Por Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z.*
El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.
La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".
Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.
Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.
El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:
1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.
2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran “peligrosas” para la institucionalidad y “marginales”. Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.
3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.
Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.
El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.
En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro-Acceso.
El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.
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*Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Fundación Defendamos la Ciudad.
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25 de junio de 2008
20 de mayo de 2008
‘’Conjuntos armónicos’’ y elecciones municipales
Por Patricio Herman*
En el ámbito de la legislación de Vivienda y Urbanismo (Ley y Ordenanza) existe la figura de excepción denominada “Conjuntos Armónicos” que son aquellos grupos de edificios que se amparan en un permiso otorgado por las Direcciones de Obras Municipales. Estos se benefician con mayores coeficientes de constructibilidad y mayores alturas que las vigentes en los instrumentos normativos urbanos de los distintos barrios o áreas de las comunas.
En términos generales, para hacerse acreedor a las ventajas que otorgan tales “conjuntos” los titulares de los proyectos inmobiliarios deben emplazar sus edificios en un terreno de una superficie mínima de 2.500 m2 cuyo frente sea de 50 m y debe enfrentar una vialidad importante de un ancho de 20 m entre líneas oficiales y que su calzada disponga de al menos 14 m. de amplitud. También los edificios que conforman un “conjunto armónico” deben respetar entre sí un distanciamiento tal que asegure a cada uno de ellos las adecuadas condiciones de privacidad y asoleamiento, lo cual es de pleno sentido común.
Con esta fórmula el Estado quiso beneficiar a las grandes inmobiliarias para que sus negocios fueran más rentables que las de sus competidores más pequeños que carecen del capital necesario para adquirir grandes extensiones de terrenos. Si bien es cierto la materia está señalada en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley General, su aplicación exacta está reglada en la ordenanza correspondiente a partir del artículo 2.6.4. y siguientes.
Pero como en Chile se ha hecho una práctica habitual la tramposa y oportunista “interpretación” de los marcos regulatorios para que algunos privilegiados saquen mayores ventajas en sus iniciativas comerciales, fue necesario que la Contraloría General de la República haya emitido el dictamen Nº 17707 del 17 de Abril pasado, documento que se encuentra publicado en la página web de ese servicio fiscalizador, para que los diferentes actores privados y agentes públicos se ciñan a partir de ahora al ordenamiento legal.
En efecto, mediante ese esclarecedor dictamen, se acogió la denuncia de un particular probo que reclamó por el recurrente abuso del concepto “conjunto armónico”. La Contraloría General impartió instrucciones perentorias a la Municipalidad de Las Condes para que invalidara un permiso de edificación de un proyecto inmobiliario acogido a los superlativos beneficios de los “conjuntos armónicos” porque contemplaba la construcción de un solo edificio de 18 pisos en la calle Los Militares de esa comuna.
El ente contralor fue muy explícito al referirse a esta figura y por ello expresó que los “conjuntos armónicos” necesariamente están conformados por agrupaciones de edificios que constituyan una unidad espacial propia distinta del carácter general del barrio o sector y que por ello, el Director de Obras respectivo tenía que adoptar las medidas de rigor para regularizar la situación, ya que por contemplar el proyecto sólo un edificio el permiso no se ajustó a derecho.
En este caso particular la autoridad técnica local, en conocimiento del dictamen de la Contraloría General, ya había tomado contacto con el representante legal de la inmobiliaria que pretendió pasarse de vivaracha. El Director de Obras de esa municipalidad nos manifestó a nosotros que ya le había informado al arquitecto proyectista que era necesario modificar el permiso con el propósito de enmarcarlo en las normas de edificación de la zona en donde se localiza, lo que será muy sencillo porque las faenas se encuentran en una etapa preliminar: recién están excavando el terreno.
Está claro que el aludido dictamen es vinculante para todos los casos en donde se ha repetido esta “equivocación”, palabrita que se utiliza cuando se detectan los ardides, de tal forma que será necesario que las municipalidades en donde se levantan estas voluminosas edificaciones revisen los permisos otorgados y tomen las medidas que correspondan para regularizarlos cuando aún no se otorgan los certificados de recepción final. Asimismo los alcaldes, en súbitos arranques de mea culpa, deberían informar a la opinión pública cuales han sido los edificios que se acogieron a “conjuntos armónicos” sin tener merecimientos para ello, los cuales, por estar terminados, ya no será posible legalizarlos y por lo tanto serán nuevos hechos irregulares consumados.
