¿Tendremos libre acceso a la información pública?

Por Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z.*

El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.

La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".

Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.

Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.

El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:

1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.

2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran “peligrosas” para la institucionalidad y “marginales”. Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.

3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.

Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.

El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.

En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro-Acceso.

El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.

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*Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Fundación Defendamos la Ciudad.