Las playas son un derecho ciudadano

Por Romy Schmidt*


El Ministerio de Bienes Nacionales ha impulsado por segundo año consecutivo una campaña informativa sobre derechos y deberes ciudadanos respecto de nuestras playas. El balance que hacemos nos obliga a una reflexión.
Estas campañas dejan absolutamente clara una realidad no siempre feliz en cuanto al libre acceso que las riberas, ya sea de ríos, mar o lagos, deben tener para todos los ciudadanos. Esto no es nuevo y el uso y la costumbre han avalado ciertas prácticas inaceptables, pero el fenómeno se ha agudizado debido al crecimiento económico y al desarrollo de la industria del turismo. Es fácil constatar que, por ejemplo, en torno a algunos lagos del sur del país, el surgimiento de resorts, casas de particulares como segunda vivienda y condominios, cuyos perímetros son cercados, impiden que cualquier persona pueda llegar hasta las playas sin pagar. Esto contrasta con la sociedad que queremos consolidar: más democrática e incluyente. ¿Cómo se explica esta contradicción?
El principio de acceso a las playas está avalado por el artículo N° 13 del Decreto Ley 1939, de 1977, que refuerza el carácter de bien nacional de uso público de las playas de mar, de ríos y lagos, navegables por naves de más de 100 toneladas. Dicho artículo reconoce también el derecho de acceso gratuito a estos bienes para fines turísticos o de pesca, al tiempo que establece una obligación para los propietarios colindantes de facilitar el acceso gratuito cuando no existan otras vías o caminos públicos. No obstante, esa “obligación” no es imperativa y su no cumplimiento no tiene sanción en la ley.
Si bien el Ministerio de Bienes Nacionales, a través de una resolución, previa audiencia de las partes con el Intendente(a), puede fijar una ruta de acceso por un predio particular, posteriormente, el afectado puede recurrir de dicha resolución ante los Tribunales, lo que puede demorar años y con resultados muy inciertos. Un ciudadano común y corriente que se sienta afectado, generalmente desiste de cualquier acción antes de iniciarla siquiera. En los pocos casos que hay fallo de última instancia, se ha favorecido al propietario.
Según el balance de la última campaña (2007-2008), se recibieron 14 denuncias nuevas, de las cuales 5 no procedían, en tanto que de las 9 restantes, sólo un caso pudo ser resuelto con el avenimiento del particular (Playa Victoria, en Los Muermos, región de Los Lagos), quedando 8 pendientes. En el periodo anterior (2006-2007) se recibieron 20 denuncias, de las cuales 9 eran improcedentes y de las 11 restantes, 5 se resolvieron por distintas vías, quedando 6 pendientes a la fecha.
Es decir, sumando ambos periodos, de 20 denuncias efectivas, hay 6 casos resueltos y 14 sin resolver, lo cual demuestra una tendencia negativa respecto de la efectividad del procedimiento actual.
Aunque tras esta labor informativa queda claro el interés de la población por conocer sus derechos y hacerlos valer, se impone la necesidad de crear conciencia meridiana de que el desarrollo va de la mano con la democracia y de abrirse a modificar la normativa vigente, por lo que desde Bienes Nacionales realizaremos los estudios y coordinaciones necesarias para elaborar una propuesta que le dé mayor imperio legal a este derecho ciudadano. Todo buen proyecto turístico y oportunidad de negocio, y el derecho a propiedad privada, necesariamente, deben compatibilizarse con el derecho que todos los ciudadanos tienen de gozar del territorio privilegiado que en abundancia tenemos en el país.

*Romy Schmidt es ministra de Bienes Nacionales