Por Álvaro Cuadra*
La Comunidad Europea acaba de anunciar un endurecimiento de sus políticas contra la inmigración. Los países ricos enarbolan las banderas del libre comercio y la globalización de los mercados. En cada foro internacional presionan a los países pobres para que tomen medidas que favorezcan sus intereses inmediatos. Sin embargo, al mismo tiempo endurecen sus políticas migratorias para evitar que los pobres de la tierra se instalen en sus ciudades.
Los pobres e indocumentados, sean negros del África, “sudacas”, “moros” o “asiáticos” resultan aborrecibles no tanto por su color o sus costumbres, como por su precariedad económica. Las sociedades ricas aborrecen de los extranjeros pobres que vienen a disputar empleos a muchos de sus propios marginales. Las sociedades más prósperas, mimadas en el consumismo suntuario, reniegan de su fundamento democrático para salvaguardar un modo de vida.
Intoxicadas de narcisismo por la cultura mediático publicitaria, las sociedades “desarrolladas” han desplazado todo reclamo humanista universalista por una delirante xenofobia cuya coartada es el nacionalismo y el racismo: antesala de la degradación y la barbarie.
La hiperindustria de la cultura en Europa y los Estados Unidos ha engendrado una visión cínica del mundo, plagada de estereotipos vulgares para una masa plebeya. A través de una retahíla de lugares comunes se estructura una visión patológica del mundo, cuyos vértices son el odio, la violencia y el nihilismo agresivo frente a la presunta amenaza. Eso tiene un nombre y se llama fascismo.
Millones de africanos y árabes en Francia, turcos en Alemania, mexicanos y latinos en Estados Unidos, “sudacas” en España o peruanos en Chile, deben sufrir a diario la discriminación de una sociedad que se siente “superior” a las miserias de sus inmigrantes. Las masas plebeyas e ignorantes son presa fácil del discurso xenofóbico, en especial cierto segmento juvenil.
La globalización concebida como libre flujo de capitales y mercancía, nos muestra su rostro antidemocrático cuando se trata de seres humanos pobres. Nadie quiere que los esclavos miserables y malolientes se instalen en su antejardín. La globalización promueve las imágenes de los emprendedores y “winners”, en las antípodas de las víctimas o “losers”: homosexuales, indígenas, negros, enfermos y pobres.
Es cierto, ya no vemos las velas inflamadas de los barcos europeos que cruzaban el Atlántico desde la costa africana, trayendo el preciado “marfil negro”, cargamento de esclavos hasta La Habana o Cartagena de Indias. Las cadenas y los grilletes han sido reemplazados hoy por el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza perpetua. Generaciones desesperadas cuyo único horizonte es peregrinar hacia la metrópoli, desafiando la muerte, por una vida diferente.
Los países pobres del sur son tenidos como exóticos y lejanos parajes de turismo, donde la agreste naturaleza aún permanece impoluta; acaso como paraísos sexuales para la pedofilia o como paraísos fiscales para los negocios turbios. Los pueblos del sur constituyen la frontera, el “far west” donde todavía se consiguen materias primas a bajo coste sin restricciones medioambientales.
En la hora actual coexisten dos mundos inconmensurables, distintos y distantes. Cada vez que un grupo de africanos a la deriva se aproxima a las turísticas playas europeas, se rozan dos mundos que el capital ha separado: los seres globalizados que retozan en edénicos parajes “all inclusive” y aquellos marginados muertos de hambre y de olvido.
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*Álvaro Cuadra, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS.
3 de julio de 2008
Primarias abiertas para la DC
Por Marcelo Trivelli*
La Democracia Cristiana desarrollará este fin de semana su Junta Nacional. Es la primera junta después de una profunda división interna donde un senador y ex presidente del partido fue expulsado y, como consecuencia, renunciaron cinco diputados además de dirigentes intermedios y militantes.
No nos engañemos. Esta Junta tiene el desafío de enfrentar una profunda crisis de confianza, una sostenida pérdida de representación parlamentaria y con un pacto político, la Concertación, agotado y quebrado. Estamos en un escenario nacional donde 9 de cada 10 chilenos desconfían de los partidos políticos y más del 50 por ciento no se identifica con ningún conglomerado.
La Democracia Cristiana está en un punto crítico. Tomaremos una decisión que marcará nuestro futuro: seguiremos camino hacia la extinción votando por más de lo mismo o nos atrevemos a votar por más democracia. Sólo con el coraje de ceder nuestros propios privilegios, saldremos fortalecidos para construir, junto a la gente, un nuevo proyecto político para Chile.
El próximo fin de semana, los democratacristianos enfrentaremos al pasado versus el futuro, al sectarismo versus la unidad, la continuidad versus el cambio y, por sobre todo, a la búsqueda del poder por el poder, versus la democracia participativa.
Ha llegado el momento de decirles a nuestros dirigentes que tomen conciencia de ello y que es hora de que vuelvan a hacer política de cara a la ciudadanía.
Soy un convencido, que la Democracia Cristiana necesita abrir muchos espacios de participación, debe oxigenar la política y dar un ejemplo de democracia a todo Chile. La Junta DC debe definir el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Si decidimos primarias abiertas con múltiples candidatos y debates regionales, demostraremos que la democracia debe existir siempre y no sólo cuando nos conviene. De esta manera, la elección será libre, secreta e informada donde todos los chilenos y chilenas (no militantes de otros partidos) podrán tener la oportunidad de participar en una elección primaria que es trascendente para el futuro de nuestro país.
La ciudadanía volverá a confiar en la DC cuando el partido vuelva a confiar en la gente. Tenemos la obligación ética de tomar una decisión audaz que asegure más democracia y participación. Cualquier decisión que no sea primarias abiertas con debates regionales, condenará a la DC a la extinción.
Hago un llamado a tener confianza en la ciudadanía. Les pido a mis camaradas que confíen en ustedes mismos y les pido que confíen en el sueño de que se puede construir entre todos un país mejor.
Los grandes cambios los alcanzaremos cuando actuemos de acuerdo a nuestros valores, principios y sueños. Cuando, fieles a nuestros fundadores, seamos capaces de adherir a un proyecto inspirado en la verdad, en el esfuerzo, en el merito, la transparencia y la participación. Solo así podremos invitar a todos nuestros compatriotas a ser parte de un proyecto para que Chile progrese con valores.
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*Marcelo Trivelli es precandidato presidencial y ex jefe de campaña de Soledad Alvear.
La Democracia Cristiana desarrollará este fin de semana su Junta Nacional. Es la primera junta después de una profunda división interna donde un senador y ex presidente del partido fue expulsado y, como consecuencia, renunciaron cinco diputados además de dirigentes intermedios y militantes.
No nos engañemos. Esta Junta tiene el desafío de enfrentar una profunda crisis de confianza, una sostenida pérdida de representación parlamentaria y con un pacto político, la Concertación, agotado y quebrado. Estamos en un escenario nacional donde 9 de cada 10 chilenos desconfían de los partidos políticos y más del 50 por ciento no se identifica con ningún conglomerado.
La Democracia Cristiana está en un punto crítico. Tomaremos una decisión que marcará nuestro futuro: seguiremos camino hacia la extinción votando por más de lo mismo o nos atrevemos a votar por más democracia. Sólo con el coraje de ceder nuestros propios privilegios, saldremos fortalecidos para construir, junto a la gente, un nuevo proyecto político para Chile.
El próximo fin de semana, los democratacristianos enfrentaremos al pasado versus el futuro, al sectarismo versus la unidad, la continuidad versus el cambio y, por sobre todo, a la búsqueda del poder por el poder, versus la democracia participativa.
Ha llegado el momento de decirles a nuestros dirigentes que tomen conciencia de ello y que es hora de que vuelvan a hacer política de cara a la ciudadanía.
Soy un convencido, que la Democracia Cristiana necesita abrir muchos espacios de participación, debe oxigenar la política y dar un ejemplo de democracia a todo Chile. La Junta DC debe definir el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Si decidimos primarias abiertas con múltiples candidatos y debates regionales, demostraremos que la democracia debe existir siempre y no sólo cuando nos conviene. De esta manera, la elección será libre, secreta e informada donde todos los chilenos y chilenas (no militantes de otros partidos) podrán tener la oportunidad de participar en una elección primaria que es trascendente para el futuro de nuestro país.
La ciudadanía volverá a confiar en la DC cuando el partido vuelva a confiar en la gente. Tenemos la obligación ética de tomar una decisión audaz que asegure más democracia y participación. Cualquier decisión que no sea primarias abiertas con debates regionales, condenará a la DC a la extinción.
Hago un llamado a tener confianza en la ciudadanía. Les pido a mis camaradas que confíen en ustedes mismos y les pido que confíen en el sueño de que se puede construir entre todos un país mejor.
Los grandes cambios los alcanzaremos cuando actuemos de acuerdo a nuestros valores, principios y sueños. Cuando, fieles a nuestros fundadores, seamos capaces de adherir a un proyecto inspirado en la verdad, en el esfuerzo, en el merito, la transparencia y la participación. Solo así podremos invitar a todos nuestros compatriotas a ser parte de un proyecto para que Chile progrese con valores.
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*Marcelo Trivelli es precandidato presidencial y ex jefe de campaña de Soledad Alvear.
2 de julio de 2008
Ministra, la responsabilidad no se delega
Por Paola Vasconi*
Por estos días Santiago ha vivido una de las peores semanas en términos de contaminación atmosférica. De hecho, entre el domingo 22 y el jueves 30 de junio, la capital constató 5 episodios críticos consecutivos de contaminación: tres alertas y dos preemergencias poniendo en grave riesgo la salud de la población, especialmente la de sus niños y adultos mayores.
Ante los hechos, la respuesta de las autoridades ambientales, específicamente de la Ministra de Medio Ambiente ha sido: “desde el punto de vista legal y reglamentario se ha cumplido con todas las tareas y exigencias que imponía aquello, que la legislación se dio para enfrentar estos episodios, que es el plan de prevención y descontaminación”.
Sin embargo, me atrevo a decir que la Ministra de Medio Ambiente se equivoca. Ella es la máxima autoridad ambiental en nuestro país, y como tal, tiene una responsabilidad política en el tema, que va más allá de la legalidad del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago. Ella es por Ley la encargada de velar por un ambiente libre de contaminación y, si bien acepto en que esto no significa “que se deba vivir en ausencia total de contaminación, sino que conforme a normas que protejan la salud de la población”. Desde esa mirada, claramente podemos afirmar que durante esta semana los niveles de material particulado grueso (PM10) definidos por la norma chilena, se han “superado” con creces, impidiendo a los santiaguinos “vivir conforme a las normas que protegen su salud”.
Además, si nos centráramos exclusivamente en el análisis del PPDA también podríamos afirmar que la Ministra nuevamente se equivoca, pues existe una evidente ausencia de autoridad ambiental, desde que en enero del 2006 se dieron a conocer los malos resultados de la segunda Auditoría realizada al mentado Plan, y julio de 2008 donde aún esperamos su actualización. Desde su último ajuste, en el 2004, la realidad de Santiago ha cambiado sin que a la fecha se hayan hecho efectivas nuevas medidas.
Es más, estamos en condiciones de afirmar que en los últimos años, los gobiernos de la Concertación han dado pésimas señales a la hora de enfrentar el problema de la calidad del aire de la capital. Sólo por mencionar algunas: negociar por más de dos años con las empresas comercializadoras de estufas a leña para evitar prohibición de su venta en la región; expandir el radio urbano de la ciudad en post del negocio inmobiliario; construcción de autopistas urbanas; pésimo transporte público; retraso en la colocación de filtros a buses y camiones; retraso en la revisión de los convertidores catalíticos; rebaja en el impuesto a los combustibles, entre otras
En la necesidad de afrontar la actual crisis del aire de Santiago, el pasado 5 de junio la Ministra de Medio Ambiente anunció la creación del cargo de gerente del aire. Hoy reiteramos que Santiago no necesita un gerente del aire, sino que la Ministra de Medio Ambiente, el Director Ejecutivo de CONAMA y la Presidenta de la República tomen las decisiones que se requieren, más allá de cálculos políticos.
