Por Ximena Abogabir*
En el marco de la celebración de los 25 años de Casa de la Paz nos propusimos “resignificar” el concepto de la paz impulsando un ciclo de seis “Conversaciones para el futuro”. El primer evento, conducido por Vicky Quevedo, giró en torno a la relación entre la paz y la diversidad y contó con la participación de destacados panelistas que motivaron la reflexión: Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas; Gonzalo Delamaza, Director del Programa Ciudadanía y Gestión Pública; Enrique Norambuena, presidente de la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental; y Antonieta Dayne, periodista de Casa de la Paz.
Las exposiciones permitieron evidenciar la paradoja de que para valorar la diversidad es preciso primero haber avanzado hacia la igualdad, de tal modo que la diversidad no sea apreciada desde la mera caridad o la tolerancia hacia un ser considerado inferior, sino como una oportunidad de enriquecer la propia cultura a través de la incorporación de lo que el diferente tiene para ofrecernos desde su posición de relación entre iguales. Es decir, para apreciar la diversidad, es preciso primero haber “emparejado” a las personas, de modo que la relación sea respetuosa y apreciativa, sin miradas condescendientes ni peyorativas. Sin embargo, los medios de comunicación dificultan la tarea al resaltar como “correcto y moderno” el estilo de vida predominante en los países industrializados, dejando al resto como “atrasados” y enfrentados a la disyuntiva de integrarse a la cultura dominante con una mezcla de frustración al sentirse discriminados y admiración por lograr ser parte de ella, o resistirla con rencor e incluso con violencia.
El Estado tampoco contribuye a que la diversidad sea tratada desde los derechos de las personas y la relación sea percibida entre pares. Más bien, las políticas de vivienda, de salud y educación tienden a intensificar las diferencias avivando los entendibles resentimientos: en Chile actualmente coexisten personas que viven como ciudadanos de país desarrollado y otros en niveles inaceptables de pobreza. Ello evidencia que la diversidad constituye un desafío para la democracia, la que requiere asegurar niveles dignos de calidad de vida para todos, a la vez de promover el florecimiento de lo diverso y la convivencia entre personas diferentes.
Para avanzar en esa dirección, es indispensable dialogar con apertura y sincero aprecio por las visiones que enriquecen nuestras creencias. Ante ello, nuestro tradicional miedo a los conflictos no nos ayuda. Más bien nos confirma que cuando se eleva el tono de la voz, las cosas terminan irremediablemente mal, sin lograr establecer el puente del diálogo para superar nuestras diferencias. Tampoco nos ayudan nuestros prejuicios, que nos impiden despejar las barreras para valorar a cada ser humano, sin importarnos su envase.
Necesitamos evolucionar desde nuestra atávica desconfianza hacia lo diferente, la que nos conduce a encapsularnos con personas lo más parecidas posibles. En nuestra cultura el diferente así como el desconocido son percibidos hoy como una amenaza, como un potencial agresor, en vez de un posible colaborador y, menos aún, como una oportunidad para ampliar nuestro bagaje cultural. Por ello, para estar en paz es preciso transformar las reacciones automáticas que nos llevan a rechazar las diferencias y abrirnos a nuevas posibilidades. Sólo así podremos construir un futuro amable para todos.
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*Ximena Abogabir es Presidenta de Casa de la Paz.
19 de junio de 2008
18 de junio de 2008
El Desconocimiento de la Educación Pública
Por Jorge Inzunza H.*
Al pensar en mis siete años en la Escuela D-493 de San Miguel y otros seis en el Instituto Nacional, recojo dos escenarios posibles para pensar la educación pública. En mi Escuela viví una experiencia de integración donde alumnos con diferentes capacidades y de un nivel socioeconómico medio y bajo compartíamos un mismo espacio, aprendiendo unos de otros a convivir y desarrollarnos como personas. En el Liceo en tanto, descubrí el valor de "la nota", el idealismo, la meritocracia y las aspiraciones de un establecimiento que compite gracias a un mecanismo bien conocido por los establecimientos privados, este Liceo selecciona -un aspecto que no abordaré aquí-. Estas son dos formas de lo público en educación, donde sin embargo se encuentran las clases sociales mayoritarias de nuestra población.