Veremos si opera la transparencia, de la cual tanto hablan por los medios de prensa nuestros tribunos locales y tan poco la practican en sus diarios quehaceres de proselitismo político. ¿Recogerán este desafío público ahora que en unos meses más tendremos elecciones de alcaldes y concejales? Creemos que no, porque para ellos es más redituable hacerse los lesos, a sabiendas que una gran masa de votantes desinformados emite sus sufragios sólo por quienes gastan más plata en coloridas propagandas en donde se les observa muy sonrientes y deportivos.
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*Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
En el ámbito de la legislación de Vivienda y Urbanismo (Ley y Ordenanza) existe la figura de excepción denominada “Conjuntos Armónicos” que son aquellos grupos de edificios que se amparan en un permiso otorgado por las Direcciones de Obras Municipales. Estos se benefician con mayores coeficientes de constructibilidad y mayores alturas que las vigentes en los instrumentos normativos urbanos de los distintos barrios o áreas de las comunas.
En términos generales, para hacerse acreedor a las ventajas que otorgan tales “conjuntos” los titulares de los proyectos inmobiliarios deben emplazar sus edificios en un terreno de una superficie mínima de 2.500 m2 cuyo frente sea de 50 m y debe enfrentar una vialidad importante de un ancho de 20 m entre líneas oficiales y que su calzada disponga de al menos 14 m. de amplitud. También los edificios que conforman un “conjunto armónico” deben respetar entre sí un distanciamiento tal que asegure a cada uno de ellos las adecuadas condiciones de privacidad y asoleamiento, lo cual es de pleno sentido común.
Con esta fórmula el Estado quiso beneficiar a las grandes inmobiliarias para que sus negocios fueran más rentables que las de sus competidores más pequeños que carecen del capital necesario para adquirir grandes extensiones de terrenos. Si bien es cierto la materia está señalada en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley General, su aplicación exacta está reglada en la ordenanza correspondiente a partir del artículo 2.6.4. y siguientes.
Pero como en Chile se ha hecho una práctica habitual la tramposa y oportunista “interpretación” de los marcos regulatorios para que algunos privilegiados saquen mayores ventajas en sus iniciativas comerciales, fue necesario que la Contraloría General de la República haya emitido el dictamen Nº 17707 del 17 de Abril pasado, documento que se encuentra publicado en la página web de ese servicio fiscalizador, para que los diferentes actores privados y agentes públicos se ciñan a partir de ahora al ordenamiento legal.
En efecto, mediante ese esclarecedor dictamen, se acogió la denuncia de un particular probo que reclamó por el recurrente abuso del concepto “conjunto armónico”. La Contraloría General impartió instrucciones perentorias a la Municipalidad de Las Condes para que invalidara un permiso de edificación de un proyecto inmobiliario acogido a los superlativos beneficios de los “conjuntos armónicos” porque contemplaba la construcción de un solo edificio de 18 pisos en la calle Los Militares de esa comuna.
El ente contralor fue muy explícito al referirse a esta figura y por ello expresó que los “conjuntos armónicos” necesariamente están conformados por agrupaciones de edificios que constituyan una unidad espacial propia distinta del carácter general del barrio o sector y que por ello, el Director de Obras respectivo tenía que adoptar las medidas de rigor para regularizar la situación, ya que por contemplar el proyecto sólo un edificio el permiso no se ajustó a derecho.
En este caso particular la autoridad técnica local, en conocimiento del dictamen de la Contraloría General, ya había tomado contacto con el representante legal de la inmobiliaria que pretendió pasarse de vivaracha. El Director de Obras de esa municipalidad nos manifestó a nosotros que ya le había informado al arquitecto proyectista que era necesario modificar el permiso con el propósito de enmarcarlo en las normas de edificación de la zona en donde se localiza, lo que será muy sencillo porque las faenas se encuentran en una etapa preliminar: recién están excavando el terreno.
Está claro que el aludido dictamen es vinculante para todos los casos en donde se ha repetido esta “equivocación”, palabrita que se utiliza cuando se detectan los ardides, de tal forma que será necesario que las municipalidades en donde se levantan estas voluminosas edificaciones revisen los permisos otorgados y tomen las medidas que correspondan para regularizarlos cuando aún no se otorgan los certificados de recepción final. Asimismo los alcaldes, en súbitos arranques de mea culpa, deberían informar a la opinión pública cuales han sido los edificios que se acogieron a “conjuntos armónicos” sin tener merecimientos para ello, los cuales, por estar terminados, ya no será posible legalizarlos y por lo tanto serán nuevos hechos irregulares consumados.
