En Defensa de la Educación Pública

Por María Angélica Oliva*

En los tiempos que corren se hace necesario volver a pensar cuestiones que ya forman parte de nuestro acervo cultural, para el caso, del conjunto de bienes materiales y valores de la democracia conquistados en el devenir de la vida republicana.

En esta empresa, resulta adecuado acompañarnos de Jorge Millas y su denuncia del embotamiento progresivo de la conciencia moral, por una suerte de anemia ética que paraliza las reacciones defensivas del espíritu. “No faltan, sin duda, los actos buenos, esos que forman el hábito moral, consagrado por la observancia consuetudinaria de prácticas indispensables para la coexistencia de los hombres, señala el filósofo.

Pero es notoria la inacción frente al estrago, quiero decir, la insensibilidad para percibir lo específicamente inmoral y actuar en consecuencia. Como si las almas se hubiesen cansado del combate moral”.

El estrago, es decir el daño o perjuicio moral que esta columna denuncia es el debilitamiento de nuestra educación pública, a instancias de una política educativa que desde los tiempos de la dictadura ha sido funcional a la construcción de la desigualdad, los resultados del SIMCE o de la PSU, el debilitamiento de la profesión docente y el precario estado de la educación municipalizada constituyen, entre otros, una muestra fehaciente de ello.

Por ello, la ética resulta inexcusable a la hora de reflexionar sobre el sentido que posee la educación como un bien público y su expresión en el derecho a la educación, así reafirmamos la indisoluble unidad entre ética y política, una de cuyas expresiones en la política educativa es que ésta garantice los valores de justicia, bien común y seguridad jurídica.

La reflexión que nos convoca sobre la educación pública, adquiere el estatus de una defensa que es urgente, tal como rezaba una pancarta en la reciente movilización de alumnos, maestros y familias, donde el Colegio de Profesores, sintetizaba el motivo de la jornada: ‘En Defensa de la Educación Pública’.

No menos representativo era un rayado en el frontis del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tomado por sus estudiantes con la sentencia: ‘Si Jesús fuese estudiante, no podría serlo de la Pontificia Universidad Católica de Chile’. ¿Qué es lo que amerita ser defendido? ¿Por qué debe ser defendido? y ¿Quiénes debemos defenderlo?

En nuestra civilización, la educación se ha institucionalizado en una escolarización universal y obligatoria, adquiriendo el estatus de un derecho humano universal que debe satisfacerse en condiciones de igualdad y gratuidad, tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en uno de cuyos artículos se lee:

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Asunto ratificado en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, como un derecho específico de la infancia, pues “el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembro útil de la sociedad”.

En nuestro país, que ha suscrito ambas declaraciones, la idea de la educación como un bien público posee una lata tradición, baste observar cómo desde la Constitución Política de 1833, se reconoce la influencia de la educación en la fundación de un Estado Nacional Republicano, ella constituye una atención preferente del Estado y un deber primordial del Gobierno encargado de fundar una moral común. Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales.

Esta tradición recoge la influencia francesa, por ejemplo, en el reconocimiento al derecho de todo ciudadano a la educación, el deber del Estado en materia de enseñanza y con la educación popular, la gratuidad de la educación elemental, el laicismo en la enseñanza e instrucción moral del pueblo, la idea de educación nacional, y la responsabilidad del Estado en la formación del maestro, entre otras.

También es posible destacar la influencia y tradición de la educación pública norteamericana, que define la escolarización como un bien público y un derecho fundamental; tal como queda de manifiesto en la obra de Dewey, que destaca la reciprocidad entre democracia y educación; la democracia constituye en sí misma un principio educacional, que no puede desarrollarse sin la educación, pues, la escuela constituye el agente esencial de la distribución de todos los valores y finalidades a que un grupo social tiende, lo que se ve reflejado en nuestra Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común de 1920.

Así, gradualmente, se configura la idea de un Estado Docente, donde la educación es un derecho constitucional y un deber del Estado, corolario de ello, es la creación de la red de educación nacional, cuyo protagonista es el Estado, aunque también participan la Iglesia Católica y las comunidades locales. Esto sustentado en la convicción que “Un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública (…) para el sociólogo y para el filósofo bajo el respecto moral, gobernar es educar, y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”, señala uno de sus artífices, Valentín Letelier.

Es ésta noción de Estado Docente, que en sus inicios es laica y radical y, luego, es también liberal, la que entra en pugna con la postura católica y conservadora, partidaria de la Libertad de Enseñanza, que considera que “La libertad de enseñanza era un derecho natural de los padres de familia y un derecho político del ciudadano, como todas las libertades públicas”.

Hay, entonces, dos posiciones que ideológicamente se contraponen; una educación dirigida por el Estado, laica y liberal, que privilegia lo público sobre lo privado, donde prevalece el derecho del Estado en la educación, versus una postura católica y conservadora, que privilegia el derecho de cada familia en la educación, enfatizando lo privado sobre lo público.

Es en el tiempo de dictadura donde la institución del rol del Estado subsidiario, significa la resolución del conflicto entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza, a favor de ésta última, generándose las condiciones para el desarrollo del sistema neoliberal. De tal suerte, que la educación que es un derecho y un bien público, termina transformándose en una mercancía con la consiguiente fractura en la educación como bien público.

Tres manifestaciones de este proceso de privatización de la educación pública son: el traspaso de la gestión de los establecimientos escolares, desde la dependencia ministerial centralizada a una descentralizada, la municipal; la transferencia de los docentes, de funcionarios públicos a municipales, y el cambio en el sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, estimulando la incorporación masiva de agentes privados, es decir, de los sostenedores al mercado de la educación.

He aquí, cómo desde la política educativa, se establecen las bases para la profundización de la desigualdad educativa, pues se genera el caldo de cultivo para que un derecho universal quede satisfecho de manera parcial y desigual, asestando un duro revés al cumplimiento de los valores de justicia y bien común. ¿Quiénes debemos defenderlo? En una sociedad democrática el valor de la educación consagrado en un derecho a la educación, y de una educación de calidad que incluya la equidad, atañe a toda la ciudadanía, pues constituye un bien público, es de todos y para todos, debe ser resguardado por todos, pues precisamente, la participación hace a lo público.

Ante el peligro del embotamiento de la conciencia moral y la institución de una pseudopolítica, hay que recuperar las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía democrática, un buen ejemplo de ello es el Foro Nacional “Educación de Calidad para Todos”, que constituye un esfuerzo de participación organizada de la sociedad civil interesada en la educación, en el mejoramiento de su equidad y calidad, y que busca realizar en Chile el Programa Mundial Educación Para Todos que aspira a una educación básica de calidad sin exclusión y surge del compromiso contraído el año 2000 en Dakar (Senegal) en el Foro Mundial sobre la Educación. Precisamente, este Foro, en el primer punto de su Agenda por la Equidad, plantea reafirmar la Educación como un derecho y un bien público y el fortalecimiento de la educación pública.

La Defensa de la Educación Pública, esto es, finalmente, lo que alienta la polémica en torno a la Ley General de Educación.

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*María Angélica Oliva, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Universidad de Talca