Los ciudadanos de la capital necesitamos señales claras. Santiago requiere de una Autoridad Política que cuente con el respaldo directo de la Presidenta, que tenga en sus manos el poder y las herramientas necesarias para coordinar las políticas regionales y tomar las medidas necesarias, para que la capital tenga un aire respirable, y que no tema a los costos políticos de dichas medidas. De lo contrario, la salud de la población seguirá pagando los costos y probablemente en el corto plazo tendremos que lamentar decenas de enfermedades y muertes como consecuencia de la contaminación del aire.
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*Paola Vasconi es coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram.
Por estos días Santiago ha vivido una de las peores semanas en términos de contaminación atmosférica. De hecho, entre el domingo 22 y el jueves 30 de junio, la capital constató 5 episodios críticos consecutivos de contaminación: tres alertas y dos preemergencias poniendo en grave riesgo la salud de la población, especialmente la de sus niños y adultos mayores.
Ante los hechos, la respuesta de las autoridades ambientales, específicamente de la Ministra de Medio Ambiente ha sido: “desde el punto de vista legal y reglamentario se ha cumplido con todas las tareas y exigencias que imponía aquello, que la legislación se dio para enfrentar estos episodios, que es el plan de prevención y descontaminación”.
Sin embargo, me atrevo a decir que la Ministra de Medio Ambiente se equivoca. Ella es la máxima autoridad ambiental en nuestro país, y como tal, tiene una responsabilidad política en el tema, que va más allá de la legalidad del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago. Ella es por Ley la encargada de velar por un ambiente libre de contaminación y, si bien acepto en que esto no significa “que se deba vivir en ausencia total de contaminación, sino que conforme a normas que protejan la salud de la población”. Desde esa mirada, claramente podemos afirmar que durante esta semana los niveles de material particulado grueso (PM10) definidos por la norma chilena, se han “superado” con creces, impidiendo a los santiaguinos “vivir conforme a las normas que protegen su salud”.
Además, si nos centráramos exclusivamente en el análisis del PPDA también podríamos afirmar que la Ministra nuevamente se equivoca, pues existe una evidente ausencia de autoridad ambiental, desde que en enero del 2006 se dieron a conocer los malos resultados de la segunda Auditoría realizada al mentado Plan, y julio de 2008 donde aún esperamos su actualización. Desde su último ajuste, en el 2004, la realidad de Santiago ha cambiado sin que a la fecha se hayan hecho efectivas nuevas medidas.
Es más, estamos en condiciones de afirmar que en los últimos años, los gobiernos de la Concertación han dado pésimas señales a la hora de enfrentar el problema de la calidad del aire de la capital. Sólo por mencionar algunas: negociar por más de dos años con las empresas comercializadoras de estufas a leña para evitar prohibición de su venta en la región; expandir el radio urbano de la ciudad en post del negocio inmobiliario; construcción de autopistas urbanas; pésimo transporte público; retraso en la colocación de filtros a buses y camiones; retraso en la revisión de los convertidores catalíticos; rebaja en el impuesto a los combustibles, entre otras
En la necesidad de afrontar la actual crisis del aire de Santiago, el pasado 5 de junio la Ministra de Medio Ambiente anunció la creación del cargo de gerente del aire. Hoy reiteramos que Santiago no necesita un gerente del aire, sino que la Ministra de Medio Ambiente, el Director Ejecutivo de CONAMA y la Presidenta de la República tomen las decisiones que se requieren, más allá de cálculos políticos.
Los ciudadanos de la capital necesitamos señales claras. Santiago requiere de una Autoridad Política que cuente con el respaldo directo de la Presidenta, que tenga en sus manos el poder y las herramientas necesarias para coordinar las políticas regionales y tomar las medidas necesarias, para que la capital tenga un aire respirable, y que no tema a los costos políticos de dichas medidas. De lo contrario, la salud de la población seguirá pagando los costos y probablemente en el corto plazo tendremos que lamentar decenas de enfermedades y muertes como consecuencia de la contaminación del aire.
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*Paola Vasconi es coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram.
En el centenario de Casa Grande
Por Vólker Gutiérrez*
En 1908 el país se preparaba (¡no lo sabremos hoy nosotros!) para celebrar el primer centenario de la Independencia. Las autoridades de la época no escatimaron la creación de comisiones especiales y la destinación de recursos por doquier, a fin de que tan magno acontecimiento dejara huella en la historia. Ad portas estábamos de inaugurar, entre otros, la estación Mapocho, el palacio de Bellas Artes. Entre tanto, un escritor ingresaba a la galería de los imperdibles al publicar una de las novelas clásicas de nuestra literatura: Casa Grande. Caro propósito, si es que lo tuvo, fue el que le costó a Luis Orrego Luco.
Nacido en 1866 en la capital, Orrego Luco estaba ligado por ascendencia y por vínculos sociales con las familias más ilustres del país. De hecho, estaba casado con María Vicuña Subercaseaux, hija del mismísimo prócer Benjamín Vicuña Mackenna. Y habiendo comenzado de joven su relación con la escritura, no es menor decir que participó de las tertulias literarias que el hijo del presidente Balmaceda -Pedro Balmaceda Toro- dirigió en La Moneda, junto al entonces también joven poeta nicaragüense Rubén Darío.
