Por Katia Cotoras y Moisés Scherman *
El proyecto de modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, presentado por el Ejecutivo para trámite legislativo en el Senado, conculca y transgrede nuestros derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Política del Estado. Una vez más los derechos esenciales humanos son sobrepasados por la política mercantilista. Este proyecto se caracteriza por su tendencia a la liberalización del territorio y de las normativas urbanas contrariando los requerimientos de los ciudadanos que han planteado la necesidad de normar sobre un urbanismo participativo vinculante a las decisiones de la comunidad.
A nivel internacional este proyecto desconoce que el país ha suscrito importantes convenios comerciales basados en el marco de la Agenda 21. Este acuerdo marco compromete claramente a nuestro país la necesidad de implementar en los instrumentos de planificación territorial, la participación efectiva de la ciudadanía, y también la efectiva protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.
A nivel nacional este proyecto desconoce las bases de la institucionalidad establecidas en la Constitución Política ya que el Estado debe estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que la constitución establece. Este resguardo al bien común se recoge claramente en cómo se limita el derecho de propiedad, estableciendo que sólo se puede planificar sobre la base de la función social considerando a los ciudadanos iguales en dignidad y derechos.
El artículo 24 de la Constitución establece en lo relativo al derecho de propiedad “que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar gozar y disponer de ella, y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. La constitución aquí establece las condiciones para la limitación del dominio que son en función de los siguientes resguardos:
1.- Cuando lo exijan los intereses generales de la nación
2.- La seguridad nacional
3.- La utilidad pública
4.- La salubridad pública
5.- La conservación de patrimonio ambiental.
Este proyecto de ley desconoce la función social de la propiedad y los conceptos constitucionales en sus diversos articulados.
El interés general de la Nación y la utilidad pública deben estar al servicio de la persona humana con una finalidad de promover el bien común y deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible En todo el texto no se abordan estos postulados en la planificación nacional o como se supeditará esta planificación sectorial urbana a una planificación territorial. Más aún, en el área regional e intercomunal se desconocen las atribuciones de MIDEPLAN y del Gobierno Regional para coordinar las instancias de participación intersectorial e intercomunal.
A nivel nacional no se definen los conceptos básicos de habitabilidad de los centros urbanos para planificar, de los derechos urbanos de cada ciudadana y ciudadano en el espacio público referido a áreas verdes, equipamiento educacional, comercial o de actividades culturales sociales; por lo tanto se desconoce los parámetros básicos de un bien común habitable. El derecho a vivir en una ciudad debe ser calificado como un principio de justicia social. Los derechos de habitabilidad son derechos básicos para la conformación de los recintos y permitir el desarrollo y la protección de la vida como es el derecho a la luz natural, a la ventilación, a la privacidad, al asoleamiento o las áreas verdes, al paisaje natural, a las vistas del entorno etc. que permiten dignificar la calidad de vida del habitante y relacionarlo con su medio ambiente. En la Constitución Política del Estado se establecen ciertas obligaciones al Estado y ciertos derechos de las personas, vinculados a la habitabilidad que este proyecto desconoce. Sobre la base de estos principios le corresponde al Estado fijar las condiciones mínimas de planificación para resguardar los derechos constitucionales:
1- El articulo 19 n° 4 asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada.
2- El articulo 19 n°1 asegura a todas las personas el derecho a la vida y a su integridad física y psíquica.
3- El articulo 19 n°8 asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
4- Finalmente el articulo 19 n°9, asegura la protección de la salud.
Con respecto a la salubridad pública, el proyecto de ley del ejecutivo no norma sobre las compensaciones que deben tener los ciudadanos cuando sus barrios son densificados ya sea en el aumento de congestión vehicular y contaminación del medio ambiente en general. La ley 19.300 claramente establece que los proyectos inmobiliarios producen alteración a los ecosistemas en general. No se presenta ningún avance en la remodelación de la ciudad, de sus barrios ni tampoco se proponen propuestas concertadas entre los habitantes y el poder público que hoy día se utilizan en tantos países. Tampoco se establecen normas para recuperar la calidad ambiental preservando el patrimonio natural, histórico y cultural reduciendo la contaminación y congestión en el conjunto de la ciudad. Para ello es de vital importancia el tratamiento y defensa de las áreas verdes, de los espacios no urbanizados los cuales deben dejar de ser vistos como una reserva de suelo, y sí como un elemento estructurante del territorio de cuya preservación depende en buena medida la sostenibilidad de la vida urbana y el bienestar de sus habitantes.
Con respecto a la limitante al dominio de la propiedad para la Conservación del Patrimonio Ambiental, este proyecto viola la Constitución al permitir el derecho transable en el Patrimonio Natural Cultural y Social de la Nación. Patrimonio que hoy esta en manos de la tuición y conservación del Estado a través de la Conaf y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este derecho transable es la desafectación del estado de protección, traspasando dicha tuición a manos de particulares.
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además es deber del Estado velar por vivir en un medio ambiente libre de contaminación para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. La Constitución establece en sus siguientes artículos normativas para la protección de áreas especiales:
1. Articulo 23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
2.- Artículo 24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usa gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los interese generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
3.- Artículo 118º Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.
4.- Artículo 6º “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República” por lo tanto se debe reconocer los tratados internacionales sobre áreas protegidas.
Estos convenios constituyen una fuente importante de Derecho Ambiental Internacional y contribuyen a la generación de las políticas de cada nación sobre este tema.
Algunos acuerdos son:
• Acuerdo de Asociación Económico Estratégico con Nueva Zelandia, Singapur y Brunei
• Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos
• Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
• Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de comercio internacional
• Protocolo de Kioto
• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África
• Convenio sobre Diversidad Biológica
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
• Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente
• Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación
• Convención para la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América
• Convenio Internacional para la regulación de la caza de la ballena
• Tratado Antártico
• Convenio sobre zonas húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)
• Convención sobre Conservación de Focas Antárticas
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
• Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna salvaje
• Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
• Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico Sudeste
• Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono
Además de estos convenios, Chile ha firmado otros acuerdos ambientales internacionales como son la Declaración de Río y la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, y participa en diferentes Foros Internacionales Globales tales como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Valdivia, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.
Solicitamos, al gobierno que reconociendo la normativa medio ambiental en materias de derechos humanos, resguardo al Patrimonio Natural y Monumentos Nacionales retire este proyecto para modificarlo de acuerdo al estándar de los convenios internacionales que el país se ha obligado a respetar a nivel internacional.
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* Katia Cotoras es Arquitecta y miembro de la Comisión Legislativa Territorial
* Moisés Scherman es Economista y miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa
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20 de junio de 2008
1 de junio de 2008
Llamado a las ciudadanas y los ciudadanos de Chile
Por Katia Cotoras y Moisés Scherman *
Rechazamos el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al analizar detalladamente este proyecto en su articulado, sin considerar el mensaje de “hermosas” intenciones que fundamentan la necesidad de una nueva ley, podemos concluir que está escrito con bellas palabras que no se concretan, ni son coherentes con lo propuesto, produciendo confusión y no permitiendo entender que detrás del cambio de las palabras territorio por urbano se enmascara un libertinaje a las normas sin control interministerial ni menos de la ciudadanía.
Es una planificación propuesta de carácter arbitrario, arcaica, es decir un retroceso en el proceso de planificación con incumplimiento a los convenios internacionales de Participación Ciudadana en el uso del suelo. Cuando se revisa el texto actual con el texto propuesto, se concluye que se requieren cambios para las ciudades, pero en otra dirección. Las razones de rechazo son enumeramos a continuación:
-No queremos nuevas chaitenes en Chile, una situación previsible si se hubieran considerado los factores geológicos, los riesgos de inundación por su ubicación y su crecimiento poblacional en el tiempo. ¿Cuántas ciudades en Chile permiten la ocupación habitacional en áreas de inundación? (por ejemplo las áreas aledañas a Concepción) ya que el municipio no dispone de los fondos para estudios de la cuenca, estudios geológicos, hídricos, etc.
El Estado a través de los Planes Regionales e Intercomunales debe normar sobre la ocupación de las áreas de riesgo. El proyecto de ley del Ejecutivo, elaborado sin ninguna participación de la ciudadanía, libera más aún al Estado de esta obligación de velar por el bien común al retirar la obligación de considerar las normas del Plan Intercomunal en el Plan Comunal. En la época de la Colonia existían criterios más exigentes que los propuestos en este proyecto de ley.
-No queremos conflictos sociales en nuestras ciudades por la ubicación de proyectos inmobiliarios que afecten a las comunidades. Hoy día hay reglas quizás insuficientes, pero que permiten ampararse a los ciudadanos en el Plan Regulador Comunal.
El proyecto aumenta los conflictos creando confusión y arbitrariedad al aplicar al mismo territorio planificación por zonificación y condiciones, al permitir seccionales obedeciendo a un esquema director, al crear zonas de desarrollo urbano condicionadas sin cumplir con las mitigaciones básicas y externalidades negativas del crecimiento urbano en las áreas agrícolas. La especulación excesiva daña el derecho a la propiedad creando una planificación caso a caso con faltas a la probidad, al derecho a la igualdad, en los administradores del territorio que son los municipios.
