Por Manuel Riesco*
La reforma educacional parece enredada en un lío sin remedio. El sistema público continúa bajo el acoso de una minoría privilegiada cegada por sus prejuicios. Durante la dictadura lo desmantelaron con saña revanchista. Amarraron su continuado deterioro mediante la LOCE. Hoy se aferran a mantener el mismo marco con otro nombre. Su masivo intento de reemplazarlo por un mercado educacional impuesto a la fuerza produjo resultados de baja calidad, alta segregación y elevado costo para las familias. El sistema en su conjunto ha entrado en crisis y no puede continuar como está. La abrumadora mayoría del país es partidaria de reconstruir un sistema público que garantice una educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Está en lo cierto. Esa es la solución más rápida y eficaz para alcanzar rápidamente los niveles de calidad y cobertura que han logrado los líderes mundiales. Así lo hicieron ellos. Para proyectar el desarrollo nacional, el sistema educacional público no puede continuar como rehén de los designios de esta minoría.
A lo largo buena parte del siglo XX, el Estado chileno, bajo gobiernos de signos muy diversos que compartieron una misma estrategia, logró construir un sistema público de alcance nacional. En 1973 ofrecía educación gratuita de reconocida calidad a 30 de cada cien chilenos de todas las edades, y su presupuesto alcanzaba al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Fue el instrumento principal del gran cambio social, que transformó en ciudadanos a un pueblo cuya abrumadora mayoría eran inicialmente campesinos analfabetos.
Pinochet lo desmanteló brutalmente. Expulsaron profesores y alumnos. Centenares fueron víctimas de las peores formas de represión. Pusieron uniformados de rectores. Quemaron libros, prohibieron asignaturas, cerraron facultades. Expulsaron de la universidad al Instituto Pedagógico. Redujeron el presupuesto a la mitad y los sueldos de los profesores a la tercera parte. En 1982 había menos alumnos que en 1974. Desperdigaron las universidades por las regiones y los colegios por los municipios. Intentaron forzar un mercado educacional, subsidiando a privados al tiempo que ahogaban los públicos. Pretendieron eternizarlo mediante la LOCE.
Los gobiernos democráticos cometieron el error de mantener el esquema. Al mismo tiempo, hacían esfuerzos importantes por recuperar los deteriorados niveles de gasto público y remuneraciones del magisterio.
No lograron impedir el continuado desmantelamiento del sistema público. Hoy tiene un millón de alumnos menos que hace treinta años. En condiciones peores. El magisterio no logra recuperar su nivel salarial anterior al Golpe. El presupuesto educacional alcanza a menos del 3,5% del PIB, la mitad de la proporción de entonces.
Los establecimientos privados se multiplicaron mientras los públicos se desmantelaban. Han absorbido a 9 de cada 10 alumnos adicionales a partir de 1990, y casi la mitad del incremento del presupuesto. Hoy representan la mitad de los alumnos y profesores. La mitad del gasto educacional es desembolsado por las familias. Sin embargo, la mezcla de establecimientos públicos deteriorados y privados con fines de lucro ha resultado de calidad deficiente, onerosa para las familias y escandalosamente segmentada por niveles de ingreso y posición social.
Al término de la dictadura, el número de estudiantes respecto de la población total se había reducido a 25%, y hoy no supera el 27%. Es decir, proporcionalmente, hay menos chilenos estudiando en establecimientos públicos y privados que antes del Golpe. Paralelamente, una disminución de la proporción en edad escolar ha permitido aumentar la cobertura en todos los niveles, y en el terciario extenderla a sectores que antes no la tenían. Sin embargo, el disminuido esfuerzo general ha retrasado la cobertura de este último nivel. De haberse mantenido las tasas de crecimiento logradas hasta 1973, Chile habría sobrepasado a Argentina, que hoy lo supera ampliamente en este aspecto, y alcanzado a los países líderes, que exhiben cobertura terciaria completa.
La solución es bastante clara. Consiste sencillamente en dotar a cada barrio - empezando por los más pobres - de un colegio público gratuito de excelencia, donde los vecinos puedan enviar a sus hijos en la seguridad que serán muy bien educados. Al mismo tiempo, cada región debe contar con universidades y otros establecimientos superiores, públicos y gratuitos, que aseguren el acceso a este nivel a todos los jóvenes, y ofrezcan una base sólida y estable a la investigación científica, innovación tecnológica y creación intelectual y artística.
Esto es lo que han construido los países desarrollados. También aquellos que han logrado salir del subdesarrollo y se proyectan como líderes en el siglo que se inicia. En toda Europa, hasta en los barrios más modestos y pueblos más pequeños, se aprecian los magníficos edificios de colegios y universidades públicas. Más del 92% de los alumnos estudia en ellos. Una proporción similar del gasto educacional proviene del presupuesto fiscal. Algo parecido se verifica en todo el mundo desarrollado.
Chile puede transitar rápidamente hacia algo similar. A partir de todo lo construido a lo largo de un siglo, también lo más reciente. Un plan nacional de educación pública puede alcanzar estos objetivos, contando con las instituciones y recursos correspondientes, los cuales se encuentran disponibles. Se pueden establecer organismos que aseguren una administración moderna del conjunto, con grados adecuados de centralización y descentralización, asegurando la participación de todos los niveles del poder democrático y la comunidad escolar. Los establecimientos públicos existentes pueden hacer de cabeza en sus comunas y regiones, dotados de los recursos presupuestarios -esa es la forma adecuada de distribuirlos en el sector público- que permitan transformarlos en breve tiempo en colegios y universidades de primera.
El magisterio y académicos son los actores claves. Han fracasado una y otra vez la serie de intentos basados en el absurdo de concebir a colegios y universidades públicas como empresas privadas y a los docentes como empleados. En el mundo desarrollado, la base del sistema es el funcionario público docente y académico, que tiene aseguradas una carrera profesional de por vida, remuneraciones y jubilaciones decentes, y una posición social respetable. En el marco de un plan nacional de reconstrucción, magisterio y académicos chilenos van a apoyar resueltamente los cambios que garanticen su transformación en un cuerpo estable y de excelencia.
La reconstrucción del sistema de educación pública no excluye establecimientos particulares de excelencia en todos los niveles. Se puede mantener el actual sistema de subvenciones por alumno, pero solo para este sector, donde ha demostrado ser adecuado. Sin embargo, los subsidios deberán condicionarse a su incorporación al plan nacional, agregando su oferta a la de los establecimientos públicos en cada lugar.
Se puede ofrecer a los particulares subvencionados la opción de transformarse voluntariamente en establecimientos públicos, si sus respectivas comunidades optan libremente por esta alternativa. Esto ha ocurrido en España, por ejemplo, donde muchos colegios que inicialmente fueron privados hoy día forman parte del sistema público.
La participación de la empresa privada en el sistema puede ampliarse significativamente, como proveedores de servicios anexos a la educación, incluyendo locales, mientras la función docente se reserva al sistema público.
Finalmente, la experiencia de las universidades particulares con financiamiento estatal del Consejo de Rectores puede extenderse a otras universidades privadas, a las cuales por otra parte, se les puede ofrecer asimismo la opción de incorporarse al sistema público si sus comunidades optan por esta alternativa.
La reconstrucción sobre bases como éstas es perfectamente posible en breve tiempo. Las mismas se corresponden a las mejores prácticas de los países desarrollados y a la de Chile en el siglo XX. Evidentemente resulta el camino más directo hacia el desarrollo nacional y la integración social en beneficio de todos los sectores. ¿Que nos impide abordarla de inmediato?
El problema principal es que la elite social y económica chilena continúa presa de una mentalidad llena de prejuicios contra el sector público. Se originan en su pasado latifundista, superado gracias al rol progresista del Estado, en una transformación que culminó en forma revolucionaria, y en el cual el sistema educacional jugó un rol preponderante. Ello explica su desmantelamiento en niveles que sólo han experimentado países asolados por guerras civiles e invasiones.
Dicha actitud se potencia con el lobby de la industria educacional. La Iglesia suele jugar un papel no menor. Encuentran oídos dispuestos en una capa tecnocrática formada bajo la hegemonía del pensamiento neoliberal, cuya principal distorsión consiste en la convicción que los mercados resuelven todos los problemas. Estas maneras de pensar no van a cambiar pronto, probablemente no antes de un recambio generacional.
Con tales limitaciones ¿es posible abordar hoy el gran desafío? Ciertamente. La situación se parece a los años veinte del siglo pasado, cuando la oligarquía agraria desde el parlamento impedía iniciar el camino desarrollista que se tornaba imperioso. Sin embargo, a poco andar se establece un nuevo bloque en el poder, capaz de impulsar la nueva estrategia a lo largo de varias décadas. Algo parecido va a ocurrir necesariamente, ciertamente con actores y objetivos diferentes, adecuados a la realidad social y económica de hoy.
Ojalá que el cambio se produzca esta vez sin los estallidos sociales que ocurren de tanto en tanto. Las trancas del sistema político, que mantienen a la educación y al país como rehenes de un sector minoritario, no auguran nada bueno.
Mientras tanto, seguiremos presenciando el lío general de educación.
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*Manuel Riesco es director del CENDA
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13 de junio de 2008
10 de junio de 2008
No da para más
Por Manuel Riesco*
Se ha desatado una nueva y peligrosa ofensiva para privatizar CODELCO. Sus protagonistas representan a los intereses extranjeros que se han apoderado de las riquezas mineras y arrinconado a la gran empresa de Chile. Ahora pretenden quedarse con ella. Una vez más se mellarán los dientes. Sus intentos serán nuevamente rechazados por la abrumadora mayoría del país. Se acerca el día en que se recuperen las riquezas nacionalizadas por el Presidente Allende y CODELCO asuma plenamente el rol de liderazgo a que está llamado a nivel mundial, en el interés de todos los chilenos. Esto no da para más.
El Mercurio, cuyo dueño conspiró con una potencia extranjera para derrocar al gobierno democrático de Chile, ha publicado con gran alharaca un llamamiento a convertir CODELCO en una sociedad anónima y venderla a capitales privados. Casi todos los firmantes trabajan o reciben regularmente donaciones de los grandes conglomerados mineros privados, en su mayor parte extranjeros.
Se trata del mismo reducido grupo de tecnócratas que han venido dirigiendo la política minera de los gobiernos de la Concertación. Su enorme influencia ciertamente no se puede atribuir sólo a sus habilidades asesoras. Lo que ocurre hoy con la minería y CODELCO es responsabilidad, en primer lugar, precisamente de este grupo. Los resultados de su accionar han sido y siguen siendo extraordinariamente nocivos para el país.
Durante los años 90, la carrera desatada entre las principales mineras por controlar el cobre chileno que se les ofrecían sin cobro alguno, significó una sobreproducción tal que derrumbó el precio mundial a lo largo de varios años. Ello acarreó elevadísimas pérdidas a CODELCO y al Fisco. Sólo terminó cuando consideraron que su posición estaba consolidada en Chile y, junto a CODELCO, ajustaron su oferta a la demanda mundial.
Operaron a lo largo de una década sin pagar impuestos, con una sola excepción significativa. Cuando la indignación nacional obligó al gobierno a introducir un tímido cobro por los recursos, lograron acomodar la ley de modo que aquellas empresas que más habían eludido impuestos vieron en la práctica reducida su tasa global en el momento en que el precio del cobre empezó a repuntar.
Un reciente estudio de CENDA presentado en un seminario de la ONU, muestra que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que ya controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganaron otro tanto.
Se comprueba que los subproductos pagan todos los costos. El producto de la venta de cobre se traduce íntegramente en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras. Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas.
Estos resultados ameritan una explicación al país. El propio Director del SII ha confirmado las dudas acerca de los estados financieros publicados por las mineras privadas, declarando que van a ser investigadas, puesto que no se comprende que hayan reducido el pago de impuestos el 2007, al mismo tiempo que el precio del cobre ha alcanzado precios récord.
El estudio estima que la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas - supone que deberían aportar lo mismo que CODELCO en proporción a sus exportaciones respectivas - permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos.
Estos inmensos recursos que pertenecen a todos los chilenos son apropiados por las principales competidoras de CODELCO. La mayor de ellas, los está utilizando para consolidar su monopolio global. En el mercado del cobre, ello redunda en perjuicio de CODELCO. Sin embargo, alcanza también el mercado del hierro, donde afecta a una empresa del Brasil, aliado estratégico de Chile. Esto resulta incompresible desde el punto de vista de la seguridad nacional.
Al mismo tiempo que financiaban la expansión de sus competidoras mediante el regalo de los minerales chilenos, la política gubernamental inspirada por este grupo ahogaba a CODELCO. Le negaron sistemáticamente recursos de inversión, forzándola a endeudarse y asociarse en condiciones perjudiciales, como en el caso de la mina Gaby. Impidieron su expansión a nivel nacional y global, con el resultado de perder posición relativa. Hoy denuncian esta situación creada por ellos mismos. Como solución, proponen someterla a una nueva "reestructuración," convertirla en sociedad anónima y privatizarla.
Lo que necesita el país es precisamente lo contrario. En primer lugar, terminar con la entrega gratuita de nuestras riquezas minerales. Así lo han venido haciendo la mayor parte de los países ricos en minerales, especialmente a lo largo de los últimos años. Esto es urgente, para aprovechar el actual ciclo alcista que no va a ser eterno.
En segundo lugar, CODELCO debe transformarse en la gran empresa transnacional de Chile - tal como afirman los firmantes del documento. Sin embargo, la condición de ello no es privatizarla, sino precisamente lo contrario. Es decir, manteniendo su carácter estatal que protege su condición de empresa pública, liberarla de las trabas que le impone la política privatizadora encubierta que se ha mantenido hasta el momento.
Una política definida exactamente sobre estas bases ha permitido, por ejemplo, a Noruega, capturar la totalidad de la renta de sus riquezas minerales y lograr que su pueblo alcance el más alto nivel de desarrollo humano a nivel mundial
Todo ello requiere en primer lugar liberar a la política minera chilena y a CODELCO de la tutela de este grupo de lobbystas de intereses extranjeros.
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*Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
Se ha desatado una nueva y peligrosa ofensiva para privatizar CODELCO. Sus protagonistas representan a los intereses extranjeros que se han apoderado de las riquezas mineras y arrinconado a la gran empresa de Chile. Ahora pretenden quedarse con ella. Una vez más se mellarán los dientes. Sus intentos serán nuevamente rechazados por la abrumadora mayoría del país. Se acerca el día en que se recuperen las riquezas nacionalizadas por el Presidente Allende y CODELCO asuma plenamente el rol de liderazgo a que está llamado a nivel mundial, en el interés de todos los chilenos. Esto no da para más.
El Mercurio, cuyo dueño conspiró con una potencia extranjera para derrocar al gobierno democrático de Chile, ha publicado con gran alharaca un llamamiento a convertir CODELCO en una sociedad anónima y venderla a capitales privados. Casi todos los firmantes trabajan o reciben regularmente donaciones de los grandes conglomerados mineros privados, en su mayor parte extranjeros.
Se trata del mismo reducido grupo de tecnócratas que han venido dirigiendo la política minera de los gobiernos de la Concertación. Su enorme influencia ciertamente no se puede atribuir sólo a sus habilidades asesoras. Lo que ocurre hoy con la minería y CODELCO es responsabilidad, en primer lugar, precisamente de este grupo. Los resultados de su accionar han sido y siguen siendo extraordinariamente nocivos para el país.
Durante los años 90, la carrera desatada entre las principales mineras por controlar el cobre chileno que se les ofrecían sin cobro alguno, significó una sobreproducción tal que derrumbó el precio mundial a lo largo de varios años. Ello acarreó elevadísimas pérdidas a CODELCO y al Fisco. Sólo terminó cuando consideraron que su posición estaba consolidada en Chile y, junto a CODELCO, ajustaron su oferta a la demanda mundial.
Operaron a lo largo de una década sin pagar impuestos, con una sola excepción significativa. Cuando la indignación nacional obligó al gobierno a introducir un tímido cobro por los recursos, lograron acomodar la ley de modo que aquellas empresas que más habían eludido impuestos vieron en la práctica reducida su tasa global en el momento en que el precio del cobre empezó a repuntar.
Un reciente estudio de CENDA presentado en un seminario de la ONU, muestra que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que ya controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganaron otro tanto.
Se comprueba que los subproductos pagan todos los costos. El producto de la venta de cobre se traduce íntegramente en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras. Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas.
Estos resultados ameritan una explicación al país. El propio Director del SII ha confirmado las dudas acerca de los estados financieros publicados por las mineras privadas, declarando que van a ser investigadas, puesto que no se comprende que hayan reducido el pago de impuestos el 2007, al mismo tiempo que el precio del cobre ha alcanzado precios récord.
El estudio estima que la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas - supone que deberían aportar lo mismo que CODELCO en proporción a sus exportaciones respectivas - permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos.
Estos inmensos recursos que pertenecen a todos los chilenos son apropiados por las principales competidoras de CODELCO. La mayor de ellas, los está utilizando para consolidar su monopolio global. En el mercado del cobre, ello redunda en perjuicio de CODELCO. Sin embargo, alcanza también el mercado del hierro, donde afecta a una empresa del Brasil, aliado estratégico de Chile. Esto resulta incompresible desde el punto de vista de la seguridad nacional.
Al mismo tiempo que financiaban la expansión de sus competidoras mediante el regalo de los minerales chilenos, la política gubernamental inspirada por este grupo ahogaba a CODELCO. Le negaron sistemáticamente recursos de inversión, forzándola a endeudarse y asociarse en condiciones perjudiciales, como en el caso de la mina Gaby. Impidieron su expansión a nivel nacional y global, con el resultado de perder posición relativa. Hoy denuncian esta situación creada por ellos mismos. Como solución, proponen someterla a una nueva "reestructuración," convertirla en sociedad anónima y privatizarla.
Lo que necesita el país es precisamente lo contrario. En primer lugar, terminar con la entrega gratuita de nuestras riquezas minerales. Así lo han venido haciendo la mayor parte de los países ricos en minerales, especialmente a lo largo de los últimos años. Esto es urgente, para aprovechar el actual ciclo alcista que no va a ser eterno.
En segundo lugar, CODELCO debe transformarse en la gran empresa transnacional de Chile - tal como afirman los firmantes del documento. Sin embargo, la condición de ello no es privatizarla, sino precisamente lo contrario. Es decir, manteniendo su carácter estatal que protege su condición de empresa pública, liberarla de las trabas que le impone la política privatizadora encubierta que se ha mantenido hasta el momento.
Una política definida exactamente sobre estas bases ha permitido, por ejemplo, a Noruega, capturar la totalidad de la renta de sus riquezas minerales y lograr que su pueblo alcance el más alto nivel de desarrollo humano a nivel mundial
Todo ello requiere en primer lugar liberar a la política minera chilena y a CODELCO de la tutela de este grupo de lobbystas de intereses extranjeros.
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*Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
26 de mayo de 2008
Esto no puede continuar
Por Manuel Riesco*
CENDA ha presentado recientemente en un seminario de Naciones Unidas un análisis de los resultados financieros de la industria minera en Chile, basados en sus propios balances. Sus conclusiones deberían ser materia de preocupación. Muestran que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganarán otro tanto.
Se comprueban que los subproductos pagan todos los costos. Toda la venta de cobre se traduce en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras.
Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas. Finalmente, el estudio estima la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas, concluyendo que la misma permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos. Estos resultados ameritan una explicación al país.
Las cifras son bastante impactantes. De partida, la investigación muestra que el 2007 BHP Billiton superó a CODELCO como la principal productora de cobre en el país -ambas representan un 30% del total, incluyendo su parte de El Abra en el caso de CODELCO-, mientras que junto a las dos que le siguen, Anglo-American (13%) y Antofagasta, perteneciente a Luksic (8%), las tres mayores superan el 50% del total, y las diez mayores el 70% del cobre producido en Chile.
Las mineras privadas reconocen haber obtenido utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que se conocen como EBITDA por sus iniciales en inglés, y constituyen la medida más adecuada de las reales ganancias en industrias que, como ésta, abusan del endeudamiento y la depreciación acelerada por US$9.078,29 millones el 2005 y US$18.990,52 millones el 2007. Escondida recibió aproximadamente un tercio de las mismas. Eso significa que solo en esos dos años, las ganancias de las mineras privadas superan con creces el total de la inversión extranjera en minería desde 1974 al 2006, que no alcanza los US$20 mil millones, la mayor parte de los cuales fueron invertidos en años recientes y por añadidura ya fueron recuperados con creces con anterioridad al 2005. Se estima que el 2007 (los balances de las privadas deberían estar siendo publicados en estos días) dichas utilidades superarán ampliamente las del 2006.
Las cifras de la industria confirman las extraordinarias condiciones de la minería en Chile. CODELCO obtuvo el 2006 ganancias (EBITDA) de US$6.481 por tonelada producida. Sin embargo, ese año el precio del cobre alcanzó un promedio de US$6.731 por tonelada. Eso significa que logró el milagro de llevar a ganancias el precio íntegro del cobre. ¿Cómo se explica esta alquimia? CODELCO obtuvo US$1.969 por sub productos contenidos en cada tonelada del cobre extraído. En otras palabras, producir cobre en Chile sale gratis, puesto que los subproductos pagan los costos totales. Eso demuestra que las mineras que operan en Chile se embolsan como ganancias todo el cobre que venden.
Sin embargo, CENDA descubre serias inconsistencias en la información publicada por las privadas. El 2006 las ganancias de CODELCO (EBITDA) fueron superiores a las que declaran las privadas en US$1.400 dólares por tonelada producida, lo que equivale al 25% más de lo que declaran estas últimas. El 2005 dicha diferencia a favor de la estatal alcanzó ¡al 42%! Por otra parte, Escondida, que es la única privada que publica resultados detallados, declara haber recibido por sub productos sólo US$122 por tonelada de cobre producido, lo cual significa que CODELCO habría recibido ese año 16 veces más que la privada por este concepto. El 2005, los ingresos por subproductos de la estatal superan los declarados por Escondida ¡en 20 veces!
Las mineras privadas deben una explicación al país por las cifras sobre las cuales tributan puesto que ellas parecen muy difíciles de creer. Es evidente a simple vista que los minerales de CODELCO, además de ser mucho más antiguos y tener leyes muy inferiores, presentan costos de explotación mucho mayores, los que se suman a los elevados gastos generales de la estatal. Por otra parte, parece imposible que los subproductos contenidos en los minerales de CODELCO presenten diferencias tan abultadas con los que explotan las privadas.
Finalmente, el estudio de CENDA estima la renta de los minerales -que pertenecen todos al Estado de Chile según la Constitución- de la cual se están apropiando las mineras privadas de forma excesiva. Para ello supone que éstas deben contribuir al Estado lo mismo que CODELCO, en proporción a las producciones respectivas. Este criterio parece de toda justicia y resulta muy generoso para las primeras en razón de sus menores costos. De aplicarse, las privadas deberían haber tributado el 2007 US$13.722 millones, por encima de los US$6.201 mil millones que tributaron ese año, incluyendo 700 millones del "royalty 2". El 2006 deberían haber contribuido una cifra adicional similar.
Comparado con el gasto público social, la renta apropiada de forma excesiva por las mineras privadas alcanza para duplicar el gasto anual en pensiones, educación y salud, todos juntos. Esto no puede continuar.
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Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) .
CENDA ha presentado recientemente en un seminario de Naciones Unidas un análisis de los resultados financieros de la industria minera en Chile, basados en sus propios balances. Sus conclusiones deberían ser materia de preocupación. Muestran que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganarán otro tanto.
Se comprueban que los subproductos pagan todos los costos. Toda la venta de cobre se traduce en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras.
Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas. Finalmente, el estudio estima la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas, concluyendo que la misma permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos. Estos resultados ameritan una explicación al país.
Las cifras son bastante impactantes. De partida, la investigación muestra que el 2007 BHP Billiton superó a CODELCO como la principal productora de cobre en el país -ambas representan un 30% del total, incluyendo su parte de El Abra en el caso de CODELCO-, mientras que junto a las dos que le siguen, Anglo-American (13%) y Antofagasta, perteneciente a Luksic (8%), las tres mayores superan el 50% del total, y las diez mayores el 70% del cobre producido en Chile.
Las mineras privadas reconocen haber obtenido utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que se conocen como EBITDA por sus iniciales en inglés, y constituyen la medida más adecuada de las reales ganancias en industrias que, como ésta, abusan del endeudamiento y la depreciación acelerada por US$9.078,29 millones el 2005 y US$18.990,52 millones el 2007. Escondida recibió aproximadamente un tercio de las mismas. Eso significa que solo en esos dos años, las ganancias de las mineras privadas superan con creces el total de la inversión extranjera en minería desde 1974 al 2006, que no alcanza los US$20 mil millones, la mayor parte de los cuales fueron invertidos en años recientes y por añadidura ya fueron recuperados con creces con anterioridad al 2005. Se estima que el 2007 (los balances de las privadas deberían estar siendo publicados en estos días) dichas utilidades superarán ampliamente las del 2006.
Las cifras de la industria confirman las extraordinarias condiciones de la minería en Chile. CODELCO obtuvo el 2006 ganancias (EBITDA) de US$6.481 por tonelada producida. Sin embargo, ese año el precio del cobre alcanzó un promedio de US$6.731 por tonelada. Eso significa que logró el milagro de llevar a ganancias el precio íntegro del cobre. ¿Cómo se explica esta alquimia? CODELCO obtuvo US$1.969 por sub productos contenidos en cada tonelada del cobre extraído. En otras palabras, producir cobre en Chile sale gratis, puesto que los subproductos pagan los costos totales. Eso demuestra que las mineras que operan en Chile se embolsan como ganancias todo el cobre que venden.
Sin embargo, CENDA descubre serias inconsistencias en la información publicada por las privadas. El 2006 las ganancias de CODELCO (EBITDA) fueron superiores a las que declaran las privadas en US$1.400 dólares por tonelada producida, lo que equivale al 25% más de lo que declaran estas últimas. El 2005 dicha diferencia a favor de la estatal alcanzó ¡al 42%! Por otra parte, Escondida, que es la única privada que publica resultados detallados, declara haber recibido por sub productos sólo US$122 por tonelada de cobre producido, lo cual significa que CODELCO habría recibido ese año 16 veces más que la privada por este concepto. El 2005, los ingresos por subproductos de la estatal superan los declarados por Escondida ¡en 20 veces!
Las mineras privadas deben una explicación al país por las cifras sobre las cuales tributan puesto que ellas parecen muy difíciles de creer. Es evidente a simple vista que los minerales de CODELCO, además de ser mucho más antiguos y tener leyes muy inferiores, presentan costos de explotación mucho mayores, los que se suman a los elevados gastos generales de la estatal. Por otra parte, parece imposible que los subproductos contenidos en los minerales de CODELCO presenten diferencias tan abultadas con los que explotan las privadas.
Finalmente, el estudio de CENDA estima la renta de los minerales -que pertenecen todos al Estado de Chile según la Constitución- de la cual se están apropiando las mineras privadas de forma excesiva. Para ello supone que éstas deben contribuir al Estado lo mismo que CODELCO, en proporción a las producciones respectivas. Este criterio parece de toda justicia y resulta muy generoso para las primeras en razón de sus menores costos. De aplicarse, las privadas deberían haber tributado el 2007 US$13.722 millones, por encima de los US$6.201 mil millones que tributaron ese año, incluyendo 700 millones del "royalty 2". El 2006 deberían haber contribuido una cifra adicional similar.
Comparado con el gasto público social, la renta apropiada de forma excesiva por las mineras privadas alcanza para duplicar el gasto anual en pensiones, educación y salud, todos juntos. Esto no puede continuar.
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Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) .
24 de abril de 2008
Gaby
Por Manuel Riesco*
La actual administración de Codelco ha declarado que va a honrar el compromiso de su antecesora y procederá a enajenar el 49% del nuevo yacimiento Gaby. Ciertamente tienen razón los que se oponen a la privatización de esta filial. Como ha declarado el propio Juan Villarzú, el negocio hay que echarlo para atrás. Existe amplio consenso que es un desastre para Chile y peor aún para Codelco. Debe impedirse a toda costa.
Se originó en la política de exigir el traspaso al Estado del 100 por ciento de sus excedentes, lo cual la deja sin capacidad de inversión. Viene de tiempos de la dictadura y ha sido mantenida sin cambios. Su lógica es que Hacienda debe hacerse con todos los excedentes y luego decidir si reinvierte parte de ellos en la minera. Casi siempre los niegan, aduciendo que compiten con proyectos sociales de altísima rentabilidad. Ello no es más que un pretexto, puesto que los han venido devolviendo al sector privado por la vía del "superávit estructural." Así liquidan la "gallina de los huevos de oro".
Si el directorio de una empresa privada siguiera una política similar los accionistas los echarían a patadas, puesto que disminuye su valor y pone en riesgo su supervivencia. Esto lo saben quienes se han empecinado en aplicarla por décadas. No les importa, puesto que en su fuero íntimo son partidarios de privatizarla. Cuentan para ello con el aval de los grandes empresarios, que entienden asimismo la insensatez de tal política. La apoyan en este caso porque debilita y empuja la privatización de la "joya de la corona" ¡para quedarse con ella!
Gravísimas como son, la privatización de Gaby y la política de excedentes, resultan un pelo de la cola en el distorsionado cuadro general de la política minera chilena. Para los países que poseen recursos naturales, la estrategia consiste en maximizar y capturar íntegramente su renta. Para ello, el mecanismo más sencillo y eficaz es su nacionalización. Casi todos los países petroleros en la actualidad han nacionalizado sus yacimientos. Aquellos que los habían entregado en el curso de décadas pasadas los han recuperado en su mayor parte, como Rusia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por nombrar algunos.