Lo que nunca he vivido es la educación particular. Tal vez este sesgo me hace defender a ultranza mis aprendizajes y los valores de integración social y humana, la oportunidad de ser ciudadano, de imbuirme de lo público con sus ventajas y contradicciones. Tal vez estoy tratando de transmitir algo que no se puede, porque hay que vivirlo.
Esta reflexión inicial, teñida de recuerdos, me hace pensar en estas frases breves, pero tan decidoras pronunciadas por nuestras autoridades y representantes políticos en estos días, que podemos resumir en que "no entienden por qué están los profesores, apoderados y estudiantes en las calles protestando". Quiero defender la tesis de que los políticos y quienes están encabezando los puestos claves del Estado no entienden esta protesta social porque no han vivido la educación pública ni los valores que están depositados en ella. No se trata de afirmar que la educación no tiene problemas ni que no se debe superar a sí misma, sino que ella es en sí misma, la esperanza del lazo social.
Haciendo un juego estadístico muy simple podríamos mirar los curriculums de los congresistas y comprobar si ellos y ellas estudiaron en escuelas y liceos públicos. Al hacerlo he encontrado lo siguiente -a partir de los datos que están publicados en la página del Congreso-: de los senadores un 61% realizó su enseñanza media en colegio particulares pagados, cifra que se eleva a un 68% en el caso de los diputados. Otro dato interesante es que aproximadamente el 42% de los senadores y 35% de los diputados estudió en colegios ubicados en cuatro comunas de Santiago que ostentan los mayores ingresos económicos de la población chilena (Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea). Hay que decir que estos colegios particulares representan menos del 8% de los establecimientos educacionales.
Este breve, superficial y simple examen de las trayectorias educativas nos da para pensar en qué posibilidades reales tenemos de obtener leyes y políticas que sean comprensivas, adecuadas, pertinentes y que promuevan la educación pública, si la mayoría en el Congreso y en el Estado responde más bien a pasados y presentes educativos privados. ¿Entonces qué esperanza tenemos? No queda más que la calle, lugar que resiste y que es pública por excelencia. ¿Quién(es) son los que están mas capacitados para participar y decir sobre la educación pública? ¿Los que la miran de lejos o los que la viven a diario? Quiero entonces en estas breves líneas de junio reivindicar la participación de las comunidades educativas en su derecho a pensar y dirigir el destino de la educación que les concierne y pertenece. Los mismos argumentos citados por el empresario Sebastián Piñera cuando hablaba de por qué no se había consultado a los santiaguinos sobre el nuevo sistema de transporte, criticando que éste había sido diseñado por quienes no utilizan el transporte público, puede utilizarse para afirmar que son quienes viven la educación pública quienes son los mejores capacitados para gobernarla. Esta es una deuda desafiante que mantenemos con nuestro magisterio, estudiantes, asistentes de educación y apoderados. Es esta la educación en democracia que se niega en Chile -negación reflejada en la discusión del Proyecto de Ley y el mismo texto- y que tantos países del mundo ya tienen.
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*Por Jorge Inzunza H. es Magíster en Ciencias Humanas y Sociales.
Al pensar en mis siete años en la Escuela D-493 de San Miguel y otros seis en el Instituto Nacional, recojo dos escenarios posibles para pensar la educación pública. En mi Escuela viví una experiencia de integración donde alumnos con diferentes capacidades y de un nivel socioeconómico medio y bajo compartíamos un mismo espacio, aprendiendo unos de otros a convivir y desarrollarnos como personas. En el Liceo en tanto, descubrí el valor de "la nota", el idealismo, la meritocracia y las aspiraciones de un establecimiento que compite gracias a un mecanismo bien conocido por los establecimientos privados, este Liceo selecciona -un aspecto que no abordaré aquí-. Estas son dos formas de lo público en educación, donde sin embargo se encuentran las clases sociales mayoritarias de nuestra población.
