En busca de una sociedad multicultural

Por Neftalí Carabantes*

El pasado 1 de abril la Presidenta Michelle Bachelet nos convocó a todos los chilenos y chilenas a trabajar en la construcción de una sociedad multicultural que reconozca, respete y valore su diversidad étnica.

“Re-Conocer. Pacto Social por la Multiculturalidad”, establece una nueva agenda de discusión política entre el Estado y los pueblos indígenas a través de profundas modificaciones al sistema político. En tal virtud, detalla las medidas de reorganización del aparato gubernamental para atender de forma eficaz y eficiente la problemática de los pueblos indígenas y su diversidad cultural, así como, profundiza y garantiza el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el pasado entre el Estado y los pueblos originarios, con riguroso detalle de los planes y programas en base a los cuales el Gobierno pretende impulsar de forma inmediata el desarrollo productivo y la innovación al interior del mundo indígena.

En la construcción de esta sociedad Multicultural e inclusiva, reconforta apreciar la adopción de políticas específicas para áreas urbanas donde vive el 70% de la población indígena, u otras, tales como el fomento de lenguas y culturas ancestrales, el reforzamiento de programas especiales de salud para pueblos índígenas y el acceso a programas sociales universales. En la misma línea, el pacto, junto con avanzar en la restitución de tierras, cual es la reivindicación más importante de estos pueblos, propone el rediseño del Fondo de Tierras y Aguas de CONADI y el perfeccionamiento del funcionamiento de las Áreas de Desarrollo Indígena. De otra parte, releva la implementación de proyectos de inversión públicos y privados e incluye un Código de Conducta Responsable para los proyectos de inversión en Áreas de Desarrollo en Tierras Indígenas.

En este contexto, constituye un avance incalculable la reciente aprobación del Convenio Nº 169 sobre reconocimiento de Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues es el único instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce y protege los derechos de los pueblos, así como fomenta el respeto a sus formas de vida, desarrollo económico y el derecho sobre sus tierras.

De otra parte, el citado pacto tiene un fuerte componente destinado a generar un cambio cultural que permita a todos los ciudadanos comprender y asimilar el carácter multicultural de nuestra sociedad. Es decir, una invitación a re-conocernos, no como la sociedad “homogénea” muchas veces pretendida, sino que por el contrario, como la sociedad heterogénea y, por lo mismo rica, que siempre hemos sido. Este pacto nos llama a definir cómo somos capaces, como sociedad chilena en general, de abordar la dimensión estructural de nuestra identidad cultural y romper las barreras de la discriminación, en el marco del desarrollo integral del país.

En tal virtud, estamos todos convocados a posibilitar la inserción de las comunidades al sistema político y la institucionalidad. Con esta agenda, la Presidenta Bachelet está generando las condiciones para una participación directa de representantes indígenas en el Parlamento, así como también en los Concejos Regionales y Comunales, lo cual no sólo significará el avance de vivir en un país más justo y democrático, sino también en el diseño y creación de políticas públicas que partan sobre la base de una sociedad multicultural que respeta y se construye en su diversidad.

De este forma, las etnias originarias adquirirán a través de sus mujeres, sus hombres y por ende pensadores un rol protagónico que viene a terminar con su exclusión, pasando de aquí en adelante a ser actores reales en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales a través de su integración a un poder del Estado. Sin duda, los pueblos originarios padecen carencias insoslayables, pero qué duda cabe que tienen pleno derecho a ser actores legítimos en la toma de decisiones del país. Por lo tanto, a esta altura y en pleno siglo XXI, resulta insano no reconocer que la participación es un derecho indígena y que la obligación del Estado es garantizarla, pues al final del día lo que está en juego es nada menos que el derecho humano a la participación política, y por ende, de concurrir a formar la voluntad general de un país.

Ha llegado la hora de que Chile se ponga a la altura y es precisamente el debate constitucional y legal de reforma del sistema electoral una buena ocasión para ponernos al día en materia de doctrina y jurisprudencia de derechos de los pueblos indígenas. Pero que se entienda bien, no se trata sólo de un asunto de coherencia constitucional y de principios democráticos, sino que la reforma al sistema electoral forma parte de los asuntos aún pendientes de la transición democrática chilena.

El desafío es claro, a contar del Pacto por la Multiculturalidad debemos enfrentar el tema indígena en forma estructural, permitiendo compatibilizar la libre autodeterminación de las etnias junto a su diferenciación cultural y valórica, con políticas económicas y sociales que hagan efectivos sus derechos, y como consecuencia de esto, tengan mayor y mejor acceso al conocimiento y una participación real y no secundaria. Todo lo anterior, permitirá la construcción de una sociedad multicultural con grados crecientes de seguridad e igualad de oportunidades para todos sus miembros.

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*Neftalí Carabantes es subsecretario de Bienes Nacionales