Decimos que no fue sencillo para nuestro escritor alcanzar el estatus que logró en las letras nacionales cuando publicó Casa Grande (incluso el crítico literario Emilio Vaisse, bajo el seudónimo de Omer Emeth, lo comparó al francés Maupassant). Y no nos referimos a su proceso de maduración literaria, sino al anatema que sufrió de parte de algunos de sus pares sociales. Claro, no tuvo que enfrentar querellas judiciales ni debió abandonar el país, como le ocurrió al periodista Francisco Martorell cuando hizo pública su “Impunidad diplomática” hace algunos pocos años. Pero Orrego debió salir a defender su obra y su persona de los ataques de que fue objeto. Más aún: la Iglesia Católica condenó la novela por considerar que su autor, ante la presencia de un conflicto matrimonial, auspiciaba el divorcio.
¿Cuál fue el escozor que provocó Casa Grande, en 1908, entre la familia aristocrática del país? Principalmente dos cosas no menores.
Por un lado, está la historia de un matrimonio santiaguino de alta alcurnia, que acaba con el femicidio de la esposa. En la obra, Orrego Luco refiere una inyección de digitalina que Ángel Heredia, el marido, colocó en vez de la morfina que le solicitó su enferma mujer, Gabriela Sandoval. Con la muerte de la protagonista también culminan los constantes desarreglos de Heredia: infidelidades, fastuosos viajes a Europa, fallidas especulaciones bursátiles que mermaron el caudal familiar.
Si la trama de las novela hubiese nacido sólo de la imaginación del autor, de seguro que ningún escándalo habría rodeado a su publicación. No fue así. Rápidamente se pudo reconocer que los personajes de Sandoval y Heredia correspondían a los verdaderos Teresa Zañartu Vicuña y Eduardo Undurraga García-Huidobro. Ambos contrajeron matrimonio en 1898, pero los cuadros demenciales del marido llevaron a un rápido quiebre y un posterior divorcio.
Una vez regresado Undurraga de una de sus tantas estadías en Europa, en el invierno de 1905, le solicitó a su ex esposa permiso para ver a la hija común, lo que le fue negado con el pretexto de que la niña se encontraba enferma. La noche del sábado primero de julio, al encontrar a Teresa Zañartu en la función de Poliuto en el Teatro Municipal, Undurraga se encolerizó y, tras el segundo acto de la ópera, partió a buscar un revolver con el que le disparó en la cabeza a la mujer, en el pórtico mismo del teatro, al final de la velada. Muerte instantánea. Muerte real.
Que en el seno de la aristocracia se produjera un femicidio ya era mucho. Imagínense lo que a ese sector social le provocó el que tres años después, uno de los suyos, casado con una prima hermana de la víctima, les restregara el hecho a través de una novela.
Por otra parte además, junto con hacer patente que los ricos también tienen dementes y que pueden cometer crímenes dignos de la mejor de las páginas rojas, Orrego Luco hizo en Casa Grande una pormenorizada descripción del modo de vida de la aristocracia de la bella época, de la ostentación y el derroche con que la clase dirigente vivía los años dorados del salitre y de los albores del primer centenario de la República. Y esto fue, seguramente, algo más complicado para la elite criolla, por cuanto no se trataba de desnudar las falencias de una que otra persona, sino de hacer patente las miserias de toda una clase.
A propósito del desprecio recibido por Luis Orrego Luco y su Casa Grande, el ensayista Domingo Melfi apuntó que “Presentar los vicios y debilidades de una sociedad que en la superficie aparecía bañada en el suave brillo del esplendor (…) constituía un delito que no podía quedar sin sanción inmediata”.
Y así fue. Al tiempo de publicarse la novela, una de las personas aludidas en clave, escribió los siguientes versos para su autor, rescatados por el crítico literario Fidel Araneda:
“Luis Orrego Luco,
Hombre ocioso y vago
Que ejecuta diarios por casualidad
No es literato, ni un escritor
Es un pobre hombre sin ningún valor
Si quieres saber cuánto es
Tres chauchas y un diez,
Tres chauchas y un diez”.
Era el desquite de quienes, por verse ridiculizados en la novela, reaccionaron con más que molestia. Son los representantes de un sector social que se percibía a sí mismo como congénitamente dotado de cualidades bondadosas, tal como se desprende de las palabras que usó Benjamín Vicuña Subercaseaux, en El Mercurio del lunes 3 de julio de 1905, para denotar las características espirituales de la víctima del femicidio, su prima hermana: “No apuntamos por una vanidad social estas aristocráticas procedencias: las apuntamos porque ellas son una declaración de nobleza moral, algo que, en parte, puede hacer comprender la inagotable fuente de virtudes que era el alma de Teresa Zañartu Vicuña”.
La novela de Orrego Luco, más allá del estilo “no pocas veces cursi” con que le señala Fidel Araneda, tiene el mérito de hacer, desde adentro, la radiografía de una aristocracia que a principios del siglo pasado había dejado atrás un modo de vida más recatado y austero, cambiándolo por un estilo en el que la ostentación y el lujo se transformaron en un sello de identidad y pertenencia. Es cosa de mirar hoy las suntuosas viviendas de la época que quedan como testigos, por ejemplo, en los barrios Dieciocho y República de la capital. O es cuestión de leer Casa Grande.
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*Vólker Gutiérrez A. es Presidente de Cultura Mapocho
En 1908 el país se preparaba (¡no lo sabremos hoy nosotros!) para celebrar el primer centenario de la Independencia. Las autoridades de la época no escatimaron la creación de comisiones especiales y la destinación de recursos por doquier, a fin de que tan magno acontecimiento dejara huella en la historia. Ad portas estábamos de inaugurar, entre otros, la estación Mapocho, el palacio de Bellas Artes. Entre tanto, un escritor ingresaba a la galería de los imperdibles al publicar una de las novelas clásicas de nuestra literatura: Casa Grande. Caro propósito, si es que lo tuvo, fue el que le costó a Luis Orrego Luco.
