23 de junio de 2008

El afán por lavar la imagen de Celco

Por Sara Larraín*


En días recientes hemos asistido a otro de esos ejemplos que indican que el marketing y la comunicación corporativa pueden dar casi para todo. Una consultoría realizada por un equipo de la U. de Chile, dirigido por el profesor Víctor Marín, ha dado pie para que varios líderes patronales del sector forestal apuren la defensa corporativa de rigor ante el “notable desempeño ambiental” de Celco y la “tecnología de punta” que utiliza en el proceso industrial de la celulosa. La misma consultoría sirvió para que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprovechara la oportunidad de cuestionar los consensos ciudadanos y políticos logrados en la anterior campaña presidencial y que el 5 de junio pasado –Día Mundial del Medio Ambiente- desembocaron en el ingreso al Parlamento de los proyectos legales tendientes a crear el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

Aprovechando una de las conclusiones de la consultoría, denominada ‘Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces’, Celco (hoy, Celulosa Arauco) enarbola que la muerte y migración de cisnes de cuello negro, registrada en 2004, habría sido consecuencia de variaciones meteorológicas. A saber, falta de lluvias, escaso caudal y 3 eventos de temperaturas bajo 0°C.

Ante el exabrupto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aclaró que “en ningún caso el estudio fue contratado para revisar las hipótesis ya existentes, sino para modelar el trabajo en el ecosistema y para poner a interactuar e interlocutar a los distintos actores” y que la consultoría no será considerada en los planes de recuperación del Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.

El lector informado sabe por supuesto que la responsabilidad sobre ese desastre ecológico está clara y remiten a los desechos órgano clorados lanzados por Celco al estuario del río cruces. En efecto, en este afán por lavar una imagen corporativa, los interesados optan por sesgar la información e ignorar que el anterior estudio de la U. Austral, que sí está basado en trabajos de campo y análisis de sedimento del río y de ingesta de cisnes, constataron la presencia de altas concentraciones de químicos procedentes de la celulosa y daño hepático en taguas y cisnes.

Así también, obvian que en 2004, las temperaturas del aire (registradas en la Estación Climatológica del Campus Isla Teja) fueron similares a lapsos anteriores y que el caudal del río, medido por la Dirección General de Aguas, fue, en mayo de 2004, mayor que en el período anual anterior. Lo más lamentable es que la consultoría asociada a la U. de Chile no realizó pruebas y muestreos en terreno y además no explica los daños hepáticos causados por ingesta de plantas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. Más aun, al seleccionar a los actores sociales a los que pediría declaración y antecedentes, incluyó, en el caso de los armadores fluviales, a un grupo ya cooptado por Celco y otro que se está querellando.

No obstante, aún cuando la muerte y desplazamiento de cisnes de cuello negro fue registrada en septiembre de 2004, no es este hecho el que fundamentó la decisión de paralizar la planta de Celco, pues la Corema comprobó múltiples violaciones al permiso de calificación ambiental denunciadas. En efecto, la empresa construyó una planta para producir 100 mil toneladas más de lo aprobado. Además, instaló un ducto y pozos ilegales y realizó extracciones de agua no presentadas a Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asistió a otro engaño, pues Celco presentó un proyecto pero materializó otro distinto. Como si esto fuera poco, inauguró su producción de celulosa sin tratar residuos industriales líquidos, cuestión que era requisito sine qua non de la autorización ambiental. En tal sentido, es lógico suponer que derramó poluyentes ácidos, clorados y a temperaturas altas durante varios meses.

Hoy, ignorando los hechos ya establecidos, la defensa corporativa aprovecha de ensalzar la “transparencia” de Celco (pese a que, para salvarse de un fallo adverso en la Corte Suprema, atribuyó al EULA de la U. de Concepción un estudio propio) y la “tecnología de vanguardia” que utilizaría, pero, como no somos ingenuos y estamos bien informados, sabemos que la empresa se ha negado, pese a las utilidades de un generoso precio internacional de la celulosa, a incorporar auténtica tecnología de punta. O sea, el sistema de producción de circuito cerrado, que permitiría reducir el 70% del consumo de agua y manejar desechos como lodos, factibles de secar, confinar o incinerar.

La conclusión, evidentemente, es que nuevas consultorías nada nuevo aportarían, pues la historia ya está escrita y ahora procede ocuparse de recuperar el Santuario. Finalmente, este es uno de los tantos ejemplos que develan los vicios de la actual institucionalidad ambiental y que avalan la necesidad de avanzar en la construcción de un “segundo piso” de la legalidad sobre la materia, para sistematizar y operacionalizar los derechos ambientales que la Constitución garantiza.

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*Sara Larraín es directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable.