¡Viva la lucha de clases!

Por Nicolás Espejo*



No son pocos los que, con la candidez propia de quien desconoce la historia, han predicado el fin de la sociedad de clases. Imbuidos por la impronta de nuevas formas de catalogar lo social, algunos han sugerido que la calificación tradicional marxista –que distingue entre la clase burguesa y el proletariado- carece de validez bajo las crecientes condiciones de hibridización de la sociedad capitalista actual. Por eso, para muchos, es mejor hablar de formas de “estratificación social”, dependientes de estructuras de diferenciación asociadas a la raza o el género, entre otras.

La sociología marxista moderna ha respondido a esta cuestión indicando que, para describir correctamente la operatividad de la sociedad capitalista, el análisis de clase debiese evitar su reducción a la mera tenencia -o la falta de ella- de ciertas formas de capital económico. Como lo indica agudamente la sociología Bourdieana –entre otras- las distintas formas de capital cultural, simbólico o político, también acaban determinando fuertemente el lugar de los sujetos dentro de la sociedad capitalista. El ejemplo de la educación es paradigmático en este sentido. Si usted estudia en el Colegio San Ignacio o en el Tabancura, debe hacer casi lo imposible para terminar perteneciendo a los sectores menos aventajados económica, social y políticamente de la sociedad. Si duda sobre esta cuestión, puede revisar los diversos “rankings” que al efecto se elaboran constantemente en esta materia.

¿Qué tiene que ver todo esto con el fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después? Muchísimo. La decisión del TC en esta materia viene a recordarnos varias cosas.

Primero, que el valor simbólico de la mujer en Chile no ha llegado –a pesar de que el Gobierno diga que tenemos “mucho que celebrar”- a transformarse en un status jurídico pleno. Si es que el TC cree que el derecho a la vida del que está por nacer es un derecho absoluto, que no debe ponderarse con ningún otro derecho, entonces simplemente las mujeres no son reconocidas como portadoras de derechos en ningún sentido jurídicamente relevante. El derecho a la vida del que está por nacer, independiente de su estado embrionario, triunfa siempre frente a cualquier otro derecho (como el derecho a la autonomía o a la salud sexual y reproductiva de la mujer). Por ello, en Chile usted se encuentra mejor protegido por la Constitución Política de la República de Chile si es dueño de un auto –el TC ponderará agudamente su derecho a la propiedad y la libre circulación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación -, que si resulta ser una mujer en edad fértil (ya sabemos, ahí no hay nada que ponderar).

Segundo, la decisión del TC nos recuerda que la división de clases en Chile, esa que pone nerviosa a la derecha y que la izquierda parece ya haber olvidado, sigue rampante. No le basta al TC que, por el sólo hecho de ser mujer, usted no tenga ningún derecho que hacer valer como argumento relevante en materia de su autonomía sexual y reproductiva. Si por esas cosas de la vida –lo que los filósofos morales llaman “la lotería natural”- a usted no solo le tocó “la mala suerte” de ser mujer, sino que, además, se ve enfrentada al hecho de depender de la salud pública, las cosas no se ven necesariamente auspiciosas. La decisión del TC, ya lo sabemos, garantiza que las mujeres menos aventajadas socio-económicamente de Chile no tengan el mismo derecho a acceder a medicación anticonceptiva de emergencia en los mismo términos que las mujeres mejor situadas en la estructura de capital económico. Se trata, como lo indica la literatura especializada, de una forma reforzada de discriminación: usted “paga” por ser mujer y por ser pobre (o menos favorecida socio-económicamente).

Por eso es que el fallo del TC es clasista en el más específico y técnico de los sentidos. No sorprende, claro está. Es un reflejo del Chile real. Pero no por eso deja de molestarnos y ofendernos. Por eso no es descabellado decir: ¡Qué viva la lucha de clases!

*Nicolás Espejo es director de centro de derechos humanos de la UDP