Columnistas de El Mostrador.cl

La inmigración en Chile: actuemos a tiempo

2008-07-07T03:42:00.000-06:00

Por Ivonne David

Recientemente en un restaurante de la capital se trenzaron a golpes un grupo de adolescentes chilenos con algunos jóvenes coreanos, por alusiones impropias pero, probablemente, sin mayor intención xenófoba, de unos a otros. (Alguien se refirió a una de las niñas como “chinita”). Este hecho demuestra ignorancia por ambos lados, ya que este apelativo es habitual y no peyorativo para referirse en Chile a jóvenes asiáticas, y por otra se desconoce la irritación que puede producir en éstas ser confundidas de nacionalidad.

Puede ser algo anecdótico. Pero revela una nueva realidad en Chile, que la opinión pública todavía mira con cierta indiferencia. Es un cambio cultural y social que se da en el país desde hace algunos años, con la llegada de inmigrantes procedentes de países vecinos e incluso de tierras lejanas. La globalización de la cual tanto se habla, no sólo implica un crecimiento de los intercambios comerciales y tecnológicos, sino que está produciendo en todo el mundo una inmigración desde regiones en conflicto o de menor desarrollo, hacia países que, como Chile, gozan de estabilidad económica, social y política.

Con excepción de algunos centros de estudio y oenegés que se preocupan del tema, que están realizando investigaciones respecto al perfil migratorio hacia Chile, no se conocen aún trabajos en profundidad, oficiales o privados, que nos indiquen claramente que es lo que sucede realmente en materia de inmigración en nuestro país más allá de las estadísticas. Conocer la realidad socio-económica, laboral, de inserción cultural, relacionamiento con la comunidad local, etc. son elementos fundamentales para estructurar una política migratoria que se anticipe a los problemas que este fenómeno está produciendo en Europa y otras partes.

No basta con regular el ingreso y solicitar medios de vida para tres meses, tampoco basta una amnistía por una vez que regularice a un número de personas ilegales. Estas acciones no impedirán que sigan entrando inmigrantes, incluso en mayor número que antes.

¿Qué se está haciendo en materia de integración de los inmigrantes? ¿En educación multicultural en los colegios? Para algunos puede parecer exagerado, porque al parecer en Chile no hay tantos extranjeros. Pero no hay que esperar a que el número se desborde, y tampoco que se comiencen a percibir como una amenaza a la identidad nacional.

La realidad demuestra que la ignorancia y el desconocimiento de ambas partes es el acicate para que surjan las peores actitudes de racismo y xenofobia, si no se atienden a tiempo. Tampoco se debe olvidar a los que ya están acá, que tratan de sobrevivir en difíciles condiciones, muchos de ellos con niños pequeños que deben asistir al colegio y son discriminados por ser “diferentes”.

No es un misterio que ya existe en Santiago un gettho en la zona de Independencia y Recoleta, donde viven gran cantidad de peruanos en lastimosas condiciones de hacinamiento, lo que ha dado lugar a graves hechos como el reciente incendio provocado por el recalentamiento de los circuitos eléctricos, al parecer de una conexión ilegal.

Estos hechos nos demuestran que es necesario encarar la inmigración en forma integral, como debe ser. La mayoría de los extranjeros que vienen a Chile trabajan en la construcción, agricultura o el servicio doméstico, que como todos sabemos son puestos de trabajo desechados cada vez más por los trabajadores locales. Por lo tanto es una fuerza laboral que presta utilidad hoy y lo hará cada vez más en el futuro.

Unas condiciones de vida digna, con derecho a salud, educación, vivienda y programas de integración social, son la forma en que nuestro país puede asegurar que el problema del racismo y la xenofobia, ya de alguna manera subyacente, no adquiera proporciones alarmantes. Y que la inmigración, debidamente regulada, con base en los derechos humanos y los compromisos internacionales de Chile, sea un beneficio para el país y para quienes llegan a vivir y aportar su esfuerzo a nuestra tierra como una tierra de oportunidades.

Turistas e inmigrantes

2008-07-03T23:38:00.000-06:00

Por Álvaro Cuadra*

La Comunidad Europea acaba de anunciar un endurecimiento de sus políticas contra la inmigración. Los países ricos enarbolan las banderas del libre comercio y la globalización de los mercados. En cada foro internacional presionan a los países pobres para que tomen medidas que favorezcan sus intereses inmediatos. Sin embargo, al mismo tiempo endurecen sus políticas migratorias para evitar que los pobres de la tierra se instalen en sus ciudades.

Los pobres e indocumentados, sean negros del África, “sudacas”, “moros” o “asiáticos” resultan aborrecibles no tanto por su color o sus costumbres, como por su precariedad económica. Las sociedades ricas aborrecen de los extranjeros pobres que vienen a disputar empleos a muchos de sus propios marginales. Las sociedades más prósperas, mimadas en el consumismo suntuario, reniegan de su fundamento democrático para salvaguardar un modo de vida.

Intoxicadas de narcisismo por la cultura mediático publicitaria, las sociedades “desarrolladas” han desplazado todo reclamo humanista universalista por una delirante xenofobia cuya coartada es el nacionalismo y el racismo: antesala de la degradación y la barbarie.

La hiperindustria de la cultura en Europa y los Estados Unidos ha engendrado una visión cínica del mundo, plagada de estereotipos vulgares para una masa plebeya. A través de una retahíla de lugares comunes se estructura una visión patológica del mundo, cuyos vértices son el odio, la violencia y el nihilismo agresivo frente a la presunta amenaza. Eso tiene un nombre y se llama fascismo.

Millones de africanos y árabes en Francia, turcos en Alemania, mexicanos y latinos en Estados Unidos, “sudacas” en España o peruanos en Chile, deben sufrir a diario la discriminación de una sociedad que se siente “superior” a las miserias de sus inmigrantes. Las masas plebeyas e ignorantes son presa fácil del discurso xenofóbico, en especial cierto segmento juvenil.

La globalización concebida como libre flujo de capitales y mercancía, nos muestra su rostro antidemocrático cuando se trata de seres humanos pobres. Nadie quiere que los esclavos miserables y malolientes se instalen en su antejardín. La globalización promueve las imágenes de los emprendedores y “winners”, en las antípodas de las víctimas o “losers”: homosexuales, indígenas, negros, enfermos y pobres.

Es cierto, ya no vemos las velas inflamadas de los barcos europeos que cruzaban el Atlántico desde la costa africana, trayendo el preciado “marfil negro”, cargamento de esclavos hasta La Habana o Cartagena de Indias. Las cadenas y los grilletes han sido reemplazados hoy por el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza perpetua. Generaciones desesperadas cuyo único horizonte es peregrinar hacia la metrópoli, desafiando la muerte, por una vida diferente.

Los países pobres del sur son tenidos como exóticos y lejanos parajes de turismo, donde la agreste naturaleza aún permanece impoluta; acaso como paraísos sexuales para la pedofilia o como paraísos fiscales para los negocios turbios. Los pueblos del sur constituyen la frontera, el “far west” donde todavía se consiguen materias primas a bajo coste sin restricciones medioambientales.

En la hora actual coexisten dos mundos inconmensurables, distintos y distantes. Cada vez que un grupo de africanos a la deriva se aproxima a las turísticas playas europeas, se rozan dos mundos que el capital ha separado: los seres globalizados que retozan en edénicos parajes “all inclusive” y aquellos marginados muertos de hambre y de olvido.

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*Álvaro Cuadra, Plataforma de Opinión de Universidad ARCIS.

Primarias abiertas para la DC

2008-07-03T00:54:00.001-06:00

Por Marcelo Trivelli*

La Democracia Cristiana desarrollará este fin de semana su Junta Nacional. Es la primera junta después de una profunda división interna donde un senador y ex presidente del partido fue expulsado y, como consecuencia, renunciaron cinco diputados además de dirigentes intermedios y militantes.

No nos engañemos. Esta Junta tiene el desafío de enfrentar una profunda crisis de confianza, una sostenida pérdida de representación parlamentaria y con un pacto político, la Concertación, agotado y quebrado. Estamos en un escenario nacional donde 9 de cada 10 chilenos desconfían de los partidos políticos y más del 50 por ciento no se identifica con ningún conglomerado.

La Democracia Cristiana está en un punto crítico. Tomaremos una decisión que marcará nuestro futuro: seguiremos camino hacia la extinción votando por más de lo mismo o nos atrevemos a votar por más democracia. Sólo con el coraje de ceder nuestros propios privilegios, saldremos fortalecidos para construir, junto a la gente, un nuevo proyecto político para Chile.

El próximo fin de semana, los democratacristianos enfrentaremos al pasado versus el futuro, al sectarismo versus la unidad, la continuidad versus el cambio y, por sobre todo, a la búsqueda del poder por el poder, versus la democracia participativa.

Ha llegado el momento de decirles a nuestros dirigentes que tomen conciencia de ello y que es hora de que vuelvan a hacer política de cara a la ciudadanía.

Soy un convencido, que la Democracia Cristiana necesita abrir muchos espacios de participación, debe oxigenar la política y dar un ejemplo de democracia a todo Chile. La Junta DC debe definir el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Si decidimos primarias abiertas con múltiples candidatos y debates regionales, demostraremos que la democracia debe existir siempre y no sólo cuando nos conviene. De esta manera, la elección será libre, secreta e informada donde todos los chilenos y chilenas (no militantes de otros partidos) podrán tener la oportunidad de participar en una elección primaria que es trascendente para el futuro de nuestro país.

La ciudadanía volverá a confiar en la DC cuando el partido vuelva a confiar en la gente. Tenemos la obligación ética de tomar una decisión audaz que asegure más democracia y participación. Cualquier decisión que no sea primarias abiertas con debates regionales, condenará a la DC a la extinción.

Hago un llamado a tener confianza en la ciudadanía. Les pido a mis camaradas que confíen en ustedes mismos y les pido que confíen en el sueño de que se puede construir entre todos un país mejor.

Los grandes cambios los alcanzaremos cuando actuemos de acuerdo a nuestros valores, principios y sueños. Cuando, fieles a nuestros fundadores, seamos capaces de adherir a un proyecto inspirado en la verdad, en el esfuerzo, en el merito, la transparencia y la participación. Solo así podremos invitar a todos nuestros compatriotas a ser parte de un proyecto para que Chile progrese con valores.

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*Marcelo Trivelli es precandidato presidencial y ex jefe de campaña de Soledad Alvear.

Ministra, la responsabilidad no se delega

2008-07-02T13:02:00.002-06:00

Por Paola Vasconi*

Por estos días Santiago ha vivido una de las peores semanas en términos de contaminación atmosférica. De hecho, entre el domingo 22 y el jueves 30 de junio, la capital constató 5 episodios críticos consecutivos de contaminación: tres alertas y dos preemergencias poniendo en grave riesgo la salud de la población, especialmente la de sus niños y adultos mayores.

Ante los hechos, la respuesta de las autoridades ambientales, específicamente de la Ministra de Medio Ambiente ha sido: “desde el punto de vista legal y reglamentario se ha cumplido con todas las tareas y exigencias que imponía aquello, que la legislación se dio para enfrentar estos episodios, que es el plan de prevención y descontaminación”.

Sin embargo, me atrevo a decir que la Ministra de Medio Ambiente se equivoca. Ella es la máxima autoridad ambiental en nuestro país, y como tal, tiene una responsabilidad política en el tema, que va más allá de la legalidad del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Santiago. Ella es por Ley la encargada de velar por un ambiente libre de contaminación y, si bien acepto en que esto no significa “que se deba vivir en ausencia total de contaminación, sino que conforme a normas que protejan la salud de la población”. Desde esa mirada, claramente podemos afirmar que durante esta semana los niveles de material particulado grueso (PM10) definidos por la norma chilena, se han “superado” con creces, impidiendo a los santiaguinos “vivir conforme a las normas que protegen su salud”.

Además, si nos centráramos exclusivamente en el análisis del PPDA también podríamos afirmar que la Ministra nuevamente se equivoca, pues existe una evidente ausencia de autoridad ambiental, desde que en enero del 2006 se dieron a conocer los malos resultados de la segunda Auditoría realizada al mentado Plan, y julio de 2008 donde aún esperamos su actualización. Desde su último ajuste, en el 2004, la realidad de Santiago ha cambiado sin que a la fecha se hayan hecho efectivas nuevas medidas.

Es más, estamos en condiciones de afirmar que en los últimos años, los gobiernos de la Concertación han dado pésimas señales a la hora de enfrentar el problema de la calidad del aire de la capital. Sólo por mencionar algunas: negociar por más de dos años con las empresas comercializadoras de estufas a leña para evitar prohibición de su venta en la región; expandir el radio urbano de la ciudad en post del negocio inmobiliario; construcción de autopistas urbanas; pésimo transporte público; retraso en la colocación de filtros a buses y camiones; retraso en la revisión de los convertidores catalíticos; rebaja en el impuesto a los combustibles, entre otras

En la necesidad de afrontar la actual crisis del aire de Santiago, el pasado 5 de junio la Ministra de Medio Ambiente anunció la creación del cargo de gerente del aire. Hoy reiteramos que Santiago no necesita un gerente del aire, sino que la Ministra de Medio Ambiente, el Director Ejecutivo de CONAMA y la Presidenta de la República tomen las decisiones que se requieren, más allá de cálculos políticos.

Los ciudadanos de la capital necesitamos señales claras. Santiago requiere de una Autoridad Política que cuente con el respaldo directo de la Presidenta, que tenga en sus manos el poder y las herramientas necesarias para coordinar las políticas regionales y tomar las medidas necesarias, para que la capital tenga un aire respirable, y que no tema a los costos políticos de dichas medidas. De lo contrario, la salud de la población seguirá pagando los costos y probablemente en el corto plazo tendremos que lamentar decenas de enfermedades y muertes como consecuencia de la contaminación del aire.

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*Paola Vasconi es coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram.

En el centenario de Casa Grande

2008-07-02T04:25:00.000-06:00

Por Vólker Gutiérrez*

En 1908 el país se preparaba (¡no lo sabremos hoy nosotros!) para celebrar el primer centenario de la Independencia. Las autoridades de la época no escatimaron la creación de comisiones especiales y la destinación de recursos por doquier, a fin de que tan magno acontecimiento dejara huella en la historia. Ad portas estábamos de inaugurar, entre otros, la estación Mapocho, el palacio de Bellas Artes. Entre tanto, un escritor ingresaba a la galería de los imperdibles al publicar una de las novelas clásicas de nuestra literatura: Casa Grande. Caro propósito, si es que lo tuvo, fue el que le costó a Luis Orrego Luco.

Nacido en 1866 en la capital, Orrego Luco estaba ligado por ascendencia y por vínculos sociales con las familias más ilustres del país. De hecho, estaba casado con María Vicuña Subercaseaux, hija del mismísimo prócer Benjamín Vicuña Mackenna. Y habiendo comenzado de joven su relación con la escritura, no es menor decir que participó de las tertulias literarias que el hijo del presidente Balmaceda -Pedro Balmaceda Toro- dirigió en La Moneda, junto al entonces también joven poeta nicaragüense Rubén Darío.

Decimos que no fue sencillo para nuestro escritor alcanzar el estatus que logró en las letras nacionales cuando publicó Casa Grande (incluso el crítico literario Emilio Vaisse, bajo el seudónimo de Omer Emeth, lo comparó al francés Maupassant). Y no nos referimos a su proceso de maduración literaria, sino al anatema que sufrió de parte de algunos de sus pares sociales. Claro, no tuvo que enfrentar querellas judiciales ni debió abandonar el país, como le ocurrió al periodista Francisco Martorell cuando hizo pública su “Impunidad diplomática” hace algunos pocos años. Pero Orrego debió salir a defender su obra y su persona de los ataques de que fue objeto. Más aún: la Iglesia Católica condenó la novela por considerar que su autor, ante la presencia de un conflicto matrimonial, auspiciaba el divorcio.

¿Cuál fue el escozor que provocó Casa Grande, en 1908, entre la familia aristocrática del país? Principalmente dos cosas no menores.

Por un lado, está la historia de un matrimonio santiaguino de alta alcurnia, que acaba con el femicidio de la esposa. En la obra, Orrego Luco refiere una inyección de digitalina que Ángel Heredia, el marido, colocó en vez de la morfina que le solicitó su enferma mujer, Gabriela Sandoval. Con la muerte de la protagonista también culminan los constantes desarreglos de Heredia: infidelidades, fastuosos viajes a Europa, fallidas especulaciones bursátiles que mermaron el caudal familiar.

Si la trama de las novela hubiese nacido sólo de la imaginación del autor, de seguro que ningún escándalo habría rodeado a su publicación. No fue así. Rápidamente se pudo reconocer que los personajes de Sandoval y Heredia correspondían a los verdaderos Teresa Zañartu Vicuña y Eduardo Undurraga García-Huidobro. Ambos contrajeron matrimonio en 1898, pero los cuadros demenciales del marido llevaron a un rápido quiebre y un posterior divorcio.

Una vez regresado Undurraga de una de sus tantas estadías en Europa, en el invierno de 1905, le solicitó a su ex esposa permiso para ver a la hija común, lo que le fue negado con el pretexto de que la niña se encontraba enferma. La noche del sábado primero de julio, al encontrar a Teresa Zañartu en la función de Poliuto en el Teatro Municipal, Undurraga se encolerizó y, tras el segundo acto de la ópera, partió a buscar un revolver con el que le disparó en la cabeza a la mujer, en el pórtico mismo del teatro, al final de la velada. Muerte instantánea. Muerte real.

Que en el seno de la aristocracia se produjera un femicidio ya era mucho. Imagínense lo que a ese sector social le provocó el que tres años después, uno de los suyos, casado con una prima hermana de la víctima, les restregara el hecho a través de una novela.

Por otra parte además, junto con hacer patente que los ricos también tienen dementes y que pueden cometer crímenes dignos de la mejor de las páginas rojas, Orrego Luco hizo en Casa Grande una pormenorizada descripción del modo de vida de la aristocracia de la bella época, de la ostentación y el derroche con que la clase dirigente vivía los años dorados del salitre y de los albores del primer centenario de la República. Y esto fue, seguramente, algo más complicado para la elite criolla, por cuanto no se trataba de desnudar las falencias de una que otra persona, sino de hacer patente las miserias de toda una clase.

A propósito del desprecio recibido por Luis Orrego Luco y su Casa Grande, el ensayista Domingo Melfi apuntó que “Presentar los vicios y debilidades de una sociedad que en la superficie aparecía bañada en el suave brillo del esplendor (…) constituía un delito que no podía quedar sin sanción inmediata”.

Y así fue. Al tiempo de publicarse la novela, una de las personas aludidas en clave, escribió los siguientes versos para su autor, rescatados por el crítico literario Fidel Araneda:

“Luis Orrego Luco,
Hombre ocioso y vago
Que ejecuta diarios por casualidad
No es literato, ni un escritor
Es un pobre hombre sin ningún valor
Si quieres saber cuánto es
Tres chauchas y un diez,
Tres chauchas y un diez”.

Era el desquite de quienes, por verse ridiculizados en la novela, reaccionaron con más que molestia. Son los representantes de un sector social que se percibía a sí mismo como congénitamente dotado de cualidades bondadosas, tal como se desprende de las palabras que usó Benjamín Vicuña Subercaseaux, en El Mercurio del lunes 3 de julio de 1905, para denotar las características espirituales de la víctima del femicidio, su prima hermana: “No apuntamos por una vanidad social estas aristocráticas procedencias: las apuntamos porque ellas son una declaración de nobleza moral, algo que, en parte, puede hacer comprender la inagotable fuente de virtudes que era el alma de Teresa Zañartu Vicuña”.

La novela de Orrego Luco, más allá del estilo “no pocas veces cursi” con que le señala Fidel Araneda, tiene el mérito de hacer, desde adentro, la radiografía de una aristocracia que a principios del siglo pasado había dejado atrás un modo de vida más recatado y austero, cambiándolo por un estilo en el que la ostentación y el lujo se transformaron en un sello de identidad y pertenencia. Es cosa de mirar hoy las suntuosas viviendas de la época que quedan como testigos, por ejemplo, en los barrios Dieciocho y República de la capital. O es cuestión de leer Casa Grande.

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*Vólker Gutiérrez A. es Presidente de Cultura Mapocho

Límites al actuar policial

2008-06-30T23:05:00.001-06:00

Por Paulina Acevedo*

El desmedido protagonismo que se le ha otorgado en la agenda pública de este mundo globalizado a temas como el terrorismo, la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, ha dado pie a todo tipo de excesos por parte de las policías y las políticas de Estado, en la búsqueda de contrarrestar una realidad aparentemente exacerbada por la violencia.

Nuestro país, pionero en la región en diversas materias (así reza el slogan que se exhibe al exterior), no se ha quedado atrás en dar prioritaria atención al combate de estos “flagelos sociales”, pero lo hace permitiendo el traspaso de límites éticos del actuar policial en un Estado democrático.
Tanto por la rudeza de sus métodos de captura (uso indebido de la fuerza), como por la trasgresión de derechos fundamentales, presente en casos de privación ilegítima de libertad (derechos al debido proceso y el desplazamiento) y de tortura en el marco de la detención (integridad física, seguridad personal y vida), el actuar de las policías presenta serias deficiencias y vulnera la dignidad humana. Una situación que le fue representada al Estado chileno por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2007, cuando manifestó su preocupación por las múltiples denuncias recibidas en este sentido, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables.

Con todo, lo que resulta aún más complejo no son estas prácticas abiertas, sino aquellas solapadas, esas que indagan impunemente en la vida privada de las personas en pro de alcanzar, se nos argumenta, el anhelado control del espacio público que busca el gobierno (de terrorismo y delincuencia) y de conseguir materializar ese amplio y a la vez ambiguo término que se ha puesto tan de moda: la seguridad ciudadana.

Todavía más preocupante es que el gobierno haya extendido estas prácticas de seguimiento, infiltración, espionaje telefónico y de correos electrónicos, de robo de información digital y de incautación de materiales audiovisuales, de allanamientos y de detenciones arbitrarias practicadas por la Agencia Nacional de Inteligencia para una persecución descomedida de los movimientos sociales que hacen sentir sus demandas al interior del Estado. Utilizando además leyes especiales (de Seguridad del Estado y terrorista) en su persecución penal.

El ejemplo más paradigmático, es la “criminalización” (en palabras del relator especial de la ONU para pueblos indígenas) que se ha hecho de las legítimas demandas del Pueblo Mapuche. Donde no sólo está presente la violación abierta de derechos básicos por parte de la policía y el Estado, sino también esa mano encubierta que se cierne de igual modo sobre quienes solidarizan o defienden los derechos de estos pueblos, incluso quienes se acercan a documentar estas realidades. El gobierno les considera peligrosos y da las libertades para reprimir.

Recientemente se conoció la detención de la documentalista Elena Varela, quien se ha dedicado los últimos cuatro años a hacer un completo registro de la situación que viven distintas comunidades mapuches de la Araucanía con la explosión forestal que se ha desatado en la zona, esto en el marco de su proyecto audiovisual “Newen Mapuche”, reconocido con los aportes de Fondart y Corfo, pese a no tener relación alguna con los delitos –no comprobados- que se le imputan, y en el cual existen diversos testimonios de dirigentes y comuneros. Algunos de los cuales habían pedido reserva de identidad para entregar la información por miedo. Hecho que se suma a la detención de dos equipos de documentalistas extranjeros (franceses e italianos), cuyo material sobre la situación mapuche también les fue incautado y luego fueron expulsados del país.

Pero los mapuches no son los únicos que son espiados e infiltrados por las policías. Estudiantes secundarios y universitarios, trabajadores subcontratados de Codelco y otros sindicatos, deudores habitacionales y organizaciones medioambientales, han denunciado estas prácticas. Yo misma, periodista y comunicadora en derechos humanos, he tenido varios intentos de piching en mi correo personal, y seguramente mi teléfono esté intervenido. Todo por comunicar situaciones de violación a derechos humanos que afectan distintas personas y grupos sociales.