-Queremos participar en las decisiones de Planificación Urbana de nuestro barrio. El país firmó el convenio de la Agenda 21 reconociendo el derecho a participación de las ciudadanas y ciudadanos en el territorio. Cada chilena y chileno invierte su mayor sueño y patrimonio familiar en su casa, por lo que nuestra mayor inversión debe estar protegida de la excesiva especulación. Queremos plebiscitos en los planes reguladores comunales como se realizan en muchos países con transparencia y democracia, y no esquemas directores confusos, ambiguos a la ciudadanía o “seccionales” que permiten modificar las normativas sin la suficiente transparencia.
-Queremos que Chile sea reconocido por sus bellezas escénicas, por la calidad de su turismo. Queremos continuidad, integración y coherencia en las políticas de Estado acertadas y bien evaluadas por la ciudadanía, como por ejemplo la proyección internacional que ha estado haciendo Sernatur de un turismo de naturaleza que debe guardar coherencia con lo que el país efectivamente ofrece. Las áreas protegidas requieren resguardo sobre todo hoy día, para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Sin embargo, en vez de promover la presencia de la ley 19.300, la cual ni se nombra, el proyecto retira la aprobación del SAG de las decisiones de planificación en suelo agrícola.
-Queremos que cada día Chile sea más reconocido por su vocación exportadora de recursos silvioagropecuarios, pero esto requiere que el área agrícola no sea invadida por la especulación de las zonas de desarrollo condicionado. El mundo agrícola requiere protección de la contaminación de las ciudades, de los poblados en las cercanías de los cultivos. Chile no es reconocido por la calidad de sus ciudades sino por la calidad de su territorio, de sus cultivos agrícolas.
En este proyecto nada se dice de estos espacios interfaces entre lo agrícola y los poblados rurales o ciudades, según sea el caso; no se establecen mecanismos de mitigación adecuados permitiendo la aplicabilidad de las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) en todo el territorio, otra incoherencia ahora de que hablamos de medidas que protejan la seguridad alimentaria.
- Queremos ciudades ambientalmente sustentables. Somos un país con déficit energético que requiere disminuir sus costos de transporte. El Sistema de crecimiento planteado por las Zoduc sin considerar áreas de trabajo en sus centros gestará un crecimiento urbano asociado a grandes costos de transporte por desplazamiento: casa, trabajo, escuela, produciendo externalidades negativas las cuales a no estar debidamente mitigadas en la legislación terminarán siendo asumidas por el Estado.
- Queremos el fortalecimiento de la planificación en sus diversas áreas de acción, regional, intercomunal o metropolitana y comunal. A nivelrRegional el Estado deberá entregar los estudios de cuencas, geológicos etc. A nivel intercomunal se necesita conformar la Oficina de Planificación dentro del Gobierno Regional unificando las diversas oficinas fiscales y las diversas Seremi para abordar la planificación en forma integral e interdisciplinaria. En las tomas de decisiones territoriales nuestros alcaldes deben participar en forma vinculante en el plan intercomunal. A nivel comunal, es imperativo que los directores de obra municipales y asesores urbanistas vuelvan a ser profesionales especializados y no simples asesores inmobiliarios.
Lo que planteamos no son sueños sino acciones legales concretas basadas en nuestra Constitución Política, ya que las limitaciones y obligaciones del dominio en nuestro sistema constitucional derivan de su función social.
En la declaración de principios establece que el bien común impone al Estado asumir aquellas tareas que no pueden ser abordadas por personas o grupos intermedios. El rol del Estado en su aplicación en el ámbito social, ambiental y económico adquiere una dimensión permanente regulando la habitabilidad de las construcciones, seguridad, eficiencia, salubridad.
En la habitabilidad del entorno predial creando normas para dar protección al entorno, respeto por las condiciones naturales ya sean geológicas, hidrológicas, con una densidad urbana adecuada. En la habitabilidad del espacio urbano cuidando la calidad del medio ambiente, suficiencia de infraestructura sanitaria y energética, suficiencia de la infraestructura vial, respeto a la zonificación del Plan Regulador.
Por lo tanto, una Ley General de Urbanismo y Construcciones debe propender al mejoramiento de la habitabilidad de los asentamientos humanos velando porque las construcciones en si mismas den seguridad y salubridad a las personas que las habiten, determinando las condiciones mínimas para que la edificación no deteriore el entorno de los predios vecinos y ordene el espacio urbano para proveer a la comunidad un hábitat adecuado, todo ello en cumplimiento de velar por el bien común conciliando los intereses particulares desde una perspectiva superior.
