, de que se presente de nuevo a las elecciones, la ha calificado como “insensatez pura”. En cambio, una de las reformas claves a la Constitución de Venezuela, que Chávez sometió a consulta popular a fines del año pasado, era la reelección indefinida. Perdió el plebiscito, y esa posibilidad está cerrada “por el momento”, como él mismo ha dicho, lo que significa que volverá a intentarlo. Alternabilidad, o reelección indefinida. Son dos caminos claros y diferentes para la izquierda.
Cuando antes del plebiscito de Venezuela le preguntaron a Lula qué pensaba de la reelección indefinida propuesta por Chávez, respondió: "yo sólo puedo hablar por Brasil y pienso que Brasil no puede jugar con una cosa llamada democracia. Nosotros nos demoramos mucho y mucha gente sufrió para consolidarla". La misma respuesta podría haber dado ante los intentos del presidente Uribe de Colombia, de reelegirse por tercera vez. Y es aquí, en la voluntad, o en las ganas de quedarse, donde la frontera entre izquierda y derecha se borra.
Una vez en Managua, con motivo del Primer Congreso del Frente Sandinista en 1991, escuché a Lula decir en un discurso que el gran error de la izquierda había sido crear una diferencia artificial entre democracia burguesa y democracia proletaria, cuando, en verdad, sólo había una clase de democracia. La izquierda había adquirido así el mal prestigio de presentarse como enemiga de la democracia que significa votar, y escoger gobernantes.
Es algo que nunca olvidé. Quienes piensan que la democracia que permite la alternabilidad en el poder corresponde a un sistema caduco, piensan aún en la democracia burguesa. Y piensan que desde el poder, usando los mismos mecanismos de la democracia burguesa, se puede construir una democracia proletaria, o algo parecido.
Cuando se habla hoy en día de barrer las instituciones y establecer un nuevo sistema que debe surgir de las cenizas del viejo, los preceptos de la democracia proletaria cobran sus fueros. Y cuando ese nuevo sistema se construye para que el mismo líder reine sin plazos sobre la nación, la regla es entonces la del viejo autoritarismo de derecha. El caudillo debe quedarse donde está, porque se le juzga imprescindible. Y para eso, se necesita que la constitución le permita reelegirse cuantas veces sea necesario, o cuantas veces quiera. No es entonces un sistema nuevo. Es el mismo, que hemos vivido de manera recurrente desde el siglo 19, fuente de vicios, de corrupción, de confrontación, de violencia, de pobreza.
El viejo líder insustituible de siempre. El iluminado que sólo él sabe lo que un país necesita. Una idea no precisamente de izquierda, que viene desde el oscuro fondo de la historia de América Latina, del profundo abismo de la sociedad patriarcal, cuando el terrateniente se convirtió en líder militar, y luego en presidente perpetuo. No hay ninguna novedad en la propuesta. Lo único es que se disfraza con virulenta retórica de izquierda.
Cuando el poder se piensa a largo plazo, necesita de instrumentos de largo plazo. Se apodera de todas las instituciones, del sistema judicial, de los tribunales electorales, y quiere apoderarse también del ejército y de la policía. Y no olvida en su lista a los medios de comunicación, la peor basura en el ojo.
Y el proyecto autoritario que concibe siempre a la misma persona a la cabeza del poder, no ve a la oposición como una pieza del sistema democrático, sino como un elemento perturbador al que hay que dominar y hacer callar, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil.
El poder que se arroga el derecho exclusivo de la razón, y la propiedad de la verdad, para decidir qué es lo que es tolerable, no es un poder democrático. Y cuando decide por sí mismo que es lo que es perjudicial para el orden político y lo que no lo es, inscribe a los demás, a los que piensan diferente, del lado de la conspiración para minar el poder.
La democracia, además, implica transparencia y control, algo que el autoritarismo, y el continuismo niegan, y viene a engendrarse por tanto la corrupción. Cuando el sistema democrático funciona, es capaz de fiscalizar a los que gobiernan, y exigirles cuentas. Por eso el autoritarismo encarna también este peligro, el de la falta de transparencia. Si todos los poderes se confunden en un solo puño, aunque sea un puño de izquierda, es más fácil que surjan las fortunas ilícitas, y que los que proclaman la redención de los pobres, se vuelvan ricos de la noche a la mañana.