Es más, cualquiera que hoy se manifieste frente a La Moneda, ejerciendo su derecho constitucional y humano a la expresión, es filmado por carabineros. Y no con esas cámaras pequeñas con que la policía infiltraba las manifestaciones públicas, sino con un equipo profesional como el de los canales, a vista y paciencia de todo aquel que transita, lamentablemente sin cuestionar este robo de imagen. ¿Qué les da derecho a filmarnos?, la seguridad ciudadana. ¿Qué hacen luego con esas imágenes? ¿Entrarán en calidad de sospechosos o peligrosos en una lista manejada secretamente por la policía?

Ya hace tiempo era hora de decir basta frente a estas situaciones. Ahora es tiempo de exigirlo. No puede la ANI u otro organismo policial tener las amplias facultades que hoy ostentan para intervenir teléfonos sin orden judicial o seguir secretamente a personas por el sólo hecho de “ser” o “pertenecer”.

No podemos permitir que se violen nuestros derechos humanos y ciudadanos en un Estado que se dice democrático. Quiero vivir en un país donde a nadie se le intervenga por lo que piensa, donde a nadie se le reprima por oponerse a un sistema que no comparte, donde no se instale el miedo y la persecución política como método de coerción, y con la libertad necesaria para expresar nuestras ideas y protestar públicamente.

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*Paulina Acevedo es Periodista, diplomada en Derechos Humanos.

Confesiones de chavistas críticos

2008-06-29T23:50:00.001-06:00

Por Esteban Valenzuela*

Se palpa otro aire en Venezuela desde que Chávez reconoció su derrota en el reciente plebiscito para reformas constitucionales. Sorprendió con su llamado a las FARC para dejar las armas y terminar con los secuestros. Incluso, en estos días los diarios consignan el enojo de dirigentes sindicales con su líder bolivariano por llegar a un acuerdo estratégico con las asociaciones empresariales para dar un impulso a la producción.
Hay dos lecturas posibles; Chávez maniobra ante la fortaleza de la alianza político militar entre Colombia y EE.UU., y busca el acuerdo con los empresarios ante los problemas económicos del país que contrastan con el auge petrolero: inflación y carestía de alimentos básicos.
La realidad no se maniquea aunque los venezolanos no lo acepten en su profunda división. Un respiro fecundo es dialogar con una pareja de profesionales, quienes desde una posición chavista han evolucionado a una "militancia crítica" (él) y desde la independencia a una postura favorable ante las posturas intransigentes de la oposición (ella).
Allí aparece en el relato los claroscuros, la valoración y la crítica. La caída de un sistema de partidos corrupto que explica el surgimiento del militar bolivariano. El abandono de millones de pobres urbanos y rurales que no contaban con agua, escuelas suficientes ni salud. Los logros en ayudas monetarias a los quintiles más carenciados, salud familiar (con más de un millar de médicos cubanos), nuevas escuelas, microcrédito, recuperación de espacios públicos, así como proyectos emblemáticos como un tren y ampliación del metro para el colapsado conurbano caraqueño o las nuevas refinerías.
Sin embargo, se reconoce que fue un error quitar la concesión a un canal opositor, que ha faltado firmeza para enfrentar la corrupción y dotar al país de una Contraloría independiente, que la retórica hay que acompañarla de políticas públicas y transformaciones eficaces, que ha faltado eficacia para dar mayores pasos en vivienda e infraestructura, que el control del dólar ha generado un mercado paralelo en que surgen fortunas de la nada.

La realidad no es en blanco y negro. Hay prensa, radio y televisión crítica. La oposición se ha fortalecido tras el triunfo del NO y se apresta a elegir más gobernadores (hoy sólo tiene cuatro) en un país que elige sus gobiernos regionales. Además, el próximo año, en las legislativas, no se repetirá la ausencia de oposición en el Congreso, lo que debilitó las instituciones y los contrapesos, que han llevado al propio Chávez a desistirse de leyes decretadas sin deliberación.
Es más, mis amigos "chavistas críticos" reconocen que no toda la oposición es igual, que hay izquierdistas que no fueron convocados, que el centroderechista "Primero Justicia" hizo una labor social importante en introducir mediación comunitaria en un país donde se padece la impunidad, el conflicto y la delincuencia. También hay autocrítica para buscar comprender por qué las mayorías estudiantiles de la Universidad Central se han vuelto opositoras, aunque a su vez, hay orgullo por las "universidades bolivarianas" que han dado acceso a los jóvenes de menos ingresos, de barrios en que sus escuelas no les permite lograr los puntajes para acceder a las tradicionales universidades del Estado.
Venezuela está en una búsqueda frenética de sentido, cohesión y se abre una ventana para recuperar la convivencia. La democracia implica reconocer al otro, y ese es un camino que chavistas y opositores tienen por delante. Lo que sí está claro, es que no hay hegemonía total. El propio chavismo sabe la diferencia entre su lema "patria o muerte" y la nueva imagen de tres figuras humanas de colores vivos que se entrelazan para declarar que ahora "el país es de todos". Dos meta relatos para un proceso que necesita mayor consenso, mayorías, eficacia y capacidad de construir confianzas para dar fecundidad a los tiempos del petróleo a 140 dólares. Gobernar no es vivir en la guerra; es construir. Estar en la oposición no es demonizar, es criticar y buscar compromisos. La historia dirá.

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*Esteban Valenzuela es diputado por Chile Primero

La insuficiencia del reajuste al salario mínimo

2008-06-27T11:24:00.000-06:00

Por Marcel Claude*

Se anunció hace poco un acuerdo entre la CUT y el gobierno de Chile, léase ministros de Hacienda y Trabajo, Velasco y Andrade respectivamente, en relación a un aumento en el salario mínimo de 10,4%.

Como todos los años, los trabajadores representados por Arturo Martínez se quejaron de intransigencia y mal trato por parte de las autoridades económicas. Este episodio regular y permanente en que los trabajadores salen siempre trasquilados, contrasta con la situación del sector financiero y de las sociedades anónimas que han tenido siempre el respaldo y apoyo de la Unidad de Fomento (UF), como mecanismo para proteger sus enormes utilidades en el curso de estos últimos años.

La situación da también para pensar que habría que rediseñar la forma en que este salario mínimo se determina, a fin de avanzar a una reajustabilidad automática, al menos del famoso y controvertido salario mínimo, aunque lo justo sería aplicar reajustes automáticos a todos los salarios que reciben por contrato los trabajadores.

No es digno ni es justo que mientras la banca y las sociedades comerciales ajustan sus ingresos automáticamente según el IPC y gracias a la UF, los trabajadores deban pasar por extenuantes y muchas veces indignos procesos de negociación para recuperar, en medida menor, el efecto que los precios ejercen sobre sus salarios haciéndoles perder su poder adquisitivo.

La evidencia muestra por lo demás que si para algo ha servido la UF, ha sido para preservar las utilidades y las ganancias, mientras los salarios se hunden en la mazmorra de la desvalorización. Como se sabe, la UF consiste en un mecanismo de valorización económica vinculado al índice de precios al consumidor (IPC), que permite una reajustabilidad automática y cotidiana -en función de este IPC- de todo valor que se exprese en la famosa UF. Es decir, es una excelente manera de protegerse frente a la desvalorización que implica la inflación.

Actualmente ésta es utilizada predominantemente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados todo tipo de préstamos, hipotecas y otros contratos en el mercado de la vivienda, así como los instrumentos financieros gubernamentales de largo plazo. También existen algunos tipos de ingresos indexados como son las pensiones alimenticias y algunos beneficios del sistema de seguridad social. En un comienzo el valor de la UF era ajustado tres veces en el año, con lo que presentaba un rezago respecto de la variación del IPC. A partir del año 1977 y hasta hoy, el valor de la UF es actualizado diariamente en base al IPC del último mes.

La información es meridianamente clara: la indexación financiera ha cumplido de manera bastante eficaz su objetivo de proteger a los retornos financieros de la inflación. Las utilidades netas de las instituciones financieras muestran una fuerte tendencia al alza entre 1990 y 2007, con un aumento sistemático de más de 500% en el período, y estas parecieran encontrarse aisladas de las variaciones en el nivel de actividad económica, de manera que las caídas en el crecimiento del PIB no se reflejan en descensos similares en las utilidades de estas instituciones.

Resalta, en este sentido, que éstas apenas se hayan visto perjudicadas por la contracción del PIB en 1999, disminuyendo apenas su ritmo de crecimiento para retomar rápidamente el curso de crecimiento acelerado que han presentado hasta la fecha. Lo mismo puede apreciarse respecto de las instituciones bancarias que utilizan la indexación financiera como modo de proteger los retornos de sus colocaciones. También en este caso las utilidades netas y tasas de rentabilidad del sector parecieran encontrarse aisladas de la evolución del conjunto de la economía.

Es más, las tasas de rentabilidad de los bancos superan en varias veces (sobre el 15%) el crecimiento del PIB en el período que va desde 1999 al 2004. No es distinto el caso general de las sociedades anónimas. Los datos encontrados para los años 2002 a 2007 muestran un crecimiento sostenido de las utilidades netas, por sobre el 500% en el período analizado y nuevamente con independencia del nivel de actividad económica, puesto que casi ni se alteran con los descensos de la actividad productiva del país. Claramente, la introducción de la indexación financiera ha sido eficaz en evitar la erosión del poder adquisitivo cuando los ingresos se originan en los retornos financieros del factor productivo capital.

Sin embargo, para los trabajadores la historia es de signo contrario. Como se sabe, el año 1985 se flexibilizó el mercado laboral a tal punto que la fijación del nivel de salarios comenzó a ser objeto de una negociación entre el empleador y el trabajador particular. A partir de entonces y hasta el día de hoy la actualización del salario en función del nivel de inflación está sujeta a las posibilidades de los trabajadores de incluir en sus contratos cláusulas de indexación, principalmente a través de los procesos de negociación y convenios colectivos.

El problema es que, en Chile, el alcance de estos mecanismos es extremadamente limitado, puesto que entre 1990 y 2007, el número de trabajadores que negociaban colectivamente no alcanzaba a cubrir al 15% del total de trabajadores ocupados.

Este contexto de desmovilización y baja participación sindical ilustra la poca efectividad de dejar a los propios trabajadores la misión de negociar periódicamente el reajuste de sus salarios conforme a la variación de los precios. A diferencia de lo observado respecto de las utilidades, las remuneraciones han presentado una tendencia a la baja.

El crecimiento de los salarios nominales mostró casi una década de disminuciones entre 1995 y 2004, volviendo a aumentar a contar del 2005. Recién en el 2007 se alcanza el nivel de crecimiento experimentado por los salarios nominales una década antes. En términos reales, el crecimiento de las remuneraciones cae a la mitad entre 1995 y 2000, para luego estabilizarse y volver a aumentar recién en el 2007 a los niveles de una década atrás.

Contrariamente también a lo que ocurre con los ingresos del capital, la tendencia en el crecimiento de las remuneraciones se muestra en alguna medida aislada del ciclo económico, pero en el sentido contrario al que presentan las utilidades. Los salarios nominales siguen el curso descendente de la actividad económica entre 1995 y 1999 pero su descenso se prolonga por 5 años más. Mientras el curso del PIB toca su punto más bajo en 1999 para comenzar una nueva tendencia alcista a partir del 2000, el repunte de los salarios llega recién en el 2005. Si se observan las remuneraciones reales, en cambio, su tendencia se muestra completamente disociada de la tendencia en la actividad económica, presentando una caída más moderada pero también más persistente en el tiempo.

Estas tendencias deberían ser bien entendidas por las organizaciones sindicales y comenzar a articularse para establecer, al menos, una indexación del salario mínimo y no tener que asumir todos los años el trato vejatorio e indignante a que someten los sucesivos ministros de hacienda a los trabajadores.

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*Marcel Claude es economista.

La misma de antes

2008-06-27T00:35:00.001-06:00

Por Sergio Ramírez*

Una heroína de las luchas populares que llevaron al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza concluyó una larga huelga de hambre en Managua, instalada bajo una champa en un predio vacío de la rotonda “Rubén Darío”, el lugar más traficado de la ciudad. La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación en el comando que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber encabezado las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979, ayunó doce días por lo mismo que antes luchó con las armas: la democracia, las libertades públicas, el estado de derecho.
Sólo que su adversario no es ya más Anastasio Somoza, enterrado hace años en un cementerio de Miami, sino Daniel Ortega, antiguo camarada suyo, presidente del gobierno de la revolución hasta 1990, y que ganó un segundo mandato en 2006. Un cartel instalado en la rotonda de la huelga hambre, mostraba una composición fotográfica en la que Somoza y Ortega juntan las manos en alto, ambos sonrientes: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, reza el lema del cartel.
¿Hay de verdad parecidos entre Anastasio Somoza, que huyó del país el 17 de julio de 1979, cuando las fuerzas guerrilleras cercaban ya Managua, y Daniel Ortega, que gobierna ahora al lado de su esposa Rosario Murillo, generalmente en secreto, pues nadie sabe nunca de su paradero dentro o fuera de Nicaragua, y otras veces desde tarimas profusamente enfloradas frente a una audiencia cautiva que debe escuchar por horas los discursos de ambos? Los hechos hablan.
La huelga de hambre de Dora María Téllez ha tenido como primera motivación el hecho de que a su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, fundado en 1996 por disidentes del viejo Frente Sandinista, ha sido despojado de su existencia legal por una resolución del Consejo Supremo Electoral, fiel a Ortega, que también ha aplicado la misma sanción al Partido Conservador. De esta manera, las elecciones municipales de noviembre de este año tendrán solamente dos contendientes visibles: el Frente Sandinista, del propio Ortega, y el Partido Liberal de su íntimo aliado y rehén Arnoldo Alemán, condenado por los tribunales a veinte años de prisión por lavado de dinero, y el único reo del continente americano que tiene todo un país por cárcel y que dirige además un partido político.
Gracias a los favores de Alemán, cuyos diputados hacen mayoría con los de Ortega en la Asamblea Nacional, éste último controla con puño de hierro la propia Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y todo el sistema judicial, la Contraloría de Cuentas, y el Consejo Supremo Electoral; y su pretensión es ejercer también el mismo control sobre el Ejército y la Policía Nacional, institución esta última sobre la que ya dio una demostración de fuerza al destituir a todo el alto mando policial en busca de aislar a su jefa, la comisionada Aminta Granera, que goza de la cota más alta de popularidad en el país.
Ortega prefiere, además, gobernar fuera del marco de las instituciones cuando éstas le estorban. Los créditos de la cuenta petrolera venezolana no entran a formar parte de los recursos del Estado en el prepuesto nacional, y se manejan de manera privada. Es una gran caja chica de varios centenares de millones de dólares, de los que nadie rinde cuentas, y que se usan de manera indiscriminada para pagar sus constantes viajes al exterior acompañado de numeroso séquito, acarrear manifestantes a sus actos públicos y enflorar las tarimas donde comparece; y así mismo para financiar programas asistenciales que van desde entrega de cerdos y vacas paridas a familias campesinas, a la construcción de viviendas populares. Gracias a investigaciones de los medios de comunicación, se ha podido determinar que los contratistas de estas viviendas son ministros del gobierno y allegados a Ortega.
Nicaragua se halla situada entre los países más pobres del continente, y las políticas confusas del gobierno de Ortega, a pesar de la encendida retórica de su discurso, no han movido un solo milímetro los índices de desempleo y marginalidad, y la inflación amenaza este año con superar el 20%, debido sobre todo al peso del incremento del precio de la comida, que ya ha subido más del 50% en lo que va del año. Éste último es un fenómeno mundial, por supuesto, pero Ortega no está haciendo nada por crear una política de producción de alimentos que defienda al país, siendo Nicaragua un territorio privilegiado en términos agrícolas.
Se está creando, por tanto, una situación explosiva. Frente a una crisis económica y social, marcada por la inflación y el desempleo, a la que Ortega responde nada más con discursos cada vez más desgastados de izquierda ortodoxa del siglo pasado, al mismo tiempo cierra abruptamente las puertas a la participación democrática, y restringe los espacios ciudadanos, medidas frente a las que se alzó la protesta de Dora María Téllez, a riesgo de su propia vida, como antes con el fusil en la mano.
Nada de lo que Ortega y su esposa hacen desde la cúpula del poder que entre los dos detentan, tiene como horizonte el presente período presidencial que vence en 2012. Eliminar de la contienda a otros partidos políticos, ejercer el control absoluto de las instituciones del Estado, tener la obediencia de los jueces del sistema judicial, y la sumisión de la Asamblea Nacional. Buscar el momento preciso para dar el golpe al Ejército y a la Policía, y hacerse también con su control. Todo está dirigido a asegurarse la reelección indefinida, reformando la Constitución.
Cuando el gobierno revolucionario se estableció en la ciudad de León el 18 de julio de 1979, es porque las fuerzas guerrilleras que comandaba Dora María habían logrado expulsar a las fuerzas de la Guardia Nacional de Somoza. Fue gracias a ella, y a los jóvenes y adolescentes que la obedecían con admiración, una jefa osada y aguerrida y estratega natural de apenas 22 años, que los miembros de la Junta de Gobierno pudimos aterrizar en León, viniendo desde Costa Rica. León era ya un lugar seguro. En un primer vuelo llegaron Daniel Ortega, Rosario Murillo, Tomás Borge. En el siguiente, doña Violeta de Chamorro, Alfonso Robelo, y quien escribe.
Aquella muchacha menuda e inquieta, que siempre bromeaba frente al peligro, y que siendo tan joven no dudaba a la hora de tomar decisiones de vida o muerte, se enfrenta ahora a quien entonces allanó el camino del poder, Daniel Ortega. Y lucha por lo mismo de antes. La libertad y la democracia.

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*Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua.

La misma de antes

2008-06-27T00:35:00.000-06:00

LGE ¿volvieron a fracasar los aprendices?

2008-06-25T23:27:00.001-06:00

Por Cristina Moyano*

A fines de los años 80, en los inicios de nuestra transición, el historiador y premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, escribía un artículo titulado “Volverán a fracasar los aprendices?”, en cuyo fondo discursivo se encontraba una dura crítica a la forma pactada de salida a la dictadura, a los acuerdos políticos tomados entre miembros de una elite política anquilosada que se reproducía lentamente y que había ahogado todas las experiencias de ciudadanía emergidas desde el seno de la resistencia contra el gobierno de la dictadura.

El retorno de los viejos liderazgos políticos a la escena pública, 17 años después de caído el gobierno democrático de Salvador Allende, cerraba un ciclo histórico ahogando en un pacto político las expresiones sociales de ciudadanía en pos de mantener un orden deseado y armonía social. La semantización de una sociedad anómica caló tan hondo en la elite política que articuló la Concertación, que el pacto político de acuerdos entre el centro y un sector de la izquierda, selló una forma de transición que configuró una particular cultura política.

Esta cultura política de negociación, consenso, de temor al conflicto, de simbolización de un orden deseado negando el enfrentamiento y las oposiciones, de amnesia y autoflagelamientos, propia de la elite concertacionista, parecía comenzar a cambiar con las promesas que auguraban tras de sí el recambio político que representaba la actual Presidenta de la República y el renacimiento lento de nuevos movimientos sociales. La promesa de un gobierno ciudadano que sucumbió en el mismo momento de su enunciación, cobra nuevos bríos en el actual conflicto generado a raíz de la recién aprobada “idea de legislar” en torno a la Ley General de Educación, LGE.

La construcción de un nuevo marco que reglamentara la educación chilena, dejada en manos del mercado y, por ende, regulada sólo por el lucro, nació como una demanda estudiantil. Después de muchos años de movimientos estudiantiles universitarios desgastados en peticiones economicistas, los alumnos secundarios consiguieron poner en el tapete el problema de fondo de la educación chilena; esto es, la desigualdad y mala calidad de un sistema educativo que tiene como régimen de regulación el lucro económico. Tal como los teóricos de los movimientos sociales plantean, la estructura de oportunidades estaba dada por una coyuntura puntual. Un recién electo gobierno con discurso ciudadano que había generado muchas expectativas de transformación, junto a condiciones materiales paupérrimas que vivían los colegios municipalizados y subvencionados, fueron la tónica para que se desatara un debate que no ha logrado desaparecer en los últimos años de la escena pública.

Jóvenes en las calles organizándose de maneras nuevas, que combinadas con viejas prácticas hacían casi in entendibles las nuevas formas de autorregulación y representatividad. Con voceros, ajenos a la verticalidad del poder, los jóvenes estudiantes descolocaron a las autoridades y parecieron sumergirse en aquellos momentos de subsidencia para reaparecer con fuerza en la actualidad.

Consiguieron hacerse escuchar, pero los poderes fácticos tomaron el control y el consejo asesor presidencial convocado para este tema reinstaló nuevamente el debate y situó puntos importantes, pero no fundamentales. Excluidos los actores sociales y ciudadanos, los políticos retoman el control y la LGE, un curso tradicional. Otro aborto del gobierno ciudadano.

La promesa de una legislación especial para la educación pública queda en el aire, como promesa de última hora para zanjar un acuerdo político tomado entre la Concertación y la Derecha, que tiene escasa representatividad para todos los actores involucrados en el conflicto.

El llamado al orden que la Presidenta de la República hiciera a los presidentes de los partidos de la Concertación para que ordenaran sus filas, se transforma en un último intento por generar una sensación de gobernabilidad administrativa, habiéndose ganado una serie de conflictos y errores que hacen que este aparente triunfo tenga más sabor a fracaso.

Este llamado al orden retoma la vieja práctica política de alcanzar acuerdos sin considerar a los movimientos sociales, de preservar el orden y la negociación como valores supremos de la Nación, manteniendo una unidad que cada vez es más superficial y carente de contenido. ¿Qué ocurrirá con este compromiso presidencial en torno a la educación pública? ¿Quiénes serán los convocados a participar de esta iniciativa? Son preguntas cuyas respuestas leídas a la luz de una práctica política recurrente y establecida, son fáciles de prever.

El debate en torno a una educación pública de calidad ha quedado nuevamente sumergido en el metadiscurso de la libertad de enseñanza y la autonomía. ¿Qué define a la educación pública en un sistema educacional de mercado? Es una pregunta que algunos se han resuelto a responder y en las actuales condiciones de cancelación del debate, muy pocos los que serán escuchados para asir la bandera de defensa de la misma.

Es preocupante, sin embargo, que con el fin de mantener un acuerdo político realizado entre la Concertación y la Alianza, se haya cancelado el debate a través de la indicación de urgencia con la que se inscribió la idea de legislar. Que ante el temor a la crítica de escasez de autoridad y falta de gobernabilidad, la Concertación haya vuelto a cerrar la posibilidad de terminar con una herencia dictatorial que ha consagrado la desigualdad en nuestro país.

Educación de calidad para todos es una consigna que apela a restituir a la educación su carácter garantizador de una adecuada movilidad social. Sin embargo, la nueva LGE no es capaz de asegurar aquello, debilitando por ejemplo la profesión docente (Artículo III) y no discutiendo sobre el lucro que contiene el negocio educacional.

¿Volverán a fracasar los aprendices? se preguntaba Gabriel Salazar a comienzos de la transición. Ahora, disfrazados de técnicos y expertos, los políticos han ahogado el debate ciudadano para mantener el mismo orden deseado con el que se inició esa transición a la democracia. Los aprendices, al parecer, se convirtieron en maestros.

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*Cristina Moyano es académica del Departamento de Historia. Universidad de Santiago de Chile.

¿Tendremos libre acceso a la información pública?

2008-06-25T14:00:00.002-06:00

Por Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z.*

El 16 de junio pasado, en un repleto Auditorio de la Contraloría General de la República, se realizó el lanzamiento del libro "Hacia una nueva institucionalidad de acceso a la información pública en Chile", hecho relevante para perfeccionar nuestras debilitadas instituciones, pero que no concitó el interés de los medios de prensa.

La obra contiene un resumen de todas las ponencias hechas en los seminarios llevados a cabo por la Fundación Pro Acceso el año pasado y artículos de investigación en materia de opinión pública y derecho a la información, el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho que tienen los ciudadanos para acceder libremente a la información pública y las observaciones de esa Fundación a la ley sobre la temática. Dicho sea de paso, esta ley se publicará en el Diario Oficial en las próximas semanas, si es visada por el Tribunal Constitucional, y entrará en vigencia 8 meses después. Moisés Sánchez, abogado y Director Ejecutivo de esa Fundación, desde la testera señaló en su presentación a quienes participaron en esa actividad: "Este libro consolida la experiencia internacional en materia de acceso a la información pública y además, será útil tanto para la sociedad civil como para académicos y estudiantes".

