El funcionario político

Por Álvaro Castro M.*

Con fecha 31 de marzo presentó su renuncia a Gendarmería de Chile el hermano del senador Camilo Escalona, Simón, quien “trabajó” por más de 15 años en la institución y constituye un nuevo ejemplo de cómo los operadores políticos logran subsistir a costa del erario de las instituciones públicas. Con todo, la situación va más allá de que el renunciado funcionario haya tenido una ausente participación en la institución, o que le haya dado más prioridad a la actividad partidaria que a la penitenciaria, no obstante recibir un sueldo cercano a los $500.000.

El problema de fondo radica en la politización de la administración penitenciaria, fenómeno que como en otros sectores del Estado ha generado disputas entre grupos o “sensibilidades” de funcionarios designados políticamente. Esta cuestión es bastante delicada cuando no se logra contener, como en el caso de Gendarmería, donde el “funcionario político” absorbe al funcionario técnico con costos bastante elevados que se traducen en iniciativas improvisadas, construidas a partir de casos espectaculares, sin razonamiento estadístico, sin análisis de costo beneficio, con una gestión organizacional de espalda a la comunidad y con una agenda que abandona las iniciativas innovadoras en post de no molestar al gobierno amigo.

El fenómeno podría darnos algunas luces que nos permitan explicar situaciones como los desvíos de fondos públicos que se materializan en asesorías o en contrataciones fantasmas como las investigadas actualmente por la Contraloría General de la República, en contra del embajador de España, Osvaldo Puccio, y del actual Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade O también nos permita explicar otras situaciones igualmente investigadas por la Contraloría a propósito de una solicitud de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, ocurrida en el Complejo Penitenciario de Colina II, donde los recursos destinados a la alimentación no se condicen con los alimentos que reciben los internos. Incluso que durante algunos años, como lo han denunciado funcionarios de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFUP, el personal haya tenido que comprar su uniforme en circunstancias que el presupuesto penitenciario incorporaba el ítem respectivo. Y por último, que aún no haya una explicación clara sobre qué pasó en la construcción de las nuevas cárceles, no obstante que en la sesión 11ª del 4 de abril de 2007, la Cámara de Diputados haya manifestado a la Presidenta de la Republica su preocupación “por el retraso evidente de las cárceles concesionadas, lo que ha provocado el despilfarro de recursos fiscales, hacinamiento y nula posibilidad de rehabilitación de internos”.

Lo lamentable, es que al final del día el deterioro se torna extremo, impactando a los internos, a los funcionarios que sí trabajan en la institución y a la comunidad. El sistema penitenciario se encuentra en crisis y difícilmente con una agenda impuesta desde afuera se lograrán avances desde el punto de vista de las condiciones de vida de los internos, la transparencia y los recursos humanos. En los últimos años, las instituciones que giran en torno al control del delito han tenido que enfrentar grandes desafíos frente a un fenómeno que se complejiza y rompe con los patrones históricos preestablecidos. La modernización, en un contexto de extrema politización institucional como la que vive Gendarmería, hace que este proceso de cambio se torne imposible.

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* Álvaro Castro es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales