¿Por qué expandir la ciudad?

Por Patricio Herman*

En el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de noviembre de 1994 se estableció que la ciudad capital debía crecer hacia adentro y por ello se propuso un aumento de la densidad habitacional, de tal forma que al 2020 teníamos que llegar a los 150 habitantes por hectárea. En el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de mayo de 1998 se prohibió expresamente tal expansión hacia las zonas periféricas agrícolas. Así se quiso atacar el flagelo de la contaminación del aire que respiramos.

Los aludidos instrumentos normativos procedieron de la manera señalada por la gran cantidad de cerros que rodean la planicie central, por la falta de vientos en otoño e invierno y por la inversión térmica que dificulta la dispersión de las partículas contaminantes que generan mayoritariamente las fuentes móviles motorizadas. Tenemos excesivos niveles de material particulado respirable y monóxido de carbono en las mencionadas estaciones y abundante ozono troposférico en primavera y verano, concentrándose éste en el sector oriente de la ciudad. Pero la sana medida ambiental de no expandir la ciudad fue eliminada, vía decreto supremo Nº 20, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial del 12 de abril de 2001. Así se dieron los primeros pasos para posibilitar la especulación inmobiliaria y el consiguiente enriquecimiento fácil.

Después de la regresiva decisión adoptada por el ministerio que tiene tuición sobre la institucionalidad ambiental, es decir la Segpres, Jaime Ravinet, conductor del Minvu, introdujo en 2003 una polémica modificación en el PRMS para permitir en 11 comunas periféricas de la región el cambio de uso de suelo de 90.000 hectáreas definidas como de “interés silvoagropecuario”, teniéndose en cuenta que el Área Urbana Metropolitana está conformada por 60 milhectáreas. Así se originaron los conocidos Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en predios agrícolas con superficies mínimas de 300 hectáreas, cuyos titulares en teoría se deben hacer cargo de todas las externalidades negativas que generan sus negocios, pero sin que a la fecha se les exijan garantías reales para ello.

Pero no podemos perder de vista que con anterioridad, en 1997, las autoridades metropolitanas acogiendo peticiones de algunos particulares bien relacionados con las cúpulas del poder, quienes poseían grandes extensiones de terrenos agrícolas en la Provincia de Chacabuco, les habían autorizado a ellos cambios en los usos de suelo de sus predios rurales y así se originaron las llamadas zonas de desarrollo urbano condicionado (zoduc) con exigencias bastante menores que las asignadas a los PDUC. Se han materializado pocos desarrollos en estas zonas pero con la puesta en marcha de la autopista concesionada Radial Nororiente se espera un importante crecimiento inmobiliario.

Las plusvalías patrimoniales de aquellos actores privados fueron cuantiosas y hoy en día están felices de la vida. Tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, esta modificación en las reglas del juego fue objetada con sólidos fundamentos por Leopoldo Sánchez, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que le significó su remoción del cargo. Debido a ello, posteriormente, se transformó durante dos períodos parlamentarios, en un serio y estudioso diputado por la Región de Aisén.

Ahora bien, la prensa ha informado que en la comuna de Pudahuel se están tramitando tres PDUC en unas 2.500 hectáreas que contemplan la construcción de miles de viviendas por etapas y como sus titulares no fueron lo suficientemente prolijos y formales en la presentación de sus solicitudes de aprobación en el Consejo Regional (CORE), esta instancia técnica administrativa, procediendo con encomiable profesionalismo, rechazó de plano los tres proyectos. Es decir, a la fecha, no se ha iniciado la ejecución de ningún PDUC.

Pero, a pesar de ello, recientemente Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo, ha anunciado que pretende incorporar 10 mil nuevas hectáreas a la actividad inmobiliaria, a través de la ampliación del límite urbano en distintos sectores, criterio que no logramos comprender a la luz de la normativa vigente que posibilita las zoduc y los PDUC en los contornos de esta colapsada región.

Por otro lado, pero íntimamente relacionado con la nueva expansión urbana que se propone, está claro que el Gobierno ha fracasado en su política de reducir la descontaminación ambiental y para constarlo sólo hay que contar cuantos períodos críticos de alertas y preemergencias tuvimos en 2007. Tenemos el 42% de la población de todo el país radicada aquí y no se perciben señales efectivas orientadas a la necesaria descentralización. A veces hemos pensado que los decisorios políticos no conocen la capacidad de carga de la cuenca de Santiago o bien, si la conocen, sólo se guían por la manía de crecer porque han escuchado que el crecimiento es bueno para todo.

Con el Movimiento Acción Ecológica, Chile Sustentable y, en general, con todos los grupos ciudadanos que abogan por el desarrollo armónico en las ciudades, hasta el cansancio hemos señalado que una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por ende, mayor emisión de contaminantes, más aún si tenemos un 15% de crecimiento anual del parque automotor. Por ello rescatamos los contenidos del PRMS y del antiguo PPDA y coherentes con ellos, somos contrarios a que los terrenos agrícolas que rodean la ciudad se transformen en terrenos de expansión urbana.

Esta nueva política expansionista del Minvu, acicateada por intereses particulares, tendrá que ser revisada por el CORE y en tal sentido esperamos que ambas instancias, se pongan de acuerdo para que, mientras no se materialicen todas las zoduc del área norte de la región y un alto porcentaje de los PDUC, sería impensado autorizar los cambios a los límites urbanos actuales y que, en todo caso, toda eventual modificación urbana tendrá que supeditarse a mejorías sustanciales de la calidad del aire metropolitano, ya que el bien superior en la ciudad es la salud de la población, lo que recalca permanentemente Andrei Tchernitchin, emérito toxicólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la UCH.

En los meses de otoño e invierno en el saturado y gigantesco Santiago los servicios de urgencia, consultorios y hospitales se llenan de familias que sufren los efectos de la mala calidad del aire y sin pretender ser alarmista, recordamos que existe un trabajo académico del científico Luis Cifuentes de la UC, quien nos informa que en la megalópolis mueren 4.000 personas al año como consecuencia de la lacra tóxica en la cual estamos inmersos y por ello, debido a la abulia del gobierno, le hacemos un llamado a todos los parlamentarios de regiones para que inicien las acciones políticas conducentes a terminar con el desequilibrio que observamos.

En cifras redondas, las 15 regiones del país tienen 15,5 millones de habitantes y la metropolitana ya ha superado los 6,5 millones de personas. Es obvio que esta proporción es abiertamente insensata y ante esta realidad hay que reaccionar a tiempo para evitar la acromegalia que se acerca.

*Fundación Defendamos la Ciudad