Los integrantes del panel, José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario General de la Presidencia, Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, Juan Pablo Olmedo, Presidente de Pro Acceso y Felipe del Solar, Secretario Ejecutivo de la Agenda de Transparencia y Probidad, con distintos matices, valoraron los contenidos del libro y centraron sus comentarios en los impactos de la nueva ley, aunque Viera Gallo expresó sus temores por los eventuales abusos de ese derecho.

Aprovechando la oportunidad que se le dio al público asistente, al término de las 4 exposiciones y reconociendo el aporte al sistema democrático de la nueva ley, nuestra Fundación, a través de los firmantes de esta columna, emitió una dura crítica a la situación actual en donde se ha consagrado la lacra del secretismo, focalizada en los municipios instituciones que, en general, se resisten a compartir las informaciones que manejan con sus mandantes.

El segundo de los firmantes expresó que la nueva ley, es solo el primer paso, con el que se inicia un recorrido, haciendo mención concreta de tres obstáculos actualmente existentes con relación al ejercicio pleno del derecho a la información de los ciudadanos:

1º No se está generando información respecto a muchas realidades de interés público. Por ejemplo en materia urbana y ambiental, el desarrollo del sistema de cuentas ambientales sigue estancado, a pesar del compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno. Es así como, no están disponibles las cifras de consumo de combustible vehicular en la región metropolitana, dato básico para analizar las consecuencias fiscales y ambientales de una eventual reducción del impuesto específico a la bencina y el diesel.

2º La difusión de información de interés público está controlada y regulada por los dos grandes consorcios de la prensa escrita, mientras los pocos controladores de la TV, compiten en lucrar en base a telenovelas, política, farándula, ciertos deportes, asaltos, truculencias y accidentes. En el mínimo espacio, que dejan a los asuntos trascendentes de interés público, las voces y representaciones ciudadanas están excluidas porque los que mandan en el establishment las consideran “peligrosas” para la institucionalidad y “marginales”. Ejemplo: Hace un par de días en la ciudad de Vallenar, más de mil personas protestaron contra la explotación minera de Pascua Lama y nada salió en los medios periodísticos.

3º Existe una gran desigualdad en las posibilidades de utilización de la información de interés público disponible. Mientras las grandes empresas cuentan con profesionales remunerados para procesarla en su provecho, las organizaciones ciudadanas no cuentan con recursos para procesarla para el bien común. Es así como, el total de los fondos públicos disponibles para las todas las organizaciones de consumidores, es similar a los ingresos anuales de un gerente de cualquier supermercado de moda.

Para terminar con estos tres obstáculos en el ejercicio del derecho a la información por parte de la ciudadanía, se le preguntó a Viera-Gallo, cuáles serían los próximos pasos que está dispuesto a dar su gobierno al respecto y también se le consultó si comparte nuestra posición relativa a que necesariamente se debe aumentar la asignación de recursos para la Contraloría General, bastión de probidad en el aparato público, con la idea de que ejerza bien su mandato constitucional de fiscalizar las actuaciones funcionarias.

El primero de los firmantes le espetó al ministro que, en un plazo razonable de tiempo, sería aconsejable que el Ministerio de Hacienda le asigne a la Contraloría el mismo porcentaje del presupuesto de la nación que tenía en el año 1970. Y acto seguido, para que su labor de fiscalización fuera efectiva, si el gobierno está dispuesto a modificar las leyes con el objeto de que sus dictámenes fueran obedecidos siempre por los servicios de la administración del Estado, es decir, que tuvieran imperio, ya que si bien es cierto, en teoría revisten fuerza obligatoria para los fiscalizados, en la práctica sólo algunos se enmarcan en sus resoluciones.

En la ronda final de respuestas de los panelistas, el asertivo Viera-Gallo como avezado político, no respondió ninguna de las interrogantes planteadas y sólo se remitió a resaltar la obligatoriedad que, con la nueva ley, tendrán las reparticiones del Estado en orden a contestar los requerimientos informativos de los ciudadanos. Finalmente apreciamos la franqueza y celebramos el ingenio en la bien delineada exposición de Ramiro Mendoza, como asimismo el compromiso en pos de la probidad y transparencia manifestada por Felipe del Solar, reconociendo el aporte que desde hace un tiempo está desarrollando Juan Pablo Olmedo con su efectiva Fundación Pro-Acceso.

El tiempo dirá si con esta nueva legislación se reducen los niveles de corrupción y si no continuará siendo un calvario solicitar documentación de carácter pública en las distintas dependencias del aparato del Estado. Es una de esas, se produce un milagro y nuestro país podría ser, en unos años más, como los desarrollados del norte de Europa: ello sería factible si existiese voluntad política por parte de quienes mandan y si contáramos con educación generalizada.

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*Patricio Herman P. y Jorge Cisternas Z., Fundación Defendamos la Ciudad.

La LGE y el tejo quedao

2008-06-25T00:39:00.002-06:00

Por Luis Casado*

Una conocida y muy usual técnica de negociación consiste en pedir más de lo que se quiere obtener, para luego, cediendo en modo razonable, llegar al resultado deseado. En la copia feliz del edén ese truco se conoce como “el tejo pasao”, expresión que tal vez nos viene de la práctica del juego de la rayuela.

Nadie le ha reconocido hasta ahora a la Concertación el desarrollo de una técnica simétricamente opuesta que consiste en proponer infinitamente menos de lo necesario y aconsejable con el único fin de mantener el statu quo y perennizar el régimen que heredaron de la dictadura: la técnica del tejo quedao.

Gracias al tejo quedao, Chile es el único país del mundo que sale de una dictadura manteniendo en vigor lo esencial de ella, partiendo por la propia Constitución. Y no sólo la ley fundamental sino también el régimen político, el ordenamiento institucional, el modelo económico, la distribución del ingreso, la entrega de los servicios públicos a la voracidad del mercado y la mala costumbre del pillaje del patrimonio del Estado.

Aylwin ya había anunciado el color cuando habló de “justicia en la medida de lo posible”, y exigió y obtuvo silencio para desnacionalizar el cobre. Ricardo Lagos le puso broche de oro cuando, -sacando cuentas miserables-, le ofreció a las víctimas de la dictadura una reparación “simbólica”.

A lo largo del período que va de la alegría que hubiese debido venir hasta el Chile que debíamos ser todos pero son unos más que otros, esta técnica del tejo quedao ha servicio para un barrido y para un fregado.

Lo que nunca te explicaron fue el sustrato ideológico que sustenta el fraude: pasa que algunas teorías económicas tratan al hombre como un factor de producción, una mercancía, un recurso que conviene administrar al más bajo coste.

En esta teoría que te cuento, el hombre representa un coste excesivo que impide constituir un ahorro suficiente para financiar la inversión productiva. La educación, la salud, la vivienda, forman parte de esos costes que conviene limitar y acaso eliminar, reduciendo la participación del Estado en su producción y distribución, lo que de paso permite jibarizar el Estado mismo, abriéndole más espacio al mercado.

Como ves el ser humano no es en ningún caso la finalidad del proceso productivo, el beneficiario del desarrollo entendido como un proceso de largo plazo, de carácter esencialmente cualititativo en sus modalidades y en sus resultados.

Por eso te meten en la cabeza la noción de “crecimiento” que designa un fenómeno cuantitativo, un indicador estadístico de producción de bienes y servicios, expresado frecuentemente como un porcentaje del PIB.

Y olvidan que el desarrollo es la transcripción económica y social de la idea de progreso humano, un proceso de transformación de las técnicas y de las estructuras económicas, políticas y sociales que debe traer consigo el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y su capacidad a ejercer sus libertades de ciudadano.

El desarrollo es un fin en sí mismo, el “crecimiento” no es sino un instrumento que debiese estar subordinado al desarrollo.

Visto así, la LOCE y la LGE no son sino la traducción jurídica de una concepción del ser humano considerado como un factor de producción, una carga, un coste, una mercancía.

Esa concepción hizo que los economistas de la dictadura hayan juzgado oportuno generar un mercado jugoso y rentable, el mercado de la educación en el que cada “factor de producción” tiene que costear su propia capacitación y perfeccionamiento.

En este esquema, el joven que se endeuda para estudiar no hace sino invertir en su futuro, calculando la rentabilidad de su inversión con fórmulas aritméticas utilizadas para calcular cualquier tipo de inversión. El valor actualizado neto (VAN), ¿te dice algo? Pendejadas de experto contable, mariconadas de economista, ardides de financista usurero. Que transformadas en teorías económicas dan la LOCE y la LGE.

Luego viene el mismísimo ministro secretario general de gobierno y elucubra a propósito del “giro único” que debe garantizar la “calidad de la educación”, sin olvidar una sentida estrofa sobre el legítimo beneficio que produce una actividad honorable.

Y declara en el Parlamento que gracias a la LGE “ya no se podrá ser director de escuela y propietario de un motel al mismo tiempo” (sic).

Este es el nivel de reflexión en plan tejo quedao que nos proponen quienes manejan la manija. “Giro único”, compartimentación de las inversiones, si pongo dinero en una fábrica de condones no debiese comprar acciones en una maternidad privada.

Uno no ve donde está la incompatibilidad cuando de lo que se trata es de afichar números azules en el balance de fin de año y aportar al “crecimiento”. ¿Acaso para el Sr. ministro secretario general de gobierno el dinero tiene olor?

¡Empresarios del mundo uníos!

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Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.

En Defensa de la Educación Pública

2008-06-24T13:18:00.004-06:00

Por María Angélica Oliva*

En los tiempos que corren se hace necesario volver a pensar cuestiones que ya forman parte de nuestro acervo cultural, para el caso, del conjunto de bienes materiales y valores de la democracia conquistados en el devenir de la vida republicana.

En esta empresa, resulta adecuado acompañarnos de Jorge Millas y su denuncia del embotamiento progresivo de la conciencia moral, por una suerte de anemia ética que paraliza las reacciones defensivas del espíritu. “No faltan, sin duda, los actos buenos, esos que forman el hábito moral, consagrado por la observancia consuetudinaria de prácticas indispensables para la coexistencia de los hombres, señala el filósofo.

Pero es notoria la inacción frente al estrago, quiero decir, la insensibilidad para percibir lo específicamente inmoral y actuar en consecuencia. Como si las almas se hubiesen cansado del combate moral”.

El estrago, es decir el daño o perjuicio moral que esta columna denuncia es el debilitamiento de nuestra educación pública, a instancias de una política educativa que desde los tiempos de la dictadura ha sido funcional a la construcción de la desigualdad, los resultados del SIMCE o de la PSU, el debilitamiento de la profesión docente y el precario estado de la educación municipalizada constituyen, entre otros, una muestra fehaciente de ello.

Por ello, la ética resulta inexcusable a la hora de reflexionar sobre el sentido que posee la educación como un bien público y su expresión en el derecho a la educación, así reafirmamos la indisoluble unidad entre ética y política, una de cuyas expresiones en la política educativa es que ésta garantice los valores de justicia, bien común y seguridad jurídica.

La reflexión que nos convoca sobre la educación pública, adquiere el estatus de una defensa que es urgente, tal como rezaba una pancarta en la reciente movilización de alumnos, maestros y familias, donde el Colegio de Profesores, sintetizaba el motivo de la jornada: ‘En Defensa de la Educación Pública’.

No menos representativo era un rayado en el frontis del Campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tomado por sus estudiantes con la sentencia: ‘Si Jesús fuese estudiante, no podría serlo de la Pontificia Universidad Católica de Chile’. ¿Qué es lo que amerita ser defendido? ¿Por qué debe ser defendido? y ¿Quiénes debemos defenderlo?

En nuestra civilización, la educación se ha institucionalizado en una escolarización universal y obligatoria, adquiriendo el estatus de un derecho humano universal que debe satisfacerse en condiciones de igualdad y gratuidad, tal como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en uno de cuyos artículos se lee:

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Asunto ratificado en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, como un derecho específico de la infancia, pues “el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser miembro útil de la sociedad”.

En nuestro país, que ha suscrito ambas declaraciones, la idea de la educación como un bien público posee una lata tradición, baste observar cómo desde la Constitución Política de 1833, se reconoce la influencia de la educación en la fundación de un Estado Nacional Republicano, ella constituye una atención preferente del Estado y un deber primordial del Gobierno encargado de fundar una moral común. Así se desarrolla una educación nacional, al amparo de la ley que regula la responsabilidad del Estado en materias educacionales.

Esta tradición recoge la influencia francesa, por ejemplo, en el reconocimiento al derecho de todo ciudadano a la educación, el deber del Estado en materia de enseñanza y con la educación popular, la gratuidad de la educación elemental, el laicismo en la enseñanza e instrucción moral del pueblo, la idea de educación nacional, y la responsabilidad del Estado en la formación del maestro, entre otras.

También es posible destacar la influencia y tradición de la educación pública norteamericana, que define la escolarización como un bien público y un derecho fundamental; tal como queda de manifiesto en la obra de Dewey, que destaca la reciprocidad entre democracia y educación; la democracia constituye en sí misma un principio educacional, que no puede desarrollarse sin la educación, pues, la escuela constituye el agente esencial de la distribución de todos los valores y finalidades a que un grupo social tiende, lo que se ve reflejado en nuestra Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y Común de 1920.

Así, gradualmente, se configura la idea de un Estado Docente, donde la educación es un derecho constitucional y un deber del Estado, corolario de ello, es la creación de la red de educación nacional, cuyo protagonista es el Estado, aunque también participan la Iglesia Católica y las comunidades locales. Esto sustentado en la convicción que “Un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública (…) para el sociólogo y para el filósofo bajo el respecto moral, gobernar es educar, y todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un verdadero sistema político”, señala uno de sus artífices, Valentín Letelier.

Es ésta noción de Estado Docente, que en sus inicios es laica y radical y, luego, es también liberal, la que entra en pugna con la postura católica y conservadora, partidaria de la Libertad de Enseñanza, que considera que “La libertad de enseñanza era un derecho natural de los padres de familia y un derecho político del ciudadano, como todas las libertades públicas”.

Hay, entonces, dos posiciones que ideológicamente se contraponen; una educación dirigida por el Estado, laica y liberal, que privilegia lo público sobre lo privado, donde prevalece el derecho del Estado en la educación, versus una postura católica y conservadora, que privilegia el derecho de cada familia en la educación, enfatizando lo privado sobre lo público.

Es en el tiempo de dictadura donde la institución del rol del Estado subsidiario, significa la resolución del conflicto entre Estado Docente y Libertad de Enseñanza, a favor de ésta última, generándose las condiciones para el desarrollo del sistema neoliberal. De tal suerte, que la educación que es un derecho y un bien público, termina transformándose en una mercancía con la consiguiente fractura en la educación como bien público.

Tres manifestaciones de este proceso de privatización de la educación pública son: el traspaso de la gestión de los establecimientos escolares, desde la dependencia ministerial centralizada a una descentralizada, la municipal; la transferencia de los docentes, de funcionarios públicos a municipales, y el cambio en el sistema de financiamiento de la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, estimulando la incorporación masiva de agentes privados, es decir, de los sostenedores al mercado de la educación.

He aquí, cómo desde la política educativa, se establecen las bases para la profundización de la desigualdad educativa, pues se genera el caldo de cultivo para que un derecho universal quede satisfecho de manera parcial y desigual, asestando un duro revés al cumplimiento de los valores de justicia y bien común. ¿Quiénes debemos defenderlo? En una sociedad democrática el valor de la educación consagrado en un derecho a la educación, y de una educación de calidad que incluya la equidad, atañe a toda la ciudadanía, pues constituye un bien público, es de todos y para todos, debe ser resguardado por todos, pues precisamente, la participación hace a lo público.

Ante el peligro del embotamiento de la conciencia moral y la institución de una pseudopolítica, hay que recuperar las condiciones para el ejercicio de una ciudadanía democrática, un buen ejemplo de ello es el Foro Nacional “Educación de Calidad para Todos”, que constituye un esfuerzo de participación organizada de la sociedad civil interesada en la educación, en el mejoramiento de su equidad y calidad, y que busca realizar en Chile el Programa Mundial Educación Para Todos que aspira a una educación básica de calidad sin exclusión y surge del compromiso contraído el año 2000 en Dakar (Senegal) en el Foro Mundial sobre la Educación. Precisamente, este Foro, en el primer punto de su Agenda por la Equidad, plantea reafirmar la Educación como un derecho y un bien público y el fortalecimiento de la educación pública.

La Defensa de la Educación Pública, esto es, finalmente, lo que alienta la polémica en torno a la Ley General de Educación.

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*María Angélica Oliva, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional. Universidad de Talca

La dictadura de Daniel Ortega

2008-06-23T23:37:00.000-06:00

Por Javier Campos*

Eso de “dictadura” lo dijo hace unos días, este mes de junio, quien tiene una autoridad histórica en Nicaragua y fuera la excomandante guerrillera, Dora María Tellez quien ha hecho suya la frase de otro ex-sandinista y candidato a la presidencia por el MSRN (Movimiento Sandinista de Renovación Nacional) Herty Lewit (1939-2007): “Nací en una dictadura y no quiero morir en otra”.

Fue ella la comandante más joven dentro del ejército sandinista, ayudando a derrotar aquella dictadura para cambiar la sociedad nicaragüense bajo décadas de opresión y dictadura de la familia Somoza.

O como escribe recién Sergio Ramírez, ex vicepresidente del gobierno sandinista entre 1984 y 1990, y fundador con Dora María Téllez del MRSN: “La comandante Dora María Téllez, célebre por su participación como la número dos en el comando encabezado por Edén Pastora, que tomó el Palacio Nacional en agosto de 1978, y célebre por haber conducido a las fuerzas insurgentes que liberaron la ciudad de León en 1979”.

Ya es historia aquel movimiento que intentó mejorar a un país empobrecido donde el dueño de todo el territorio, incluidas empresas y haciendas, pertenecía en su mayoría a esa familia que controló el país desde 1936 a 1979.

A comienzos de este junio ella comenzó una huelga de hambre para protestar por el abuso de la familia Ortega, que está a pasos de controlar, al igual que una dictadura del pasado, aquel país junto al otro partido del neoliberal y ex-presidente Arnoldo Alemán (1997-2001). Su protesta es para hacer más conciencia de una situación que está llevando a ese país a la profundidad no sólo de la pobreza sino de la corrupción y la instalación de una dinastía manipulada por una caudillo al viejo estilo de la izquierda más ortodoxa, junto a un reinado familiar que repite otra vez el pasado somocista que vivió Nicaragua, así como el pasado de tantos ejemplos de caudillos de derecha o de izquierda.

Es decir, la ex comandante Dora María Téllez quiere “denunciar principalmente el abuso de poder, la falta de inoperancia y el autoritarismo del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, quienes juntos han creado un monstruo bicéfalo llamado Murteguismo”, como bien ha nombrado la poeta Gioconda Belli.

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*Javier Campos es poeta, narrador y columnista.

La fiesta de los euroscépticos

2008-06-23T12:53:00.005-06:00

Por Héctor Casanueva

El rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa -pieza clave en la meta de la unidad política de la Unión Europea- ha vuelto a poner de plácemes a los euroescépticos de toda la vida, más otros nuevos que se suman dentro de las fronteras comunitarias y desde otras partes del mundo, América Latina incluida. Hay gente que tiene una rara fascinación por los reveses, sobretodo cuando estos afectan a grandes proyectos.

Para quienes no son capaces de mirar el horizonte y tener una perspectiva global y de largo plazo, estas situaciones les permiten confirmar agoreras visiones negativas que justificarían su inacción, su día a día, el corto plazo, la coyuntura.

Afortunadamente, en la historia de la humanidad nunca han triunfado los escépticos ni los pesimistas. La Unión Europea es una prueba contemporánea de ello, pues su construcción se ha hecho siempre como fruto de la sobredeterminación política de grandes líderes con mirada estratégica, como Adenauer, Schumann, De Gásperi, Delors, Kohl, Mitterrand, Martens, que fueron capaces de unir a los dos mayores contrincantes de su historia -Francia y Alemania- y plantear a los ciudadanos un proyecto político, económico y de cooperación que generó, en pocos años, paz y prosperidad.

Fue un revulsivo que contribuyó a derrumbar el muro y la cortina de hierro, para avanzar en la unidad del Este y el Oeste y terminar con la Guerra Fría. Recordemos que antes de firmarse el Tratado de Roma en 1957, un connotado canciller euroescéptico vaticinó, erróneamente: “Ese tratado nunca se firmará, y si se firma nunca se aplicará, y si se aplica nunca funcionará”. Cincuenta años después, la Unión Europea cuenta con veintisiete miembros, es la primera potencia comercial y de cooperación del mundo, y sus ciudadanos gozan de un bienestar que se mide no sólo en ingreso per cápita, sino en calidad de vida.

Por eso que el revés que significa el referéndum negativo de Irlanda no puede ser la medida de un supuesto fracaso del proyecto integracionista europeo, como no lo fueron en su momento ni las negativas francesa y holandesa de hace unos años, o el rechazo danés al Tratado de Maastricht, revertidos mediante un trabajo de ingeniería política y capacidad de liderazgo.

En este caso, los líderes irlandeses han fallado, no han logrado trasmitir al pueblo los valores de un proyecto integracionista que a Irlanda le ha significado grandes beneficios y un desarrollo inimaginable hace pocos años. Están en deuda con Europa, pero lo más probable, como ha ocurrido muchas veces, es que los actores políticos, sociales, académicos, llegarán a encontrar la manera de leer debidamente el significado del referéndum, escucharán lo que la voz del pueblo está diciendo –que más que un no a Europa, es una advertencia a una determinada forma de construirla- y podrán reemprender el camino trazado.

Lo que se juega en Europa es la tensión entre individualismo y comunitarismo, que es lo mismo que nos estamos jugando con la fallida integración latinoamericana. Por estos lados, tenemos también nuestros “latinoescépticos”, que no creen en la integración de nuestros países o tratan de llevarla sólo a sus molinos. Para ellos es un verdadero festín que algunas veces la integración europea -un paradigma como proyecto- tenga estos traspiés. Pero el curso de la historia de la Unión Europea demuestra que aún con letra torcida, va escribiendo inexorablemente sus avances hacia más comunitarismo, más humanismo y más bienestar, y ese sí es un ejemplo para nosotros.

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*Héctor Casanueva es vicerrector académico de la Universidad Miguel de Cervantes.

El afán por lavar la imagen de Celco

2008-06-23T03:03:00.001-06:00

Por Sara Larraín*

En días recientes hemos asistido a otro de esos ejemplos que indican que el marketing y la comunicación corporativa pueden dar casi para todo. Una consultoría realizada por un equipo de la U. de Chile, dirigido por el profesor Víctor Marín, ha dado pie para que varios líderes patronales del sector forestal apuren la defensa corporativa de rigor ante el “notable desempeño ambiental” de Celco y la “tecnología de punta” que utiliza en el proceso industrial de la celulosa. La misma consultoría sirvió para que la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprovechara la oportunidad de cuestionar los consensos ciudadanos y políticos logrados en la anterior campaña presidencial y que el 5 de junio pasado –Día Mundial del Medio Ambiente- desembocaron en el ingreso al Parlamento de los proyectos legales tendientes a crear el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental.

Aprovechando una de las conclusiones de la consultoría, denominada ‘Modelo conceptual del ecosistema del humedal del río Cruces’, Celco (hoy, Celulosa Arauco) enarbola que la muerte y migración de cisnes de cuello negro, registrada en 2004, habría sido consecuencia de variaciones meteorológicas. A saber, falta de lluvias, escaso caudal y 3 eventos de temperaturas bajo 0°C.

Ante el exabrupto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) aclaró que “en ningún caso el estudio fue contratado para revisar las hipótesis ya existentes, sino para modelar el trabajo en el ecosistema y para poner a interactuar e interlocutar a los distintos actores” y que la consultoría no será considerada en los planes de recuperación del Santuario de la Naturaleza Carlos Adwanter.

El lector informado sabe por supuesto que la responsabilidad sobre ese desastre ecológico está clara y remiten a los desechos órgano clorados lanzados por Celco al estuario del río cruces. En efecto, en este afán por lavar una imagen corporativa, los interesados optan por sesgar la información e ignorar que el anterior estudio de la U. Austral, que sí está basado en trabajos de campo y análisis de sedimento del río y de ingesta de cisnes, constataron la presencia de altas concentraciones de químicos procedentes de la celulosa y daño hepático en taguas y cisnes.

Así también, obvian que en 2004, las temperaturas del aire (registradas en la Estación Climatológica del Campus Isla Teja) fueron similares a lapsos anteriores y que el caudal del río, medido por la Dirección General de Aguas, fue, en mayo de 2004, mayor que en el período anual anterior. Lo más lamentable es que la consultoría asociada a la U. de Chile no realizó pruebas y muestreos en terreno y además no explica los daños hepáticos causados por ingesta de plantas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso. Más aun, al seleccionar a los actores sociales a los que pediría declaración y antecedentes, incluyó, en el caso de los armadores fluviales, a un grupo ya cooptado por Celco y otro que se está querellando.

No obstante, aún cuando la muerte y desplazamiento de cisnes de cuello negro fue registrada en septiembre de 2004, no es este hecho el que fundamentó la decisión de paralizar la planta de Celco, pues la Corema comprobó múltiples violaciones al permiso de calificación ambiental denunciadas. En efecto, la empresa construyó una planta para producir 100 mil toneladas más de lo aprobado. Además, instaló un ducto y pozos ilegales y realizó extracciones de agua no presentadas a Estudio de Impacto Ambiental. O sea, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental asistió a otro engaño, pues Celco presentó un proyecto pero materializó otro distinto. Como si esto fuera poco, inauguró su producción de celulosa sin tratar residuos industriales líquidos, cuestión que era requisito sine qua non de la autorización ambiental. En tal sentido, es lógico suponer que derramó poluyentes ácidos, clorados y a temperaturas altas durante varios meses.

Hoy, ignorando los hechos ya establecidos, la defensa corporativa aprovecha de ensalzar la “transparencia” de Celco (pese a que, para salvarse de un fallo adverso en la Corte Suprema, atribuyó al EULA de la U. de Concepción un estudio propio) y la “tecnología de vanguardia” que utilizaría, pero, como no somos ingenuos y estamos bien informados, sabemos que la empresa se ha negado, pese a las utilidades de un generoso precio internacional de la celulosa, a incorporar auténtica tecnología de punta. O sea, el sistema de producción de circuito cerrado, que permitiría reducir el 70% del consumo de agua y manejar desechos como lodos, factibles de secar, confinar o incinerar.

La conclusión, evidentemente, es que nuevas consultorías nada nuevo aportarían, pues la historia ya está escrita y ahora procede ocuparse de recuperar el Santuario. Finalmente, este es uno de los tantos ejemplos que develan los vicios de la actual institucionalidad ambiental y que avalan la necesidad de avanzar en la construcción de un “segundo piso” de la legalidad sobre la materia, para sistematizar y operacionalizar los derechos ambientales que la Constitución garantiza.

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*Sara Larraín es directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable.

Bien común, bien social, bien patrimonial

2008-06-20T12:43:00.002-06:00

Por Katia Cotoras y Moisés Scherman *

El proyecto de modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, presentado por el Ejecutivo para trámite legislativo en el Senado, conculca y transgrede nuestros derechos ciudadanos establecidos en la Constitución Política del Estado. Una vez más los derechos esenciales humanos son sobrepasados por la política mercantilista. Este proyecto se caracteriza por su tendencia a la liberalización del territorio y de las normativas urbanas contrariando los requerimientos de los ciudadanos que han planteado la necesidad de normar sobre un urbanismo participativo vinculante a las decisiones de la comunidad.

A nivel internacional este proyecto desconoce que el país ha suscrito importantes convenios comerciales basados en el marco de la Agenda 21. Este acuerdo marco compromete claramente a nuestro país la necesidad de implementar en los instrumentos de planificación territorial, la participación efectiva de la ciudadanía, y también la efectiva protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.

A nivel nacional este proyecto desconoce las bases de la institucionalidad establecidas en la Constitución Política ya que el Estado debe estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que la constitución establece. Este resguardo al bien común se recoge claramente en cómo se limita el derecho de propiedad, estableciendo que sólo se puede planificar sobre la base de la función social considerando a los ciudadanos iguales en dignidad y derechos.

El artículo 24 de la Constitución establece en lo relativo al derecho de propiedad “que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar gozar y disponer de ella, y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. La constitución aquí establece las condiciones para la limitación del dominio que son en función de los siguientes resguardos:

1.- Cuando lo exijan los intereses generales de la nación
2.- La seguridad nacional
3.- La utilidad pública
4.- La salubridad pública
5.- La conservación de patrimonio ambiental.

Este proyecto de ley desconoce la función social de la propiedad y los conceptos constitucionales en sus diversos articulados.

El interés general de la Nación y la utilidad pública deben estar al servicio de la persona humana con una finalidad de promover el bien común y deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible En todo el texto no se abordan estos postulados en la planificación nacional o como se supeditará esta planificación sectorial urbana a una planificación territorial. Más aún, en el área regional e intercomunal se desconocen las atribuciones de MIDEPLAN y del Gobierno Regional para coordinar las instancias de participación intersectorial e intercomunal.

A nivel nacional no se definen los conceptos básicos de habitabilidad de los centros urbanos para planificar, de los derechos urbanos de cada ciudadana y ciudadano en el espacio público referido a áreas verdes, equipamiento educacional, comercial o de actividades culturales sociales; por lo tanto se desconoce los parámetros básicos de un bien común habitable. El derecho a vivir en una ciudad debe ser calificado como un principio de justicia social. Los derechos de habitabilidad son derechos básicos para la conformación de los recintos y permitir el desarrollo y la protección de la vida como es el derecho a la luz natural, a la ventilación, a la privacidad, al asoleamiento o las áreas verdes, al paisaje natural, a las vistas del entorno etc. que permiten dignificar la calidad de vida del habitante y relacionarlo con su medio ambiente. En la Constitución Política del Estado se establecen ciertas obligaciones al Estado y ciertos derechos de las personas, vinculados a la habitabilidad que este proyecto desconoce. Sobre la base de estos principios le corresponde al Estado fijar las condiciones mínimas de planificación para resguardar los derechos constitucionales:

1- El articulo 19 n° 4 asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada.
2- El articulo 19 n°1 asegura a todas las personas el derecho a la vida y a su integridad física y psíquica.
3- El articulo 19 n°8 asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
4- Finalmente el articulo 19 n°9, asegura la protección de la salud.

Con respecto a la salubridad pública, el proyecto de ley del ejecutivo no norma sobre las compensaciones que deben tener los ciudadanos cuando sus barrios son densificados ya sea en el aumento de congestión vehicular y contaminación del medio ambiente en general. La ley 19.300 claramente establece que los proyectos inmobiliarios producen alteración a los ecosistemas en general. No se presenta ningún avance en la remodelación de la ciudad, de sus barrios ni tampoco se proponen propuestas concertadas entre los habitantes y el poder público que hoy día se utilizan en tantos países. Tampoco se establecen normas para recuperar la calidad ambiental preservando el patrimonio natural, histórico y cultural reduciendo la contaminación y congestión en el conjunto de la ciudad. Para ello es de vital importancia el tratamiento y defensa de las áreas verdes, de los espacios no urbanizados los cuales deben dejar de ser vistos como una reserva de suelo, y sí como un elemento estructurante del territorio de cuya preservación depende en buena medida la sostenibilidad de la vida urbana y el bienestar de sus habitantes.
Con respecto a la limitante al dominio de la propiedad para la Conservación del Patrimonio Ambiental, este proyecto viola la Constitución al permitir el derecho transable en el Patrimonio Natural Cultural y Social de la Nación. Patrimonio que hoy esta en manos de la tuición y conservación del Estado a través de la Conaf y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este derecho transable es la desafectación del estado de protección, traspasando dicha tuición a manos de particulares.

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además es deber del Estado velar por vivir en un medio ambiente libre de contaminación para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. La Constitución establece en sus siguientes artículos normativas para la protección de áreas especiales:

1. Articulo 23º.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.

2.- Artículo 24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usa gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los interese generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

3.- Artículo 118º Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.

4.- Artículo 6º “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República” por lo tanto se debe reconocer los tratados internacionales sobre áreas protegidas.

Estos convenios constituyen una fuente importante de Derecho Ambiental Internacional y contribuyen a la generación de las políticas de cada nación sobre este tema.

Algunos acuerdos son:
• Acuerdo de Asociación Económico Estratégico con Nueva Zelandia, Singapur y Brunei
• Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos
• Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
• Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de comercio internacional
• Protocolo de Kioto
• Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África
• Convenio sobre Diversidad Biológica
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
• Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Medio Ambiente
• Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación
• Convención para la Protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América
• Convenio Internacional para la regulación de la caza de la ballena
• Tratado Antártico
• Convenio sobre zonas húmedas de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (RAMSAR)
• Convención sobre Conservación de Focas Antárticas
• Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES)
• Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna salvaje
• Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
• Convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera del Pacífico Sudeste
• Acuerdo sobre la cooperación regional para el combate contra la contaminación del Pacífico Sudeste por hidrocarburos y otras sustancias nocivas en caso de emergencia
• Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono

Además de estos convenios, Chile ha firmado otros acuerdos ambientales internacionales como son la Declaración de Río y la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, y participa en diferentes Foros Internacionales Globales tales como la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Valdivia, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.
Solicitamos, al gobierno que reconociendo la normativa medio ambiental en materias de derechos humanos, resguardo al Patrimonio Natural y Monumentos Nacionales retire este proyecto para modificarlo de acuerdo al estándar de los convenios internacionales que el país se ha obligado a respetar a nivel internacional.

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* Katia Cotoras es Arquitecta y miembro de la Comisión Legislativa Territorial
* Moisés Scherman es Economista y miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa

Cómo están los aprendizajes de los estudiantes de América Latina

2008-06-20T11:44:00.000-06:00

Por Rosa Blanco*

El gran desafío de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe continúa siendo garantizar el derecho a una educación de calidad sin exclusiones para todos los niños, jóvenes y adultos. Los estados y gobiernos de los países de nuestra región ven cada vez con mayor claridad la necesidad de diseñar e implementar estrategias, políticas y acciones que permitan ofrecer una educación de alta calidad, disponible para todos y distribuida de manera justa y equitativa.

Para contribuir a este objetivo, entre los años 2002 y 2008 la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe con sede en Santiago de Chile, ha realizado en conjunto con los países de la región el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), cuyos principales resultados se han dado a conocer hoy.

Se trata de la evaluación del desempeño de los estudiantes más importante y ambiciosa de las desarrolladas en América Latina y el Caribe. En ella participaron 100.752 estudiantes de 3er. grado y 95288 de 6º grado de 16 países más el Estado mexicano de Nuevo León que fueron evaluados en Matemática, Lectura y Escritura y Ciencias de la Naturaleza.

Al examinar sus principales resultados se aprecia que la equidad en la distribución de los aprendizajes en los diferentes estratos de la población es una tarea pendiente porque existen importantes disparidades en la calidad del aprendizaje entre los países y al interior de ellos.

Una de las causas de esta desigualdad reside en las condiciones económicas, en específico la producción y la distribución del ingreso. Esto explicaría por qué países con mayores ingresos, como Chile, Argentina y Uruguay presentan, en general, mejores resultados.

Al nivel nacional, asimismo se verificó que la ubicación de las escuelas condiciona los resultados alcanzados, pues los niños y niñas que asisten a escuelas rurales en América Latina y el Caribe obtienen desempeños más bajos que los que concurren a escuelas emplazadas en el ámbito urbano. Es éste el caso de países como Nicaragua y El Salvador con una mayor tasa de población rural.

El Estudio además investigó los principales factores asociados a los logros cognitivos de los estudiantes y encontró que la calidad de las escuelas de América Latina y el Caribe explica entre el 40 y el 49 % de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se confirma así que el clima escolar, junto con el nivel socioeconómico y cultural promedio de la escuela, son las principales variables en importancia asociadas al desempeño, mientras el resto de la varianza en los logros cognitivos es imputable a las diferencias socioeconómicas y culturales de los mismos estudiantes y sus familias.

Desde la perspectiva de la UNESCO todas las personas tienen el derecho a recibir una educación de calidad que desarrolle al máximo sus potencialidades y les prepare para participar plenamente en la sociedad. El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación ha aportado sin duda alguna importantes informaciones y conocimientos que constituirán insumos sustantivos para la toma de decisiones en materia de políticas sociales y educativas en los países de América Latina y el Caribe. Corresponde ahora a cada nación participante en el mismo extraer las principales lecciones aprendidas de este importante estudio y realizar esfuerzos más sistemáticos y sistémicos para elevar la calidad de su oferta educativa, para que toda la población, y no sólo ciertos grupos dentro de la misma, aprenda a niveles de excelencia.

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*Rosa Blanco es Directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO

Cómo están los aprendizajes de los estudiantes de América Latina

2008-06-19T23:41:00.001-06:00

Por Rosa Blanco*

El gran desafío de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe continúa siendo garantizar el derecho a una educación de calidad sin exclusiones para todos los niños, jóvenes y adultos. Los estados y gobiernos de los países de nuestra región ven cada vez con mayor claridad la necesidad de diseñar e implementar estrategias, políticas y acciones que permitan ofrecer una educación de alta calidad, disponible para todos y distribuida de manera justa y equitativa.

Para contribuir a este objetivo, entre los años 2002 y 2008 la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe con sede en Santiago de Chile, ha realizado en conjunto con los países de la región el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), cuyos principales resultados se han dado a conocer hoy.

Se trata de la evaluación del desempeño de los estudiantes más importante y ambiciosa de las desarrolladas en América Latina y el Caribe. En ella participaron 100.752 estudiantes de 3er. grado y 95288 de 6º grado de 16 países más el Estado mexicano de Nuevo León que fueron evaluados en Matemática, Lectura y Escritura y Ciencias de la Naturaleza.

Al examinar sus principales resultados se aprecia que la equidad en la distribución de los aprendizajes en los diferentes estratos de la población es una tarea pendiente porque existen importantes disparidades en la calidad del aprendizaje entre los países y al interior de ellos.

Una de las causas de esta desigualdad reside en las condiciones económicas, en específico la producción y la distribución del ingreso. Esto explicaría por qué países con mayores ingresos, como Chile, Argentina y Uruguay presentan, en general, mejores resultados.

Al nivel nacional, asimismo se verificó que la ubicación de las escuelas condiciona los resultados alcanzados, pues los niños y niñas que asisten a escuelas rurales en América Latina y el Caribe obtienen desempeños más bajos que los que concurren a escuelas emplazadas en el ámbito urbano. Es éste el caso de países como Nicaragua y El Salvador con una mayor tasa de población rural.

El Estudio además investigó los principales factores asociados a los logros cognitivos de los estudiantes y encontró que la calidad de las escuelas de América Latina y el Caribe explica entre el 40 y el 49 % de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se confirma así que el clima escolar, junto con el nivel socioeconómico y cultural promedio de la escuela, son las principales variables en importancia asociadas al desempeño, mientras el resto de la varianza en los logros cognitivos es imputable a las diferencias socioeconómicas y culturales de los mismos estudiantes y sus familias.

Desde la perspectiva de la UNESCO todas las personas tienen el derecho a recibir una educación de calidad que desarrolle al máximo sus potencialidades y les prepare para participar plenamente en la sociedad. El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación ha aportado sin duda alguna importantes informaciones y conocimientos que constituirán insumos sustantivos para la toma de decisiones en materia de políticas sociales y educativas en los países de América Latina y el Caribe. Corresponde ahora a cada nación participante en el mismo extraer las principales lecciones aprendidas de este importante estudio y realizar esfuerzos más sistemáticos y sistémicos para elevar la calidad de su oferta educativa, para que toda la población, y no sólo ciertos grupos dentro de la misma, aprenda a niveles de excelencia.

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*Rosa Blanco es Directora de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO

La paz y el derecho a ser uno mismo

2008-06-19T01:14:00.000-06:00

Por Ximena Abogabir*

En el marco de la celebración de los 25 años de Casa de la Paz nos propusimos “resignificar” el concepto de la paz impulsando un ciclo de seis “Conversaciones para el futuro”. El primer evento, conducido por Vicky Quevedo, giró en torno a la relación entre la paz y la diversidad y contó con la participación de destacados panelistas que motivaron la reflexión: Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas; Gonzalo Delamaza, Director del Programa Ciudadanía y Gestión Pública; Enrique Norambuena, presidente de la Unión Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Mental; y Antonieta Dayne, periodista de Casa de la Paz.

Las exposiciones permitieron evidenciar la paradoja de que para valorar la diversidad es preciso primero haber avanzado hacia la igualdad, de tal modo que la diversidad no sea apreciada desde la mera caridad o la tolerancia hacia un ser considerado inferior, sino como una oportunidad de enriquecer la propia cultura a través de la incorporación de lo que el diferente tiene para ofrecernos desde su posición de relación entre iguales. Es decir, para apreciar la diversidad, es preciso primero haber “emparejado” a las personas, de modo que la relación sea respetuosa y apreciativa, sin miradas condescendientes ni peyorativas. Sin embargo, los medios de comunicación dificultan la tarea al resaltar como “correcto y moderno” el estilo de vida predominante en los países industrializados, dejando al resto como “atrasados” y enfrentados a la disyuntiva de integrarse a la cultura dominante con una mezcla de frustración al sentirse discriminados y admiración por lograr ser parte de ella, o resistirla con rencor e incluso con violencia.

El Estado tampoco contribuye a que la diversidad sea tratada desde los derechos de las personas y la relación sea percibida entre pares. Más bien, las políticas de vivienda, de salud y educación tienden a intensificar las diferencias avivando los entendibles resentimientos: en Chile actualmente coexisten personas que viven como ciudadanos de país desarrollado y otros en niveles inaceptables de pobreza. Ello evidencia que la diversidad constituye un desafío para la democracia, la que requiere asegurar niveles dignos de calidad de vida para todos, a la vez de promover el florecimiento de lo diverso y la convivencia entre personas diferentes.

Para avanzar en esa dirección, es indispensable dialogar con apertura y sincero aprecio por las visiones que enriquecen nuestras creencias. Ante ello, nuestro tradicional miedo a los conflictos no nos ayuda. Más bien nos confirma que cuando se eleva el tono de la voz, las cosas terminan irremediablemente mal, sin lograr establecer el puente del diálogo para superar nuestras diferencias. Tampoco nos ayudan nuestros prejuicios, que nos impiden despejar las barreras para valorar a cada ser humano, sin importarnos su envase.

Necesitamos evolucionar desde nuestra atávica desconfianza hacia lo diferente, la que nos conduce a encapsularnos con personas lo más parecidas posibles. En nuestra cultura el diferente así como el desconocido son percibidos hoy como una amenaza, como un potencial agresor, en vez de un posible colaborador y, menos aún, como una oportunidad para ampliar nuestro bagaje cultural. Por ello, para estar en paz es preciso transformar las reacciones automáticas que nos llevan a rechazar las diferencias y abrirnos a nuevas posibilidades. Sólo así podremos construir un futuro amable para todos.

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*Ximena Abogabir es Presidenta de Casa de la Paz.

El Desconocimiento de la Educación Pública

2008-06-18T01:30:00.001-06:00

Por Jorge Inzunza H.*

Al pensar en mis siete años en la Escuela D-493 de San Miguel y otros seis en el Instituto Nacional, recojo dos escenarios posibles para pensar la educación pública. En mi Escuela viví una experiencia de integración donde alumnos con diferentes capacidades y de un nivel socioeconómico medio y bajo compartíamos un mismo espacio, aprendiendo unos de otros a convivir y desarrollarnos como personas. En el Liceo en tanto, descubrí el valor de "la nota", el idealismo, la meritocracia y las aspiraciones de un establecimiento que compite gracias a un mecanismo bien conocido por los establecimientos privados, este Liceo selecciona -un aspecto que no abordaré aquí-. Estas son dos formas de lo público en educación, donde sin embargo se encuentran las clases sociales mayoritarias de nuestra población.

Lo que nunca he vivido es la educación particular. Tal vez este sesgo me hace defender a ultranza mis aprendizajes y los valores de integración social y humana, la oportunidad de ser ciudadano, de imbuirme de lo público con sus ventajas y contradicciones. Tal vez estoy tratando de transmitir algo que no se puede, porque hay que vivirlo.

Esta reflexión inicial, teñida de recuerdos, me hace pensar en estas frases breves, pero tan decidoras pronunciadas por nuestras autoridades y representantes políticos en estos días, que podemos resumir en que "no entienden por qué están los profesores, apoderados y estudiantes en las calles protestando". Quiero defender la tesis de que los políticos y quienes están encabezando los puestos claves del Estado no entienden esta protesta social porque no han vivido la educación pública ni los valores que están depositados en ella. No se trata de afirmar que la educación no tiene problemas ni que no se debe superar a sí misma, sino que ella es en sí misma, la esperanza del lazo social.

Haciendo un juego estadístico muy simple podríamos mirar los curriculums de los congresistas y comprobar si ellos y ellas estudiaron en escuelas y liceos públicos. Al hacerlo he encontrado lo siguiente -a partir de los datos que están publicados en la página del Congreso-: de los senadores un 61% realizó su enseñanza media en colegio particulares pagados, cifra que se eleva a un 68% en el caso de los diputados. Otro dato interesante es que aproximadamente el 42% de los senadores y 35% de los diputados estudió en colegios ubicados en cuatro comunas de Santiago que ostentan los mayores ingresos económicos de la población chilena (Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo Barnechea). Hay que decir que estos colegios particulares representan menos del 8% de los establecimientos educacionales.

Este breve, superficial y simple examen de las trayectorias educativas nos da para pensar en qué posibilidades reales tenemos de obtener leyes y políticas que sean comprensivas, adecuadas, pertinentes y que promuevan la educación pública, si la mayoría en el Congreso y en el Estado responde más bien a pasados y presentes educativos privados. ¿Entonces qué esperanza tenemos? No queda más que la calle, lugar que resiste y que es pública por excelencia. ¿Quién(es) son los que están mas capacitados para participar y decir sobre la educación pública? ¿Los que la miran de lejos o los que la viven a diario? Quiero entonces en estas breves líneas de junio reivindicar la participación de las comunidades educativas en su derecho a pensar y dirigir el destino de la educación que les concierne y pertenece. Los mismos argumentos citados por el empresario Sebastián Piñera cuando hablaba de por qué no se había consultado a los santiaguinos sobre el nuevo sistema de transporte, criticando que éste había sido diseñado por quienes no utilizan el transporte público, puede utilizarse para afirmar que son quienes viven la educación pública quienes son los mejores capacitados para gobernarla. Esta es una deuda desafiante que mantenemos con nuestro magisterio, estudiantes, asistentes de educación y apoderados. Es esta la educación en democracia que se niega en Chile -negación reflejada en la discusión del Proyecto de Ley y el mismo texto- y que tantos países del mundo ya tienen.

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*Por Jorge Inzunza H. es Magíster en Ciencias Humanas y Sociales.

El que sabe, sabe y el que no es ministro

2008-06-17T00:10:00.003-06:00

Por Luis Casado*

O presidente del Banco Central, o diputado, o experto, lo que viene a ser más o menos lo mismo. Mientras le dedicamos el fin de semana al fútbol, a las minas y al carrete indispensable, la clase política planetaria se ocupa de lo esencial. Podemos dormir tranquilos, hay un piloto en el avión.

Si cupiese alguna duda la actualidad pone en evidencia la suerte de cornudos que tenemos con los nuestros: gracias a Francisco Vidal, Jaime Pizarro, Álvaro Escobar y Marco Enríquez-Ominami se pudo evitar una crisis mayor. Finalmente, para tranquilidad y provecho del personal, Madonna podrá ocupar el Nacional para distribuir caramelos y mostrar el ropero.

Por su parte, reunidos en Osaka los ministros de finanzas del G8, -EE.UU., Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Rusia-, le consagraron el viernes y el sábado a temas no menos cruciales, -el precio del petróleo y la debilidad del dólar-, y se rajaron con algunas declaraciones para el mármol.