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*Sergio Ramírez es escritor nicaragüense. Fue vice-presidente de Nicaragua (1984-1990)
12 de mayo de 2008
Mercado Laboral y Equidad
Por Alejandra Mizala*
La base sobre la que se fundan las propuestas del Consejo de Trabajo y Equidad es que la mejor política social consiste en que cada persona tenga un empleo digno que le proporcione el ingreso necesario para alcanzar un nivel de vida satisfactorio. Esto significa que las políticas propuestas buscan fundamentalmente incentivar a las personas a capacitarse y facilitar su incorporación al mercado laboral. Con este fin se propone una política de capacitación basada en un bono individual para que los trabajadores adquieran las competencias que requieran para su desarrollo laboral, la que se puede complementar con el esfuerzo de capacitación de las empresas. La capacitación permite incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores, con el consiguiente aumento salarial. Asimismo, se propone un sistema efectivo de intermediación laboral que facilite el acceso a empleos de calidad.
En este mismo espíritu el Consejo coincidió en la necesidad de impulsar políticas que incentiven la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, puesto que el trabajo femenino permite allegar un nuevo ingreso al hogar, con el significativo impacto que esto tiene sobre la superación de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad social. Además de la ampliación de la oferta de cuidado infantil, las propuestas del Consejo apuntan a rediseñar las políticas existentes que, con el objetivo de proteger a las mujeres y la maternidad, terminan incrementando el costo de contratar mujeres. Algunas de las principales medidas propuestas apuntan a financiar salas cunas con cargo a impuestos generales, flexibilizaciones del descanso post natal y subsidios post natales a los salarios femeninos.
Asimismo, el Consejo coincidió en la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Para ello plantea potenciar la política de subsidio a la contratación de jóvenes, focalizándola fundamentalmente en aquellos pertenecientes a los hogares más pobres, y crear programas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes en riesgo social.
Pero no solo la capacitación incrementa la productividad laboral, también juegan un rol importante las relaciones laborales fundadas en la confianza, el mérito y la transparencia, puesto que ellas llevan a la cooperación y la realización personal de todas las partes envueltas en las relaciones de trabajo. En este ámbito el Consejo acordó temas de una Agenda sobre institucionalidad y relaciones laborales y ciertos objetivos o propósitos fundamentales que habría que alcanzar sobre algunos de los temas planteados en la Agenda, si bien no se alcanzó siempre acuerdo en relación a los instrumentos disponibles para alcanzar los propósitos concordados.
En particular, el Consejo coincidió en perfeccionar la institucionalidad laboral, de forma de adecuarla a los requerimientos actuales y futuros del país. Con este fin propone apoyar, por vía legislativa y con carácter específico, la institucionalización de una Defensoría Laboral pública, independiente, autónoma, descentralizada, especializada y con sistemas de externalización de las labores litigiosas. Concordó en la necesidad de avanzar en la modernización y profesionalización de las instituciones que están llamadas a hacer cumplir las leyes laborales en toda su amplitud, en la necesidad de capacitar a los dirigentes sindicales y empresariales buscando tecnificar la interacción entre las partes y promoviendo el dialogo y la colaboración. Se concordó también en la necesidad de establecer un sistema de certificación de buenas prácticas laborales que pudiera operar como un potencial círculo virtuoso facilitando mejores relaciones laborales y condiciones de trabajo.
En el ámbito de la negociación colectiva el Consejo coincidió en la necesidad de promoverla. No obstante lo anterior hubo importantes discrepancias respecto de los medios para lograrlo y sus efectos sobre el mercado laboral. Estos temas apuntan a viejas diferencias que sin dudas no era simple que un Consejo de estas características pudiera zanjar.
Con todo, una mayoría de consejeros considera la necesidad de establecer un sistema de adaptabilidad pactada, a través de la cual sea posible vía acuerdos entre trabajadores y empleadores ajustar las restricciones existentes en el Código Laboral, por ejemplo, respecto de jornadas laborales. Los consejeros concordaron en que la adaptabilidad pactada de determinadas regulaciones puede convertirse no sólo en un modo equilibrado de adecuación de las formas de organización de las empresas para incrementar su productividad, sino que en un poderoso incentivo para el fomento de un hábito de negociación y una cultura basada en la valoración de la contraparte. Las diferencias se expresaron respecto de los sujetos y niveles de la negociación, la forma de enfrentar la adaptabilidad pactada en las empresas de menor tamaño y si se establece el requisito de certificación de buenas prácticas laborales para negociar adaptabilidad.
El trabajo de este Consejo, respecto del cual esta columna sólo da cuenta de una parte, muestra que el ejercicio del diálogo, en un marco de respeto mutuo y espíritu constructivo, posibilita avanzar en muchas materias. Pero esto no es lo único importante, este ejercicio de diálogo nos permitió a los consejeros practicar la tolerancia y aprender de quien sustenta ideas distintas a las nuestras. Nos permitió, en definitiva, ser mejores personas.
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*Alejandra Mizala es economista del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile.
