Por Alberto Finlay*
Ayer se celebró en Chile y el mundo un nuevo aniversario del Día del Trabajo. La ocasión es propicia para que todos los actores de este sector expresen sus diagnósticos y expectativas. En ese sentido, la organización que dirijo organizó la semana pasada un seminario internacional sobre trabajo temporal, tal vez uno de los tópicos más candentes de la agenda laboral. En él participaron representantes de empresas y gremios del ámbito de la administración de recursos humanos provenientes de Europa, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros.
De este encuentro se pueden extraer algunas conclusiones interesantes al comparar la regulación chilena con los usos y prácticas a nivel internacional. La primera es que el imperativo de contar con formas flexibles de empleo, con el debido resguardo de los derechos laborales, es una necesidad común a los mercados mundiales y de las naciones más diversas. La segunda es que la forma de abordar esa necesidad ha sido igualmente diversa.
En suma, al hablar de Empresas de Servicios Transitorios (EST) en Chile no estamos solos, y muchas veces los números son sorprendentes: no es lo mismo decir que las mujeres son grandes beneficiadas de las formas flexibles de empleo, que decir que su participación en el empleo temporal es de un 83% en Japón, 80 % en Suecia, 75% en Finlandia y 64% en Noruega. Como sabrán, la inclusión de la mujer en el mercado del trabajo es una de las grandes falencias chilenas, comparativamente hablando, y los países referidos son de aquellos con los que nos gusta hacer comparaciones.
Brasil, por su parte, presentó cifras propias de su tamaño y gravitación internacional: 7,7% de la población económicamente activa está tercerizada, lo que equivale a más de 7 millones de trabajadores en esa condición.
Argentina comunicó que formalizó el empleo del agro a partir del ingreso de las EST a éste. En nuestro país, sin embargo, subsiste la figura del “enganchador” en el campo y la Dirección del Trabajo ha considerado que la Ley que regula la subcontratación y el Trabajo Temporal no se aplica al mundo agrícola.
Colombia habló de su regulación interna y a partir de ella se entiende uno de los factores que le ha permitido erigirse como una de las economías más receptivas a la inversión intensiva en contratación en nuestro continente.
A nivel de mercado, en el mundo, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente, son los principales actores empresariales de trabajo transitorio, una actividad que factura más de € 220.000 millones anualmente. Según lo expuesto por la Presidenta del Capítulo Europeo de CIETT (Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Transitorio), el liderazgo de estas economías en el mundo y su posición en la tercerización es causal y no casual.
En Chile, en tanto, seguimos avanzando para que una ley cuya visibilidad ha dependido fundamentalmente del conflicto a nivel de subcontratación, se abra a avanzar para fortalecer la actividad que más silenciosamente creó y formalizó: el trabajo temporal y los servicios transitorios. Al ver los ejemplos internacionales y los casos expuestos, reforzamos la convicción que tenemos sobre el aporte de las EST al mercado laboral y a la consecución de la deseada flexiseguridad, concepto efímeramente célebre en Chile, pero clave en el debate regulador europeo actual. Con el mundo competimos, por eso es necesario seguir mirando cómo producen nuestros vecinos, competidores y mercados de destino.
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*Alberto Finlay es Director Ejecutivo de Agest (Asociación Gremial de Empresas de Administración y Externalización de Recursos Humanos)
2 de mayo de 2008
30 de abril de 2008
Las manos y los pies
Por Roberto Pizarro*
El episodio de las frambuesas de la Subsecretaria de Transportes ha convertido en comedia esa tragedia que significa la corrupción. La utilización de recursos públicos en beneficio privado o para financiar campañas políticas se ha instalado en el país y es parte de una saga que ha afectado a connotadas figuras políticas con el MOP-GATE, Ferrocarriles, Chile Deportes y los Programas de Generación de Empleo. El asunto de las frambuesas no sólo es vergonzante por el carácter tan vulgar del hecho mismo sino porque una autoridad con responsabilidad sobre el Transantiago tiene que saber respetar a esa ciudadanía humillada por el desastre del transporte en Santiago.
La corrupción también ha presentado en los últimos años otra cara que es consecuencia de la fragilidad del sector público y de la soberbia de la empresa privada. Los tiempos que corren han puesto de moda cierto tipo de capitalismo que ha debilitado a la democracia, otorgando poderes fácticos a los grupos económicos nacionales y transnacionales. Ello ha facilitado la oferta de coimas de las empresas privadas a funcionarios públicos. Y los casos más connotados en el último tiempo son los de la transnacional Tata y el Registro Civil, la entrega de dineros por ejecutivos de la empresa Lucchetti para su instalación en un barrio de Lima y las oscuras relaciones de una empresa de servicios que accede a privilegios en municipios dirigidos por la UDI. Estos hechos tienen un antecedente insoslayable en Pinochet y su familia, enjuiciados por una situación de coimas de tal envergadura que comprometió incluso a bancos en los Estados Unidos.
La corrupción está instalada, pero también son inocultables la falta de probidad y el olvido de la ética. Ambas recorren por igual el sector privado y el sector público. Después de las oscuras privatizaciones de Pinochet que permitieron el enriquecimiento ilícito de varios personeros ligados al entorno del dictador, nos hemos encontrado en democracia con figuras políticas concertacionistas que transitan, sin vergüenza, entre la vida política y los negocios, desde elevados niveles de dirección pública a directorios de grandes empresas o dedicados a un intenso trabajo de lobbystas. Se argumenta que las leyes no impiden esos vasos comunicantes entre la política y los negocios. Efectivamente, las regulaciones y leyes son malas y se ha intentado infructuosamente mejorarlas. Pero, tampoco, la existencia de buenas leyes evitarán por si solas recuperar la probidad. Se requiere un cambio cultural sobre la naturaleza y el fin de la política. Mientras se crea, como Maquiavelo, que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y en que lo único importante es ganar, conservar y acrecentar el poder, los riesgos de corrupción mantendrán viva su amenaza.
La corrupción, la falta de probidad y la desvergüenza, en el marco de un modelo económico del sálvese quien pueda, con un sistema político excluyente y de manifiesta vulnerabilidad ciudadana han creado un ambiente que nos recuerdan a Discepolo: “Hoy resulta que todo es igual… el que no llora no mama y el que no afana es un gil”. Este ambiente es el que facilita las trampas y el engaño. De otra forma es difícil explicarse no sólo la corrupción y la falta de probidad sino también la ineptitud. En efecto, da lo mismo la inauguración trucha del hospital de Curepto o preocuparse por establecer controles en las subvenciones escolares. A fin de cuentas nada importa, todo es igual. Aquí se confunden la corrupción y la ineptitud. Se pueden meter las manos y también los pies.
Este mismo ambiente es el que genera condiciones para que las universidades estafen a los estudiantes, como ha sido en la Universidad de la República o en la UTEM o que la sociedad haya aceptado al sicópata Gerardo Rocha como autoridad de la Universidad Santo Tomás o que los jóvenes deban sufrir la existencia de tantas universidades confesionales que con la cruz y la espada repriman sus derechos. Y el Estado ahí, tranquilo. Y no nos vengan con el cuento de la sorpresa, de hechos inesperados, porque todo lo que pasa en las universidades, en las escuelas subvencionadas en hospitales y consultorios es de sobra conocido.
En ese ambiente del todo vale, en que la ganancia rápida es la que manda, los canales de televisión reciben grandes sumas de dinero a cambio de publicidad en vivo y directo a favor de empresas como Paris, Ripley y Líder, entre otras, olvidándose que son esas mismas empresas las que agreden a los consumidores pobres con la usura de las tarjetas de crédito. Televisión y caras bonitas a disposición de los negocios para obligar a consumir. Compromiso de comunicadores con la sociedad de mercado y descompromiso con esos consumidores que deben pagar a fin de mes varias veces más por el valor de un producto como consecuencia de las altas tasas de interés. Esto también es falta de ética.
La corrupción y la falta de probidad han avanzado a pasos agigantados. Es que el individualismo y la pasión por el dinero, propios al modelo económico que vivimos, corroen las entrañas de nuestra sociedad, cuestionando peligrosamente esos valores de ética pública que nos legaran Portales, Recabarren, Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Frei Montalva y Allende. El país está marchando vertiginosamente a la catástrofe, que en los países vecinos culminó con el reemplazo de la clase política tradicional.
En Chile ha crecido el peso de la economía y el poder de quienes la controlan. Al fortalecerse el poder económico éste exige mayor autonomía respecto de las demás dimensiones de la sociedad, habiéndose instalado la idea que las leyes del mercado son incuestionables e independientes de las decisiones de las personas. En estas condiciones, la política y el Estado se debilitan y en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política y la concomitancia de ésta con los grupos económicos. Así las cosas, el sentido comunitario de nación se encuentra debilitado con un Estado frágil, que se considera un estorbo. Y los políticos han perdido toda voluntad para modificar lo existente. Allí se encuentran cómodos.
El mundo que vivimos es peligroso. La pasión por el dinero, que caracteriza al neoliberalismo, se infiltra por todas partes y corrompe no sólo a los espíritus frágiles y ambiciosos sino se ha instalado como una nueva realidad cultural. Simultáneamente, la renuncia a los proyectos colectivos y el predominio del poder personal han convertido a la política en un negocio más. Si no se realiza un esfuerzo nacional para evitar la corrupción y recuperar el espíritu probo caeremos en las mismas situaciones que tanto hemos criticado a nuestros vecinos. El desafío es inmenso, lo que nos lleva, por ahora, a recordar la hermosa anécdota que cuenta Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, la que pudo haber sucedido perfectamente en el Chile de nuestros antepasados: hace muchos años, un hombre se desvaneció de hambre en las calles de Buenos Aires y cuando lo socorrieron le preguntaron cómo no había comprado algo de comer con el dinero que llevaba en su bolsillo. El hombre respondió: eso era imposible, pues el dinero pertenece al sindicato.
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*Roberto Pizarro es economista y ex ministro de Mideplan
El episodio de las frambuesas de la Subsecretaria de Transportes ha convertido en comedia esa tragedia que significa la corrupción. La utilización de recursos públicos en beneficio privado o para financiar campañas políticas se ha instalado en el país y es parte de una saga que ha afectado a connotadas figuras políticas con el MOP-GATE, Ferrocarriles, Chile Deportes y los Programas de Generación de Empleo. El asunto de las frambuesas no sólo es vergonzante por el carácter tan vulgar del hecho mismo sino porque una autoridad con responsabilidad sobre el Transantiago tiene que saber respetar a esa ciudadanía humillada por el desastre del transporte en Santiago.
La corrupción también ha presentado en los últimos años otra cara que es consecuencia de la fragilidad del sector público y de la soberbia de la empresa privada. Los tiempos que corren han puesto de moda cierto tipo de capitalismo que ha debilitado a la democracia, otorgando poderes fácticos a los grupos económicos nacionales y transnacionales. Ello ha facilitado la oferta de coimas de las empresas privadas a funcionarios públicos. Y los casos más connotados en el último tiempo son los de la transnacional Tata y el Registro Civil, la entrega de dineros por ejecutivos de la empresa Lucchetti para su instalación en un barrio de Lima y las oscuras relaciones de una empresa de servicios que accede a privilegios en municipios dirigidos por la UDI. Estos hechos tienen un antecedente insoslayable en Pinochet y su familia, enjuiciados por una situación de coimas de tal envergadura que comprometió incluso a bancos en los Estados Unidos.