Nacido en 1866 en la capital, Orrego Luco estaba ligado por ascendencia y por vínculos sociales con las familias más ilustres del país. De hecho, estaba casado con María Vicuña Subercaseaux, hija del mismísimo prócer Benjamín Vicuña Mackenna. Y habiendo comenzado de joven su relación con la escritura, no es menor decir que participó de las tertulias literarias que el hijo del presidente Balmaceda -Pedro Balmaceda Toro- dirigió en La Moneda, junto al entonces también joven poeta nicaragüense Rubén Darío.
Decimos que no fue sencillo para nuestro escritor alcanzar el estatus que logró en las letras nacionales cuando publicó Casa Grande (incluso el crítico literario Emilio Vaisse, bajo el seudónimo de Omer Emeth, lo comparó al francés Maupassant). Y no nos referimos a su proceso de maduración literaria, sino al anatema que sufrió de parte de algunos de sus pares sociales. Claro, no tuvo que enfrentar querellas judiciales ni debió abandonar el país, como le ocurrió al periodista Francisco Martorell cuando hizo pública su “Impunidad diplomática” hace algunos pocos años. Pero Orrego debió salir a defender su obra y su persona de los ataques de que fue objeto. Más aún: la Iglesia Católica condenó la novela por considerar que su autor, ante la presencia de un conflicto matrimonial, auspiciaba el divorcio.
¿Cuál fue el escozor que provocó Casa Grande, en 1908, entre la familia aristocrática del país? Principalmente dos cosas no menores.
Por un lado, está la historia de un matrimonio santiaguino de alta alcurnia, que acaba con el femicidio de la esposa. En la obra, Orrego Luco refiere una inyección de digitalina que Ángel Heredia, el marido, colocó en vez de la morfina que le solicitó su enferma mujer, Gabriela Sandoval. Con la muerte de la protagonista también culminan los constantes desarreglos de Heredia: infidelidades, fastuosos viajes a Europa, fallidas especulaciones bursátiles que mermaron el caudal familiar.
Si la trama de las novela hubiese nacido sólo de la imaginación del autor, de seguro que ningún escándalo habría rodeado a su publicación. No fue así. Rápidamente se pudo reconocer que los personajes de Sandoval y Heredia correspondían a los verdaderos Teresa Zañartu Vicuña y Eduardo Undurraga García-Huidobro. Ambos contrajeron matrimonio en 1898, pero los cuadros demenciales del marido llevaron a un rápido quiebre y un posterior divorcio.
Una vez regresado Undurraga de una de sus tantas estadías en Europa, en el invierno de 1905, le solicitó a su ex esposa permiso para ver a la hija común, lo que le fue negado con el pretexto de que la niña se encontraba enferma. La noche del sábado primero de julio, al encontrar a Teresa Zañartu en la función de Poliuto en el Teatro Municipal, Undurraga se encolerizó y, tras el segundo acto de la ópera, partió a buscar un revolver con el que le disparó en la cabeza a la mujer, en el pórtico mismo del teatro, al final de la velada. Muerte instantánea. Muerte real.
Que en el seno de la aristocracia se produjera un femicidio ya era mucho. Imagínense lo que a ese sector social le provocó el que tres años después, uno de los suyos, casado con una prima hermana de la víctima, les restregara el hecho a través de una novela.
Por otra parte además, junto con hacer patente que los ricos también tienen dementes y que pueden cometer crímenes dignos de la mejor de las páginas rojas, Orrego Luco hizo en Casa Grande una pormenorizada descripción del modo de vida de la aristocracia de la bella época, de la ostentación y el derroche con que la clase dirigente vivía los años dorados del salitre y de los albores del primer centenario de la República. Y esto fue, seguramente, algo más complicado para la elite criolla, por cuanto no se trataba de desnudar las falencias de una que otra persona, sino de hacer patente las miserias de toda una clase.
A propósito del desprecio recibido por Luis Orrego Luco y su Casa Grande, el ensayista Domingo Melfi apuntó que “Presentar los vicios y debilidades de una sociedad que en la superficie aparecía bañada en el suave brillo del esplendor (…) constituía un delito que no podía quedar sin sanción inmediata”.
Y así fue. Al tiempo de publicarse la novela, una de las personas aludidas en clave, escribió los siguientes versos para su autor, rescatados por el crítico literario Fidel Araneda:
“Luis Orrego Luco,
Hombre ocioso y vago
Que ejecuta diarios por casualidad
No es literato, ni un escritor
Es un pobre hombre sin ningún valor
Si quieres saber cuánto es
Tres chauchas y un diez,
Tres chauchas y un diez”.
Era el desquite de quienes, por verse ridiculizados en la novela, reaccionaron con más que molestia. Son los representantes de un sector social que se percibía a sí mismo como congénitamente dotado de cualidades bondadosas, tal como se desprende de las palabras que usó Benjamín Vicuña Subercaseaux, en El Mercurio del lunes 3 de julio de 1905, para denotar las características espirituales de la víctima del femicidio, su prima hermana: “No apuntamos por una vanidad social estas aristocráticas procedencias: las apuntamos porque ellas son una declaración de nobleza moral, algo que, en parte, puede hacer comprender la inagotable fuente de virtudes que era el alma de Teresa Zañartu Vicuña”.
La novela de Orrego Luco, más allá del estilo “no pocas veces cursi” con que le señala Fidel Araneda, tiene el mérito de hacer, desde adentro, la radiografía de una aristocracia que a principios del siglo pasado había dejado atrás un modo de vida más recatado y austero, cambiándolo por un estilo en el que la ostentación y el lujo se transformaron en un sello de identidad y pertenencia. Es cosa de mirar hoy las suntuosas viviendas de la época que quedan como testigos, por ejemplo, en los barrios Dieciocho y República de la capital. O es cuestión de leer Casa Grande.
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*Vólker Gutiérrez A. es Presidente de Cultura Mapocho
30 de junio de 2008
Límites al actuar policial
Por Paulina Acevedo*
El desmedido protagonismo que se le ha otorgado en la agenda pública de este mundo globalizado a temas como el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, ha dado pie a todo tipo de excesos por parte de las policías y las políticas de Estado, en la búsqueda de contrarrestar una realidad aparentemente exacerbada por la violencia.