Lo que nunca he vivido es la educación particular. Tal vez este sesgo me hace defender a ultranza mis aprendizajes y los valores de integración social y humana, la oportunidad de ser ciudadano, de imbuirme de lo público con sus ventajas y contradicciones. Tal vez estoy tratando de transmitir algo que no se puede, porque hay que vivirlo.
Esta reflexión inicial, teñida de recuerdos, me hace pensar en estas frases breves, pero tan decidoras pronunciadas por nuestras autoridades y representantes políticos en estos días, que podemos resumir en que "no entienden por qué están los profesores, apoderados y estudiantes en las calles protestando". Quiero defender la tesis de que los políticos y quienes están encabezando los puestos claves del Estado no entienden esta protesta social porque no han vivido la educación pública ni los valores que están depositados en ella. No se trata de afirmar que la educación no tiene problemas ni que no se debe superar a sí misma, sino que ella es en sí misma, la esperanza del lazo social.
Haciendo un juego estadístico muy simple podríamos mirar los curriculums de los congresistas y comprobar si ellos y ellas estudiaron en escuelas y liceos públicos. Al hacerlo he encontrado lo siguiente -a partir de los datos que están publicados en la página del Congreso-: de los senadores un 61% realizó su enseñanza media en colegio particulares pagados, cifra que se eleva a un 68% en el caso de los diputados. Otro dato interesante es que aproximadamente el 42% de los senadores y 35% de los diputados estudió en colegios ubicados en cuatro comunas de Santiago que ostentan los mayores ingresos económicos de la población chilena (Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea). Hay que decir que estos colegios particulares representan menos del 8% de los establecimientos educacionales.
Este breve, superficial y simple examen de las trayectorias educativas nos da para pensar en qué posibilidades reales tenemos de obtener leyes y políticas que sean comprensivas, adecuadas, pertinentes y que promuevan la educación pública, si la mayoría en el Congreso y en el Estado responde más bien a pasados y presentes educativos privados. ¿Entonces qué esperanza tenemos? No queda más que la calle, lugar que resiste y que es pública por excelencia. ¿Quién(es) son los que están mas capacitados para participar y decir sobre la educación pública? ¿Los que la miran de lejos o los que la viven a diario? Quiero entonces en estas breves líneas de junio reivindicar la participación de las comunidades educativas en su derecho a pensar y dirigir el destino de la educación que les concierne y pertenece. Los mismos argumentos citados por el empresario Sebastián Piñera cuando hablaba de por qué no se había consultado a los santiaguinos sobre el nuevo sistema de transporte, criticando que éste había sido diseñado por quienes no utilizan el transporte público, puede utilizarse para afirmar que son quienes viven la educación pública quienes son los mejores capacitados para gobernarla. Esta es una deuda desafiante que mantenemos con nuestro magisterio, estudiantes, asistentes de educación y apoderados. Es esta la educación en democracia que se niega en Chile -negación reflejada en la discusión del Proyecto de Ley y el mismo texto- y que tantos países del mundo ya tienen.
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*Por Jorge Inzunza H. es Magíster en Ciencias Humanas y Sociales.
17 de junio de 2008
El que sabe, sabe y el que no es ministro
Por Luis Casado*
O presidente del Banco Central, o diputado, o experto, lo que viene a ser más o menos lo mismo. Mientras le dedicamos el fin de semana al fútbol, a las minas y al carrete indispensable, la clase política planetaria se ocupa de lo esencial. Podemos dormir tranquilos, hay un piloto en el avión.
Si cupiese alguna duda la actualidad pone en evidencia la suerte de cornudos que tenemos con los nuestros: gracias a Francisco Vidal, Jaime Pizarro, Álvaro Escobar y Marco Enríquez-Ominami se pudo evitar una crisis mayor. Finalmente, para tranquilidad y provecho del personal, Madonna podrá ocupar el Nacional para distribuir caramelos y mostrar el ropero.
Por su parte, reunidos en Osaka los ministros de finanzas del G8, -EE.UU., Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Rusia-, le consagraron el viernes y el sábado a temas no menos cruciales, -el precio del petróleo y la debilidad del dólar-, y se rajaron con algunas declaraciones para el mármol.