Generalmente, permiten la operación de las tra nsnacionales en su territorio, pero bajo condiciones que aseguran al Estado la mayor parte de la renta. El país que tiene la mejor política minera es Noruega, que aplica un conjunto flexible de medidas que se adecuan constantemente a las condiciones del mercado y aseguran la captura de casi toda la renta. Al mismo tiempo, ofrece condiciones de ganancias razonables a las operadoras privadas y todas las transnacionales operan allí sin problemas. Casi todos concluyen que la instalación de una gran empresa pública es la mejor forma de internalizar la captura de la renta. Es por eso que Noruega adicionalmente reserva la parte del león para Statoil, la gran petrolera estatal. Al mismo tiempo ha permitido que ésta opere en el mercado mundial compitiendo mano a mano con las transnacionales. Políticas similares son aplicadas por China y Brasil, entre muchos otros, además de los mencionados.
Chile nacionalizó sus recursos minerales en 1971, política que aún consigna la constitución que nos rige. Sin embargo, ha venido siendo burlada a partir del resquicio de la "concesión plena" introducida en 1981 por José Piñera, el ministro de Pinochet, y reforzada luego sucesivamente por los gobiernos de la Concertación.
Estos últimos, aparte de no corregir nada significativo, son responsables del traspaso de pertenencias mineras de Codelco a Enami y su privatización posterior. El resultado es que actualmente más del 70 por ciento del cobre se encuentra en manos privadas, en su mayoría extranjeras, que en el curso de los tres últimos años han venido retirando renta por un monto anual equivalente a más de dos terceras partes del presupuesto del Estado de Chile. Es decir, un puñado de empresas que se pueden contar con los dedos de una mano, están retirando recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, y que nos permitirían duplicar todo el gasto en previsión, educación, y salud.
Tanto o más grave es el hecho que les está posibilitando adquirir una posición de monopolio en el mercado del cobre, desplazando a Codelco. Actualmente, BHP Billliton, la mayor minera del mundo, la ha superado como la principal productora de cobre en Chile. A nivel mundial, BHP Billiton está actualmente intentando comprar Rio Tinto, que es la tercera mayor minera global, por la cual ha ofrecido 130.000 millones de dólares. La intención de BHP es formar una minera gigante que pasaría a dominar varios metales. Entre ellos el cobre, desde luego, pero asimismo el hierro, donde la suma de ambas empresas superaría al líder actual, la Brasileña Vale do Rio Doce.
La movida de BHP no ha dejado a nadie indiferente. La primera en reaccionar ha sido China, que ha adquirido un 12% de Río Tinto mediante una operación conjunta de la estatal China de aluminios y la estadounidense del mismo rubro, ALCOA. Durante las primeras semanas de abril 2008, se ha especulado que el gobierno chino habría adquirido un 6% de la propia BHP Billiton. Es una demostración de como mueven sus piezas las empresas y países que operan en estos mercados.
¿Que hace Chile entretanto? No solo ahoga a su única empresa relevante, sino que la obliga a entrar en tratos que amenazan con culminar en la venta de parte de ella a la China Minmetal. Más grave aún, está regalando la renta de sus minerales a su principal competidora - BHP Billiton -, de modo tal que le permite consolidar su dominio en el mercado del cobre. Adicionalmente, financia su dominio del mercado del hierro, amenazando a una de las principales empresas del Brasil, país aliado natural de Chile.
Esto conforma un cuadro gravísimo para los intereses nacionales. Es el asunto estratégico más urgente que debe resolver Chile en la actualidad. El sistema político de la transición se ha demostrado incapaz de afrontarlo, en realidad lo ha agravado. Ello demuestra la urgente necesidad de cambios políticos de fondo que permitan la instalación de un nuevo bloque en poder, capacitado para asumir los grandes desafíos del desarrollo nacional. En el resto de América Latina ya ha ocurrido en buena medida. La pregunta no es si va a suceder en Chile, sino cuando. Mejor más temprano, puesto que cada año nos significa el equivalente a todo el presupuesto social del Estado.
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*Manuel Riesco es director de Cenda.
La actual administración de Codelco ha declarado que va a honrar el compromiso de su antecesora y procederá a enajenar el 49% del nuevo yacimiento Gaby. Ciertamente tienen razón los que se oponen a la privatización de esta filial. Como ha declarado el propio Juan Villarzú, el negocio hay que echarlo para atrás. Existe amplio consenso que es un desastre para Chile y peor aún para Codelco. Debe impedirse a toda costa.
Se originó en la política de exigir el traspaso al Estado del 100 por ciento de sus excedentes, lo cual la deja sin capacidad de inversión. Viene de tiempos de la dictadura y ha sido mantenida sin cambios. Su lógica es que Hacienda debe hacerse con todos los excedentes y luego decidir si reinvierte parte de ellos en la minera. Casi siempre los niegan, aduciendo que compiten con proyectos sociales de altísima rentabilidad. Ello no es más que un pretexto, puesto que los han venido devolviendo al sector privado por la vía del "superávit estructural." Así liquidan la "gallina de los huevos de oro".