Después de indicar que el petróleo caro constituye “una seria amenaza para la estabilidad del crecimiento mundial”, le pidieron al FMI y a la Agencia Internacional de la Energía que analicen “los factores reales y financieros que están detrás del reciente aumento de los precios del petróleo y de su volatilidad”.

Así como lo lees. Estos tipos declaran no saber cuales son las razones que enviaron el precio de la energía a las nubes y lo hacen comportarse como un vulgar yo-yo. El FMI, buen príncipe, acepta y promete un informe para... octubre.

En el G8 hay quién estima que los especuladores son ampliamente responsables de la situación. Otros aseguran que la crisis se debe a una producción insuficiente, e incluso que el problema viene de la falta de capacidad de refinamiento. El Secretario del Tesoro de los EE.UU. -el ex especulador con créditos hipotecarios basura Henry Paulson-, con un gesto que denuncia en él a un asiduo lector de Agatha Christie, acusa: “Todas las pruebas designan a la oferta y la demanda”. Claro como el petróleo.

“No está claro para nada. Necesitamos un estudio para responder a esta cuestión”, explicó Dominique Strauss-Kahn, director general del FMI, y vos te preguntás que hace el FMI cada día de dios, si no son precisamente estudios que le permiten equivocarse cotidianamente sobre todo lo que anuncia. Y no anunciar, ni ver, las crisis que llueven.

Fukushiro Nukaga, -el bien nombrado ministro de finanzas japonés-, lo puso muy claro: “Se expresaron muchas opiniones. Pero se comparte el sentimiento de que nadie conoce realmente la verdad”. Así de transparente.

Uno se dice que podrían preguntarle a Michelle, en fin, a Velasco, visto que el despilfarro de los US$ mil millones destinados al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles sirve precisamente para eso, para resolver el problema que los tipos del G8 no entienden.

Y se pone a soñar con que, después de Heraldo Muñoz que fue “presidente del mundo”(sic), y de Ricardo Lagos que llegó a “capitán planeta”, un chileno pudiese dirigir el FMI, el BM, la OMC, la FAO y otras organizaciones tan ineptas e inaptas como las que preceden, y tan inútiles como el recientemente creado cargo de “Gerente del aire”, versión moderna del célebre “inspector de atmósfera”.

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*Luis Casado es economista

La educación universitaria: ¿derecho o privilegio?

2008-06-16T00:26:00.002-06:00

Por Carlos Margotta*

En las últimas semanas, y en la medida que avanza la discusión parlamentaria sobre la Ley General de Educación, hemos sido testigos de manifestaciones de estudiantes, profesores, trabajadores e intelectuales, que alzan la voz por el fin de la educación de mercado que se ha impuesto en nuestro país en las últimas tres décadas. En esa posición de rechazo al sistema imperante han participado activamente todos los estamentos de nuestra comunidad universitaria.

Del debate público que tales movilizaciones han provocado, podemos identificar, por un lado, a quienes consideran que la educación es un servicio que debe ser provisto por los particulares y debe ser regulado por el mercado. Por otra parte, están quienes consideran que la educación es un derecho social que, como tal, se contrapone a la educación entendida como privilegio y la entiende como un “bien público” que va en beneficio de la comunidad en su conjunto.

La educación superior no es más que la proyección de la misma realidad. Las universidades, aún cuando en casos como el nuestro tengan una posición de discrepancia respecto a la lógica mercantil del sistema, están atadas a las lógicas que éste impone. Lamentablemente, muchos de los partidarios de considerar la educación como un derecho social que el Estado debe asegurar para el conjunto de los chilenos, sólo lo hacen extensivo a la educación escolar, sin comprender que las inequidades en la educación superior permean al conjunto del sistema educacional.

Hoy somos testigos de profundas transformaciones en el campo de la educación superior. Primero, se verifica un dato nuevo en la historia de Chile: desde hace tres años la oferta de vacantes universitarias en Chile es superior a la demanda que existe en los egresados de enseñanza media. Segundo, las familias están privilegiando instituciones que brinden oportunidades de financiamiento adicional, pues asumen que la educación superior es un privilegio para unos pocos. Y, tercero, las políticas públicas para el sector se están reorientando para consolidar un modelo de educación superior de mercado.

Durante los años noventa, las políticas públicas crearon un espacio universitario amplio, plural y diverso, expresado institucionalmente en una diversidad de instituciones e intereses. Hoy, ese modelo se encuentra agotado. Las políticas públicas dejaron en manos de intereses particulares la regulación de la enseñanza universitaria. Los subsidios a la demanda han provocado crecientes procesos de concentración económica e integración vertical de la educación superior, estimulando la disminución en cantidad y pluralismo del sistema. Se está tendiendo, como consecuencia, a favorecer a instituciones vinculadas a congregaciones religiosas o grandes conglomerados económicos.

Este debate ya estuvo presente en la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior y se tradujo en el quiebre de dicha instancia, entre quienes estaban por profundizar el proceso y quienes querían reorientar esa peligrosa tendencia. El segundo grupo alimentó la creación de la Asamblea Nacional por la Educación, en la que estamos participando como Universidad, en mi condición de Rector, junto a diversos representantes y actores de los distintos ámbitos convocados en torno a estas posiciones.

No obstante la resistencia a la privatización de la función pública en la educación superior y a la concentración económica impulsada desde el Estado, debemos asumir que las fuerzas progresistas no han logrado construir una visión coherente y consistente sobre el sistema universitario chileno, que supere la visiones tradicionalistas que asocian este debate al fortalecimiento de las universidades estatales.

En el fondo, se asume que proyectos universitarios críticos, contemporáneos y transformadores, que contribuyan a formar personas en los valores de la libertad, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos, sólo pueden verificarse bajo el amparo del Estado y, por lo mismo, terminan siendo aliados de quienes sostienen que el campo de la educación superior privada es patrimonio de congregaciones religiosas y grandes grupos económicos. Más aún, esta lógica también apoya el privilegio estatal de las carreras tecnológicas y científicas funcionales al modelo económico, frente a las carreras artísticas, de humanidades y de pensamiento crítico.

Esa inconsistencia teórica y política se ha traducido en que no hayan logrado construir respuestas convincentes para evitar el proceso de concentración que se vive en las universidades privadas, donde en la actualidad sólo cinco universidades concentran el 50% de la matrícula. Tampoco han construido argumentos plausibles para afrontar la evidente disminución del pluralismo y diversidad institucional en la educación superior privada.

Del mismo modo, no han planteado una alternativa políticamente viable al actual proceso de privatización de los procesos de calificación universitaria, donde incluso la educación superior pública debe asumir criterios de empresa privada. La pregunta es ¿cómo pueden las universidades chilenas con vocación social y cultural, entregar mejores servicios a los estudiantes y mantener su viabilidad económica sin un compromiso del Estado en esa dirección? Mientras no se responda adecuadamente esa pregunta, seguirán desapareciendo instituciones de educación superior, absorbidas por transnacionales educativas o por grupos económicos locales.

Quienes sostenemos que la educación y la cultura no deben regirse por los designios del mercado, pues son derechos sociales fundamentales de los pueblos, también pensamos que el debate universitario es incompatible con sectarismos e intolerancias dogmáticas. Por eso, creemos que el debate sobre el futuro de la educación superior chilena –pública y privada- debe salir de las oficinas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, para transformar los argumentos tecnocráticos en deliberaciones ciudadanas del conjunto de la sociedad chilena. Ese es nuestro desafío, nuestro reto y nuestro llamado.

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*Carlos Margotta es rector de la Universidad Arcis

LGE: Lío General en Educación

2008-06-13T00:48:00.001-06:00

Por Manuel Riesco*

La reforma educacional parece enredada en un lío sin remedio. El sistema público continúa bajo el acoso de una minoría privilegiada cegada por sus prejuicios. Durante la dictadura lo desmantelaron con saña revanchista. Amarraron su continuado deterioro mediante la LOCE. Hoy se aferran a mantener el mismo marco con otro nombre. Su masivo intento de reemplazarlo por un mercado educacional impuesto a la fuerza produjo resultados de baja calidad, alta segregación y elevado costo para las familias. El sistema en su conjunto ha entrado en crisis y no puede continuar como está. La abrumadora mayoría del país es partidaria de reconstruir un sistema público que garantice una educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Está en lo cierto. Esa es la solución más rápida y eficaz para alcanzar rápidamente los niveles de calidad y cobertura que han logrado los líderes mundiales. Así lo hicieron ellos. Para proyectar el desarrollo nacional, el sistema educacional público no puede continuar como rehén de los designios de esta minoría.

A lo largo buena parte del siglo XX, el Estado chileno, bajo gobiernos de signos muy diversos que compartieron una misma estrategia, logró construir un sistema público de alcance nacional. En 1973 ofrecía educación gratuita de reconocida calidad a 30 de cada cien chilenos de todas las edades, y su presupuesto alcanzaba al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Fue el instrumento principal del gran cambio social, que transformó en ciudadanos a un pueblo cuya abrumadora mayoría eran inicialmente campesinos analfabetos.

Pinochet lo desmanteló brutalmente. Expulsaron profesores y alumnos. Centenares fueron víctimas de las peores formas de represión. Pusieron uniformados de rectores. Quemaron libros, prohibieron asignaturas, cerraron facultades. Expulsaron de la universidad al Instituto Pedagógico. Redujeron el presupuesto a la mitad y los sueldos de los profesores a la tercera parte. En 1982 había menos alumnos que en 1974. Desperdigaron las universidades por las regiones y los colegios por los municipios. Intentaron forzar un mercado educacional, subsidiando a privados al tiempo que ahogaban los públicos. Pretendieron eternizarlo mediante la LOCE.

Los gobiernos democráticos cometieron el error de mantener el esquema. Al mismo tiempo, hacían esfuerzos importantes por recuperar los deteriorados niveles de gasto público y remuneraciones del magisterio.

No lograron impedir el continuado desmantelamiento del sistema público. Hoy tiene un millón de alumnos menos que hace treinta años. En condiciones peores. El magisterio no logra recuperar su nivel salarial anterior al Golpe. El presupuesto educacional alcanza a menos del 3,5% del PIB, la mitad de la proporción de entonces.

Los establecimientos privados se multiplicaron mientras los públicos se desmantelaban. Han absorbido a 9 de cada 10 alumnos adicionales a partir de 1990, y casi la mitad del incremento del presupuesto. Hoy representan la mitad de los alumnos y profesores. La mitad del gasto educacional es desembolsado por las familias. Sin embargo, la mezcla de establecimientos públicos deteriorados y privados con fines de lucro ha resultado de calidad deficiente, onerosa para las familias y escandalosamente segmentada por niveles de ingreso y posición social.

Al término de la dictadura, el número de estudiantes respecto de la población total se había reducido a 25%, y hoy no supera el 27%. Es decir, proporcionalmente, hay menos chilenos estudiando en establecimientos públicos y privados que antes del Golpe. Paralelamente, una disminución de la proporción en edad escolar ha permitido aumentar la cobertura en todos los niveles, y en el terciario extenderla a sectores que antes no la tenían. Sin embargo, el disminuido esfuerzo general ha retrasado la cobertura de este último nivel. De haberse mantenido las tasas de crecimiento logradas hasta 1973, Chile habría sobrepasado a Argentina, que hoy lo supera ampliamente en este aspecto, y alcanzado a los países líderes, que exhiben cobertura terciaria completa.

La solución es bastante clara. Consiste sencillamente en dotar a cada barrio - empezando por los más pobres - de un colegio público gratuito de excelencia, donde los vecinos puedan enviar a sus hijos en la seguridad que serán muy bien educados. Al mismo tiempo, cada región debe contar con universidades y otros establecimientos superiores, públicos y gratuitos, que aseguren el acceso a este nivel a todos los jóvenes, y ofrezcan una base sólida y estable a la investigación científica, innovación tecnológica y creación intelectual y artística.

Esto es lo que han construido los países desarrollados. También aquellos que han logrado salir del subdesarrollo y se proyectan como líderes en el siglo que se inicia. En toda Europa, hasta en los barrios más modestos y pueblos más pequeños, se aprecian los magníficos edificios de colegios y universidades públicas. Más del 92% de los alumnos estudia en ellos. Una proporción similar del gasto educacional proviene del presupuesto fiscal. Algo parecido se verifica en todo el mundo desarrollado.

Chile puede transitar rápidamente hacia algo similar. A partir de todo lo construido a lo largo de un siglo, también lo más reciente. Un plan nacional de educación pública puede alcanzar estos objetivos, contando con las instituciones y recursos correspondientes, los cuales se encuentran disponibles. Se pueden establecer organismos que aseguren una administración moderna del conjunto, con grados adecuados de centralización y descentralización, asegurando la participación de todos los niveles del poder democrático y la comunidad escolar. Los establecimientos públicos existentes pueden hacer de cabeza en sus comunas y regiones, dotados de los recursos presupuestarios -esa es la forma adecuada de distribuirlos en el sector público- que permitan transformarlos en breve tiempo en colegios y universidades de primera.

El magisterio y académicos son los actores claves. Han fracasado una y otra vez la serie de intentos basados en el absurdo de concebir a colegios y universidades públicas como empresas privadas y a los docentes como empleados. En el mundo desarrollado, la base del sistema es el funcionario público docente y académico, que tiene aseguradas una carrera profesional de por vida, remuneraciones y jubilaciones decentes, y una posición social respetable. En el marco de un plan nacional de reconstrucción, magisterio y académicos chilenos van a apoyar resueltamente los cambios que garanticen su transformación en un cuerpo estable y de excelencia.

La reconstrucción del sistema de educación pública no excluye establecimientos particulares de excelencia en todos los niveles. Se puede mantener el actual sistema de subvenciones por alumno, pero solo para este sector, donde ha demostrado ser adecuado. Sin embargo, los subsidios deberán condicionarse a su incorporación al plan nacional, agregando su oferta a la de los establecimientos públicos en cada lugar.

Se puede ofrecer a los particulares subvencionados la opción de transformarse voluntariamente en establecimientos públicos, si sus respectivas comunidades optan libremente por esta alternativa. Esto ha ocurrido en España, por ejemplo, donde muchos colegios que inicialmente fueron privados hoy día forman parte del sistema público.

La participación de la empresa privada en el sistema puede ampliarse significativamente, como proveedores de servicios anexos a la educación, incluyendo locales, mientras la función docente se reserva al sistema público.

Finalmente, la experiencia de las universidades particulares con financiamiento estatal del Consejo de Rectores puede extenderse a otras universidades privadas, a las cuales por otra parte, se les puede ofrecer asimismo la opción de incorporarse al sistema público si sus comunidades optan por esta alternativa.

La reconstrucción sobre bases como éstas es perfectamente posible en breve tiempo. Las mismas se corresponden a las mejores prácticas de los países desarrollados y a la de Chile en el siglo XX. Evidentemente resulta el camino más directo hacia el desarrollo nacional y la integración social en beneficio de todos los sectores. ¿Que nos impide abordarla de inmediato?

El problema principal es que la elite social y económica chilena continúa presa de una mentalidad llena de prejuicios contra el sector público. Se originan en su pasado latifundista, superado gracias al rol progresista del Estado, en una transformación que culminó en forma revolucionaria, y en el cual el sistema educacional jugó un rol preponderante. Ello explica su desmantelamiento en niveles que sólo han experimentado países asolados por guerras civiles e invasiones.

Dicha actitud se potencia con el lobby de la industria educacional. La Iglesia suele jugar un papel no menor. Encuentran oídos dispuestos en una capa tecnocrática formada bajo la hegemonía del pensamiento neoliberal, cuya principal distorsión consiste en la convicción que los mercados resuelven todos los problemas. Estas maneras de pensar no van a cambiar pronto, probablemente no antes de un recambio generacional.

Con tales limitaciones ¿es posible abordar hoy el gran desafío? Ciertamente. La situación se parece a los años veinte del siglo pasado, cuando la oligarquía agraria desde el parlamento impedía iniciar el camino desarrollista que se tornaba imperioso. Sin embargo, a poco andar se establece un nuevo bloque en el poder, capaz de impulsar la nueva estrategia a lo largo de varias décadas. Algo parecido va a ocurrir necesariamente, ciertamente con actores y objetivos diferentes, adecuados a la realidad social y económica de hoy.

Ojalá que el cambio se produzca esta vez sin los estallidos sociales que ocurren de tanto en tanto. Las trancas del sistema político, que mantienen a la educación y al país como rehenes de un sector minoritario, no auguran nada bueno.

Mientras tanto, seguiremos presenciando el lío general de educación.

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*Manuel Riesco es director del CENDA

El hundimiento del Titanic

2008-06-12T22:44:00.000-06:00

Por Sergio Ramírez*

El New York Times reduce drásticamente su planta de periodistas, y en los últimos años 3.600 de ellos han perdido sus puestos de trabajo en los medios de comunicación tradicionales, sólo en Estados Unidos. Le Monde pierde lectores y pierde dinero cada mes. El Boston Globe cesa a todos sus corresponsales en el extranjero para ahorrar recursos económicos. En América Latina hay un descenso de un diez por ciento anual de la publicidad que va a los diarios impresos, y un treinta por ciento de los anuncios clasificados.
El viejo buque de los diarios de papel parece hundirse al chocar con el iceberg de la información electrónica, que como todos los icebergs, apenas asoma la punta en un oscuro y helado mar de incertidumbres.
Sobre este choque que provoca ya las primeras fisuras en el barco, hablaron en la Casa de América de Madrid, en un encuentro patrocinado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Fundación Carolina, tres maestros del tema: Rosental Alves, de Brasil, Jean-François Fogel, de Francia, y Gumersindo Lafuente, de España.
Algunos periódicos de extensa circulación tardan en acusar el golpe porque halagan constantemente a la clientela con ofertas, desde música, películas y libros, a aparatos electrónicos con descuentos; pero los expertos nos dicen que no todos los que compran el periódico porque se les da también algo barato, se convierte en lectores. Son periódicos que aumentan su circulación halagando al consumidor, pero no por eso se leen más.
El viejo adagio dice que una crisis representa el momento en que lo viejo muere, mientras lo nuevo empieza a nacer. E Internet, como forma masiva de comunicación, apenas está naciendo, y es más compleja, más participativa, y más invasiva que cualquier medio tradicional. Apenas intuimos como será en el futuro. El iceberg muestra su pequeña cúspide, y debajo aguarda su formidable masa, para irse revelando. Colectivos de información, redes de bloggers cada vez más extensas, periódicos digitales personales, hechos a la medida de cada quien, según gustos y necesidades.
Se trata, además, de un cambio de manos del poder de la información. Ahora no se tratará del poder de la empresas, sino del poder personal, doméstico, de quienes manejan desde su casa un sitio, o escriben un blog, y pueden convocar a decenas de miles de lectores, o interlocutores. Para esto no necesitan ni capital social, ni cuentas de publicidad, ni permiso ni licencia de los gobiernos. Y tampoco cobran por su producto ninguna suscripción, ni hay precio por ejemplar.
Avizoramos el sueño de la información libre y democrática, en manos sobre todo de los jóvenes, porque la mayoría de los participantes de Internet tiene menos de treinta años. Un estilo y un método de comunicación que estos jóvenes serán capaces de imponer en el futuro a la sociedad a través de los colegios y universidades, y de las empresas donde tengan sus puestos de trabajo, con lo que estarán creando un nuevo mundo, o lo están haciendo ya; así como los instrumentos tecnológicos que hacen posible este mundo, son obra también de jóvenes y adolescentes: valiente mundo nuevo.
Un diario impreso, la maravilla de la sociedad industrial a lo largo del siglo veinte, nos sigue contando lo que pasó ayer; pero ya nadie se entera a través de los diarios de lo que pasó ayer, salvo que se trate de sus ediciones en versión electrónica, que deben cambiar minuto a minuto sus titulares, y apoyarse en voz y en video, para buscar emparejarse con el flujo informativo constante que se genera desde miles de sitios en Internet. Se trata hoy en día nada menos que de competir, desde el papel, con espacios de noticias que nunca tienen cierre, porque siempre se están haciendo, y para los cuales no existe el ayer, y el presente es precario y volátil.
Y el diario que habrá podido resistir el choque con el iceberg, será aquel que no imprima en su portada la gran noticia de ayer, porque habrá pasado a otra dimensión de la información, ofreciendo más puntos de vistas que noticias, más análisis, más espacios de formación de opinión, más investigaciones.
Pero no es una lucha fácil. Los enemigos son muchos. El teléfono digital como sustituto del viejo periódico de papel, en el que leeremos las noticias a cada instante mientras van produciéndose. La pantalla tamaño bolsillo del kindler, el artilugio en el que también leeremos libros. O el periódico hecho de una hoja de plástico flexible, como lo vimos ya en Sentencia previa, la película futurista de Spielberg, en manos de lectores que viajan en el autobús: la hoja estará conectada a un chip transmisor, que generará las noticias, y en lugar de fotos fijas, tendremos videos. Un periódico virtual que usará “tinta electrónica”, millones de partículas capaces de moverse y acomodarse para formarse en letras, y en imágenes.
Los diarios, nuestros diarios de tinta y papel de todos los días, deberán cuidarse de no volverse prescindibles. Tendrán que reinventarse ellos mismos para poder vivir en la nueva era digital, habiendo nacido en una era anterior, la era industrial. Es lo que pasa con todas las especies vivas. O se adaptan a la nueva atmósfera, o perecen.

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*Sergio Ramírez es escritor, ex vicepresidente de Nicaragua (1984-1990)

A cien años del natalicio de Salvador Allende

2008-06-11T10:41:00.001-06:00

Por Marcel Claude*

El 4 de diciembre de 1972, el entonces presidente de Chile, Salvador Allende, tuvo la oportunidad de presentarse ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y dar cuenta del país que presidía. Muchas cosas han cambiado en el curso de los últimos 35 años pero otras son muy similares e incluso, en algunos casos, se ha profundizado la distancia entre lo deseable y la áspera realidad.