La corrupción está instalada, pero también son inocultables la falta de probidad y el olvido de la ética. Ambas recorren por igual el sector privado y el sector público. Después de las oscuras privatizaciones de Pinochet que permitieron el enriquecimiento ilícito de varios personeros ligados al entorno del dictador, nos hemos encontrado en democracia con figuras políticas concertacionistas que transitan, sin vergüenza, entre la vida política y los negocios, desde elevados niveles de dirección pública a directorios de grandes empresas o dedicados a un intenso trabajo de lobbystas. Se argumenta que las leyes no impiden esos vasos comunicantes entre la política y los negocios. Efectivamente, las regulaciones y leyes son malas y se ha intentado infructuosamente mejorarlas. Pero, tampoco, la existencia de buenas leyes evitarán por si solas recuperar la probidad. Se requiere un cambio cultural sobre la naturaleza y el fin de la política. Mientras se crea, como Maquiavelo, que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y en que lo único importante es ganar, conservar y acrecentar el poder, los riesgos de corrupción mantendrán viva su amenaza.
La corrupción, la falta de probidad y la desvergüenza, en el marco de un modelo económico del sálvese quien pueda, con un sistema político excluyente y de manifiesta vulnerabilidad ciudadana han creado un ambiente que nos recuerdan a Discepolo: “Hoy resulta que todo es igual… el que no llora no mama y el que no afana es un gil”. Este ambiente es el que facilita las trampas y el engaño. De otra forma es difícil explicarse no sólo la corrupción y la falta de probidad sino también la ineptitud. En efecto, da lo mismo la inauguración trucha del hospital de Curepto o preocuparse por establecer controles en las subvenciones escolares. A fin de cuentas nada importa, todo es igual. Aquí se confunden la corrupción y la ineptitud. Se pueden meter las manos y también los pies.
Este mismo ambiente es el que genera condiciones para que las universidades estafen a los estudiantes, como ha sido en la Universidad de la República o en la UTEM o que la sociedad haya aceptado al sicópata Gerardo Rocha como autoridad de la Universidad Santo Tomás o que los jóvenes deban sufrir la existencia de tantas universidades confesionales que con la cruz y la espada repriman sus derechos. Y el Estado ahí, tranquilo. Y no nos vengan con el cuento de la sorpresa, de hechos inesperados, porque todo lo que pasa en las universidades, en las escuelas subvencionadas en hospitales y consultorios es de sobra conocido.
En ese ambiente del todo vale, en que la ganancia rápida es la que manda, los canales de televisión reciben grandes sumas de dinero a cambio de publicidad en vivo y directo a favor de empresas como Paris, Ripley y Líder, entre otras, olvidándose que son esas mismas empresas las que agreden a los consumidores pobres con la usura de las tarjetas de crédito. Televisión y caras bonitas a disposición de los negocios para obligar a consumir. Compromiso de comunicadores con la sociedad de mercado y descompromiso con esos consumidores que deben pagar a fin de mes varias veces más por el valor de un producto como consecuencia de las altas tasas de interés. Esto también es falta de ética.
La corrupción y la falta de probidad han avanzado a pasos agigantados. Es que el individualismo y la pasión por el dinero, propios al modelo económico que vivimos, corroen las entrañas de nuestra sociedad, cuestionando peligrosamente esos valores de ética pública que nos legaran Portales, Recabarren, Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Frei Montalva y Allende. El país está marchando vertiginosamente a la catástrofe, que en los países vecinos culminó con el reemplazo de la clase política tradicional.
En Chile ha crecido el peso de la economía y el poder de quienes la controlan. Al fortalecerse el poder económico éste exige mayor autonomía respecto de las demás dimensiones de la sociedad, habiéndose instalado la idea que las leyes del mercado son incuestionables e independientes de las decisiones de las personas. En estas condiciones, la política y el Estado se debilitan y en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política y la concomitancia de ésta con los grupos económicos. Así las cosas, el sentido comunitario de nación se encuentra debilitado con un Estado frágil, que se considera un estorbo. Y los políticos han perdido toda voluntad para modificar lo existente. Allí se encuentran cómodos.
El mundo que vivimos es peligroso. La pasión por el dinero, que caracteriza al neoliberalismo, se infiltra por todas partes y corrompe no sólo a los espíritus frágiles y ambiciosos sino se ha instalado como una nueva realidad cultural. Simultáneamente, la renuncia a los proyectos colectivos y el predominio del poder personal han convertido a la política en un negocio más. Si no se realiza un esfuerzo nacional para evitar la corrupción y recuperar el espíritu probo caeremos en las mismas situaciones que tanto hemos criticado a nuestros vecinos. El desafío es inmenso, lo que nos lleva, por ahora, a recordar la hermosa anécdota que cuenta Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, la que pudo haber sucedido perfectamente en el Chile de nuestros antepasados: hace muchos años, un hombre se desvaneció de hambre en las calles de Buenos Aires y cuando lo socorrieron le preguntaron cómo no había comprado algo de comer con el dinero que llevaba en su bolsillo. El hombre respondió: eso era imposible, pues el dinero pertenece al sindicato.
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*Roberto Pizarro es economista y ex ministro de Mideplan
28 de abril de 2008
El fallo del TC atenta contra la gobernabilidad democrática
Por Teresa Valdés E.*
Muchos se sorprenderán en estos días con la masiva y activa reacción que ha generado en amplios sectores de la población el fallo del Tribunal Constitucional aceptando el requerimiento de 36 diputados de derecha de dejar sin efecto varias medidas contenidas en las Normas Nacionales de Regulación de Fertilidad. Las Normas, instauradas por Decreto Supremo de la Presidenta de la República, son una guía para los profesionales y personal de la salud pública destinada a proveer servicios de calidad y orientar a la población en la toma de decisiones respecto del método de regulación de fertilidad más apropiado a sus necesidades.
Los diputados de derecha solicitaron que se declarara inconstitucional la entrega en los servicios públicos de salud de: la píldora Anticonceptiva de Emergencia (píldora del día después), las píldoras combinadas que contengan Levonorgestrel y un estrógeno (éstas son todas las pastillas que se dan en los consultorios), el dispositivo intrauterino conocido como la “T de Cobre” –utilizada por la mayoría de las mujeres que se atienden en el sector público-, y los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres.
El fallo del Tribunal declaró inconstitucional para las mujeres -cualquiera sea su edad- la Anticoncepción Hormonal de Emergencia, a saber la distribución de Levonorgestrel solo -en dos dosis- o en el método Yuzpe (ingesta de varias pastillas anticonceptivas). Pero, es evidente, que más allá de los argumentos esgrimidos por el Tribunal el fallo amenaza gravemente la gobernabilidad democrática.
En efecto, en este caso se constata un desbalance entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado. Si bien el gobierno ha desarrollado políticas públicas que responden a las necesidades de la población y a los intereses ciudadanos, la estructura de poder prevaleciente en el Estado -con enquistes autoritarios como este Tribunal, rémora de la Dictadura, y la sobrerrepresentación de la minoría de derecha- impide una respuesta adecuada a las demandas sociales.
Largos años han pasado ya desde el retorno a la democracia, pero aún no contamos con un sistema capaz de establecer normas que representen el sentir mayoritario y respeten la pluralidad y diversidad de una sociedad crecientemente compleja. En este caso, una política de Gobierno que concita la mayor adhesión ciudadana se ha vuelto inviable en virtud de una institucionalidad heredada de la dictadura que amenaza con agudizar tensiones y desatar graves conflictos sociales.
Poco espacio tiene la ciudadanía –mujeres y jóvenes cuyos derechos sexuales y reproductivos han sido conculcados- para hacer valer sus demandas y necesidades. Sin espacio han quedado los proveedores de la salud pública para cumplir con su deber Hipocrático y quienes trabajan con los sectores populares para atender situaciones de riesgo de embarazos no deseados y de violencia sexual.
En ese contexto, es esperable la rebeldía ciudadana, expresada en rabia y desconocimiento de una institucionalidad que no sólo desprotege derechos ciudadanos, sino que desconoce la autonomía individual y la libertad de conciencia. Todos los organismos nacionales e internacionales que buscan avanzar en materia de gobernabilidad democrática señalan como imperativo: profundizar el régimen democrático, reduciendo las barreras institucionales que limitan la participación y la movilización social y garantizando espacios y autonomía a la sociedad civil; la institucionalización de estructuras políticas que permiten ejercer adecuadamente la mediación de intereses y la resolución de conflictos; y la obtención de resultados económicos y sociales que se traduzcan en la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Las reglas y normas deben ser el resultado de un proceso de participación y deliberación entre actores que tienen en cuenta no sólo sus intereses sino también la estabilidad y avances de la sociedad toda.
El fallo del Tribunal Constitucional hace todo lo contrario y hace visible cuan lejos estamos como país de alcanzar condiciones efectivas de gobernabilidad democrática.
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*Teresa Valdés pertenece al Observatorio de Género y Equidad
Muchos se sorprenderán en estos días con la masiva y activa reacción que ha generado en amplios sectores de la población el fallo del Tribunal Constitucional aceptando el requerimiento de 36 diputados de derecha de dejar sin efecto varias medidas contenidas en las Normas Nacionales de Regulación de Fertilidad. Las Normas, instauradas por Decreto Supremo de la Presidenta de la República, son una guía para los profesionales y personal de la salud pública destinada a proveer servicios de calidad y orientar a la población en la toma de decisiones respecto del método de regulación de fertilidad más apropiado a sus necesidades.
Los diputados de derecha solicitaron que se declarara inconstitucional la entrega en los servicios públicos de salud de: la píldora Anticonceptiva de Emergencia (píldora del día después), las píldoras combinadas que contengan Levonorgestrel y un estrógeno (éstas son todas las pastillas que se dan en los consultorios), el dispositivo intrauterino conocido como la “T de Cobre” –utilizada por la mayoría de las mujeres que se atienden en el sector público-, y los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres.
El fallo del Tribunal declaró inconstitucional para las mujeres -cualquiera sea su edad- la Anticoncepción Hormonal de Emergencia, a saber la distribución de Levonorgestrel solo -en dos dosis- o en el método Yuzpe (ingesta de varias pastillas anticonceptivas). Pero, es evidente, que más allá de los argumentos esgrimidos por el Tribunal el fallo amenaza gravemente la gobernabilidad democrática.
En efecto, en este caso se constata un desbalance entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado. Si bien el gobierno ha desarrollado políticas públicas que responden a las necesidades de la población y a los intereses ciudadanos, la estructura de poder prevaleciente en el Estado -con enquistes autoritarios como este Tribunal, rémora de la Dictadura, y la sobrerrepresentación de la minoría de derecha- impide una respuesta adecuada a las demandas sociales.
Largos años han pasado ya desde el retorno a la democracia, pero aún no contamos con un sistema capaz de establecer normas que representen el sentir mayoritario y respeten la pluralidad y diversidad de una sociedad crecientemente compleja. En este caso, una política de Gobierno que concita la mayor adhesión ciudadana se ha vuelto inviable en virtud de una institucionalidad heredada de la dictadura que amenaza con agudizar tensiones y desatar graves conflictos sociales.
Poco espacio tiene la ciudadanía –mujeres y jóvenes cuyos derechos sexuales y reproductivos han sido conculcados- para hacer valer sus demandas y necesidades. Sin espacio han quedado los proveedores de la salud pública para cumplir con su deber Hipocrático y quienes trabajan con los sectores populares para atender situaciones de riesgo de embarazos no deseados y de violencia sexual.
En ese contexto, es esperable la rebeldía ciudadana, expresada en rabia y desconocimiento de una institucionalidad que no sólo desprotege derechos ciudadanos, sino que desconoce la autonomía individual y la libertad de conciencia. Todos los organismos nacionales e internacionales que buscan avanzar en materia de gobernabilidad democrática señalan como imperativo: profundizar el régimen democrático, reduciendo las barreras institucionales que limitan la participación y la movilización social y garantizando espacios y autonomía a la sociedad civil; la institucionalización de estructuras políticas que permiten ejercer adecuadamente la mediación de intereses y la resolución de conflictos; y la obtención de resultados económicos y sociales que se traduzcan en la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Las reglas y normas deben ser el resultado de un proceso de participación y deliberación entre actores que tienen en cuenta no sólo sus intereses sino también la estabilidad y avances de la sociedad toda.