Si el directorio de una empresa privada siguiera una política similar los accionistas los echarían a patadas, puesto que disminuye su valor y pone en riesgo su supervivencia. Esto lo saben quienes se han empecinado en aplicarla por décadas. No les importa, puesto que en su fuero íntimo son partidarios de privatizarla. Cuentan para ello con el aval de los grandes empresarios, que entienden asimismo la insensatez de tal política. La apoyan en este caso porque debilita y empuja la privatización de la "joya de la corona" ¡para quedarse con ella!
Gravísimas como son, la privatización de Gaby y la política de excedentes, resultan un pelo de la cola en el distorsionado cuadro general de la política minera chilena. Para los países que poseen recursos naturales, la estrategia consiste en maximizar y capturar íntegramente su renta. Para ello, el mecanismo más sencillo y eficaz es su nacionalización. Casi todos los países petroleros en la actualidad han nacionalizado sus yacimientos. Aquellos que los habían entregado en el curso de décadas pasadas los han recuperado en su mayor parte, como Rusia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, por nombrar algunos.
Generalmente, permiten la operación de las tra nsnacionales en su territorio, pero bajo condiciones que aseguran al Estado la mayor parte de la renta. El país que tiene la mejor política minera es Noruega, que aplica un conjunto flexible de medidas que se adecuan constantemente a las condiciones del mercado y aseguran la captura de casi toda la renta. Al mismo tiempo, ofrece condiciones de ganancias razonables a las operadoras privadas y todas las transnacionales operan allí sin problemas. Casi todos concluyen que la instalación de una gran empresa pública es la mejor forma de internalizar la captura de la renta. Es por eso que Noruega adicionalmente reserva la parte del león para Statoil, la gran petrolera estatal. Al mismo tiempo ha permitido que ésta opere en el mercado mundial compitiendo mano a mano con las transnacionales. Políticas similares son aplicadas por China y Brasil, entre muchos otros, además de los mencionados.
Chile nacionalizó sus recursos minerales en 1971, política que aún consigna la constitución que nos rige. Sin embargo, ha venido siendo burlada a partir del resquicio de la "concesión plena" introducida en 1981 por José Piñera, el ministro de Pinochet, y reforzada luego sucesivamente por los gobiernos de la Concertación.
Estos últimos, aparte de no corregir nada significativo, son responsables del traspaso de pertenencias mineras de Codelco a Enami y su privatización posterior. El resultado es que actualmente más del 70 por ciento del cobre se encuentra en manos privadas, en su mayoría extranjeras, que en el curso de los tres últimos años han venido retirando renta por un monto anual equivalente a más de dos terceras partes del presupuesto del Estado de Chile. Es decir, un puñado de empresas que se pueden contar con los dedos de una mano, están retirando recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, y que nos permitirían duplicar todo el gasto en previsión, educación, y salud.
Tanto o más grave es el hecho que les está posibilitando adquirir una posición de monopolio en el mercado del cobre, desplazando a Codelco. Actualmente, BHP Billliton, la mayor minera del mundo, la ha superado como la principal productora de cobre en Chile. A nivel mundial, BHP Billiton está actualmente intentando comprar Rio Tinto, que es la tercera mayor minera global, por la cual ha ofrecido 130.000 millones de dólares. La intención de BHP es formar una minera gigante que pasaría a dominar varios metales. Entre ellos el cobre, desde luego, pero asimismo el hierro, donde la suma de ambas empresas superaría al líder actual, la Brasileña Vale do Rio Doce.
La movida de BHP no ha dejado a nadie indiferente. La primera en reaccionar ha sido China, que ha adquirido un 12% de Río Tinto mediante una operación conjunta de la estatal China de aluminios y la estadounidense del mismo rubro, ALCOA. Durante las primeras semanas de abril 2008, se ha especulado que el gobierno chino habría adquirido un 6% de la propia BHP Billiton. Es una demostración de como mueven sus piezas las empresas y países que operan en estos mercados.
¿Que hace Chile entretanto? No solo ahoga a su única empresa relevante, sino que la obliga a entrar en tratos que amenazan con culminar en la venta de parte de ella a la China Minmetal. Más grave aún, está regalando la renta de sus minerales a su principal competidora - BHP Billiton -, de modo tal que le permite consolidar su dominio en el mercado del cobre. Adicionalmente, financia su dominio del mercado del hierro, amenazando a una de las principales empresas del Brasil, país aliado natural de Chile.
Esto conforma un cuadro gravísimo para los intereses nacionales. Es el asunto estratégico más urgente que debe resolver Chile en la actualidad. El sistema político de la transición se ha demostrado incapaz de afrontarlo, en realidad lo ha agravado. Ello demuestra la urgente necesidad de cambios políticos de fondo que permitan la instalación de un nuevo bloque en poder, capacitado para asumir los grandes desafíos del desarrollo nacional. En el resto de América Latina ya ha ocurrido en buena medida. La pregunta no es si va a suceder en Chile, sino cuando. Mejor más temprano, puesto que cada año nos significa el equivalente a todo el presupuesto social del Estado.
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*Manuel Riesco es director de Cenda.
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