En cuanto a los cambios de signo negativo, una actualización al 2008 debería decir, por ejemplo: “Vengo de Chile, un país pequeño, en el que hoy cualquier ciudadano ya no es libre de expresarse como mejor prefiera, con una preocupante intolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial tiene cabida. Un país con una clase obrera atomizada en distintas y pobres organizaciones sindicales, donde el sufragio universal y secreto es cada día menos participativo y cada vez más el vehículo para consagrar un régimen político excluyente, con un Parlamento que sufrió una severa interrupción en su funcionamiento desde su creación hace 196 años y que permanece como un poder limitado y de dudosa representatividad popular, donde los tribunales de justicia no son independientes del Ejecutivo y de los poderes económicos y militares. Un país que desde 1981 cuenta con una carta constitucional creada de acuerdo a las necesidades de una oligarquía representada en la dictadura de Augusto Pinochet y avalada por los presidentes Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet, cuya vida pública está organizada en instituciones civiles bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, con un extremadamente limitado espíritu democrático. Un país con cerca de diecisiete millones de habitantes que en los últimos 30 años no ha logrado ningún premio Nobel de Literatura, como si lo hicieron Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores de un Chile menos pretencioso y soberbio pero también más humano y noble”.
Siguiendo la misma línea argumental, hoy no es posible decir que el pueblo de Chile “se encuentra plenamente entregado a la tarea de instaurar la democracia económica, para que la actividad productiva responda a necesidades y expectativas sociales, y no a intereses de lucro particular”. Menos se podría añadir que “los trabajadores están desplazando a los sectores privilegiados del poder político y económico, tanto en los centros de labor, como en las comunas y en el Estado”. Más bien habría que decir que el proceso que vive el país es totalmente opuesto y no se dirige, como sostenía entonces Allende, hacia la superación del sistema capitalista, peor aún, se consolida un capitalismo cada día más salvaje y despiadado.
En su aplaudido discurso, Allende señalaba la necesidad de poner al servicio de las enormes carencias del pueblo chileno, la totalidad de nuestros recursos económicos, lo que tenía -según él- directa relación con la recuperación de la dignidad de Chile. Para Salvador Allende, debíamos acabar con una situación en la que nosotros, los chilenos, debatiéndonos contra la pobreza y el estancamiento, teníamos que exportar enormes sumas de capital en beneficio de la más poderosa economía del mundo, por lo que la nacionalización de los recursos básicos constituía una reivindicación histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener más del 80% de las exportaciones, en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras que siempre habían antepuesto sus intereses a las necesidades de los países en los cuales realizaban sus operaciones lucrativas. Tampoco podíamos aceptar la lacra del latifundio, los monopolios industriales y comerciales, el crédito para beneficio de unos pocos ni las brutales desigualdades en la distribución del ingreso. Esta realidad denunciada por el entonces presidente Allende, no ha cambiado mayormente e incluso se ha agudizado, puesto que hoy los monopolios y la concentración de la riqueza son aún peores que en ese entonces; así también, la propiedad de la tierra y de los principales recursos naturales siguen siendo de usufructo del capital trasnacional y de los grupos económicos nacionales.
En relación al cobre, Allende denunciaba que “sólo en los últimos cuarenta y dos años se llevaron, en ese lapso, más de cuatro mil millones de dólares de utilidad…”. Cuánto más no habría que escandalizarse hoy en día cuando sólo en el año 2006, las compañías multinacionales que explotan el cobre chileno se llevaron la módica suma de 20 mil millones de dólares. En ese entonces, Allende comparaba cifras y pedía tener presente que con sólo una parte de esa suma se asegurarían proteínas para siempre a todos los niños chilenos. Respecto a las sumas que hoy extrae el capital extranjero podemos afirmar -como lo hiciera Allende- que se podría asegurar por muchos años una educación apropiada para todos los niños de Chile. Lo grave es que esto no sólo ocurre con el cobre, sino también con el agua, el suelo, y todos los recursos pesqueros y forestales de que dispone el país para su desarrollo.
En ese entonces -como hoy- con Allende podemos afirmar que “Chile es también un país cuya economía sigue enajenada a empresas capitalistas extranjeras…; un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada”.
A tanto ha llegado el retroceso de Chile en casi todos los aspectos que ni siquiera siguen siendo válidas las conclusiones de Allende, cuando se refería al pueblo chileno como políticamente maduro. Hoy es todo lo contrario, ya que como pueblo, exhibimos una inmadurez política mayúscula que impide por falta de práctica, capacidad reflexiva, desidia, flojera y hasta mediocridad superior, una participación activa y decidida para hacer frente a los saqueos, robos y todo tipo de abusos de que somos víctimas.
La trágica actualidad de ese ovacionado discurso de Allende, se extiende también a las consecuencias que él anunciara como resultado del proceso de globalización y que hoy se hacen cada día más evidentes, cuando sostenía que las perspectivas para Chile, como para tantos otros países del Tercer Mundo, no eran más que estar condenados a excluir de las posibilidades de progreso, bienestar y liberación social a más y más millones de personas, relegándolas a una vida infrahumana.
Así y todo, confiamos tanto como Allende en que los grandes valores de la Humanidad tendrán que prevalecer y no podrán ser destruidos.

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*Marcel Claude es director de Arena Pública, plataforma de opinión de la Universidad Arcis

Un poeta de Irak en Costa Rica

2008-06-10T21:41:00.003-06:00

Por Javier Campos*

Recién llego de un festival internacional de poesía en Centro América. Fue el VII Festival en Costa Rica. Catorce poetas invitados de diversas partes del mundo. A parte de América Latina y del Caribe -estaba invitado el poeta cubano Miguel Barnet- venían de Egipto e Irak dos excelentes poetas y personas. ¿Qué sabemos de su poesía, esa que se escribe en regiones tan lejanas como El Cairo, Babilonia, Bagdad? A lo mejor algún lector de esta columna sí lo sabe, pero muchos no. Sólo sabemos de Irak por la guerra allí que parece de nunca acabar. “La invasión norteamericana que ha hecho tanto mal. El invasor que ya debió irse hace tiempo”, nos dice el poeta iraquí Salah Hassan, (uno de los más importantes de Irak) mientras fuma como nunca he visto fumar a nadie. ¿Y qué poesía se escribe en estos momentos allí?
Un día viajamos cinco horas desde San José al bosque lluvioso de Monte Verde,al oeste del país. Reserva ecológica que Costa Rica cuida como nadie, especialmente ahora que se habla del calentamiento global, y desastres que están ocurriendo u ocurrirán si seguimos abusando y destruyendo aún más de la naturaleza. Y allí el poeta Salah Hassan me pide que le diga al conductor que baje el volumen de la maldita radio donde a gritos el locutor transmite un partido de fútbol. El chofer que nos lleva a todos a Monte Verde accede mi pedido (Salah se comunica en inglés solamente y yo le traduzco al chofer) y baja un poco el volumen. “Me estoy volviendo loco con esa radio desde hace tres horas”, me dice Salah, pero no le traduzco eso al chofer. Recuerdo que el día anterior estuvimos en una lectura con gente de la Universidad de Costa Rica. A Salah le hicieron muchas preguntas después de leer él un hermoso poema. El poema me parece de una gran originalidad y a su vez de una irreverencia que le ha costado, desde el mundo árabe, una sanción por ofender a Alá. El poema se llama “Correo electrónico” (¨Querido Alá, no tengo que hablarte a ti/Como lo hizo Mohammed al Maghout/Ni tampoco como Fadhil al Azzawi/Ahora tengo correo electrónico/Y me puedes contestar…¿Escuchas la radio?/ ¿Lees los periódicos?/¿Algo sobre Irak?/¿Estás muerto?/¿Es sólo una estatua tuya la que vemos?/Sólo quiero saber/Porque entretanto ya cumplí cuarenta años/Y todavía no sé cuál es tu función en mi vida…”) . Por ese poema Salah recibió cerca de 75 páginas con reacciones, y más de la mitad eran de que se quedara ciego, sordo o paralítico durante los años que le quedaban de vida. Fue abiertamente amenazado de muerte.
Y Salah respondía preguntas sobre Irak al público como la opresión a la mujer por eso no se ven escritoras ni poetas iraquíes por ninguna parte. Habló sobre la dictadura de Saddam Hussein y la invasión de los Estados Unidos. Habló de que ese país es un caos porque ha quedado tan fragmentado entre distintos grupos que nadie sabe cuánto tiempo tomará para tener una sociedad normal y una democracia verdadera. Vivir allí es andar sobre una cuerda floja que en cualquier instante -depende del grupo religioso y terrorista que te pregunte algo-, puedes ir a dar a un círculo surreal o morir, nos decía.
Salah estuvo 12 veces en prisión durante la dictadura de Saddam Hussein. Fue golpeado con brutalidad, perdió la vista de su ojo derecho, tuvo que ir al exilio en Holanda. Es joven y su pelo es blanco como la nieve que cae en Holanda. Escribía en la prisión poemas en papelitos de cigarros y así salían clandestinos y luego se publicaban. Pero el poeta iraquí está siempre alegre y se ríe como un niño. Jugamos dos horas con una pelota en una piscina allá en Tortuguero, la parte del caribe costarricense. A veces paraba para fumarse un cigarro en la propia piscina. Unos turistas norteamericanos lo vieron fumar, con un rostro sin duda exótico el de Salah, y movían la cabeza desaprobando que él fumara en medio de esa piscina. Nadie allí sabía que era uno de los grandes poetas de Irak y sin duda menos les importaba su poesía. Esos seres, los poetas, cada vez más exóticos, que no sirven para nada.

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*Javier Campos es poeta, narrador y columnista.

No da para más

2008-06-10T13:55:00.001-06:00

Por Manuel Riesco*

Se ha desatado una nueva y peligrosa ofensiva para privatizar CODELCO. Sus protagonistas representan a los intereses extranjeros que se han apoderado de las riquezas mineras y arrinconado a la gran empresa de Chile. Ahora pretenden quedarse con ella. Una vez más se mellarán los dientes. Sus intentos serán nuevamente rechazados por la abrumadora mayoría del país. Se acerca el día en que se recuperen las riquezas nacionalizadas por el Presidente Allende y CODELCO asuma plenamente el rol de liderazgo a que está llamado a nivel mundial, en el interés de todos los chilenos. Esto no da para más.

El Mercurio, cuyo dueño conspiró con una potencia extranjera para derrocar al gobierno democrático de Chile, ha publicado con gran alharaca un llamamiento a convertir CODELCO en una sociedad anónima y venderla a capitales privados. Casi todos los firmantes trabajan o reciben regularmente donaciones de los grandes conglomerados mineros privados, en su mayor parte extranjeros.

Se trata del mismo reducido grupo de tecnócratas que han venido dirigiendo la política minera de los gobiernos de la Concertación. Su enorme influencia ciertamente no se puede atribuir sólo a sus habilidades asesoras. Lo que ocurre hoy con la minería y CODELCO es responsabilidad, en primer lugar, precisamente de este grupo. Los resultados de su accionar han sido y siguen siendo extraordinariamente nocivos para el país.

Durante los años 90, la carrera desatada entre las principales mineras por controlar el cobre chileno que se les ofrecían sin cobro alguno, significó una sobreproducción tal que derrumbó el precio mundial a lo largo de varios años. Ello acarreó elevadísimas pérdidas a CODELCO y al Fisco. Sólo terminó cuando consideraron que su posición estaba consolidada en Chile y, junto a CODELCO, ajustaron su oferta a la demanda mundial.

Operaron a lo largo de una década sin pagar impuestos, con una sola excepción significativa. Cuando la indignación nacional obligó al gobierno a introducir un tímido cobro por los recursos, lograron acomodar la ley de modo que aquellas empresas que más habían eludido impuestos vieron en la práctica reducida su tasa global en el momento en que el precio del cobre empezó a repuntar.

Un reciente estudio de CENDA presentado en un seminario de la ONU, muestra que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que ya controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganaron otro tanto.

Se comprueba que los subproductos pagan todos los costos. El producto de la venta de cobre se traduce íntegramente en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras. Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas.

Estos resultados ameritan una explicación al país. El propio Director del SII ha confirmado las dudas acerca de los estados financieros publicados por las mineras privadas, declarando que van a ser investigadas, puesto que no se comprende que hayan reducido el pago de impuestos el 2007, al mismo tiempo que el precio del cobre ha alcanzado precios récord.

El estudio estima que la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas - supone que deberían aportar lo mismo que CODELCO en proporción a sus exportaciones respectivas - permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos.

Estos inmensos recursos que pertenecen a todos los chilenos son apropiados por las principales competidoras de CODELCO. La mayor de ellas, los está utilizando para consolidar su monopolio global. En el mercado del cobre, ello redunda en perjuicio de CODELCO. Sin embargo, alcanza también el mercado del hierro, donde afecta a una empresa del Brasil, aliado estratégico de Chile. Esto resulta incompresible desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Al mismo tiempo que financiaban la expansión de sus competidoras mediante el regalo de los minerales chilenos, la política gubernamental inspirada por este grupo ahogaba a CODELCO. Le negaron sistemáticamente recursos de inversión, forzándola a endeudarse y asociarse en condiciones perjudiciales, como en el caso de la mina Gaby. Impidieron su expansión a nivel nacional y global, con el resultado de perder posición relativa. Hoy denuncian esta situación creada por ellos mismos. Como solución, proponen someterla a una nueva "reestructuración," convertirla en sociedad anónima y privatizarla.

Lo que necesita el país es precisamente lo contrario. En primer lugar, terminar con la entrega gratuita de nuestras riquezas minerales. Así lo han venido haciendo la mayor parte de los países ricos en minerales, especialmente a lo largo de los últimos años. Esto es urgente, para aprovechar el actual ciclo alcista que no va a ser eterno.

En segundo lugar, CODELCO debe transformarse en la gran empresa transnacional de Chile - tal como afirman los firmantes del documento. Sin embargo, la condición de ello no es privatizarla, sino precisamente lo contrario. Es decir, manteniendo su carácter estatal que protege su condición de empresa pública, liberarla de las trabas que le impone la política privatizadora encubierta que se ha mantenido hasta el momento.

Una política definida exactamente sobre estas bases ha permitido, por ejemplo, a Noruega, capturar la totalidad de la renta de sus riquezas minerales y lograr que su pueblo alcance el más alto nivel de desarrollo humano a nivel mundial

Todo ello requiere en primer lugar liberar a la política minera chilena y a CODELCO de la tutela de este grupo de lobbystas de intereses extranjeros.

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*Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo

Convergencia digital y protección a la Propiedad Intelectual

2008-06-09T21:53:00.002-06:00

Por Juan Cristóbal Guzmán*

Está en el Congreso un proyecto de Ley para mejorar la regulación sobre Propiedad Intelectual (PI). Expertos han manifestado que el aumento de las sanciones civiles y penales no tendría mayor efecto en los infractores de los derechos de sus propietarios. Según los datos proporcionados durante el 2.007 por la Internacional Federation of the Phonographic Industry, el 35% de las personas que intercambian archivos ilegalmente han recortado su actividad o la han abandonado totalmente, como consecuencia de acciones legales y sanciones en su contra.
Hay importantes avances y también vacíos legales pendientes en el proyecto.
El mayor avance radica en el incremento sustantivo de las penas. La revolución digital y la piratería han sido las causantes del desastroso resultado obtenido por las compañías de esta dinámica industria. Es destacable también la distinción entre la persona que comercializa copias ilícitas de aquel que, con ánimo de lucro, fabrique, importe o distribuye las mismas.
Es vaga y poco exhaustiva la reforma en cuanto a las normas que regulan las entidades llamadas de “gestión colectiva”, como la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Se omite “la gestión de tipo tecnológico”, vale decir tecnología disponible y en uso, cuyo propósito es controlar y medir el acceso y uso de la PI. En la mayoría de los países existe la gestión de derechos digitales, o DRM, que son un conjunto de tecnologías orientadas a ejercer restricciones y mediciones sobre los usuarios de un sistema digital, desde la música hasta las películas, juegos y televisión.
Poco satisfactoria es la forma en que se aborda la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Ellos son los minoristas y distribuidores del mercado digital y por ello obtienen ingresos; pero no asumen su responsabilidad de proteger estos derechos. En el mundo tradicional ninguna tienda de música o de libros que se precie albergaría productos piratas en sus estanterías, ni permitiría que la piratería estuviera en una esquina de su local o almacén.
Esta ley es un buen avance, pero la normativa deberá ser dinámica y compatible con las nuevas tecnologías, que seguirán convergiendo, lo que se hará mas patente con cuando Chile tenga regulada la TV digital.

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*Juan Cristóbal Guzmán es abogado de Albagly & Zaliasnik

Autos fiscales y ética pública

2008-06-09T13:41:00.001-06:00

Por Sergio Cea*

Los medios de comunicación social se han referido al uso de los autos fiscales por parte de diferentes autoridades administrativas para fines ajenos a los propios e inherentes a la función pública. Esto, en definitiva, puede significar incluso la aplicación en forma directa, por parte de la Contraloría General de la República, de la medida disciplinaria de destitución.

Antes de entrar a considerar algunas ideas en esta materia, me parece previo señalar que en nuestra legislación se define la Probidad en los siguientes términos: “Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Ello significa que uno de los principios fundamentales en el que hacer de los integrantes de las entidades o servicios públicos, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, es el de la Probidad. En efecto, en este ámbito ético es donde debe primar básicamente la honradez y la lealtad, ambas actitudes valóricas que deben estar encaminadas o dirigidas sólo a la satisfacción de los intereses colectivos o públicos.

Entramos al campo de la corrupción cuando se ejercen las facultades o atribuciones por una autoridad administrativa, sea del ámbito civil o militar, para lograr beneficios personales. Más aún, la corrupción, a veces, se disfraza con una apariencia de legalidad y de formalidad, con la finalidad de obtener ganancias o réditos particulares.

Entonces, es corrupto aquel funcionario público que en el desempeño de sus funciones públicas ejerce sus facultades con un interés privado o particular. La ley exige que las atribuciones, las potestades sólo se concreten en áreas del interés general o colectivo, ya que el Estado, y específicamente la Administración del Estado, están al servicio de la persona humana y no al servicio de intereses personales o particulares. La Constitución Política señala expresamente esta finalidad en su artículo 1, inciso cuarto, y se denomina Principio de la Servicialidad.

Tan trascendente es para una sociedad el combatir la corrupción que en agosto del año 2005 se consagró expresamente el Principio de Probidad en la Constitución Política de 1980, precepto que indica que se deberá dar estricto cumplimiento por las autoridades de los Órganos del Estado a dicho principio. Resalta la circunstancia de que no se trata de cualquier cumplimiento u observancia, sino que se califica el de ser una conducta estricta, esto es, rigurosa o exigente.

La Ley de Bases Generales de la Administración del Estado reitera la rigidez y exigencia de esta conducta ética y además describe las acciones que contravienen esencialmente la Probidad .Sin embargo, a mi juicio, las de mayor frecuencia serían aquellas relativas al empleo, bajo cualquier forma, de dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros y la de efectuar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del servicio u órgano público en beneficio propio.

En efecto, aquí nos encontramos con dos de las conductas o acciones que atentan gravemente contra el Principio de Probidad y que deben ser controladas en forma permanente por las autoridades administrativas que tengan competencias en este ámbito de fiscalización interna, sin perjuicio de las facultades propias en esta materia de la Contraloría General de la República.

Recordemos que las entidades públicas no son corruptas per se. Son las personas naturales que previa habilitación legal (nombramiento o designación) adquieren la calidad de autoridades o funcionarios, y que en su actuar pueden realizar actos de corrupción. A modo de ejemplo, el hecho de que un automóvil fiscal no tenga restricciones de días y horarios para su uso, significa que sólo podrá usarse en las actividades propias del cargo que se desempeña.

En definitiva, en una sociedad uno de los parámetros para ser considerado un país desarrollado es precisamente que las conductas de sus autoridades administrativas y funcionarios públicos se enmarquen en el Principio de la Probidad.

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*Sergio Cea Cienfuegos es abogado, profesor universitario y ex fiscal general militar.

Las aguas no son culpables

2008-06-09T00:54:00.001-06:00

Por Patricio Herman y Jorge Cisternas*

Nuevamente volvemos a la mortificante rutina de las inundaciones y avalanchas en nuestra saturada ciudad capital. Gran parte de la catástrofe se debe, además de la falta de previsión, a la obsecuencia de autoridades irresponsables que han procedido con servilismo ante las presiones de intereses privados que se han encaramado en la precordillera, a sabiendas que las aguas, necesariamente cumplen con la ley, pero con la ley de gravedad. Estas mismas autoridades tampoco han sido capaces de exigir al sector inmobiliario las obras de conducción de las aguas lluvias en los nuevos sectores urbanos con la estúpida idea de que ello encarecería los proyectos, perjudicándose a la clase media (muletilla recurrente).

Si nos damos cuenta, ninguna de las zonas normalmente afectadas corresponde a desarrollos urbanos de data superior a los 80 años. Hasta los inicios del siglo pasado, existía plena conciencia de las condiciones del suelo en nuestro valle. El emplazamiento de las construcciones no se hacía sobre las áreas de escurrimiento y drenaje de aguas lluvias, que correspondían a las zonas más bajas que estaban en continuidad oriente-poniente de las salidas de las quebradas de la precordillera o en las zonas bajas aledañas a los ríos Mapocho y Maipo. Los problemas con las inundaciones del centro de Santiago se habían solucionado con el encajonamiento del río y la construcción de una excelente red de colectores de aguas lluvias.

Una clara demostración de las previsiones del pasado, es el hecho de que la mayor parte de los suelos comprendidos entre la salida de la quebrada de Ramón y el Canal San Carlos, hasta hoy día no tienen uso residencial. Solo lo tiene el estrecho paño comprendido entre el Parque Intercomunal de La Reina y el Country Club, debido a que algún alcalde negligente, no sabemos en qué momento, permitió que se urbanizara lo que era un parque inundable natural.

Similares historias urbano-ambientales tenemos en diversas partes de la ciudad. En otras, fueron pobladores de escasos recursos, los que ocupaban los terrenos bajos de las áreas de escurrimiento o drenaje, unos en Lo Barnechea, otros en la quebrada de Macul y el zanjón de la aguada o los bajos de Pudahuel; mientras otros, los conocidos areneros, ocupaban las riberas del Mapocho en Vitacura y en Las Condes.

Fueron autoridades light las que no les exigieron a los urbanizadores que hicieran los ductos de aguas lluvias, necesarios para canalizar las aguas que contaban con menos contención por la deforestación creciente de la precordillera o menos tierra permeable para su drenaje, por la cementación del suelo urbanizado. En diversas partes más abajo de la ciudad, cada año que pasaba, se acrecentaban los caudales de escurrimiento superficial que debían soportar los habitantes de barrios de antigua data. Hasta que el gobierno central tuvo que hacerse cargo del inmanejable problema, invirtiendo grandes sumas del presupuesto de Hacienda que enteran con sus impuestos todos los contribuyentes.

El punto es que, muchas veces, autoridades irresponsables, no solo omiten tomar las decisiones normativas o administrativas que amerita el problema, sino que siguen permitiendo que desarrolladores inmobiliarios violen las normas establecidas en los instrumentos de planificación y regulación urbana. La autoridad de turno todo lo permite para no entrabar los buenos negocios de otros y porque -dicen para sus adentros- serán los sucesores en el cargo los que deberán hacerse cargo del problema, lo que tampoco sucede. Se dan el lujo de no escuchar a las organizaciones ciudadanas que majaderamente les dicen lo que tienen que hacer en función de mejorar la ciudad, pero como estas críticas no son reproducidas por la prensa dominante, no se dan por aludidos.

Es así como los urbanizadores continúan avanzando sobre cotas superiores de la precordillera, sin reponer la flora que arrancan, sin construir los ductos que corresponde. Y lo mismo pasa con los re-urbanizadores de El Golf, El Llano, Providencia o Ñuñoa, a los cuales se les permite que sus edificios destruyan los jardines y arranquen los árboles de las viviendas unifamiliares demolidas para cementar los terrenos con estacionamientos para vehículos.

Tal como señala el arquitecto Jonás Figueroa, miembro de nuestra Fundación, "los profesionales que hemos estudiado la temática sabemos acerca de la importancia de proteger una zona altamente vulnerable a los desastres naturales provocados por los fenómenos meteorológicos. La precordillera vecina a la ciudad de Santiago, constituye un dique virtual de 164 km2 que vierte sus aguas sobre la ciudad. Hechos históricos así lo avalan y por ello es necesario que aquellos funcionarios que toman las decisiones se interioricen acerca de los riesgos asociados al permisivismo constructivo. Los usos urbanos de esta zona altamente sensible, multiplicarían los riesgos a los que nos exponemos por el solo hecho de situarnos sobre un régimen natural de alta complejidad".

Las aguas que vienen de la cordillera, al no infiltrarse, causan los desgraciados aluviones, lo que todos saben, pero nadie toma las decisiones correctas. Y por ello estimamos que nada va a cambiar para mejor porque nuestros gobernantes, siguiendo las directrices de aquellos que ejercen el poder económico, continúan adorando el sistema capitalista depredador que no contabiliza los pasivos ambientales. El problema mayor lo tendremos en unos lustros más, cuando ya se haya transformado en inmanejable y ahí la naturaleza nos cobrará la cuenta. Pero será demasiado tarde.

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*Patricio Herman y Jorge Cisternas, Fundación Defendamos la Ciudad.

GIRO REGIONALISTA O ESTANCAMIENTO

2008-06-07T10:00:00.003-06:00

Por Esteban Valenzuela VT.
Diputado Chile Primero Rancagua

Esta vez fue el afamado economista Michael Porter: Chile necesita activar su economía y dar autonomía a sus regiones. Hace tres años se firmó un protocolo con los diputados que impulsamos el royalty minero a cambio de una fuerte inversión en polos tecnológicos regionales, y sólo existe un esbozo de cluster. Hace cinco años fue la OECD que señaló la falta de educación de calidad, investigación y descentralización. Hace siete, el alemán Messner advirtió que Chile era el único país de desarrollo medio alto del mundo que no elegía sus gobiernos regionales y no dinamizaba el nivel meso (intermedio) de competitividad económica. Hace una década, la Concertación prometió crear Gobiernos metropolitanos y elegir gobiernos regionales, y no hay nada (ni siquiera se puso urgencia a la elección de los consejeros regionales y sólo tendremos elecciones municipales).