Nuestro país, pionero en la región en diversas materias (así reza el slogan que se exhibe al exterior), no se ha quedado atrás en dar prioritaria atención al combate de estos “flagelos sociales”, pero lo hace permitiendo el traspaso de límites éticos del actuar policial en un Estado democrático.
Tanto por la rudeza de sus métodos de captura (uso indebido de la fuerza), como por la trasgresión de derechos fundamentales, presente en casos de privación ilegítima de libertad (derechos al debido proceso y el desplazamiento) y de tortura en el marco de la detención (integridad física, seguridad personal y vida), el actuar de las policías presenta serias deficiencias y vulnera la dignidad humana. Una situación que le fue representada al Estado chileno por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2007, cuando manifestó su preocupación por las múltiples denuncias recibidas en este sentido, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables.
Con todo, lo que resulta aún más complejo no son estas prácticas abiertas, sino aquellas solapadas, esas que indagan impunemente en la vida privada de las personas en pro de alcanzar, se nos argumenta, el anhelado control del espacio público que busca el gobierno (de terrorismo y delincuencia) y de conseguir materializar ese amplio y a la vez ambiguo término que se ha puesto tan de moda: la seguridad ciudadana.
Todavía más preocupante es que el gobierno haya extendido estas prácticas de seguimiento, infiltración, espionaje telefónico y de correos electrónicos, de robo de información digital y de incautación de materiales audiovisuales, de allanamientos y de detenciones arbitrarias practicadas por la Agencia Nacional de Inteligencia para una persecución descomedida de los movimientos sociales que hacen sentir sus demandas al interior del Estado. Utilizando además leyes especiales (de Seguridad del Estado y terrorista) en su persecución penal.
El ejemplo más paradigmático, es la “criminalización” (en palabras del relator especial de la ONU para pueblos indígenas) que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. Donde no sólo está presente la violación abierta de derechos básicos por parte de la policía y el Estado, sino también esa mano encubierta que se cierne de igual modo sobre quienes solidarizan o defienden los derechos de estos pueblos, incluso quienes se acercan a documentar estas realidades. El gobierno les considera peligrosos y da las libertades para reprimir.
Recientemente se conoció la detención de la documentalista Elena Varela, quien se ha dedicado los últimos cuatro años a hacer un completo registro de la situación que viven distintas comunidades mapuches de la Araucanía con la explosión forestal que se ha desatado en la zona, esto en el marco de su proyecto audiovisual “Newen Mapuche”, reconocido con los aportes de Fondart y Corfo, pese a no tener relación alguna con los delitos –no comprobados- que se le imputan, y en el cual existen diversos testimonios de dirigentes y comuneros. Algunos de los cuales habían pedido reserva de identidad para entregar la información por miedo. Hecho que se suma a la detención de dos equipos de documentalistas extranjeros (franceses e italianos), cuyo material sobre la situación mapuche también les fue incautado y luego fueron expulsados del país.
Pero los mapuches no son los únicos que son espiados e infiltrados por las policías. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores subcontratados de Codelco y otros sindicatos, deudores habitacionales y organizaciones medioambientales, han denunciado estas prácticas. Yo misma, periodista y comunicadora en derechos humanos, he tenido varios intentos de piching en mi correo personal, y seguramente mi teléfono esté intervenido. Todo por comunicar situaciones de violación a derechos humanos que afectan distintas personas y grupos sociales.
Es más, cualquiera que hoy se manifieste frente a La Moneda, ejerciendo su derecho constitucional y humano a la expresión, es filmado por carabineros. Y no con esas cámaras pequeñas con que la policía infiltraba las manifestaciones públicas, sino con un equipo profesional como el de los canales, a vista y paciencia de todo aquel que transita, lamentablemente sin cuestionar este robo de imagen. ¿Qué les da derecho a filmarnos?, la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen luego con esas imágenes? ¿Entrarán en calidad de sospechosos o peligrosos en una lista manejada secretamente por la policía?
Ya hace tiempo era hora de decir basta frente a estas situaciones. Ahora es tiempo de exigirlo. No puede la ANI u otro organismo policial tener las amplias facultades que hoy ostentan para intervenir teléfonos sin orden judicial o seguir secretamente a personas por el sólo hecho de “ser” o “pertenecer”.
No podemos permitir que se violen nuestros derechos humanos y ciudadanos en un Estado que se dice democrático. Quiero vivir en un país donde a nadie se le intervenga por lo que piensa, donde a nadie se le reprima por oponerse a un sistema que no comparte, donde no se instale el miedo y la persecución política como método de coerción, y con la libertad necesaria para expresar nuestras ideas y protestar públicamente.
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*Paulina Acevedo es Periodista, diplomada en Derechos Humanos.
El desmedido protagonismo que se le ha otorgado en la agenda pública de este mundo globalizado a temas como el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, ha dado pie a todo tipo de excesos por parte de las policías y las políticas de Estado, en la búsqueda de contrarrestar una realidad aparentemente exacerbada por la violencia.
Nuestro país, pionero en la región en diversas materias (así reza el slogan que se exhibe al exterior), no se ha quedado atrás en dar prioritaria atención al combate de estos “flagelos sociales”, pero lo hace permitiendo el traspaso de límites éticos del actuar policial en un Estado democrático.
Tanto por la rudeza de sus métodos de captura (uso indebido de la fuerza), como por la trasgresión de derechos fundamentales, presente en casos de privación ilegítima de libertad (derechos al debido proceso y el desplazamiento) y de tortura en el marco de la detención (integridad física, seguridad personal y vida), el actuar de las policías presenta serias deficiencias y vulnera la dignidad humana. Una situación que le fue representada al Estado chileno por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2007, cuando manifestó su preocupación por las múltiples denuncias recibidas en este sentido, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables.