Veremos si opera la transparencia, de la cual tanto hablan por los medios de prensa nuestros tribunos locales y tan poco la practican en sus diarios quehaceres de proselitismo político. ¿Recogerán este desafío público ahora que en unos meses más tendremos elecciones de alcaldes y concejales? Creemos que no, porque para ellos es más redituable hacerse los lesos, a sabiendas que una gran masa de votantes desinformados emite sus sufragios sólo por quienes gastan más plata en coloridas propagandas en donde se les observa muy sonrientes y deportivos.
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*Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
18 de marzo de 2008
Qué dijimos en la comisión de Hacienda del Senado
Por Patricio Herman*
Este lunes 17 de marzo, entregamos nuestra opinión sobre el proyecto de ley que establece una rebaja transitoria al impuesto a las gasolinas automotrices y establece cobro de IVA a viviendas de lujo y para tal efecto en esta columna documentamos la presentación entregada al presidente de la comisión, el senador Camilo Escalona, sobre el IVA a las viviendas.
Sobre la materia (en estricto rigor, la recuperación del 65% del IVA determinado en la venta de viviendas), señalamos que la exención constituye un subsidio a la oferta que favorece a los vendedores de viviendas nuevas y en términos socialmente regresivos, distorsionando la correcta asignación de recursos en una economía de libre mercado. No rechazamos las exenciones, pero cuando se implementan, deben ser justificables y convincentes, lo que no ha sucedido con esta franquicia.
En el Informe Técnico Urbano Nº 10 (julio de 2005) de la Fundación Jaime Guzmán, fue publicado un artículo en que se calcula el monto anual de la exención tributaria y su distribución por sector socioeconómica para el lapso 1995-2004, en donde se observa que de un promedio anual de 122.635 viviendas construidas, el 15% corresponden a proyectos de autoconstrucción o de encargos (ejecución directa) en donde no correspondía hacer uso de la recuperación del IVA, por no producirse venta o facturación de vivienda y que el monto de la recuperación de IVA correspondiente a una vivienda económica de 500 UF alcanza a 47 UF, en cambio el de una vivienda de 10.000 UF alcanza a 645 UF, cifras que justifican plenamente la modificación ad portas.
El gobierno desea que las viviendas que excedan el precio de 4.000 UF paguen el IVA que pagan todos los demás bienes y servicios que se transan en el mercado, manteniendo íntegra la franquicia actual para las viviendas de hasta 2.000 UF, reduciéndose gradualmente para todas aquellas que se enmarcan entre ese valor y las 4.000 UF. Es decir, todas las casas o departamentos nuevos que se vendan a partir del próximo año en precios que excedan este último monto se verán afectas al pago de IVA, lo cual consideramos un avance en la modernización de la estructura tributaria, pero insuficiente para dejar atrás la inequidad de la cual tanto hablan, criticándola, los actores cuyas opiniones difunde la prensa.
Por ello sostenemos que este subsidio (no pago de IVA) sea a la demanda para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente. De esta manera se debería derogar, en un plazo prudente de tiempo, esta exención del IVA para todas las viviendas, sin importar sus precios y estableciéndose bonificaciones diferenciadas exclusivamente para los compradores de unidades de hasta 4.000 UF o incluso más. Pero para que haya justicia social y redistribución del ingreso de verdad este beneficio a la demanda debiera ser solo para aquellos que no sean rentistas ni personas jurídicas, es decir, quienes tendrían derecho a recibir por una sola vez ese subsidio serían aquellos que vivan en su propias casas. Así se simplificaría la labor de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que se terminaría con el comercio irregular de facturas emitidas por quienes venden insumos de construcción para que otros aprovechen el descuento del IVA, fraude muy conocido y tolerado porque es difícil su control.