Desde la década de los sesenta, los países emergentes siguen el ejemplo de los desarrollados, obligando a las macrociudades a asumir sus externalidades negativas, encarecer los costos en las capitales e incentivar las regiones. En el Chile de hoy se congela el pasaje de transporte en Santiago a 380 pesos, con viajes de 15 kilómetros en promedio, mientras en Rancagua y otras ciudades, el pasaje sube, se empina sobre los 300 pesos por trayectos de cinco kilómetros. Sí, como gritan Los Federales, las regiones subvencionan el centro...y después se nos denosta porque rechazamos con nuestro voto esa injusticia estructural y estratégicamente errada para la ciudad contaminada.

No se confía en los propios santiaguinos para que elijan su intendente y que el pueblo con su voto eleve las exigencias a un gobierno metropolitano que asuma políticas sustanciales en lo ambiental, la equidad territorial y el mejoramiento del transporte con "rostro humano".

Sigue el paternalismo castrante que no permite a las regiones elegir sus gobiernos y recibir una parte significativa de los impuestos que generan. No se permite hacer sus propias apuestas de desarrollo, fomentar la cooperación público-privada, hacer sus "puentes" y "pasos internacionales", generar capitales semillas más allá de los cluster que definen algunos tecnócratas-burócratas, que pretenden definir las "vocaciones" de los territorios: ¿No es hora que las regiones hagan sus pactos sociales, compitan y puedan innovar en el mundo globalizado haciendo dinámicos sus territorios, con permiso a equivocarse como lo suele hacer el Gobierno central y sus pesadas agencias?
Los que festejaban a Porter por alabar la conducción macro-económica de Chile, ojalá tengan la humildad, la sabiduría y el coraje de asumir el subdesarrollo político chileno en pleno siglo XXI que él denuncia: es hora de que las regiones elijan para enriquecer Chile y darle aire.-

General Bernales: nuestra Lady Di.

2008-06-06T13:16:00.001-06:00

Por Pedro Santander*

Comencemos por señalar que esta reflexión no girará en torno al fallecido ex director general de Carabineros, General Bernales, sino en torno a su representación televisiva que fue construida estos días por los medios de comunicación, especialmente por la televisión y sus diversos programas. Nos parece importante para el entendimiento de lo planteado que se comprenda dicha diferenciación que subyace a este análisis y que implica la separación entre el sujeto empírico (fallecido) y el sujeto mediático (más vivo que nunca). Sobre este último hablaremos, no sobre el primero.

Esta aclaración tiene también algo de justificación a priori, un por si acaso que se anticipa y que, por lo mismo, da cuenta de los temores y las restricciones que se atisban cuando la reflexión en Chile se encauza por un camino menos transitado. Ya el domingo pasado vimos un panelista en un programa de conversación esbozar tímidamente una explicación al fenómeno de masas que produjo la muerte y el funeral del general Bernales, pero fue una aproximación tímida pues gastó más palabras en disculparse y mitigar sus afirmaciones que en profundizarlas. Rescatamos, sin embargo, como punto de partida para lo que nosotros queremos señalar una pregunta que él dejó planteada: si una semana antes del accidente aéreo se hubiera realizado una encuesta en el Paseo Ahumada, ¿cuántos hubieran sabido quién es, cómo se llama, el Director General de Carabineros? Sospechamos que muy pocos.

Dicho lo anterior, partimos por señalar que creemos que ahora podemos identificar un antes y un después en la televisión chilena que, sin embargo, no es nuevo respecto de la dramatización televisiva que otros países exhiben. Sabemos que la innovación en televisión suele ser lenta, pesada, escasa; es así como se copian los géneros, los formatos, los programas, los estilos, los escenarios, etc. Eso ya lo sabían hace 60 años los teóricos de la Escuela de Frankfurt,que hablaban de la primacía de los géneros por sobre el contenido. Y vemos en la TV chilena que la copia tampoco es una excepción: los reality son un excelente ejemplo, llegan a nuestro país de la mano de Canal 13 una vez que han triunfado en Europa, se copian calcadamente programas como Amor Ciego (de EE.UU.) o El Baile (de Gran Bretaña). Y también los espacios considerados más serios como los noticiarios muestran ese efecto copión, por ejemplo, en los estilos, pautas, horarios, etc.

Lo que en este caso específico que estamos analizando impacta, es la similitud que los medios chilenos, sobre todo la televisión, ha mostrado con el comportamiento que tuvieron los medios ingleses (y por consecuencia el público) con el fallecimiento de Lady Di.

Hubo olfato y reacción mediáticos activos, alertas y apropiados para actuar de modos muy parecidos, a ratos casi idénticos, en la puesta en escena comunicacional de la muerte y de los funerales del general. La primera pista la dio Televisión Nacional: se concibe y evalúa el acontecimiento de un modo tal que justifica la interrupción de una final internacional de un torneo Sub-23 en la que disputamos el primer lugar. El clásico “Extra” periodístico es percibido como muy poca cosa y es la parrilla programática en su conjunto la que se ve alterada hasta las 3 de la mañana. El resto de los canales imita la conducta.

Lo que comenzamos a ver nos remite discursiva y comunicacionalmente a otra tragedia convertida en espectáculo por los medios: el fallecimiento de Lady Di.

Hay similitudes asombrosas, algunas ajenas a los medios y otras, las más, construidas tanto por la comunicación mediática como por sus consecuencias sobre la audiencia. Veamos algunas que pertenecen a la primera categoría: tanto Lady Di como el General Bernales mueren trágicamente en un accidente, en un país que no es el suyo, con sus parejas, por accidente en un medio de transporte.

Veamos los de la segunda categoría y que son los que interesan para este análisis: la reacción comunicacional que sorprende por lo igual y que nos hace sostener que la televisión y sus posibles efectos fueron también considerados por diversos actores como la Presidenta de la República, los ministros, el cuerpo de Carabineros, etc. que participan de la dramatización

La puesta en escena de los funerales y el luto, por ejemplo, incluyen en ambos casos flores dejadas en rejas por las personas, libros de condolencia a lo largo del país, la carroza, el canto de un solista en el funeral (una niña acá, Elton John allá). Como ya decíamos, la programación televisiva sufrió cambios durante días, hubo cadenas nacionales tanto de la presidenta, como de la transmisión de la misa, el cortejo y el funeral.

Todo esto, al igual que con Lady Di, nos lleva a presenciar una sobre reacción informativa que, por efecto de saturación deja de ser informativa. Lo esencial de un evento noticioso es que aporte información nueva y novedosa al hecho que se difunde, sin embargo, durante horas vimos todo el aparato periodístico de los canales chilenos, lo mejor de nuestro periodismo, dándose vuelta sobre lo mismo, haciendo avanzar apenas la información respecto del hecho, aportando mínimas unidades informativas novedosas.

Cuando esa sobre-reacción no informativa es protagonizada por lo mejor del periodismo televisivo, comienza a ocurrir algo que es diferente a la transmisión de un noticia importante: el periodismo deja de informar sobre un hecho y se hace a la tarea de construir un acontecimiento, de moldearlo y darle una existencia propia, en este caso, ese constructo se vuelve ontológicamente independiente del General Bernales como sujeto empírico, convirtiéndolo en un sujeto mediático que podemos calificar gráfica y metafóricamente como nuestra Lady Di por el accionar de los medios, sus consecuencias y la consiguiente reacción popular. Los medios ingleses bautizaron a esta lady como “la princesa del pueblo”, en Chile la prensa habló del “general del pueblo”; se recurre a las metáforas mitológicas para caracterizar a los personajes, se muestran sus rostros con efecto glow (brillo alrededor de sus rostros que remite a aureolas), etc., es el mito prometéico al alcance de la audiencia.

Algunas consecuencias de lo hasta ahora señalado: hablábamos más arriba de un antes y un después en términos del comportamiento televisivo de la información, de la copia de estilos y formatos, de la escasez penosa de lo informativo en la entrega noticiosa, de los departamentos de prensa que provocan un desplazamiento de la noticia optando por la creación de un suceso dramático. Estos elementos permiten la instauración legitimada de la hiper-emocionalidad en espacios de la programación donde lo racional solía primar. Asistimos al declive de lo factual, de los hechos, en espacios informativos que pierden la batalla y se ven colonizados por la reglas, las dinámicas y las lógicas de la ficción, pero, que al mantener la apariencia de noticia (periodistas-locutores, contactos en vivo, reporteo, estilo lingüístico informativo) simulan hechos, difundiendo simulacros.

Otra consecuencia, en este caso teórica: por más que nos duela, nos angustie o nos incomode, situaciones como estas indican que vale la pena revisar o revisitar ciertos postulados y nociones de las teorías conductistas aplicadas a los medios de comunicación y sus efectos sobre las audiencias. ¿cómo si no explicar las 50 mil personas en las calles? ¿cómo entender que una mujer sufra un ataque de histeria al paso de un desconocido? ¿cómo comprender que un hombre en Puerto Montt, que nunca vio al general, lo llore “porque era tan cercano”?

A los estudios de medios no les gusta usar la palabra masa, se prefiere muchas veces hablar de comunicación social antes que de comunicación de masas, serían elitistas quienes hablan con este término. Pero, ¿acaso aquello que vimos en el funeral no es masa pura y dura, masa densa, no es ese el mejor término para describir un comportamiento multitudinario difícil de explicar, pero que sabemos está en relación con los medios y sus audiencias y al cual incluso se suman agentes de las instituciones autorizadas como un Felipe Harboe sollozando?

Finalmente, dicho todo lo anterior, podríamos plantear una suerte de formalización en escenarios como este: bajo condiciones colectivas de excitación emocional, la muerte trágica de un miembro de la elite difundida con hiperemocionalidad por la televisión y legitimada por miembros de las estructuras de poder, provocará respuestas hiperventiladas, masivas y homogéneas.

Es lo que podríamos llamar el Efecto Di o, para nuestro caso, el Efecto Bernales.

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*Pedro Santander es periodista, Universidad Católica de Valparaíso.

El alma de Chile

2008-06-06T04:53:00.001-06:00

Por Pedro Cayuqueo*

La noticia ha golpeado el alma del país. Es lo
que han señalado a coro todos los medios de
comunicación, escritos, radiales, electrónicos y televisivos, que han elevado al general de Carabineros José Bernales, fallecido en un trágico accidente aéreo en Panamá, a la categoría
de héroe nacional. La propia Presidenta de la República Michelle Bachelet, interrumpiendo su gira por la Cuarta Región, sostuvo con la voz entrecortada estar desolada y triste con la noticia. "Siento un gran dolor desde el punto de vista de la pérdida de un gran hombre, de un gran general director de Carabineros, de un tremendo liderazgo", señaló la primer mandataria en la
loza del aeropuerto de La Serena, al borde de las lágrimas y buscando interpretar el sentir de toda una nación en duelo.

¿Mera propaganda para legitimar un estado policial? ¿Estrategia de La Moneda para desviar la atención pública de la contingencia? Todas las anteriores, pero mucho más. Basta un intercambio
de palabras con el vecino o el almacenero de la esquina para comprobar que la muerte de Bernales a golpeado en verdad a muchos. Y fuerte. Se trataba en los hechos de un general "respetado",
proveniente "del pueblo", que hablaba como "el pueblo" y que conducía la institución policial como al pueblo chileno le gustan de cierto modo sus líderes: carismáticos, de mano firme, hablar
golpeado y hasta cierto punto autoritarios y arrogantes. Figuras paternales amadas por la ciudadanía de este país provinciano y que han existido en toda la historia de Chile, desde
Portales a Pinochet, desde Alessandri Palma a Ricardo Lagos. Ellos fueron políticos. Bernales, un sheriff de tomo y lomo.

Además de la aceitada maquinaria propagandística del gobierno, la muerte del general Bernales ha dejado también en evidencia el carácter fascista del alma de Chile. Sino ¿cómo entender que sin
mayor cuestionamiento ciudadano, se eleve hoy al panteón de los héroes a un jefe policial involucrado en graves violaciones a los derechos humanos tras su paso por Wallmapu? La lista es larga y ha sido documentada por diversos organismos internacionales de restigio: Violentos allanamientos a comunidades; detenciones arbitrarias de dirigentes y comuneros; torturas y apaleos en zonas rurales y cuarteles policiales; amedrentamiento contra
mujeres, ancianos y niños; ello sin olvidar el asesinato impune de dos jóvenes mapuches, ejecutados a sangre fría por el gatillo fácil y la permisividad de los altos mandos. Bernales, el principal de ellos.

"Chile ha perdido a un gran General Director, es momento de tristeza, pero también es momento de seguir con el legado que él dejó: una institución con la mayor credibilidad ciudadana de la
historia y con un mando impecable", declaró el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, visiblemente emocionado. No miente Harboe y lo sabe. Carabineros de Chile goza de un prestigio ciudadano que envidian sus pares de Brasil, México y porque no decir, Panamá. Extraño fenómeno. En esos países la policía también reprime a menudo y sin contemplación. En las favelas de Rio, el gatillo fácil es un deporte casi tan popular como el fútbol. ¿Cuál es la
diferencia? Que allí la policía además roba y extorsiona. En Chile, en cambio, matan, golpean, reprimen y torturan, pero no son corruptos. ¡No señor! ¡eso si que no!... bendito consuelo.

Una sociedad que es capaz de hacer vista gorda frente a una policía militarizada caracterizada por disparar primero y preguntar después, no puede estar en su sano juicio. Una sociedad que transforma en éxitos televisivos docu-realitys policiales donde se persigue, denigra, golpea y estigmatiza a los sectores más postergados, no puede pretender ser llamada democrática. Sospecho que una sociedad de este tipo, que rinde honores
a un general que se vanagloriaba en Wallmapu de "salir a cazar delincuentes", difícilmente podrá aceptar de buenas a primeras la legitimidad de nuestro reclamo histórico. Mucho menos podrá
demandar a las autoridades privilegiar el diálogo político y no la lógica de los calabozos, esta última carta de presentación del fallecido general a su arribo como Jefe Policial en Temuko.
Todo ello fiel reflejo de lo mucho que nos queda por hacer.

Bernales ha muerto, se libró de la justicia terrenal y si responderá o no por sus actos en una hipotética otra vida, cuestión de creyentes.
Nadie puede, sin embargo, celebrar su trágico final. Dicha actitud, además de reprochable, atenta contra los valores básicos de cualquier sociedad que se diga respetuosa de los derechos
humanos. ¿O no es eso precisamente lo que exigimos tan a menudo, que se respete en Wallmapu el valor de la vida humana, el principal y más básico de los derechos que nos asisten? Y es que
no podemos confundir las ansias de justicia con el revanchismo o la venganza. No si decimos luchar por una sociedad distinta, mejor, más "mapuche" para nuestros hijos e hijas. Poco y
nada que agregar. Solo desear a los familiares del general toda la paz y el consuelo que, llegado el día, quisiéramos para con los nuestros.

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*Pedro Cayuqueo es periodista, director de Azkintuwe.

Valorando el liderazgo que lleva a la gobernabilidad

2008-06-05T12:53:00.000-06:00

Por Luis Casado*

En la jerga iniciática que se chamulla en el microcosmos de la política chilensis hay dos o tres memeces que son inevitables. El verbo “valorar” por ejemplo. Cada día de dios, algún pirao que no tiene nada que decir, -ni una idea, ni un concepto-, se raja con una declaración “valorando” esto o lo otro e incluso aquello.

En la misma vena, la “gobernabilidad”, -que el diccionario define como la posibilidad o facilidad de un colectivo para ser gobernado-, se transformó en la receta para no hacer nada que pudiese molestar a los poderosos. Hubo un mandatario tan experto en “gobernabilidad” que se ganó en su día, merecidamente, el afecto de los empresarios.

Un líder político, -allí donde esas cosas existen-, suele ejercer una influencia decisiva a la hora de escoger caminos, tomar decisiones, adoptar posturas, arbitrar alternativas, definir posiciones, resolver disyuntivas. Si el líder no logra hacer prevalecer sus puntos de vista dimite y se va, o hace como Marx. Groucho Marx decía: “estos son mis principios, y si no les gustan... tengo otros”.

En Chile, la noción de “liderazgo” es número puesto a la hora de hablar para no decir nada, o para decir chorreces. Concepto definido como una “situación de dominio ejercido en un ámbito determinado”, su propia significación revela que nuestros supuestos líderes no controlan ni sus esfínteres.

Lo que nos lleva a otro lugar común, un tópico entre los tópicos, el “díscolo”. La palabrita nos viene del griego “dýscolos”, que designa a una persona malhumorada, de trato desagradable. En la copia feliz del edén se usa para designar a parlamentarios supuestamente poco dóciles y desobedientes, lo que ya es todo un programa.

En el marco de la Constitución de la dictadura aún en vigor, un representante de la soberanía popular debe ser “dócil y obediente”. Si no... es un “díscolo”. Si la curiosidad te llevase a examinar cómo han votado los díscolos en el Parlamento te llevarías una sorpresa mayúscula. Con la notable excepción de Sergio Aguiló, que rehusó votar el TLC con los EE.UU., la norma ha sido la docilidad y la obediencia.

Recientemente el “malhumor y el trato desagradable”, la falta de “liderazgo” y la ausencia de “gobernabilidad” han puesto de moda eso de “cada uno para su santo y a la mierda el resto”, consigna en plan Titanic a la que algunos tratadistas le prefieren llamar el modelo “muerte de la Bubulina”.

Lo que me permite una transición fácil y pertinente hacia el demasiado frecuente ejercicio, por parte de las autoridades judiciales, de la llamada “formalización”. Que se define como la “Concesión de un carácter de seriedad y estabilidad, o legal y reglamentario, a lo que antes no lo tenía”.
Cuando algún presunto delincuente, -ministro, subsecretario, empresario o simple ciudadano de a pie-, es inculpado, es decir acusado de un delito, la parlancia chilensis te explica que el supuesto malhechor fue “formalizado” o sea que se le ha concedido “un carácter de seriedad o de legalidad que antes no tenía”.

De modo que nuestra bendita costumbre de hablar y de escribir con elisiones, perífrasis, metáforas, elipsis, metonimias, imágenes, parábolas y alegorías, amén de las huevadas ya descritas más arriba, hace imposible una declaración de tipo: “El proyecto de Ley General de Educación es una mierda y la violenta represión ejercida contra los estudiantes una vergüenza para un país supuestamente democrático. El comportamiento de muchos responsables políticos linda con la delincuencia. Si las coaliciones que se disputan el derecho a continuar saqueando el país no toman en cuenta el cabreo del personal, habrá que sacarlos a patadas en el culo”. Confiesa que estamos mejor como estamos: “Valorando el liderazgo que lleva a la gobernabilidad”.

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*Luis Casado es economista

El Día del Medioambiente y la industria acuícola

2008-06-05T01:21:00.001-06:00

Por Francisco Pinto*

Si algo positivo podemos sacar de la severa crisis ambiental y sanitaria por la cual atraviesa la industria salmonera, es que finalmente el cuestionamiento sobre cómo se ha desarrollado la actividad, se ha generalizado en la discusión pública. Además de las organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y Poder Ejecutivo, han mostrado alta preocupación por el tema y se aprecia cierta voluntad política para avanzar hacia una salmonicultura más amigable con su entorno.

Esta ventana de oportunidad incluye la discusión sobre los instrumentos que regulan la actividad. Ciertamente la acuicultura, impulsada principalmente por el cultivo de salmónidos, ha dejado obsoleto el actual marco regulatorio y la capacidad fiscalizadora del Estado, más aún, este último ha propiciado y acelerado el veloz crecimiento del sector, sin considerar oportunamente los impactos ambientales y sanitarios de este tipo de políticas.

Así, durante las últimas semanas se ha posicionado en los medios de prensa, la aplicación de un royalty a la salmonicultura. Al respecto, algunos actores que rechazan este instrumento han manifestado que no corresponde cobrar royalty porque se trata de un impuesto sobre un recurso renovable, mientras que los que están a favor señalan que es justo que se compense a la comunidad por todo el daño ambiental que provoca.

Lo cierto es que, ni lo uno ni lo otro es correcto. Para ordenar un poco esta discusión cabe señalar, que el royalty es un instrumento económico que se aplica con el objeto de cobrar la renta económica de los recursos naturales, es decir el valor del uso. No es un impuesto, sino es el precio de escasez relativa del recurso y en consecuencia, no tiene relación en que éste sea renovable o no.

Por otra parte, si lo que se quiere es disminuir o mitigar el impacto ambiental que genera la actividad, lo que tendría que hacer la autoridad es aplicar un impuesto ambiental (o pigouviano como se conoce en la literatura). En su mayoría, los impuestos distorsionan los incentivos y alejan la asignación de recursos del óptimo social. A diferencia de esto, un impuesto pigouviano tiene la propiedad de corregir los incentivos, para que se tengan en cuenta las externalidades negativas y por lo tanto, se acerque más a la asignación óptima de los recursos.

Ambos instrumentos, royalty e impuestos, no son excluyentes, más aún, la aplicación de ambos orientaría a la industria acuícola y, particularmente, la salmonera, hacia un estado de mayor equidad social y respeto por el medioambiente, dos aspectos que sin duda debieran ser altamente valorados por una sociedad moderna que se precie de tal.

Recordando que hoy celebramos el Día Mundial del Medioambiente, el llamado a una mayor conciencia ambiental es para toda la ciudadanía y en forma especial a las autoridades y parlamentarios, para que incorporen estos criterios e instrumentos en sus decisiones y optemos por una sociedad más justa y respetuosa por su medioambiente.

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*Francisco Pinto, Fundación Terram

Crisis en la academia económica

2008-06-04T14:07:00.003-06:00

Por Ernesto Benado*

Los sorpresivos cambios en las variables económicas han pillado de sorpresa y un poco desnudos a los economistas, ya sean de Harvard, Chicago o Londres. Simplemente se está demostrando que no puede haber dogmas ni normas intocables en la economía.
Lo que aprendieron como verdades en las escuelas hace 10 o 15 años, ya no funcionan, lo que le dijeron los maestros en los post grados no sirven mayormente y si no saben ser creativos, el viento de los cambios los hará volver a la enseñanza donde se corren menos riesgos que en la economía real.

Empecemos por el precio del petróleo. Había un horizonte de reservas para 50 años. El consumo de los grandes países emergentes ha reducido este horizonte a 20 o 25 años. Nunca ha existido una teoría o modelo para calcular el precio de una materia prima en el periodo de su agotamiento. El efecto inmediato ha sido duplicar el precio del petróleo crudo en un año. Llega actualmente a 130 dólares el barril, y se calcula que en el resto del año alcance los $200 dólares.

Es claro que se puede bonificar su precio para que el impacto no sea tan grande en el costo de la vida y la inflación. Pero ¿quién puede medir el impacto del alza del precio en todos los aspectos de la economía actual?.

Los que creímos en la teoría del valor de las mercancías de acuerdo al trabajo socialmente contenido en su producción, debemos aceptar que eso no funciona con el petróleo. El trabajo contenido en un barril de petróleo, apenas si justifica un cuarto de su valor. Parece que los marginalistas están más cerca de hacer entendible las fluctuaciones de precios en el mundo moderno.

¿Y qué pasa con todos los modelos econométricos basados en las matrices de insumo–producto (la del Banco Central chileno es secreta y no se difunde) y en las relaciones de precio establecidas en esas matrices?.

El alza desmedida del petróleo ha transformado todas esas matrices y los planificadores se han quedado sin una de sus principales herramientas.
Al alza del petróleo se ha sumado el aumento de precio de las materias primas, entre ellas, afortunadamente, el cobre, en el cual Chile tiene una posición dominante en el mercado. ¿Quién fue capaz de predecir que el precio del cobre rozaría los US$4 por libra?

Durante los años de Eyzaguirre en el Ministerio de Hacienda se aplicó la norma del excedente estructural del 1% en el Presupuesto Nacional, para prepararse para un período de bajos ingresos fiscales. En vez de planear un presupuesto expansivo y contracíclico, redujo el gasto fiscal, prepagó deudas externas del sector público, con lo cual se inició el proceso de la revalorización del peso chileno. Si por el contrario hubiera gastado más, hubiera tenido presupuestos deficitarios y hubiera endeudado al fisco, hoy en tiempo de grandes excedentes, podría estar pagando las deudas y no presionando a la baja al dólar. Además habría habido un mayor crecimiento y menor desempleo determinados por las adquisiciones estatales y las inversiones inducidas por el mayor presupuesto.