El fallo del Tribunal Constitucional hace todo lo contrario y hace visible cuan lejos estamos como país de alcanzar condiciones efectivas de gobernabilidad democrática.
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*Teresa Valdés pertenece al Observatorio de Género y Equidad
A propósito del caso Metrogas
Por Matías Guiloff *
Recientemente se dio a conocer un fallo de la Corte Suprema que, según algunos medios, da el vamos a la planta de gas natural que la empresa Metrogas piensa construir en Peñalolén, planta que en concepto del Sr. Ministro del Interior es “un mal necesario”.
Cabe señalar que desde un punto de vista jurídico, el aludido fallo no le da el vamos a la planta. Es cuestión de refrescar la memoria en lo relativo al asunto sobre el cual versó el pronunciamiento de la Suprema.
Dicha resolución se pronunció acerca de un recurso de protección que Metrogas presentó en contra de un dictamen de la Contraloría que declaró ilegal la autorización provisoria que la Corema le había dado al proyecto el año pasado. El recurso en primera instancia fue acogido por la Corte de Apelaciones y luego fue rechazado por la Corte Suprema, en razón de que en el lapso que medió entre el pronunciamiento de una y otra Corte, la Corema calificó como ambientalmente viable de manera definitiva el proyecto, por lo que se tornó innecesario decidir acerca de la inconstitucionalidad de la autorización provisoria.
En otros contextos una salida formal como esta sería criticable, pero dadas la circunstancias recientemente relatadas, no cabe sino encontrar razonable la resolución de la Corte. Más aún cuando del fallo que se dio a conocer sólo se pueden extraer buenas lecturas, en cuanto ha dejado intacto el razonamiento (de fondo) de la Contraloría, en el sentido de que la autorización provisoria no se ajustaba a la normativa vigente y fundamentalmente porque la posición de que este dictamen vulneraba el derecho a desarrollar actividades económicas, sólo logro convencer a uno de los cinco ministros que integraban la sala de la Corte Suprema.
Con todo, parece necesario detenerse por algunos instantes en esta manera de fallar, cuando el asunto que se somete a la consideración de las cortes es uno de naturaleza ambiental. La protección del medio ambiente muchas veces se opone a la realización de actividades industriales, actividades que en algunos casos como este, son consideradas como fundamentales dadas las situaciones contingentes por el gobierno de turno, como “males necesarios”.
Así las cosas, al momento de fallar estos asuntos las cortes deben ponderar los derechos en conflicto, contando además con el antecedente/ presión de que el Ejecutivo se inclina fuertemente por uno de éstos. Es en este momento cuando las Cortes, puestas en la tensión entre las demandas de la contingencia y el conjunto de normas jurídicas que nos rigen, suelen hacer algunas de las siguientes cosas: echar mano a herramientas que les permiten no tener que pronunciarse con respecto al fondo del asunto (como establecer que los recurrentes carecen de legitimación activa o que no han recurrido a la justicia dentro de los plazos establecidos) o pronunciarse con respecto al fondo, pero a través de un análisis formal, en el sentido de superficial.
Esta manera de proceder se ha transformado en la regla general en Chile en materia de recursos que plantean la violación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En este sentido, siempre y cuando en primer lugar la Corte estime que los recurrentes tienen legitimación activa y que han accionado dentro de plazo, nuestras cortes han llegado a señalar que del acto que califica como ambientalmente viable un proyecto de inversión, jamás podría decirse que implica una privación, perturbación o amenaza de este derecho, debido a que de esta autorización no se siguen estos efectos. En el extraño concepto de nuestras cortes, sólo podrían seguirse del funcionamiento mismo de la planta o actividad sobre la cual ha versado la resolución de calificación ambiental.
Es de esperar que enfrentadas nuevamente ante un dilema como este, en el contexto del recurso de protección que se ha interpuesto en contra de la resolución de calificación ambiental (definitiva) emanada de la Corema, las Cortes dejen de lado esta mala comprensión del formalismo –en el sentido antes indicado de esta palabra- y decidan con prescindencia de las presiones del Ejecutivo, entrando al fondo del asunto y ponderando con el peso que corresponde el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de Peñalolén.