Si llevamos al texto propuesto nuestros principios constitucionales de habitabilidad sacaríamos por conclusión que este texto no aborda la primera prioridad de la planificación como es la función social y por lo tanto las limitaciones urbanísticas propuestas vulneran la esencia de los atributos y facultades del dominio, creando además desigualdad ante la ley, perdida de la conservación del patrimonio ambiental y perdida de la utilidad y salubridad pública de todos los ciudadanos.
Si además consideramos los compromisos internacionales adquiridos de habitabilidad, este proyecto rompe con el convenio base de nuestra legislación internacional que es la Agenda 21 acuerdo marco, para todos los convenios comerciales.
Por lo tanto, considerando todas estas causales, la Ciudadanía y las Organizaciones que la representan, concluyen al igual que nosotros, que este proyecto debe ser rechazado.
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*Katia Cotoras es Arquitecta y miembro de la Comisión Legislativa Territorial
Moisés Scherman es Economista y miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa
Rechazamos el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al analizar detalladamente este proyecto en su articulado, sin considerar el mensaje de “hermosas” intenciones que fundamentan la necesidad de una nueva ley, podemos concluir que está escrito con bellas palabras que no se concretan, ni son coherentes con lo propuesto, produciendo confusión y no permitiendo entender que detrás del cambio de las palabras territorio por urbano se enmascara un libertinaje a las normas sin control interministerial ni menos de la ciudadanía.
Es una planificación propuesta de carácter arbitrario, arcaica, es decir un retroceso en el proceso de planificación con incumplimiento a los convenios internacionales de Participación Ciudadana en el uso del suelo. Cuando se revisa el texto actual con el texto propuesto, se concluye que se requieren cambios para las ciudades, pero en otra dirección. Las razones de rechazo son enumeramos a continuación:
-No queremos nuevas chaitenes en Chile, una situación previsible si se hubieran considerado los factores geológicos, los riesgos de inundación por su ubicación y su crecimiento poblacional en el tiempo. ¿Cuántas ciudades en Chile permiten la ocupación habitacional en áreas de inundación? (por ejemplo las áreas aledañas a Concepción) ya que el municipio no dispone de los fondos para estudios de la cuenca, estudios geológicos, hídricos, etc.
El Estado a través de los Planes Regionales e Intercomunales debe normar sobre la ocupación de las áreas de riesgo. El proyecto de ley del Ejecutivo, elaborado sin ninguna participación de la ciudadanía, libera más aún al Estado de esta obligación de velar por el bien común al retirar la obligación de considerar las normas del Plan Intercomunal en el Plan Comunal. En la época de la Colonia existían criterios más exigentes que los propuestos en este proyecto de ley.
-No queremos conflictos sociales en nuestras ciudades por la ubicación de proyectos inmobiliarios que afecten a las comunidades. Hoy día hay reglas quizás insuficientes, pero que permiten ampararse a los ciudadanos en el Plan Regulador Comunal.
El proyecto aumenta los conflictos creando confusión y arbitrariedad al aplicar al mismo territorio planificación por zonificación y condiciones, al permitir seccionales obedeciendo a un esquema director, al crear zonas de desarrollo urbano condicionadas sin cumplir con las mitigaciones básicas y externalidades negativas del crecimiento urbano en las áreas agrícolas. La especulación excesiva daña el derecho a la propiedad creando una planificación caso a caso con faltas a la probidad, al derecho a la igualdad, en los administradores del territorio que son los municipios.
-Queremos participar en las decisiones de Planificación Urbana de nuestro barrio. El país firmó el convenio de la Agenda 21 reconociendo el derecho a participación de las ciudadanas y ciudadanos en el territorio. Cada chilena y chileno invierte su mayor sueño y patrimonio familiar en su casa, por lo que nuestra mayor inversión debe estar protegida de la excesiva especulación. Queremos plebiscitos en los planes reguladores comunales como se realizan en muchos países con transparencia y democracia, y no esquemas directores confusos, ambiguos a la ciudadanía o “seccionales” que permiten modificar las normativas sin la suficiente transparencia.
-Queremos que Chile sea reconocido por sus bellezas escénicas, por la calidad de su turismo. Queremos continuidad, integración y coherencia en las políticas de Estado acertadas y bien evaluadas por la ciudadanía, como por ejemplo la proyección internacional que ha estado haciendo Sernatur de un turismo de naturaleza que debe guardar coherencia con lo que el país efectivamente ofrece. Las áreas protegidas requieren resguardo sobre todo hoy día, para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Sin embargo, en vez de promover la presencia de la ley 19.300, la cual ni se nombra, el proyecto retira la aprobación del SAG de las decisiones de planificación en suelo agrícola.
