*Domingo Lovera Parmo
El entredicho entre el Senador Nelson Ávila y el Ministro del Tribunal Constitucional (TC), Mario Fernández, reveló lo que todos y todas siempre supimos: que en las designaciones de los miembros del TC—así como en las designaciones del Fiscal Nacional, de Ministros de Corte, y otros cargos, existen más que consideraciones solo académicas y profesionales. Es que resulta evidente cómo, quienes son candidatos a algunos cargos como los mencionados, antes que descansar en sus méritos profesionales, lo hacen en sus “contactos.” Entonces “visitan” a quienes pueden proponerlos (como las innumerables “visitas” que recibieron los ministros de la Corte Suprema cuando debían designar a los Fiscales Regionales) y llaman por teléfono a los amigos de los amigos para que les den una manito en la designación.
¿Y qué papel cabe a los ciudadanos en esto? Ninguno. O uno muy irrelevante, que se reduce a lanzar huevos. Varias organizaciones han insistido hasta el cansancio en lo obvio. Si queremos evitar este tipo de situaciones, es decir, si queremos impedir que en la designación de importantes ‘oficiales públicos’ operen únicamente los “contactos”—con los cuales luego nos espantamos—, debe establecerse un procedimiento de audiencias públicas que permitan a la ciudadanía tomar noticia sobre los méritos y perfiles de quienes van a ocupar esos cargos, en especial los de jueces del TC. Las audiencias permiten, así, que al candidato, antes de verlo merodeando las oficinas de algún funcionario que tenga algo que decir, lo veamos dando la cara a la comunidad y entregando razones de sus perspectivas, como ocurre en Estados Unidos, y como ocurre en la Argentina. De paso, esas audiencias permiten a los propios encargados de las designaciones (senadores y diputados) cuestionar y conocer mejor a ese candidato que espera por su voto. Básicamente lo mismo que hacen ellos y ellas en campaña electoral. Eso es lo que permite a la comunidad, luego, mientras ejercen sus cargos, pedirles cuenta. Es decir, pedirles que actúen de acuerdo a la forma en que dijeron que iban a actuar. Es con audiencias públicas que la comunidad puede exigir cuenta y coherencia del accionar de sus representantes en las designaciones, por ejemplo, de los miembros del TC.
El episodio de la designación de los miembros del TC en Chile fue sencillamente patético. Concertación y Alianza se repartieron las nominaciones. Tal cual como ocurre en las pichangas de barrio: tu elijes uno, y luego yo otro. ¿El objetivo? Trasladar el consenso de la esfera política al TC. Las designaciones de Bertelsen y Vodanovic, por ejemplo, se efectuaron en una sesión que nadie conocía que se iba a realizar. De un momento a otro. Todo en silencio. Todo en las sombras. Si preguntamos a los diputados y senadores qué méritos vieron en los candidatos, probablemente no sabrían qué contestar. No es novedad que a veces votan sin saber qué votan (han declarado en más de alguna ocasión que ni siquiera leen los proyectos de ley). Y ello es así porque su voto lo entregan siguiendo las órdenes de su partido (“a éste hay que votarlo”), el acuerdo previo, o haciendo efectivo el “compromiso” que se comprometió en la reunión, en la visita, en la presentación, o como quieran llamarle.
Las disculpas públicas, como las que pide hoy el Senador Nelson Ávila por haber apoyado a Mario Fernández, sirven de muy poco, aunque de algo sirven. Tanto mejor sería actuar con seriedad al momento de las designaciones. Tanto mejor hacerlo de cara a la ciudadanía.
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* Domingo Lovera Parmo es profesor de Derecho en la Universidad Diego Portales.