Después de indicar que el petróleo caro constituye “una seria amenaza para la estabilidad del crecimiento mundial”, le pidieron al FMI y a la Agencia Internacional de la Energía que analicen “los factores reales y financieros que están detrás del reciente aumento de los precios del petróleo y de su volatilidad”.
Así como lo lees. Estos tipos declaran no saber cuales son las razones que enviaron el precio de la energía a las nubes y lo hacen comportarse como un vulgar yo-yo. El FMI, buen príncipe, acepta y promete un informe para... octubre.
En el G8 hay quién estima que los especuladores son ampliamente responsables de la situación. Otros aseguran que la crisis se debe a una producción insuficiente, e incluso que el problema viene de la falta de capacidad de refinamiento. El Secretario del Tesoro de los EE.UU. -el ex especulador con créditos hipotecarios basura Henry Paulson-, con un gesto que denuncia en él a un asiduo lector de Agatha Christie, acusa: “Todas las pruebas designan a la oferta y la demanda”. Claro como el petróleo.
“No está claro para nada. Necesitamos un estudio para responder a esta cuestión”, explicó Dominique Strauss-Kahn, director general del FMI, y vos te preguntás que hace el FMI cada día de dios, si no son precisamente estudios que le permiten equivocarse cotidianamente sobre todo lo que anuncia. Y no anunciar, ni ver, las crisis que llueven.
Fukushiro Nukaga, -el bien nombrado ministro de finanzas japonés-, lo puso muy claro: “Se expresaron muchas opiniones. Pero se comparte el sentimiento de que nadie conoce realmente la verdad”. Así de transparente.
Uno se dice que podrían preguntarle a Michelle, en fin, a Velasco, visto que el despilfarro de los US$ mil millones destinados al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles sirve precisamente para eso, para resolver el problema que los tipos del G8 no entienden.
Y se pone a soñar con que, después de Heraldo Muñoz que fue “presidente del mundo”(sic), y de Ricardo Lagos que llegó a “capitán planeta”, un chileno pudiese dirigir el FMI, el BM, la OMC, la FAO y otras organizaciones tan ineptas e inaptas como las que preceden, y tan inútiles como el recientemente creado cargo de “Gerente del aire”, versión moderna del célebre “inspector de atmósfera”.
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*Luis Casado es economista
O presidente del Banco Central, o diputado, o experto, lo que viene a ser más o menos lo mismo. Mientras le dedicamos el fin de semana al fútbol, a las minas y al carrete indispensable, la clase política planetaria se ocupa de lo esencial. Podemos dormir tranquilos, hay un piloto en el avión.
Si cupiese alguna duda la actualidad pone en evidencia la suerte de cornudos que tenemos con los nuestros: gracias a Francisco Vidal, Jaime Pizarro, Álvaro Escobar y Marco Enríquez-Ominami se pudo evitar una crisis mayor. Finalmente, para tranquilidad y provecho del personal, Madonna podrá ocupar el Nacional para distribuir caramelos y mostrar el ropero.
Por su parte, reunidos en Osaka los ministros de finanzas del G8, -EE.UU., Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Rusia-, le consagraron el viernes y el sábado a temas no menos cruciales, -el precio del petróleo y la debilidad del dólar-, y se rajaron con algunas declaraciones para el mármol.
Después de indicar que el petróleo caro constituye “una seria amenaza para la estabilidad del crecimiento mundial”, le pidieron al FMI y a la Agencia Internacional de la Energía que analicen “los factores reales y financieros que están detrás del reciente aumento de los precios del petróleo y de su volatilidad”.
Así como lo lees. Estos tipos declaran no saber cuales son las razones que enviaron el precio de la energía a las nubes y lo hacen comportarse como un vulgar yo-yo. El FMI, buen príncipe, acepta y promete un informe para... octubre.