-Queremos que cada día Chile sea más reconocido por su vocación exportadora de recursos silvioagropecuarios, pero esto requiere que el área agrícola no sea invadida por la especulación de las zonas de desarrollo condicionado. El mundo agrícola requiere protección de la contaminación de las ciudades, de los poblados en las cercanías de los cultivos. Chile no es reconocido por la calidad de sus ciudades sino por la calidad de su territorio, de sus cultivos agrícolas.
En este proyecto nada se dice de estos espacios interfaces entre lo agrícola y los poblados rurales o ciudades, según sea el caso; no se establecen mecanismos de mitigación adecuados permitiendo la aplicabilidad de las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) en todo el territorio, otra incoherencia ahora de que hablamos de medidas que protejan la seguridad alimentaria.
- Queremos ciudades ambientalmente sustentables. Somos un país con déficit energético que requiere disminuir sus costos de transporte. El Sistema de crecimiento planteado por las Zoduc sin considerar áreas de trabajo en sus centros gestará un crecimiento urbano asociado a grandes costos de transporte por desplazamiento: casa, trabajo, escuela, produciendo externalidades negativas las cuales a no estar debidamente mitigadas en la legislación terminarán siendo asumidas por el Estado.
- Queremos el fortalecimiento de la planificación en sus diversas áreas de acción, regional, intercomunal o metropolitana y comunal. A nivelrRegional el Estado deberá entregar los estudios de cuencas, geológicos etc. A nivel intercomunal se necesita conformar la Oficina de Planificación dentro del Gobierno Regional unificando las diversas oficinas fiscales y las diversas Seremi para abordar la planificación en forma integral e interdisciplinaria. En las tomas de decisiones territoriales nuestros alcaldes deben participar en forma vinculante en el plan intercomunal. A nivel comunal, es imperativo que los directores de obra municipales y asesores urbanistas vuelvan a ser profesionales especializados y no simples asesores inmobiliarios.
Lo que planteamos no son sueños sino acciones legales concretas basadas en nuestra Constitución Política, ya que las limitaciones y obligaciones del dominio en nuestro sistema constitucional derivan de su función social.
En la declaración de principios establece que el bien común impone al Estado asumir aquellas tareas que no pueden ser abordadas por personas o grupos intermedios. El rol del Estado en su aplicación en el ámbito social, ambiental y económico adquiere una dimensión permanente regulando la habitabilidad de las construcciones, seguridad, eficiencia, salubridad.
En la habitabilidad del entorno predial creando normas para dar protección al entorno, respeto por las condiciones naturales ya sean geológicas, hidrológicas, con una densidad urbana adecuada. En la habitabilidad del espacio urbano cuidando la calidad del medio ambiente, suficiencia de infraestructura sanitaria y energética, suficiencia de la infraestructura vial, respeto a la zonificación del Plan Regulador.
Por lo tanto, una Ley General de Urbanismo y Construcciones debe propender al mejoramiento de la habitabilidad de los asentamientos humanos velando porque las construcciones en si mismas den seguridad y salubridad a las personas que las habiten, determinando las condiciones mínimas para que la edificación no deteriore el entorno de los predios vecinos y ordene el espacio urbano para proveer a la comunidad un hábitat adecuado, todo ello en cumplimiento de velar por el bien común conciliando los intereses particulares desde una perspectiva superior.
Si llevamos al texto propuesto nuestros principios constitucionales de habitabilidad sacaríamos por conclusión que este texto no aborda la primera prioridad de la planificación como es la función social y por lo tanto las limitaciones urbanísticas propuestas vulneran la esencia de los atributos y facultades del dominio, creando además desigualdad ante la ley, perdida de la conservación del patrimonio ambiental y perdida de la utilidad y salubridad pública de todos los ciudadanos.
Si además consideramos los compromisos internacionales adquiridos de habitabilidad, este proyecto rompe con el convenio base de nuestra legislación internacional que es la Agenda 21 acuerdo marco, para todos los convenios comerciales.
Por lo tanto, considerando todas estas causales, la Ciudadanía y las Organizaciones que la representan, concluyen al igual que nosotros, que este proyecto debe ser rechazado.
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*Katia Cotoras es Arquitecta y miembro de la Comisión Legislativa Territorial
Moisés Scherman es Economista y miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa
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