Con todo, lo que resulta aún más complejo no son estas prácticas abiertas, sino aquellas solapadas, esas que indagan impunemente en la vida privada de las personas en pro de alcanzar, se nos argumenta, el anhelado control del espacio público que busca el gobierno (de terrorismo y delincuencia) y de conseguir materializar ese amplio y a la vez ambiguo término que se ha puesto tan de moda: la seguridad ciudadana.
Todavía más preocupante es que el gobierno haya extendido estas prácticas de seguimiento, infiltración, espionaje telefónico y de correos electrónicos, de robo de información digital y de incautación de materiales audiovisuales, de allanamientos y de detenciones arbitrarias practicadas por la Agencia Nacional de Inteligencia para una persecución descomedida de los movimientos sociales que hacen sentir sus demandas al interior del Estado. Utilizando además leyes especiales (de Seguridad del Estado y terrorista) en su persecución penal.
El ejemplo más paradigmático, es la “criminalización” (en palabras del relator especial de la ONU para pueblos indígenas) que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. Donde no sólo está presente la violación abierta de derechos básicos por parte de la policía y el Estado, sino también esa mano encubierta que se cierne de igual modo sobre quienes solidarizan o defienden los derechos de estos pueblos, incluso quienes se acercan a documentar estas realidades. El gobierno les considera peligrosos y da las libertades para reprimir.
Recientemente se conoció la detención de la documentalista Elena Varela, quien se ha dedicado los últimos cuatro años a hacer un completo registro de la situación que viven distintas comunidades mapuches de la Araucanía con la explosión forestal que se ha desatado en la zona, esto en el marco de su proyecto audiovisual “Newen Mapuche”, reconocido con los aportes de Fondart y Corfo, pese a no tener relación alguna con los delitos –no comprobados- que se le imputan, y en el cual existen diversos testimonios de dirigentes y comuneros. Algunos de los cuales habían pedido reserva de identidad para entregar la información por miedo. Hecho que se suma a la detención de dos equipos de documentalistas extranjeros (franceses e italianos), cuyo material sobre la situación mapuche también les fue incautado y luego fueron expulsados del país.
Pero los mapuches no son los únicos que son espiados e infiltrados por las policías. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores subcontratados de Codelco y otros sindicatos, deudores habitacionales y organizaciones medioambientales, han denunciado estas prácticas. Yo misma, periodista y comunicadora en derechos humanos, he tenido varios intentos de piching en mi correo personal, y seguramente mi teléfono esté intervenido. Todo por comunicar situaciones de violación a derechos humanos que afectan distintas personas y grupos sociales.
Es más, cualquiera que hoy se manifieste frente a La Moneda, ejerciendo su derecho constitucional y humano a la expresión, es filmado por carabineros. Y no con esas cámaras pequeñas con que la policía infiltraba las manifestaciones públicas, sino con un equipo profesional como el de los canales, a vista y paciencia de todo aquel que transita, lamentablemente sin cuestionar este robo de imagen. ¿Qué les da derecho a filmarnos?, la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen luego con esas imágenes? ¿Entrarán en calidad de sospechosos o peligrosos en una lista manejada secretamente por la policía?
Ya hace tiempo era hora de decir basta frente a estas situaciones. Ahora es tiempo de exigirlo. No puede la ANI u otro organismo policial tener las amplias facultades que hoy ostentan para intervenir teléfonos sin orden judicial o seguir secretamente a personas por el sólo hecho de “ser” o “pertenecer”.
No podemos permitir que se violen nuestros derechos humanos y ciudadanos en un Estado que se dice democrático. Quiero vivir en un país donde a nadie se le intervenga por lo que piensa, donde a nadie se le reprima por oponerse a un sistema que no comparte, donde no se instale el miedo y la persecución política como método de coerción, y con la libertad necesaria para expresar nuestras ideas y protestar públicamente.
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*Paulina Acevedo es Periodista, diplomada en Derechos Humanos.
29 de junio de 2008
Confesiones de chavistas críticos
Por Esteban Valenzuela*
Se palpa otro aire en Venezuela desde que Chávez reconoció su derrota en el reciente plebiscito para reformas constitucionales. Sorprendió con su llamado a las FARC para dejar las armas y terminar con los secuestros. Incluso, en estos días los diarios consignan el enojo de dirigentes sindicales con su líder bolivariano por llegar a un acuerdo estratégico con las asociaciones empresariales para dar un impulso a la producción.
Hay dos lecturas posibles; Chávez maniobra ante la fortaleza de la alianza político militar entre Colombia y EE.UU., y busca el acuerdo con los empresarios ante los problemas económicos del país que contrastan con el auge petrolero: inflación y carestía de alimentos básicos.
La realidad no se maniquea aunque los venezolanos no lo acepten en su profunda división. Un respiro fecundo es dialogar con una pareja de profesionales, quienes desde una posición chavista han evolucionado a una "militancia crítica" (él) y desde la independencia a una postura favorable ante las posturas intransigentes de la oposición (ella).
Allí aparece en el relato los claroscuros, la valoración y la crítica. La caída de un sistema de partidos corrupto que explica el surgimiento del militar bolivariano. El abandono de millones de pobres urbanos y rurales que no contaban con agua, escuelas suficientes ni salud. Los logros en ayudas monetarias a los quintiles más carenciados, salud familiar (con más de un millar de médicos cubanos), nuevas escuelas, microcrédito, recuperación de espacios públicos, así como proyectos emblemáticos como un tren y ampliación del metro para el colapsado conurbano caraqueño o las nuevas refinerías.
Sin embargo, se reconoce que fue un error quitar la concesión a un canal opositor, que ha faltado firmeza para enfrentar la corrupción y dotar al país de una Contraloría independiente, que la retórica hay que acompañarla de políticas públicas y transformaciones eficaces, que ha faltado eficacia para dar mayores pasos en vivienda e infraestructura, que el control del dólar ha generado un mercado paralelo en que surgen fortunas de la nada.
