En democracia los ciudadanos deciden

Patricio Herman*

La opinión pública conoce muy bien el conflicto existente entre el consorcio Hidroaysén, conformado por las empresas Endesa y Colbún, que pretende represar los caudalosos ríos Pascua y Baker para construir centrales hidroeléctricas, cuya producción de energía sería transportada al norte del país por Transelec y diversos grupos ciudadanos defensores del carácter prístino de la Patagonia chilena, quienes se oponen con variados argumentos de peso a esa intervención en la naturaleza.

Según el libro “Patagonia Chilena ¡sin represas!” la línea de transmisión sería extensísima (2.200 km), pasaría por 8 regiones y 200 comunas y miles de predios rurales serían afectados por las torres de alta tensión y lo que no es menor, 12 áreas silvestres protegidas por el Estado, se verían impactadas por ese trazado. ¿Qué dirá nuestra flamante ministra de Medio Ambiente con respecto a lo inmediatamente anterior? Tampoco podemos perder de vista que este proyecto está pensado para suministrar energía eléctrica a los santiaguinos y a las empresas que explotan el cobre y otros minerales en el norte del país y quienes se quedan con el “cacho” son los ayseninos.

Ahora bien, hemos tomado conocimiento que en la comuna de Tortel se llevó a cabo una consulta ciudadana, convocada por su alcalde, para que se pronunciara sobre esta inversión privada, apoyada por algunos ministros de la presidenta Bachelet. La comunidad libremente expresó su rechazo al discutido proyecto y así fue como el 78% de los 161 votantes se pronunció en contra de la iniciativa y el 22% restante correspondió a quienes votaron por la aprobación, más los nulos y en blanco. Fue un interesante ejercicio de participación ciudadana, pero como las consultas no son vinculantes, sus resultados no producen ningún efecto práctico en la hora de las decisiones.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) establece que estas corporaciones pueden desarrollar directamente, con otros órganos del Estado, funciones relativas a la educación, cultura, salud pública y diferentes materias de interés ciudadano, incluyendo la protección del medioambiente. Asimismo la referida legislación expresa con meridiana claridad las instancias de participación de la ciudadanía en las materias relevantes asociadas con el desarrollo de las comunas y por ello en el artículo 94º se ordena que cada municipio contará con un consejo económico y social, el cual asegurará la expresión de las organizaciones territoriales y funcionales para que el progreso, entendido en su más amplio significado, sea una realidad en cada comuna. Por lo tanto, es legítimo que las municipalidades se relacionen con las Comisiones Regionales del Medioambiente para abordar en conjunto los asuntos ambientales.

El plebiscito, que a diferencia de la consulta, sí es vinculante, está considerado en esta Ley y en su artículo 99º se definen cuales son las materias plebiscitables y entre otras, dice textualmente “u otras de interés para la comunidad local”, siendo que el ámbito ambiental es prioritario para los habitantes de las comunas de la 11ª región. El mismo artículo dice que el alcalde puede convocar a plebiscito y si no lo hace, le corresponde a la ciudadanía exigirlo a través de un requerimiento formal suscrito por el 10% de los inscritos en los registros electorales de cada comuna, situación que ocurrió en la comuna de Vitacura en la región metropolitana ante el intento del alcalde de modificar el plan regulador con un sesgo abiertamente pro inmobiliario. Los vecinos se sintieron sobrepasados y con las firmas requeridas, obligaron a la autoridad local a que convocara a plebiscito, pero como el alcalde se negó a ceñirse al mandato legal, fue necesario que la Contraloría General de la República ordenara el cumplimiento de la LOCM. Este plebiscito se hará en Marzo del año 2009 porque en año de elecciones municipales y en Octubre próximo las tendremos, no es posible llevarlo a cabo.

Por lo anterior, sería deseable que las autoridades y sus mandantes de las comunas de Tortel, Cochrane y O’Higgins se organicen debidamente para utilizar la herramienta democrática del plebiscito entre los meses de Enero y Febrero de 2009 y que su resultado sea tomado muy en cuenta por el Estado en la hora final de las decisiones ambientales, teniéndose presente que deberán acudir a las urnas al menos el 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de esas 3 comunas patagónicas para que el resultado obligue o por lo menos induzca en este caso en particular.

Más de alguien cuestionará que estamos mezclando asuntos de competencia municipal (plebiscito) con otros de resorte general (EIA), lo cual es discutible porque el tema de estas voluminosas represas debería ser abordado con suma imaginación con el propósito de decidir lo más equilibradamente posible. En tal sentido, quisiéramos que los 3 alcaldes, con el apoyo de sus concejos municipales, se preparen para convocar al plebiscito y como éste tendría un elevado costo, por todas las formalidades del mismo, esperaríamos que el “gobierno ciudadano” de Michelle Bachelet, a través de su intendenta regional, cooperará con el máximo de recursos económicos para que la ciudadanía, libre e informadamente, decida si está a favor o en contra de las polémicas represas, cuestionadas editorialmente en días recientes incluso en The New York Times, el diario más prestigioso de USA.

Por otro lado y sabido que “el que paga la música, oye lo que quiere escuchar”, sería interesante que el Gobierno aporte el financiamiento necesario para contratar una firma consultora externa, especializada en elaborar este tipo de Estudios (EIA), elegida oyendo a los lugareños, para que realice una evaluación independiente del proyecto hidroeléctrico, para compararlo con el EIA de los consultores de Hidroaysén. Qué esto no está contemplado en la normativa no importa, porque lo que se desea es disponer del máximo de información objetiva para decidir con transparencia a toda prueba

Si se opta por la convocatoria al plebiscito para conocer de verdad la posición que sustenta la ciudadanía y si se permite el EIA alternativo se abrirían las compuertas a la sabiduría y así ganaría el país. En este escenario, la prensa escrita, la radio y la TV de esa región tienen un tremendo desafío en orden a difundir en igualdad de condiciones los pro y los contra de esta inversión privada. Los habitantes ayseninos tienen que conocer este proyecto cabalmente, para sus fines de ahora y para los de las próximas generaciones y en tal sentido la Corema regional, con las conclusiones de los 2 EIA a la vista, estará en condiciones de resolver con autonomía e independencia.

*Fundación Defendamos la Ciudad