También sería deseable terminar pronto con la figura de las “viviendas económicas” DFL2 porque con ellas se producen evasiones tributarias que conocen muy bien los alcaldes de las comunas más poderosas del país, todas las direcciones de obras municipales, el ministerio de Vivienda y Urbanismo y las propias organizaciones empresariales de la construcción, engaños que han generado millonarias pérdidas económicas que muy bien conoce el SII, institución que malgasta valiosos recursos humanos en la ingrata tarea de verificar las ampliaciones ilegales en este tipo de viviendas. Tampoco podemos perder de vista que las rentas que producen este tipo de viviendas no son declaradas por sus propietarios rentistas en la determinación de sus ingresos para el pago de impuestos.
En síntesis, apoyamos el proyecto del gobierno y valoraríamos que se le introdujera la modificación que estamos planteando, es decir, el subsidio a la demanda, porque con ella el Estado recuperaría centenas de millones de dólares que se podrían orientar a la construcción de viviendas sociales de calidad y como los nuevos recursos financieros serían cuantiosos, el gobierno estaría en condiciones de terminar pronto con el déficit de este tipo de viviendas y asimismo solucionaría el conflicto de aquellos ciudadanos que reclaman por las deudas impagas de sus viviendas PET.
También entregamos un estudio sobre la exención del IVA en las viviendas y su distribución por cada uno de los distintos sectores socioecómicos, elaborado por el especialista José Astaburuaga, documento publicado en El Mostrador.cl del 21 de julio de 2005, el cual fue conocido por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dado le fue facilitado por el suscrito en la oportunidad (martes 12/07/05) que expuso en esa instancia. De su lectura y de la evaluación de sus cifras se justifica plenamente la derogación de la franquicia del IVA a las viviendas.
Dado que los empresarios interesados en la mantención de la franquicia argumentan que este proyecto de ley "perjudica a la clase media" (sic), con las conclusiones del estudio mencionado se desmiente ese aserto. En efecto, en la página 4 del mismo se afirma que, del total de la exención tributaria del IVA aplicada a las empresas constructoras, un 19,4% de ese monto benefició a los compradores de viviendas económicas y sociales, un 34,7% a sectores de ingresos medios y el 45,9% restante a los adquirentes de viviendas con altos estándares de edificación.
Por todo lo anterior nuestra posición es subsidiar la demanda de viviendas nuevas, considerando que se debe mantener el beneficio adicional que tienen todos los compradores de viviendas que se acogen a créditos hipotecarios, con lo cual descuentan de sus declaraciones anuales de impuestos una parte de los 12 dividendos mensuales por todo el período del servicio de la deuda.
Ahora, el Senado tiene la palabra y, en tal sentido, estamos seguros de que sus honorables miembros con intereses inmobiliarios se inhabilitarán en el momento de la votación.
*Fundación "Defendamos la Ciudad"
Este lunes 17 de marzo, entregamos nuestra opinión sobre el proyecto de ley que establece una rebaja transitoria al impuesto a las gasolinas automotrices y establece cobro de IVA a viviendas de lujo y para tal efecto en esta columna documentamos la presentación entregada al presidente de la comisión, el senador Camilo Escalona, sobre el IVA a las viviendas.
Sobre la materia (en estricto rigor, la recuperación del 65% del IVA determinado en la venta de viviendas), señalamos que la exención constituye un subsidio a la oferta que favorece a los vendedores de viviendas nuevas y en términos socialmente regresivos, distorsionando la correcta asignación de recursos en una economía de libre mercado. No rechazamos las exenciones, pero cuando se implementan, deben ser justificables y convincentes, lo que no ha sucedido con esta franquicia.
En el Informe Técnico Urbano Nº 10 (julio de 2005) de la Fundación Jaime Guzmán, fue publicado un artículo en que se calcula el monto anual de la exención tributaria y su distribución por sector socioeconómica para el lapso 1995-2004, en donde se observa que de un promedio anual de 122.635 viviendas construidas, el 15% corresponden a proyectos de autoconstrucción o de encargos (ejecución directa) en donde no correspondía hacer uso de la recuperación del IVA, por no producirse venta o facturación de vivienda y que el monto de la recuperación de IVA correspondiente a una vivienda económica de 500 UF alcanza a 47 UF, en cambio el de una vivienda de 10.000 UF alcanza a 645 UF, cifras que justifican plenamente la modificación ad portas.
El gobierno desea que las viviendas que excedan el precio de 4.000 UF paguen el IVA que pagan todos los demás bienes y servicios que se transan en el mercado, manteniendo íntegra la franquicia actual para las viviendas de hasta 2.000 UF, reduciéndose gradualmente para todas aquellas que se enmarcan entre ese valor y las 4.000 UF. Es decir, todas las casas o departamentos nuevos que se vendan a partir del próximo año en precios que excedan este último monto se verán afectas al pago de IVA, lo cual consideramos un avance en la modernización de la estructura tributaria, pero insuficiente para dejar atrás la inequidad de la cual tanto hablan, criticándola, los actores cuyas opiniones difunde la prensa.
Por ello sostenemos que este subsidio (no pago de IVA) sea a la demanda para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente. De esta manera se debería derogar, en un plazo prudente de tiempo, esta exención del IVA para todas las viviendas, sin importar sus precios y estableciéndose bonificaciones diferenciadas exclusivamente para los compradores de unidades de hasta 4.000 UF o incluso más. Pero para que haya justicia social y redistribución del ingreso de verdad este beneficio a la demanda debiera ser solo para aquellos que no sean rentistas ni personas jurídicas, es decir, quienes tendrían derecho a recibir por una sola vez ese subsidio serían aquellos que vivan en su propias casas. Así se simplificaría la labor de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos (SII), ya que se terminaría con el comercio irregular de facturas emitidas por quienes venden insumos de construcción para que otros aprovechen el descuento del IVA, fraude muy conocido y tolerado porque es difícil su control.
También sería deseable terminar pronto con la figura de las “viviendas económicas” DFL2 porque con ellas se producen evasiones tributarias que conocen muy bien los alcaldes de las comunas más poderosas del país, todas las direcciones de obras municipales, el ministerio de Vivienda y Urbanismo y las propias organizaciones empresariales de la construcción, engaños que han generado millonarias pérdidas económicas que muy bien conoce el SII, institución que malgasta valiosos recursos humanos en la ingrata tarea de verificar las ampliaciones ilegales en este tipo de viviendas. Tampoco podemos perder de vista que las rentas que producen este tipo de viviendas no son declaradas por sus propietarios rentistas en la determinación de sus ingresos para el pago de impuestos.
En síntesis, apoyamos el proyecto del gobierno y valoraríamos que se le introdujera la modificación que estamos planteando, es decir, el subsidio a la demanda, porque con ella el Estado recuperaría centenas de millones de dólares que se podrían orientar a la construcción de viviendas sociales de calidad y como los nuevos recursos financieros serían cuantiosos, el gobierno estaría en condiciones de terminar pronto con el déficit de este tipo de viviendas y asimismo solucionaría el conflicto de aquellos ciudadanos que reclaman por las deudas impagas de sus viviendas PET.
También entregamos un estudio sobre la exención del IVA en las viviendas y su distribución por cada uno de los distintos sectores socioecómicos, elaborado por el especialista José Astaburuaga, documento publicado en El Mostrador.cl del 21 de julio de 2005, el cual fue conocido por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dado le fue facilitado por el suscrito en la oportunidad (martes 12/07/05) que expuso en esa instancia. De su lectura y de la evaluación de sus cifras se justifica plenamente la derogación de la franquicia del IVA a las viviendas.
Dado que los empresarios interesados en la mantención de la franquicia argumentan que este proyecto de ley "perjudica a la clase media" (sic), con las conclusiones del estudio mencionado se desmiente ese aserto. En efecto, en la página 4 del mismo se afirma que, del total de la exención tributaria del IVA aplicada a las empresas constructoras, un 19,4% de ese monto benefició a los compradores de viviendas económicas y sociales, un 34,7% a sectores de ingresos medios y el 45,9% restante a los adquirentes de viviendas con altos estándares de edificación.
Por todo lo anterior nuestra posición es subsidiar la demanda de viviendas nuevas, considerando que se debe mantener el beneficio adicional que tienen todos los compradores de viviendas que se acogen a créditos hipotecarios, con lo cual descuentan de sus declaraciones anuales de impuestos una parte de los 12 dividendos mensuales por todo el período del servicio de la deuda.
Ahora, el Senado tiene la palabra y, en tal sentido, estamos seguros de que sus honorables miembros con intereses inmobiliarios se inhabilitarán en el momento de la votación.
*Fundación "Defendamos la Ciudad"
4 de marzo de 2008
¿Por qué expandir la ciudad?