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*Matías Guiloff es investigador del Programa de Derecho Ambiental, UDP.
Recientemente se dio a conocer un fallo de la Corte Suprema que, según algunos medios, da el vamos a la planta de gas natural que la empresa Metrogas piensa construir en Peñalolén, planta que en concepto del Sr. Ministro del Interior es “un mal necesario”.
Cabe señalar que desde un punto de vista jurídico, el aludido fallo no le da el vamos a la planta. Es cuestión de refrescar la memoria en lo relativo al asunto sobre el cual versó el pronunciamiento de la Suprema.
Dicha resolución se pronunció acerca de un recurso de protección que Metrogas presentó en contra de un dictamen de la Contraloría que declaró ilegal la autorización provisoria que la Corema le había dado al proyecto el año pasado. El recurso en primera instancia fue acogido por la Corte de Apelaciones y luego fue rechazado por la Corte Suprema, en razón de que en el lapso que medió entre el pronunciamiento de una y otra Corte, la Corema calificó como ambientalmente viable de manera definitiva el proyecto, por lo que se tornó innecesario decidir acerca de la inconstitucionalidad de la autorización provisoria.
En otros contextos una salida formal como esta sería criticable, pero dadas la circunstancias recientemente relatadas, no cabe sino encontrar razonable la resolución de la Corte. Más aún cuando del fallo que se dio a conocer sólo se pueden extraer buenas lecturas, en cuanto ha dejado intacto el razonamiento (de fondo) de la Contraloría, en el sentido de que la autorización provisoria no se ajustaba a la normativa vigente y fundamentalmente porque la posición de que este dictamen vulneraba el derecho a desarrollar actividades económicas, sólo logro convencer a uno de los cinco ministros que integraban la sala de la Corte Suprema.
Con todo, parece necesario detenerse por algunos instantes en esta manera de fallar, cuando el asunto que se somete a la consideración de las cortes es uno de naturaleza ambiental. La protección del medio ambiente muchas veces se opone a la realización de actividades industriales, actividades que en algunos casos como este, son consideradas como fundamentales dadas las situaciones contingentes por el gobierno de turno, como “males necesarios”.
Así las cosas, al momento de fallar estos asuntos las cortes deben ponderar los derechos en conflicto, contando además con el antecedente/ presión de que el Ejecutivo se inclina fuertemente por uno de éstos. Es en este momento cuando las Cortes, puestas en la tensión entre las demandas de la contingencia y el conjunto de normas jurídicas que nos rigen, suelen hacer algunas de las siguientes cosas: echar mano a herramientas que les permiten no tener que pronunciarse con respecto al fondo del asunto (como establecer que los recurrentes carecen de legitimación activa o que no han recurrido a la justicia dentro de los plazos establecidos) o pronunciarse con respecto al fondo, pero a través de un análisis formal, en el sentido de superficial.
Esta manera de proceder se ha transformado en la regla general en Chile en materia de recursos que plantean la violación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En este sentido, siempre y cuando en primer lugar la Corte estime que los recurrentes tienen legitimación activa y que han accionado dentro de plazo, nuestras cortes han llegado a señalar que del acto que califica como ambientalmente viable un proyecto de inversión, jamás podría decirse que implica una privación, perturbación o amenaza de este derecho, debido a que de esta autorización no se siguen estos efectos. En el extraño concepto de nuestras cortes, sólo podrían seguirse del funcionamiento mismo de la planta o actividad sobre la cual ha versado la resolución de calificación ambiental.
Es de esperar que enfrentadas nuevamente ante un dilema como este, en el contexto del recurso de protección que se ha interpuesto en contra de la resolución de calificación ambiental (definitiva) emanada de la Corema, las Cortes dejen de lado esta mala comprensión del formalismo –en el sentido antes indicado de esta palabra- y decidan con prescindencia de las presiones del Ejecutivo, entrando al fondo del asunto y ponderando con el peso que corresponde el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de Peñalolén.
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*Matías Guiloff es investigador del Programa de Derecho Ambiental, UDP.
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