Por Francisco Gedda*
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de “asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia”.
Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado “Newen Mapuche” con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, -en los hechos-, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el cónsul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.
Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental “Newen Mapu” Che fueron incautados por la Policía de Investigaciones. Más grave aún, se incautaron cintas pertenecientes a "Sueños del Comandante", otro proyecto documental cuya etapa de investigación y guión es respaldada y financiada con un Fondo Corfo. Contenían estas cintas testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume.
No hay razón alguna para que los documentales "Newen Mapu Che" y "Sueños del Comandante" sean vínculados a los "supuestos" delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación de la libertad de expresión, del derecho de autor y del secreto profesional que ampara a las fuentes de un reportaje periodístico. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del Estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental. Se atenta incluso, en el caso de las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica, para convertirlo burdamente en instrumento de inteligencia policial. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas de los reportajes y documentales audiovisuales.
Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el Estado.
Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad provisional mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental “Newen Mapu Che”, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y violados en su privacidad por terceros.
Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciones políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura.
Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.
En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.
Llamo a todos aquellos que aprecian los derechos ciudadanos fundamentales y los colegas periodistas y documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.
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Francisco Gedda es académico de la Universidad de Chile, director Serie Frutos del País.