Por Patricio Herman*
En el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de noviembre de 1994 se estableció que la ciudad capital debía crecer hacia adentro y por ello se propuso un aumento de la densidad habitacional, de tal forma que al 2020 teníamos que llegar a los 150 habitantes por hectárea. En el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de mayo de 1998 se prohibió expresamente tal expansión hacia las zonas periféricas agrícolas. Así se quiso atacar el flagelo de la contaminación del aire que respiramos.
Los aludidos instrumentos normativos procedieron de la manera señalada por la gran cantidad de cerros que rodean la planicie central, por la falta de vientos en otoño e invierno y por la inversión térmica que dificulta la dispersión de las partículas contaminantes que generan mayoritariamente las fuentes móviles motorizadas. Tenemos excesivos niveles de material particulado respirable y monóxido de carbono en las mencionadas estaciones y abundante ozono troposférico en primavera y verano, concentrándose éste en el sector oriente de la ciudad. Pero la sana medida ambiental de no expandir la ciudad fue eliminada, vía decreto supremo Nº 20, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial del 12 de abril de 2001. Así se dieron los primeros pasos para posibilitar la especulación inmobiliaria y el consiguiente enriquecimiento fácil.
Después de la regresiva decisión adoptada por el ministerio que tiene tuición sobre la institucionalidad ambiental, es decir la Segpres, Jaime Ravinet, conductor del Minvu, introdujo en 2003 una polémica modificación en el PRMS para permitir en 11 comunas periféricas de la región el cambio de uso de suelo de 90.000 hectáreas definidas como de “interés silvoagropecuario”, teniéndose en cuenta que el Área Urbana Metropolitana está conformada por 60 milhectáreas. Así se originaron los conocidos Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en predios agrícolas con superficies mínimas de 300 hectáreas, cuyos titulares en teoría se deben hacer cargo de todas las externalidades negativas que generan sus negocios, pero sin que a la fecha se les exijan garantías reales para ello.
Pero no podemos perder de vista que con anterioridad, en 1997, las autoridades metropolitanas acogiendo peticiones de algunos particulares bien relacionados con las cúpulas del poder, quienes poseían grandes extensiones de terrenos agrícolas en la Provincia de Chacabuco, les habían autorizado a ellos cambios en los usos de suelo de sus predios rurales y así se originaron las llamadas zonas de desarrollo urbano condicionado (zoduc) con exigencias bastante menores que las asignadas a los PDUC. Se han materializado pocos desarrollos en estas zonas pero con la puesta en marcha de la autopista concesionada Radial Nororiente se espera un importante crecimiento inmobiliario.
Las plusvalías patrimoniales de aquellos actores privados fueron cuantiosas y hoy en día están felices de la vida. Tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, esta modificación en las reglas del juego fue objetada con sólidos fundamentos por Leopoldo Sánchez, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que le significó su remoción del cargo. Debido a ello, posteriormente, se transformó durante dos períodos parlamentarios, en un serio y estudioso diputado por la Región de Aisén.
Ahora bien, la prensa ha informado que en la comuna de Pudahuel se están tramitando tres PDUC en unas 2.500 hectáreas que contemplan la construcción de miles de viviendas por etapas y como sus titulares no fueron lo suficientemente prolijos y formales en la presentación de sus solicitudes de aprobación en el Consejo Regional (CORE), esta instancia técnica administrativa, procediendo con encomiable profesionalismo, rechazó de plano los tres proyectos. Es decir, a la fecha, no se ha iniciado la ejecución de ningún PDUC.
Pero, a pesar de ello, recientemente Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo, ha anunciado que pretende incorporar 10 mil nuevas hectáreas a la actividad inmobiliaria, a través de la ampliación del límite urbano en distintos sectores, criterio que no logramos comprender a la luz de la normativa vigente que posibilita las zoduc y los PDUC en los contornos de esta colapsada región.
Por otro lado, pero íntimamente relacionado con la nueva expansión urbana que se propone, está claro que el Gobierno ha fracasado en su política de reducir la descontaminación ambiental y para constarlo sólo hay que contar cuantos períodos críticos de alertas y preemergencias tuvimos en 2007. Tenemos el 42% de la población de todo el país radicada aquí y no se perciben señales efectivas orientadas a la necesaria descentralización. A veces hemos pensado que los decisorios políticos no conocen la capacidad de carga de la cuenca de Santiago o bien, si la conocen, sólo se guían por la manía de crecer porque han escuchado que el crecimiento es bueno para todo.