En el G8 hay quién estima que los especuladores son ampliamente responsables de la situación. Otros aseguran que la crisis se debe a una producción insuficiente, e incluso que el problema viene de la falta de capacidad de refinamiento. El Secretario del Tesoro de los EE.UU. -el ex especulador con créditos hipotecarios basura Henry Paulson-, con un gesto que denuncia en él a un asiduo lector de Agatha Christie, acusa: “Todas las pruebas designan a la oferta y la demanda”. Claro como el petróleo.
“No está claro para nada. Necesitamos un estudio para responder a esta cuestión”, explicó Dominique Strauss-Kahn, director general del FMI, y vos te preguntás que hace el FMI cada día de dios, si no son precisamente estudios que le permiten equivocarse cotidianamente sobre todo lo que anuncia. Y no anunciar, ni ver, las crisis que llueven.
Fukushiro Nukaga, -el bien nombrado ministro de finanzas japonés-, lo puso muy claro: “Se expresaron muchas opiniones. Pero se comparte el sentimiento de que nadie conoce realmente la verdad”. Así de transparente.
Uno se dice que podrían preguntarle a Michelle, en fin, a Velasco, visto que el despilfarro de los US$ mil millones destinados al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles sirve precisamente para eso, para resolver el problema que los tipos del G8 no entienden.
Y se pone a soñar con que, después de Heraldo Muñoz que fue “presidente del mundo”(sic), y de Ricardo Lagos que llegó a “capitán planeta”, un chileno pudiese dirigir el FMI, el BM, la OMC, la FAO y otras organizaciones tan ineptas e inaptas como las que preceden, y tan inútiles como el recientemente creado cargo de “Gerente del aire”, versión moderna del célebre “inspector de atmósfera”.
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*Luis Casado es economista
16 de junio de 2008
La educación universitaria: ¿derecho o privilegio?
Por Carlos Margotta*
En las últimas semanas, y en la medida que avanza la discusión parlamentaria sobre la Ley General de Educación, hemos sido testigos de manifestaciones de estudiantes, profesores, trabajadores e intelectuales, que alzan la voz por el fin de la educación de mercado que se ha impuesto en nuestro país en las últimas tres décadas. En esa posición de rechazo al sistema imperante han participado activamente todos los estamentos de nuestra comunidad universitaria.
Del debate público que tales movilizaciones han provocado, podemos identificar, por un lado, a quienes consideran que la educación es un servicio que debe ser provisto por los particulares y debe ser regulado por el mercado. Por otra parte, están quienes consideran que la educación es un derecho social que, como tal, se contrapone a la educación entendida como privilegio y la entiende como un “bien público” que va en beneficio de la comunidad en su conjunto.
La educación superior no es más que la proyección de la misma realidad. Las universidades, aún cuando en casos como el nuestro tengan una posición de discrepancia respecto a la lógica mercantil del sistema, están atadas a las lógicas que éste impone. Lamentablemente, muchos de los partidarios de considerar la educación como un derecho social que el Estado debe asegurar para el conjunto de los chilenos, sólo lo hacen extensivo a la educación escolar, sin comprender que las inequidades en la educación superior permean al conjunto del sistema educacional.
Hoy somos testigos de profundas transformaciones en el campo de la educación superior. Primero, se verifica un dato nuevo en la historia de Chile: desde hace tres años la oferta de vacantes universitarias en Chile es superior a la demanda que existe en los egresados de enseñanza media. Segundo, las familias están privilegiando instituciones que brinden oportunidades de financiamiento adicional, pues asumen que la educación superior es un privilegio para unos pocos. Y, tercero, las políticas públicas para el sector se están reorientando para consolidar un modelo de educación superior de mercado.
Durante los años noventa, las políticas públicas crearon un espacio universitario amplio, plural y diverso, expresado institucionalmente en una diversidad de instituciones e intereses. Hoy, ese modelo se encuentra agotado. Las políticas públicas dejaron en manos de intereses particulares la regulación de la enseñanza universitaria. Los subsidios a la demanda han provocado crecientes procesos de concentración económica e integración vertical de la educación superior, estimulando la disminución en cantidad y pluralismo del sistema. Se está tendiendo, como consecuencia, a favorecer a instituciones vinculadas a congregaciones religiosas o grandes conglomerados económicos.
