¡Es el régimen, estúpido!

Por María de los Ángeles Fernández*

La acusación constitucional contra la ministra Provoste que se dirime esta semana, si no fuera por lo dramático, ha llegado a evocar una telenovela por entregas. Empujones entre honorables, algún que otro lagrimón, reclusión en un seminario sacerdotal y alusiones a discriminaciones múltiples llevan a que, al final del día, prevalezcan los protagonismos individuales y sus coletazos emocionales. Al situar este suceso en un marco político-temporal más amplio, es posible reconocer conexiones significativas con las interpelaciones ministeriales previas, así como con díscolos y descolgados.

Estamos asistiendo a trastornos específicos en la salud de nuestro sistema político como son la falta de coherencia (o disciplina) y el déficit de responsabilidad política.

¿Cuál podría ser el meollo de todos estos problemas, que estimamos que no son meramente coyunturales? Analistas como Huneeus han planteado que su explicación no se colma mediante el recurso a factores individuales. Se haría necesario apelar a factores históricos e institucionales. El sistema electoral binominal, los problemas partidarios o lo reducido del actual período presidencial intervienen, pero no agotan su comprensión. No hay que descartar del todo los cambios experimentados por la institución parlamentaria.

Por otra parte, resulta más raro referirse al papel que pudiera jugar el régimen presidencial. Tal como Clinton dijera de la economía, convirtiéndose en una expresión muy propia de la “american politics”, podemos exclamar ¡es el régimen, estúpido! Sin embargo, la discusión de las reformas políticas no concita ni la diligencia ni la seriedad que se requiere.

Particularmente llamativo es el torpedeo permanente de la Alianza por Chile, escudándose en el intervencionismo electoral, erigido como “moneda de cambio” para cualquier intento de modificación, en lo concreto, del sistema electoral hasta el recurso a la antipolítica, por cuanto estos asuntos “no serían de interés ciudadano”. Resulta paradójica la actitud del senador Allamand por cuanto participó, durante su “travesía en el desierto”, en la elaboración de un libro que analizaba los efectos de las reformas políticas titulado “La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina”, editado por el BID. En esos tiempos de limbo académico, ¡la vida te da sorpresas!, no trepidaba en reconocer la importancia de las instituciones políticas para el desarrollo de los países.

Algunas voces, todavía un tanto aisladas, han prevenido acerca de los peligros del “hiperpresidencialismo”. Los trastornos indicados exigen reflexionar, sin dogmatismos, sobre la conveniencia de innovar en materia de régimen político. En lo inmediato, y no son los únicos, identificamos dos de sus efectos: la ausencia de mayoría (real) en el Congreso y las dificultades para el ejercicio de la responsabilidad política de los miembros del ejecutivo.

La conformación de los gobiernos son prerrogativa presidencial por lo que la cesación en el cargo se personaliza y subjetiviza inevitablemente, produciendo una tensión evidente en el sistema de la que no se sustraen ni partidos ni coaliciones. ¿Qué tenemos hoy? Las interpelaciones ministeriales han devenido en un show más mediático que en un procedimiento sustancioso. En ello, algo de responsabilidad ha tenido el diputado Monckeberg que, por ahora, y luego del fuego cruzado en la municipalidad de Huechueraba, se ha refugiado modosamente en la comisión investigadora de EFE. Resta entonces, y casi por descarte, la acusación constitucional, alternativa poco razonable tanto por las consecuencias draconianas que acarrea como porque es vista una solución “in extremis”.

Generar procedimientos, tipo comisión y con independencia-por ahora- de su viabilidad política, a fin de avanzar hacia alguna forma de sempresidencialismo, constituiría un gran servicio a nuestro sistema político. No resulta algo descabellado. El cientista político Giovanni Sartori ya lo indicó: “Si los chilenos decidieran abandonar su sistema presidencial, les convendría -en mi opinión-, buscar una solución semipresidencialista, y no una parlamentaria”.

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*María de los Ángeles Fernández es Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21