Con el Movimiento Acción Ecológica, Chile Sustentable y, en general, con todos los grupos ciudadanos que abogan por el desarrollo armónico en las ciudades, hasta el cansancio hemos señalado que una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por ende, mayor emisión de contaminantes, más aún si tenemos un 15% de crecimiento anual del parque automotor. Por ello rescatamos los contenidos del PRMS y del antiguo PPDA y coherentes con ellos, somos contrarios a que los terrenos agrícolas que rodean la ciudad se transformen en terrenos de expansión urbana.
Esta nueva política expansionista del Minvu, acicateada por intereses particulares, tendrá que ser revisada por el CORE y en tal sentido esperamos que ambas instancias, se pongan de acuerdo para que, mientras no se materialicen todas las zoduc del área norte de la región y un alto porcentaje de los PDUC, sería impensado autorizar los cambios a los límites urbanos actuales y que, en todo caso, toda eventual modificación urbana tendrá que supeditarse a mejorías sustanciales de la calidad del aire metropolitano, ya que el bien superior en la ciudad es la salud de la población, lo que recalca permanentemente Andrei Tchernitchin, emérito toxicólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la UCH.
En los meses de otoño e invierno en el saturado y gigantesco Santiago los servicios de urgencia, consultorios y hospitales se llenan de familias que sufren los efectos de la mala calidad del aire y sin pretender ser alarmista, recordamos que existe un trabajo académico del científico Luis Cifuentes de la UC, quien nos informa que en la megalópolis mueren 4.000 personas al año como consecuencia de la lacra tóxica en la cual estamos inmersos y por ello, debido a la abulia del gobierno, le hacemos un llamado a todos los parlamentarios de regiones para que inicien las acciones políticas conducentes a terminar con el desequilibrio que observamos.
En cifras redondas, las 15 regiones del país tienen 15,5 millones de habitantes y la metropolitana ya ha superado los 6,5 millones de personas. Es obvio que esta proporción es abiertamente insensata y ante esta realidad hay que reaccionar a tiempo para evitar la acromegalia que se acerca.
*Fundación Defendamos la Ciudad
En el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de noviembre de 1994 se estableció que la ciudad capital debía crecer hacia adentro y por ello se propuso un aumento de la densidad habitacional, de tal forma que al 2020 teníamos que llegar a los 150 habitantes por hectárea. En el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de mayo de 1998 se prohibió expresamente tal expansión hacia las zonas periféricas agrícolas. Así se quiso atacar el flagelo de la contaminación del aire que respiramos.
Los aludidos instrumentos normativos procedieron de la manera señalada por la gran cantidad de cerros que rodean la planicie central, por la falta de vientos en otoño e invierno y por la inversión térmica que dificulta la dispersión de las partículas contaminantes que generan mayoritariamente las fuentes móviles motorizadas. Tenemos excesivos niveles de material particulado respirable y monóxido de carbono en las mencionadas estaciones y abundante ozono troposférico en primavera y verano, concentrándose éste en el sector oriente de la ciudad. Pero la sana medida ambiental de no expandir la ciudad fue eliminada, vía decreto supremo Nº 20, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial del 12 de abril de 2001. Así se dieron los primeros pasos para posibilitar la especulación inmobiliaria y el consiguiente enriquecimiento fácil.
Después de la regresiva decisión adoptada por el ministerio que tiene tuición sobre la institucionalidad ambiental, es decir la Segpres, Jaime Ravinet, conductor del Minvu, introdujo en 2003 una polémica modificación en el PRMS para permitir en 11 comunas periféricas de la región el cambio de uso de suelo de 90.000 hectáreas definidas como de “interés silvoagropecuario”, teniéndose en cuenta que el Área Urbana Metropolitana está conformada por 60 milhectáreas. Así se originaron los conocidos Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en predios agrícolas con superficies mínimas de 300 hectáreas, cuyos titulares en teoría se deben hacer cargo de todas las externalidades negativas que generan sus negocios, pero sin que a la fecha se les exijan garantías reales para ello.
Pero no podemos perder de vista que con anterioridad, en 1997, las autoridades metropolitanas acogiendo peticiones de algunos particulares bien relacionados con las cúpulas del poder, quienes poseían grandes extensiones de terrenos agrícolas en la Provincia de Chacabuco, les habían autorizado a ellos cambios en los usos de suelo de sus predios rurales y así se originaron las llamadas zonas de desarrollo urbano condicionado (zoduc) con exigencias bastante menores que las asignadas a los PDUC. Se han materializado pocos desarrollos en estas zonas pero con la puesta en marcha de la autopista concesionada Radial Nororiente se espera un importante crecimiento inmobiliario.