La base sobre la que se fundan las propuestas del Consejo de Trabajo y Equidad es que la mejor política social consiste en que cada persona tenga un empleo digno que le proporcione el ingreso necesario para alcanzar un nivel de vida satisfactorio. Esto significa que las políticas propuestas buscan fundamentalmente incentivar a las personas a capacitarse y facilitar su incorporación al mercado laboral. Con este fin se propone una política de capacitación basada en un bono individual para que los trabajadores adquieran las competencias que requieran para su desarrollo laboral, la que se puede complementar con el esfuerzo de capacitación de las empresas. La capacitación permite incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores, con el consiguiente aumento salarial. Asimismo, se propone un sistema efectivo de intermediación laboral que facilite el acceso a empleos de calidad.
En este mismo espíritu el Consejo coincidió en la necesidad de impulsar políticas que incentiven la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, puesto que el trabajo femenino permite allegar un nuevo ingreso al hogar, con el significativo impacto que esto tiene sobre la superación de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad social. Además de la ampliación de la oferta de cuidado infantil, las propuestas del Consejo apuntan a rediseñar las políticas existentes que, con el objetivo de proteger a las mujeres y la maternidad, terminan incrementando el costo de contratar mujeres. Algunas de las principales medidas propuestas apuntan a financiar salas cunas con cargo a impuestos generales, flexibilizaciones del descanso post natal y subsidios post natales a los salarios femeninos.
Asimismo, el Consejo coincidió en la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Para ello plantea potenciar la política de subsidio a la contratación de jóvenes, focalizándola fundamentalmente en aquellos pertenecientes a los hogares más pobres, y crear programas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes en riesgo social.
Pero no solo la capacitación incrementa la productividad laboral, también juegan un rol importante las relaciones laborales fundadas en la confianza, el mérito y la transparencia, puesto que ellas llevan a la cooperación y la realización personal de todas las partes envueltas en las relaciones de trabajo. En este ámbito el Consejo acordó temas de una Agenda sobre institucionalidad y relaciones laborales y ciertos objetivos o propósitos fundamentales que habría que alcanzar sobre algunos de los temas planteados en la Agenda, si bien no se alcanzó siempre acuerdo en relación a los instrumentos disponibles para alcanzar los propósitos concordados.
En particular, el Consejo coincidió en perfeccionar la institucionalidad laboral, de forma de adecuarla a los requerimientos actuales y futuros del país. Con este fin propone apoyar, por vía legislativa y con carácter específico, la institucionalización de una Defensoría Laboral pública, independiente, autónoma, descentralizada, especializada y con sistemas de externalización de las labores litigiosas. Concordó en la necesidad de avanzar en la modernización y profesionalización de las instituciones que están llamadas a hacer cumplir las leyes laborales en toda su amplitud, en la necesidad de capacitar a los dirigentes sindicales y empresariales buscando tecnificar la interacción entre las partes y promoviendo el dialogo y la colaboración. Se concordó también en la necesidad de establecer un sistema de certificación de buenas prácticas laborales que pudiera operar como un potencial círculo virtuoso facilitando mejores relaciones laborales y condiciones de trabajo.
En el ámbito de la negociación colectiva el Consejo coincidió en la necesidad de promoverla. No obstante lo anterior hubo importantes discrepancias respecto de los medios para lograrlo y sus efectos sobre el mercado laboral. Estos temas apuntan a viejas diferencias que sin dudas no era simple que un Consejo de estas características pudiera zanjar.
Con todo, una mayoría de consejeros considera la necesidad de establecer un sistema de adaptabilidad pactada, a través de la cual sea posible vía acuerdos entre trabajadores y empleadores ajustar las restricciones existentes en el Código Laboral, por ejemplo, respecto de jornadas laborales. Los consejeros concordaron en que la adaptabilidad pactada de determinadas regulaciones puede convertirse no sólo en un modo equilibrado de adecuación de las formas de organización de las empresas para incrementar su productividad, sino que en un poderoso incentivo para el fomento de un hábito de negociación y una cultura basada en la valoración de la contraparte. Las diferencias se expresaron respecto de los sujetos y niveles de la negociación, la forma de enfrentar la adaptabilidad pactada en las empresas de menor tamaño y si se establece el requisito de certificación de buenas prácticas laborales para negociar adaptabilidad.
El trabajo de este Consejo, respecto del cual esta columna sólo da cuenta de una parte, muestra que el ejercicio del diálogo, en un marco de respeto mutuo y espíritu constructivo, posibilita avanzar en muchas materias. Pero esto no es lo único importante, este ejercicio de diálogo nos permitió a los consejeros practicar la tolerancia y aprender de quien sustenta ideas distintas a las nuestras. Nos permitió, en definitiva, ser mejores personas.
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*Alejandra Mizala es economista del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile.
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