La realidad no es en blanco y negro. Hay prensa, radio y televisión crítica. La oposición se ha fortalecido tras el triunfo del NO y se apresta a elegir más gobernadores (hoy sólo tiene cuatro) en un país que elige sus gobiernos regionales. Además, el próximo año, en las legislativas, no se repetirá la ausencia de oposición en el Congreso, lo que debilitó las instituciones y los contrapesos, que han llevado al propio Chávez a desistirse de leyes decretadas sin deliberación.
Es más, mis amigos "chavistas críticos" reconocen que no toda la oposición es igual, que hay izquierdistas que no fueron convocados, que el centroderechista "Primero Justicia" hizo una labor social importante en introducir mediación comunitaria en un país donde se padece la impunidad, el conflicto y la delincuencia. También hay autocrítica para buscar comprender por qué las mayorías estudiantiles de la Universidad Central se han vuelto opositoras, aunque a su vez, hay orgullo por las "universidades bolivarianas" que han dado acceso a los jóvenes de menos ingresos, de barrios en que sus escuelas no les permite lograr los puntajes para acceder a las tradicionales universidades del Estado.
Venezuela está en una búsqueda frenética de sentido, cohesión y se abre una ventana para recuperar la convivencia. La democracia implica reconocer al otro, y ese es un camino que chavistas y opositores tienen por delante. Lo que sí está claro, es que no hay hegemonía total. El propio chavismo sabe la diferencia entre su lema "patria o muerte" y la nueva imagen de tres figuras humanas de colores vivos que se entrelazan para declarar que ahora "el país es de todos". Dos meta relatos para un proceso que necesita mayor consenso, mayorías, eficacia y capacidad de construir confianzas para dar fecundidad a los tiempos del petróleo a 140 dólares. Gobernar no es vivir en la guerra; es construir. Estar en la oposición no es demonizar, es criticar y buscar compromisos. La historia dirá.
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*Esteban Valenzuela es diputado por Chile Primero
Se palpa otro aire en Venezuela desde que Chávez reconoció su derrota en el reciente plebiscito para reformas constitucionales. Sorprendió con su llamado a las FARC para dejar las armas y terminar con los secuestros. Incluso, en estos días los diarios consignan el enojo de dirigentes sindicales con su líder bolivariano por llegar a un acuerdo estratégico con las asociaciones empresariales para dar un impulso a la producción.
Hay dos lecturas posibles; Chávez maniobra ante la fortaleza de la alianza político militar entre Colombia y EE.UU., y busca el acuerdo con los empresarios ante los problemas económicos del país que contrastan con el auge petrolero: inflación y carestía de alimentos básicos.
La realidad no se maniquea aunque los venezolanos no lo acepten en su profunda división. Un respiro fecundo es dialogar con una pareja de profesionales, quienes desde una posición chavista han evolucionado a una "militancia crítica" (él) y desde la independencia a una postura favorable ante las posturas intransigentes de la oposición (ella).
Allí aparece en el relato los claroscuros, la valoración y la crítica. La caída de un sistema de partidos corrupto que explica el surgimiento del militar bolivariano. El abandono de millones de pobres urbanos y rurales que no contaban con agua, escuelas suficientes ni salud. Los logros en ayudas monetarias a los quintiles más carenciados, salud familiar (con más de un millar de médicos cubanos), nuevas escuelas, microcrédito, recuperación de espacios públicos, así como proyectos emblemáticos como un tren y ampliación del metro para el colapsado conurbano caraqueño o las nuevas refinerías.
Sin embargo, se reconoce que fue un error quitar la concesión a un canal opositor, que ha faltado firmeza para enfrentar la corrupción y dotar al país de una Contraloría independiente, que la retórica hay que acompañarla de políticas públicas y transformaciones eficaces, que ha faltado eficacia para dar mayores pasos en vivienda e infraestructura, que el control del dólar ha generado un mercado paralelo en que surgen fortunas de la nada.
La realidad no es en blanco y negro. Hay prensa, radio y televisión crítica. La oposición se ha fortalecido tras el triunfo del NO y se apresta a elegir más gobernadores (hoy sólo tiene cuatro) en un país que elige sus gobiernos regionales. Además, el próximo año, en las legislativas, no se repetirá la ausencia de oposición en el Congreso, lo que debilitó las instituciones y los contrapesos, que han llevado al propio Chávez a desistirse de leyes decretadas sin deliberación.
Es más, mis amigos "chavistas críticos" reconocen que no toda la oposición es igual, que hay izquierdistas que no fueron convocados, que el centroderechista "Primero Justicia" hizo una labor social importante en introducir mediación comunitaria en un país donde se padece la impunidad, el conflicto y la delincuencia. También hay autocrítica para buscar comprender por qué las mayorías estudiantiles de la Universidad Central se han vuelto opositoras, aunque a su vez, hay orgullo por las "universidades bolivarianas" que han dado acceso a los jóvenes de menos ingresos, de barrios en que sus escuelas no les permite lograr los puntajes para acceder a las tradicionales universidades del Estado.
Venezuela está en una búsqueda frenética de sentido, cohesión y se abre una ventana para recuperar la convivencia. La democracia implica reconocer al otro, y ese es un camino que chavistas y opositores tienen por delante. Lo que sí está claro, es que no hay hegemonía total. El propio chavismo sabe la diferencia entre su lema "patria o muerte" y la nueva imagen de tres figuras humanas de colores vivos que se entrelazan para declarar que ahora "el país es de todos". Dos meta relatos para un proceso que necesita mayor consenso, mayorías, eficacia y capacidad de construir confianzas para dar fecundidad a los tiempos del petróleo a 140 dólares. Gobernar no es vivir en la guerra; es construir. Estar en la oposición no es demonizar, es criticar y buscar compromisos. La historia dirá.
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*Esteban Valenzuela es diputado por Chile Primero
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