Las plusvalías patrimoniales de aquellos actores privados fueron cuantiosas y hoy en día están felices de la vida. Tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, esta modificación en las reglas del juego fue objetada con sólidos fundamentos por Leopoldo Sánchez, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo que le significó su remoción del cargo. Debido a ello, posteriormente, se transformó durante dos períodos parlamentarios, en un serio y estudioso diputado por la Región de Aisén.
Ahora bien, la prensa ha informado que en la comuna de Pudahuel se están tramitando tres PDUC en unas 2.500 hectáreas que contemplan la construcción de miles de viviendas por etapas y como sus titulares no fueron lo suficientemente prolijos y formales en la presentación de sus solicitudes de aprobación en el Consejo Regional (CORE), esta instancia técnica administrativa, procediendo con encomiable profesionalismo, rechazó de plano los tres proyectos. Es decir, a la fecha, no se ha iniciado la ejecución de ningún PDUC.
Pero, a pesar de ello, recientemente Patricia Poblete, ministra de Vivienda y Urbanismo, ha anunciado que pretende incorporar 10 mil nuevas hectáreas a la actividad inmobiliaria, a través de la ampliación del límite urbano en distintos sectores, criterio que no logramos comprender a la luz de la normativa vigente que posibilita las zoduc y los PDUC en los contornos de esta colapsada región.
Por otro lado, pero íntimamente relacionado con la nueva expansión urbana que se propone, está claro que el Gobierno ha fracasado en su política de reducir la descontaminación ambiental y para constarlo sólo hay que contar cuantos períodos críticos de alertas y preemergencias tuvimos en 2007. Tenemos el 42% de la población de todo el país radicada aquí y no se perciben señales efectivas orientadas a la necesaria descentralización. A veces hemos pensado que los decisorios políticos no conocen la capacidad de carga de la cuenca de Santiago o bien, si la conocen, sólo se guían por la manía de crecer porque han escuchado que el crecimiento es bueno para todo.
Con el Movimiento Acción Ecológica, Chile Sustentable y, en general, con todos los grupos ciudadanos que abogan por el desarrollo armónico en las ciudades, hasta el cansancio hemos señalado que una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por ende, mayor emisión de contaminantes, más aún si tenemos un 15% de crecimiento anual del parque automotor. Por ello rescatamos los contenidos del PRMS y del antiguo PPDA y coherentes con ellos, somos contrarios a que los terrenos agrícolas que rodean la ciudad se transformen en terrenos de expansión urbana.
Esta nueva política expansionista del Minvu, acicateada por intereses particulares, tendrá que ser revisada por el CORE y en tal sentido esperamos que ambas instancias, se pongan de acuerdo para que, mientras no se materialicen todas las zoduc del área norte de la región y un alto porcentaje de los PDUC, sería impensado autorizar los cambios a los límites urbanos actuales y que, en todo caso, toda eventual modificación urbana tendrá que supeditarse a mejorías sustanciales de la calidad del aire metropolitano, ya que el bien superior en la ciudad es la salud de la población, lo que recalca permanentemente Andrei Tchernitchin, emérito toxicólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la UCH.
En los meses de otoño e invierno en el saturado y gigantesco Santiago los servicios de urgencia, consultorios y hospitales se llenan de familias que sufren los efectos de la mala calidad del aire y sin pretender ser alarmista, recordamos que existe un trabajo académico del científico Luis Cifuentes de la UC, quien nos informa que en la megalópolis mueren 4.000 personas al año como consecuencia de la lacra tóxica en la cual estamos inmersos y por ello, debido a la abulia del gobierno, le hacemos un llamado a todos los parlamentarios de regiones para que inicien las acciones políticas conducentes a terminar con el desequilibrio que observamos.
En cifras redondas, las 15 regiones del país tienen 15,5 millones de habitantes y la metropolitana ya ha superado los 6,5 millones de personas. Es obvio que esta proporción es abiertamente insensata y ante esta realidad hay que reaccionar a tiempo para evitar la acromegalia que se acerca.
*Fundación Defendamos la Ciudad
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