Este debate ya estuvo presente en la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior y se tradujo en el quiebre de dicha instancia, entre quienes estaban por profundizar el proceso y quienes querían reorientar esa peligrosa tendencia. El segundo grupo alimentó la creación de la Asamblea Nacional por la Educación, en la que estamos participando como Universidad, en mi condición de Rector, junto a diversos representantes y actores de los distintos ámbitos convocados en torno a estas posiciones.
No obstante la resistencia a la privatización de la función pública en la educación superior y a la concentración económica impulsada desde el Estado, debemos asumir que las fuerzas progresistas no han logrado construir una visión coherente y consistente sobre el sistema universitario chileno, que supere la visiones tradicionalistas que asocian este debate al fortalecimiento de las universidades estatales.
En el fondo, se asume que proyectos universitarios críticos, contemporáneos y transformadores, que contribuyan a formar personas en los valores de la libertad, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos, sólo pueden verificarse bajo el amparo del Estado y, por lo mismo, terminan siendo aliados de quienes sostienen que el campo de la educación superior privada es patrimonio de congregaciones religiosas y grandes grupos económicos. Más aún, esta lógica también apoya el privilegio estatal de las carreras tecnológicas y científicas funcionales al modelo económico, frente a las carreras artísticas, de humanidades y de pensamiento crítico.
Esa inconsistencia teórica y política se ha traducido en que no hayan logrado construir respuestas convincentes para evitar el proceso de concentración que se vive en las universidades privadas, donde en la actualidad sólo cinco universidades concentran el 50% de la matrícula. Tampoco han construido argumentos plausibles para afrontar la evidente disminución del pluralismo y diversidad institucional en la educación superior privada.
Del mismo modo, no han planteado una alternativa políticamente viable al actual proceso de privatización de los procesos de calificación universitaria, donde incluso la educación superior pública debe asumir criterios de empresa privada. La pregunta es ¿cómo pueden las universidades chilenas con vocación social y cultural, entregar mejores servicios a los estudiantes y mantener su viabilidad económica sin un compromiso del Estado en esa dirección? Mientras no se responda adecuadamente esa pregunta, seguirán desapareciendo instituciones de educación superior, absorbidas por transnacionales educativas o por grupos económicos locales.
Quienes sostenemos que la educación y la cultura no deben regirse por los designios del mercado, pues son derechos sociales fundamentales de los pueblos, también pensamos que el debate universitario es incompatible con sectarismos e intolerancias dogmáticas. Por eso, creemos que el debate sobre el futuro de la educación superior chilena –pública y privada- debe salir de las oficinas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, para transformar los argumentos tecnocráticos en deliberaciones ciudadanas del conjunto de la sociedad chilena. Ese es nuestro desafío, nuestro reto y nuestro llamado.
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*Carlos Margotta es rector de la Universidad Arcis
En las últimas semanas, y en la medida que avanza la discusión parlamentaria sobre la Ley General de Educación, hemos sido testigos de manifestaciones de estudiantes, profesores, trabajadores e intelectuales, que alzan la voz por el fin de la educación de mercado que se ha impuesto en nuestro país en las últimas tres décadas. En esa posición de rechazo al sistema imperante han participado activamente todos los estamentos de nuestra comunidad universitaria.
Del debate público que tales movilizaciones han provocado, podemos identificar, por un lado, a quienes consideran que la educación es un servicio que debe ser provisto por los particulares y debe ser regulado por el mercado. Por otra parte, están quienes consideran que la educación es un derecho social que, como tal, se contrapone a la educación entendida como privilegio y la entiende como un “bien público” que va en beneficio de la comunidad en su conjunto.
La educación superior no es más que la proyección de la misma realidad. Las universidades, aún cuando en casos como el nuestro tengan una posición de discrepancia respecto a la lógica mercantil del sistema, están atadas a las lógicas que éste impone. Lamentablemente, muchos de los partidarios de considerar la educación como un derecho social que el Estado debe asegurar para el conjunto de los chilenos, sólo lo hacen extensivo a la educación escolar, sin comprender que las inequidades en la educación superior permean al conjunto del sistema educacional.
