Chile y el Consejo de Derechos Humanos

Por Leonardo Aravena


Este 21 de mayo, pocos momentos después que la Presidenta terminara su discurso de cuenta anual al Congreso Nacional destacando los logros del Gobierno que preside, se ha anunciado que Chile ha sido electo por la Asamblea General de las Naciones Unidas para integrar, junto a Brasil y Argentina en representación de la región, el “Consejo de Derechos Humanos” formado por 47 miembros del organismo internacional.

La noticia, que debería ser motivo de orgullo para los chilenos, está lejos de serlo, constituyendo un error más en la lucha por la defensa de los DD.HH. en Ginebra, donde al establecerse el referido “Consejo” en 2006, se pretendió mejorar las prácticas que durante más de 60 años llevaron a que la anterior “Comisión de Derechos Humanos” se constituyera en un órgano inoperante, al que llegaban países cuyos gobiernos mantenían negativas prácticas y muchos de los peores violadores en el concierto de las naciones.

Parece evidente que la situación no ha cambiado y, por lo visto, no llegan al “Consejo” los mejores ni los más destacados en la defensa constante del respeto del hombre por el hombre. Pakistán, Gabón, Ghana, Zambia, Japón, Brasil y el Reino Unido, entre otros, merecen serias objeciones y nuestro país, lamentablemente no exhibe títulos que lo hagan merecedor a ocupar el lugar para el que ha sido electo, sin que podamos sentir satisfacción por el resultado, al punto que la Presidenta en su alocución al Congreso, no obstante referirse a la reciente ratificación de un tratado, ignoró que existen otros cinco o seis no ratificados ni en vías de serlo, insistiendo sólo en la necesidad de ratificar el “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional de 1998, trámite detenido desde octubre de 2005. Muy poco en el discurso y en los hechos, casi nada, en materia de tan alto interés.

El Gobierno parece conformarse con llegar a la ONU, frustrando las esperanzas de muchos que esperamos reformas urgentes e indispensables a normas contrarias a la igualdad ante la ley, como es el caso de la justicia militar discriminatoria. No se aprovechó la mayoría parlamentaria de que se dispuso en la primera mitad del período presidencial para avanzar en la derogación o promulgación de leyes que no requerían de quórum calificado y no se ha demostrado verdadera intención de buscar acuerdos para poner al país en situación de poder afirmar que Chile respeta los DD. HH. Por el contrario, no se han cumplido las promesas de la visita presidencial al organismo internacional, entre ellas, no se ha ratificado la mayor parte de los tratados pendientes ni se ha avanzado en la solución del problema Mapuche, no existiendo conciencia de que exista verdadera preocupación por los DD.HH en el país, además de no manifestarse voluntad firme de denuncia y castigo a los violadores.

La elección de Chile al “Consejo”, integrado por varios países que ejecutan a sus ciudadanos o los mantienen presos por el delito de no pensar de acuerdo al sistema imperante, no puede llamar a engaño en cuanto lo real es que, tanto en el plano nacional como en el internacional, los chilenos no estamos bien posicionados en la tarea de recuperar el prestigio que alguna vez tuvo el país, pareciendo ahora más interesados en ocupar asientos diplomáticos que no merecemos y que no significan avances ni progreso en el respeto de los Derechos Humanos.

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*Leonardo Aravena es profesor de Derecho, Universidad Central.