Hoy somos testigos de profundas transformaciones en el campo de la educación superior. Primero, se verifica un dato nuevo en la historia de Chile: desde hace tres años la oferta de vacantes universitarias en Chile es superior a la demanda que existe en los egresados de enseñanza media. Segundo, las familias están privilegiando instituciones que brinden oportunidades de financiamiento adicional, pues asumen que la educación superior es un privilegio para unos pocos. Y, tercero, las políticas públicas para el sector se están reorientando para consolidar un modelo de educación superior de mercado.
Durante los años noventa, las políticas públicas crearon un espacio universitario amplio, plural y diverso, expresado institucionalmente en una diversidad de instituciones e intereses. Hoy, ese modelo se encuentra agotado. Las políticas públicas dejaron en manos de intereses particulares la regulación de la enseñanza universitaria. Los subsidios a la demanda han provocado crecientes procesos de concentración económica e integración vertical de la educación superior, estimulando la disminución en cantidad y pluralismo del sistema. Se está tendiendo, como consecuencia, a favorecer a instituciones vinculadas a congregaciones religiosas o grandes conglomerados económicos.
Este debate ya estuvo presente en la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior y se tradujo en el quiebre de dicha instancia, entre quienes estaban por profundizar el proceso y quienes querían reorientar esa peligrosa tendencia. El segundo grupo alimentó la creación de la Asamblea Nacional por la Educación, en la que estamos participando como Universidad, en mi condición de Rector, junto a diversos representantes y actores de los distintos ámbitos convocados en torno a estas posiciones.
No obstante la resistencia a la privatización de la función pública en la educación superior y a la concentración económica impulsada desde el Estado, debemos asumir que las fuerzas progresistas no han logrado construir una visión coherente y consistente sobre el sistema universitario chileno, que supere la visiones tradicionalistas que asocian este debate al fortalecimiento de las universidades estatales.
En el fondo, se asume que proyectos universitarios críticos, contemporáneos y transformadores, que contribuyan a formar personas en los valores de la libertad, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos, sólo pueden verificarse bajo el amparo del Estado y, por lo mismo, terminan siendo aliados de quienes sostienen que el campo de la educación superior privada es patrimonio de congregaciones religiosas y grandes grupos económicos. Más aún, esta lógica también apoya el privilegio estatal de las carreras tecnológicas y científicas funcionales al modelo económico, frente a las carreras artísticas, de humanidades y de pensamiento crítico.
Esa inconsistencia teórica y política se ha traducido en que no hayan logrado construir respuestas convincentes para evitar el proceso de concentración que se vive en las universidades privadas, donde en la actualidad sólo cinco universidades concentran el 50% de la matrícula. Tampoco han construido argumentos plausibles para afrontar la evidente disminución del pluralismo y diversidad institucional en la educación superior privada.
Del mismo modo, no han planteado una alternativa políticamente viable al actual proceso de privatización de los procesos de calificación universitaria, donde incluso la educación superior pública debe asumir criterios de empresa privada. La pregunta es ¿cómo pueden las universidades chilenas con vocación social y cultural, entregar mejores servicios a los estudiantes y mantener su viabilidad económica sin un compromiso del Estado en esa dirección? Mientras no se responda adecuadamente esa pregunta, seguirán desapareciendo instituciones de educación superior, absorbidas por transnacionales educativas o por grupos económicos locales.
Quienes sostenemos que la educación y la cultura no deben regirse por los designios del mercado, pues son derechos sociales fundamentales de los pueblos, también pensamos que el debate universitario es incompatible con sectarismos e intolerancias dogmáticas. Por eso, creemos que el debate sobre el futuro de la educación superior chilena –pública y privada- debe salir de las oficinas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, para transformar los argumentos tecnocráticos en deliberaciones ciudadanas del conjunto de la sociedad chilena. Ese es nuestro desafío, nuestro reto y nuestro llamado.
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*Carlos Margotta es rector de la Universidad Arcis
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