¿De donde salió la teoría del excedente estructural, tan celebrada, tan inoportuna y tan nociva? De la academia económica en que les enseñaron normas intocables e inobjetables. ¿A quién podemos reclamarle por estos errores? Lamentablemente a nadie.
Y, finalmente, se viene la llamada crisis subprime encima. La academia dice que no debería afectarnos, pues Chile está protegido por impresionantes US30.000 millones guardados en el exterior y ganado un 4% anual de intereses Aproximadamente lo mismo que se dijo para la crisis asiática y para la crisis mexicana.

Siempre se presenta a Chile como una isla inexpugnable, sin considerar que las crisis económicas no respetan fronteras en un mundo globalizado. La crisis subprime va a llegar a Chile. La banca internacional que es la que ha prestado 50.000 millones de dólares al sector privado chileno, se ha descapitalizado con la crisis de las hipotecas en EE.UU. y tiene que recuperar préstamos, y está en la etapa de recuperar capital. Los préstamos a las empresas chilenas y especialmente a los bancos chilenos, que han hecho grandes utilidades endeudándose en dólares y prestando pesos chilenos, no van a ser renovados fácilmente y esto va a significar un apretón crediticio generalizado en Chile. Así como el mercado inmobiliario ha estado boyante con las hipotecas y los créditos a los consumidores se han inflado con las tarjetas de crédito comerciales, la crisis va a llegar –finalmente- tanto a las propiedades, la industria de la construcción y los hogares de los consumidores.

¿Quién nos salvará de los aumentos de las tasas de interés que aconsejará la academia?. Sólo economistas creativos, sin recetas en la mente y con deseos de hacer de Chile un país desarrollado.

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*Ernesto Benado es ingeniero y ex presidente de Conadecus.

Palabra de pobre

2008-06-03T22:04:00.002-06:00

Por Marcelo Monsalves*

La capacidad de crear y utilizar un idioma es un rasgo distintivo del ser humano. Algunos otros animales pueden desarrollar sofisticados medios de comunicación, pero nada parecido a una lengua. Si bien existen otros lenguajes como la música o la plástica, nuestro idioma es el recurso privilegiado para pensar, creer, soñar, crear, amar. Es decir, vivirnos y convivirnos como personas. Por eso, es difícil imaginar una afección que nos prive de esa capacidad. La persona queda encapsulada en un mundo de objetos y seres sin nombre, vacíos de sentido y significado. Incapaz de decir y decirse.

En eso pienso cuando oigo hablar a ciertos jóvenes. Especialmente a jóvenes de sectores populares. Un repertorio muy limitado de palabras y expresiones, basado en estructuras básicas, con una pronunciación apenas comprensible. Normalmente, un discurso fragmentario, lleno de vacíos e incongruencias, apenas salvadas por interjecciones, onomatopeyas y locuciones mal dispuestas. Pienso entonces en cuál es su capacidad para decir y decirse.

Los imagino estudiando, buscando un trabajo, haciendo un trámite, exigiendo una buena atención o defendiendo sus derechos. ¿Cuáles son sus reales posibilidades y oportunidades? Luego, los imagino mayores leyendo el contrato de trabajo, el plan de la isapre o las condiciones de la tarjeta de crédito. Claro, si es que llegan a tener la buena fortuna de estar en esa situación. Ni siquiera me atrevo a imaginarlos en mundos más complejos como la literatura, la ciencia, un idioma extranjero o el autoconocimiento. Siento que su pobreza expresiva es síntoma y también causa de un futuro degollado, de pobreza amplia asegurada.

Cuando hablo de pobreza expresiva no quiero decir incapacidad para comunicarse. Hablo de la incapacidad para generar relatos estructurados y lúcidos de sí mismos, de su mundo, de su futuro. El punto es que sin relato, no hay proyecto. Solo reproducción regresiva de la situación actual.

Por eso, me sorprenden las opiniones de comentaristas de poca monta, cuando hablan con entusiasmo infantil de “nuevos lenguajes” juveniles. Como para dar un toque de paternidad liberal bien encauzada y aguda capacidad de observación, suelen ejemplificar su punto con el “chat” de sus hijitos. Bien por sus hijitos que tienen computador en casa. Bien por la tecnología como medio para enriquecer y diversificar la interacción humana. Sin embargo, en tanto relato, no consigo ver en el “chatting” algo más que hilachas de trivialidades colgando de contracciones, exclamaciones y simpáticos “emoticones”.

El sistema educacional tampoco ayuda mucho. Los últimos resultados del SIMCE vienen a dar estatus de seriedad oficial a lo que todos saben: la mayoría de niños y jóvenes populares son “iniciales”. Peor aún, se han estancado en su “inicialidad”. Frente a ello, la autoridad infiere que los resultados expresan “una brecha importante que tenemos que mejorar tanto en calidad como en equidad, y esos son lo desafíos que tenemos por delante”. Brillante. Por eso concluye que se debe hacer más y mejor de lo mismo. Algo así como unos toques por aquí y por allá a un sistema educacional que no funciona. Un sistema que le pone una marca indeleble de “inicial” al niño pobre cuando ingresa. Me parece que el sentido común indica otra cosa: si lo que haces no produce los resultados que quieres, entonces haz otra cosa.

Creo que devolver a los niños y jóvenes pobres su capacidad expresiva, de decir y decirse, es un imperativo ético, político y secundariamente técnico. Sin embargo, ello requiere devolver al Estado su propia capacidad expresiva que estimule la imaginación y el coraje como para generar un nuevo relato sobre la educación, que será equivalente a la capacidad que tendrán los jóvenes de relatar un nuevo país en el futuro. Ojalá los pingüinos nos ayuden en el intento.

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*Marcelo Monsalves es consultor de empresas

El Derrumbe

2008-06-02T22:43:00.000-06:00

Por Roberto Pizarro*

El PPD se ilumina y convence a los radicales que el éxito electoral radica en una lista separada del PS y de la Democracia Cristiana. Lista propia a las municipales, poniendo de manifiesto lo que la ciudadanía sabe hace rato: los partidos renunciaron a principios y programas y lo que interesa es administrar poder, cargos, posiciones y recursos. El hermano de Escalona, que vale por su apellido, renuncia al PS para ir por cuenta propia a algún municipio, da lo mismo cualquiera, mientras el senador Navarro estuvo al límite de la ruptura al no ser incluido en la nueva Mesa Directiva. En la DC el desgranamiento continúa, con la reciente renuncia de los abogados Bosselín y Briones, saga interminable desde la expulsión de Zaldívar y la renuncia de cinco diputados colorines.

La derecha no las tiene todas consigo. Hernán Larraín se cansó a la cabeza de la UDI, agobiado con esos ires y venires de Longueira y Lavín y, la última gota, las posturas encontradas respecto de cinco alcaldes de su partido involucrados en licitaciones oscuras. El otro Larraín, el de Renovación Nacional, Carlos, perfumado con incienso y enemigo de la píldora, se mantiene en la lucha, quizá porque cuenta con todo el apoyo de Sebastián Piñera, opción incontrarrestable para las presidenciales. Pero, tampoco hay que olvidar que el diputado Vilches y el senador Cantero, negritos de Harvard de esa organización, renunciaron hace pocos meses a RN.

Así están las cosas en la política nacional. La nomenclatura en crisis. Mientras tanto la ciudadanía se muestra cada vez más desafecta porque los partidos concentran su actividad en el poder desnudo, lo que ha traído como consecuencia una creciente corrupción en el país. Y los jóvenes, marginados de los partidos y de las elecciones, han optado por las movilizaciones. Antes contra la Loce y ahora contra la LGE, y mañana quizás apuntarán contra todas las desigualdades y exclusiones que avergüenzan a la gente decente. Es que la paciencia tiene su límite, como ha quedado de manifiesto en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Paraguay.

Con 18 años de gobiernos de la Concertación y los mismos años de oposición de la Alianza el cansancio se ha generalizado. Se trata de un juego cerrado, en que la democracia ha sido capturada por unos pocos. En la Concertación las sillas musicales se encuentran trizadas con los mismos de siempre, que han renunciado a conceder el liderazgo a los jóvenes y menos a los que desean cambiar el modelo económico en curso. Por su parte, la derecha se ha desgastado con el populismo de los Legionarios de Cristo y del Opus Dei. Así las cosas, quedan en evidencia manifiestas contradicciones entre su proclamado aliancismo-bacheletismo, el rabioso ataque a la píldora del día después y la candidatura del empresario Piñera a la Presidencia. No convencen quienes exaltan las bondades del liberalismo económico y el emprendimiento privado mientras, al mismo tiempo, se refugian en un conservadurismo retrógrado que reprime las libertades de los cuerpos y almas de los jóvenes. Y no es creíble tampoco que el candidato de la derecha servirá a todos los chilenos cuando le duele tanto separarse de sus negocios privados y convertirse en un ciudadano común a la cabeza de su proyecto político.

El derrumbe de la clase política chilena parece inevitable. Podrán retroceder el PPD y los radicales en su pretensión de llevar lista municipal independiente, porque será difícil sostener la presión y compromisos de tantos años con sus compañeros de ruta. Pero la restitución de una lista en común tampoco reducirá el elevado desgaste político de la Concertación, que ha privilegiado la reproducción del poder de sus viejos dirigentes antes que la democracia ciudadana; que ha sido generosa con los grupos económicos antes que con las capas medias y sectores populares; y, que no ha tenido voluntad real para modificar el sistema político excluyente.

Por su parte, la UDI, con la renuncia de Larraín, deberá optar entre los históricos coroneles, agotados por los años o por figuras más jóvenes, las que sostienen el mismo fundamentalismo decimonónico. El verdadero problema de la “derecha gremialista” no radica en su fragilidad para captar los votos del centro político, sino en su incapacidad para renunciar al pinochetismo y en esa persistencia de imponer a los chilenos una dictadura valórica, que en el siglo XXI nadie está dispuesto a tolerar. Renovación Nacional probablemente asegurará al candidato Piñera, gracias a que cuenta con opción clara para la primera vuelta presidencial, pero a muy pocos convencerá que su proyecto político atenderá los intereses de las mayorías castigadas por la desigualdad económica, exclusión política y vulnerabilidad ciudadana. Basta mirar y escuchar al Presidente de RN para constatar que ese partido se encuentra muy lejos de la gente sencilla y más necesitada de nuestro país.

La actual clase política ya no se sostiene. Por ello el país reclama un nuevo liderazgo, que comprometa su accionar con toda la ciudadanía, especialmente los más débiles, y no con los grupos económicos ni con la reproducción de la nomenclatura política. Un liderazgo con principios, programas y con una moral a toda prueba. Un liderazgo capaz de instalar un nuevo modelo de desarrollo, que coloque en su centro el progreso económico, pero fundado de verdad en la equidad y la protección social; que promueva una nueva política económica, que priorice los intereses de los trabajadores, pequeños empresarios, y consumidores agobiados por las tarjetas de crédito; una política social que termine con las aberraciones de la focalización y que convierta a la educación pública en el eje de las oportunidades para los jóvenes. Los desafíos del presente y las tareas del futuro demandan ese nuevo liderazgo.

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*Roberto Pizarro es ex ministro de Mideplan

Llamado a las ciudadanas y los ciudadanos de Chile

2008-06-01T23:13:00.001-06:00

Por Katia Cotoras y Moisés Scherman *

Rechazamos el Proyecto de Ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Al analizar detalladamente este proyecto en su articulado, sin considerar el mensaje de “hermosas” intenciones que fundamentan la necesidad de una nueva ley, podemos concluir que está escrito con bellas palabras que no se concretan, ni son coherentes con lo propuesto, produciendo confusión y no permitiendo entender que detrás del cambio de las palabras territorio por urbano se enmascara un libertinaje a las normas sin control interministerial ni menos de la ciudadanía.

Es una planificación propuesta de carácter arbitrario, arcaica, es decir un retroceso en el proceso de planificación con incumplimiento a los convenios internacionales de Participación Ciudadana en el uso del suelo. Cuando se revisa el texto actual con el texto propuesto, se concluye que se requieren cambios para las ciudades, pero en otra dirección. Las razones de rechazo son enumeramos a continuación:

-No queremos nuevas chaitenes en Chile, una situación previsible si se hubieran considerado los factores geológicos, los riesgos de inundación por su ubicación y su crecimiento poblacional en el tiempo. ¿Cuántas ciudades en Chile permiten la ocupación habitacional en áreas de inundación? (por ejemplo las áreas aledañas a Concepción) ya que el municipio no dispone de los fondos para estudios de la cuenca, estudios geológicos, hídricos, etc.

El Estado a través de los Planes Regionales e Intercomunales debe normar sobre la ocupación de las áreas de riesgo. El proyecto de ley del Ejecutivo, elaborado sin ninguna participación de la ciudadanía, libera más aún al Estado de esta obligación de velar por el bien común al retirar la obligación de considerar las normas del Plan Intercomunal en el Plan Comunal. En la época de la Colonia existían criterios más exigentes que los propuestos en este proyecto de ley.

-No queremos conflictos sociales en nuestras ciudades por la ubicación de proyectos inmobiliarios que afecten a las comunidades. Hoy día hay reglas quizás insuficientes, pero que permiten ampararse a los ciudadanos en el Plan Regulador Comunal.

El proyecto aumenta los conflictos creando confusión y arbitrariedad al aplicar al mismo territorio planificación por zonificación y condiciones, al permitir seccionales obedeciendo a un esquema director, al crear zonas de desarrollo urbano condicionadas sin cumplir con las mitigaciones básicas y externalidades negativas del crecimiento urbano en las áreas agrícolas. La especulación excesiva daña el derecho a la propiedad creando una planificación caso a caso con faltas a la probidad, al derecho a la igualdad, en los administradores del territorio que son los municipios.

-Queremos participar en las decisiones de Planificación Urbana de nuestro barrio. El país firmó el convenio de la Agenda 21 reconociendo el derecho a participación de las ciudadanas y ciudadanos en el territorio. Cada chilena y chileno invierte su mayor sueño y patrimonio familiar en su casa, por lo que nuestra mayor inversión debe estar protegida de la excesiva especulación. Queremos plebiscitos en los planes reguladores comunales como se realizan en muchos países con transparencia y democracia, y no esquemas directores confusos, ambiguos a la ciudadanía o “seccionales” que permiten modificar las normativas sin la suficiente transparencia.

-Queremos que Chile sea reconocido por sus bellezas escénicas, por la calidad de su turismo. Queremos continuidad, integración y coherencia en las políticas de Estado acertadas y bien evaluadas por la ciudadanía, como por ejemplo la proyección internacional que ha estado haciendo Sernatur de un turismo de naturaleza que debe guardar coherencia con lo que el país efectivamente ofrece. Las áreas protegidas requieren resguardo sobre todo hoy día, para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Sin embargo, en vez de promover la presencia de la ley 19.300, la cual ni se nombra, el proyecto retira la aprobación del SAG de las decisiones de planificación en suelo agrícola.

-Queremos que cada día Chile sea más reconocido por su vocación exportadora de recursos silvioagropecuarios, pero esto requiere que el área agrícola no sea invadida por la especulación de las zonas de desarrollo condicionado. El mundo agrícola requiere protección de la contaminación de las ciudades, de los poblados en las cercanías de los cultivos. Chile no es reconocido por la calidad de sus ciudades sino por la calidad de su territorio, de sus cultivos agrícolas.

En este proyecto nada se dice de estos espacios interfaces entre lo agrícola y los poblados rurales o ciudades, según sea el caso; no se establecen mecanismos de mitigación adecuados permitiendo la aplicabilidad de las Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) en todo el territorio, otra incoherencia ahora de que hablamos de medidas que protejan la seguridad alimentaria.

- Queremos ciudades ambientalmente sustentables. Somos un país con déficit energético que requiere disminuir sus costos de transporte. El Sistema de crecimiento planteado por las Zoduc sin considerar áreas de trabajo en sus centros gestará un crecimiento urbano asociado a grandes costos de transporte por desplazamiento: casa, trabajo, escuela, produciendo externalidades negativas las cuales a no estar debidamente mitigadas en la legislación terminarán siendo asumidas por el Estado.

- Queremos el fortalecimiento de la planificación en sus diversas áreas de acción, regional, intercomunal o metropolitana y comunal. A nivelrRegional el Estado deberá entregar los estudios de cuencas, geológicos etc. A nivel intercomunal se necesita conformar la Oficina de Planificación dentro del Gobierno Regional unificando las diversas oficinas fiscales y las diversas Seremi para abordar la planificación en forma integral e interdisciplinaria. En las tomas de decisiones territoriales nuestros alcaldes deben participar en forma vinculante en el plan intercomunal. A nivel comunal, es imperativo que los directores de obra municipales y asesores urbanistas vuelvan a ser profesionales especializados y no simples asesores inmobiliarios.

Lo que planteamos no son sueños sino acciones legales concretas basadas en nuestra Constitución Política, ya que las limitaciones y obligaciones del dominio en nuestro sistema constitucional derivan de su función social.

En la declaración de principios establece que el bien común impone al Estado asumir aquellas tareas que no pueden ser abordadas por personas o grupos intermedios. El rol del Estado en su aplicación en el ámbito social, ambiental y económico adquiere una dimensión permanente regulando la habitabilidad de las construcciones, seguridad, eficiencia, salubridad.

En la habitabilidad del entorno predial creando normas para dar protección al entorno, respeto por las condiciones naturales ya sean geológicas, hidrológicas, con una densidad urbana adecuada. En la habitabilidad del espacio urbano cuidando la calidad del medio ambiente, suficiencia de infraestructura sanitaria y energética, suficiencia de la infraestructura vial, respeto a la zonificación del Plan Regulador.

Por lo tanto, una Ley General de Urbanismo y Construcciones debe propender al mejoramiento de la habitabilidad de los asentamientos humanos velando porque las construcciones en si mismas den seguridad y salubridad a las personas que las habiten, determinando las condiciones mínimas para que la edificación no deteriore el entorno de los predios vecinos y ordene el espacio urbano para proveer a la comunidad un hábitat adecuado, todo ello en cumplimiento de velar por el bien común conciliando los intereses particulares desde una perspectiva superior.

Si llevamos al texto propuesto nuestros principios constitucionales de habitabilidad sacaríamos por conclusión que este texto no aborda la primera prioridad de la planificación como es la función social y por lo tanto las limitaciones urbanísticas propuestas vulneran la esencia de los atributos y facultades del dominio, creando además desigualdad ante la ley, perdida de la conservación del patrimonio ambiental y perdida de la utilidad y salubridad pública de todos los ciudadanos.
Si además consideramos los compromisos internacionales adquiridos de habitabilidad, este proyecto rompe con el convenio base de nuestra legislación internacional que es la Agenda 21 acuerdo marco, para todos los convenios comerciales.

Por lo tanto, considerando todas estas causales, la Ciudadanía y las Organizaciones que la representan, concluyen al igual que nosotros, que este proyecto debe ser rechazado.

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*Katia Cotoras es Arquitecta y miembro de la Comisión Legislativa Territorial
Moisés Scherman es Economista y miembro de la Red Ciudadana por Ñuñoa

Consejo de Equidad: ¿una oportunidad pérdida?

2008-05-30T03:39:00.000-06:00

Por Leonel Tapia*

Las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad elaboradas durante 8 meses por un grupo de expertos son más de lo mismo. Queda la sensación de una enorme pérdida de oportunidad para avanzar en una agenda renovadora que disminuya las inequidades que afectan, no sólo a los quintiles de más bajo ingresos, sino también a la clase media chilena. Las estructuras de poder y económicas causantes de las disparidades en nuestro país quedan inmunes, desperdiciándose la oportunidad de colocar temas y propuestas de fondo que no se reduzcan al simple incremento de subsidios.

Todas las propuestas apuntan a la optimización de la oferta actual de los programas orientados a los segmentos más pobres, particularmente los focalizados para la superación de la pobreza, el mejoramiento de la empleabilidad del quintil más pobre así como los programas de apoyo a la microempresa informal. Iniciativas que hasta el momento muestran resultados en la disminución del porcentaje de chilenos viviendo en condiciones de pobreza, pero cero avance en la construcción de un Chile más equitativo. No es lo mismo reducir la pobreza que avanzar a una mejor distribución de los ingresos en el país. La experiencia de los últimos 35 años muestra que el crecimiento y desigualdad “pueden convivir en completa comodidad” en nuestro país.

Un enfoque distinto requiere que las políticas sociales y públicas aborden seriamente el circuito de exclusión y aislamiento que afecta a los quintiles más pobres respecto a la segregación espacial, segmentación educativa y segregación laboral. Dicha aproximación exige repensar el enfoque actual de una oferta pública cargada de subordinación de los más pobres asumiendo que el Estado sabe como hacer bien las cosas. Muy contrario a la experiencia de los últimos años en que la falta de prolijidad y transparencia en el diseño de iniciativas públicas ha estado marcada por importantes fallas (Transantiago, EFE, Reforma Educacional, entre otros). Se requiere repensar los modelos actuales de intervención y asegurar que los incentivos estén bien puestos para evitar enfoques asistencialistas y paternalistas que no contribuyen a soluciones sustentables en el tiempo.

Sobre la microempresa informal, su desarrollo depende de cambios significativos que van más allá de los programas actuales de contención o mitigación. Exige generar oportunidades avanzando hacia la nivelación del plano competitivo para abordar las fallas de mercado que enfrentan, tales como las distorsiones de mercados oligopólicos expresadas en relaciones asimétricas con problemas de discriminación y de costos de transacción que dificultan su inserción en los mercados más dinámicos. Una microempresa que muestra buenos resultados avanzará rápidamente hacia la formalización pagando impuesto y dando más trabajo.

Exige también repensar la institucionalidad actual del fomento productivo que hoy tiene un enfoque sectorial y reducido muy proclive a trabajar con grupos cautivos que le garantiza cobertura y ejecución presupuestaria pero le resta efectividad e impacto a la inversión pública.
En síntesis, las propuestas del Consejo siguen la receta de focalización de esfuerzos presupuestarios asumiendo una relación lineal entre la asignación de recursos monetarios y la solución de los problemas.

El desafío actual del país es mayor e incluye pensar nuevas formas y estrategias de trabajo tanto del estado como del mercado. Tema fundamental para avanzar en la equidad y en el mejoramiento de la democracia en Chile.

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*Leonel Tapia es economista de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central.

Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: ¿logro o desafío?

2008-05-29T01:55:00.001-06:00

Por José Aylwin y Nancy Yañez*

El 21 de mayo, en momentos en que Bachelet presentaba su cuenta anual ante el Congreso Nacional en Valparaíso, Naciones Unidas formalizaba la incorporación de Chile en su Consejo de Derechos Humanos.

Cabe recordar que el recientemente creado (2006) Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 Estados miembros de esa entidad, y es el responsable de promover el respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Dicho Consejo tiene por mandato, además, ocuparse de las situaciones de violación de los derechos humanos y formular recomendaciones para asegurar su protección y respeto.

Como sabemos, el gobierno de Bachelet desarrolló una fuerte campaña internacional para lograr la integración de Chile en este Consejo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, señaló que la decisión de la ONU de formalizar el ingreso de Chile al Consejo "representa un reconocimiento a un país, a un gobierno que ha sido muy claro en promover la defensa de los derechos humanos, no sólo en Chile, sino en el mundo".

Aunque diversas organizaciones ciudadanas han condenado la incorporación de Chile a dicho Consejo, pensamos que ella resulta valorable desde la perspectiva de derechos humanos. Ella debe asumirse, a nuestro entender, más que como un reconocimiento de los avances del Estado chileno en esta materia –que por cierto han existido luego de haber trascurrido casi dos décadas desde el término de la dictadura -, como una oportunidad para asumir los numerosos y graves déficits que el país mantiene en este ámbito.

En efecto, como las autoridades de gobierno no pueden desconocer, las limitaciones de Chile en el campo de los derechos humanos son numerosas. Ellas tienen que ver tanto con la institucionalidad del Estado, como con las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la Concertación. Tales limitaciones han sido representadas no solo por las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos del país, sino también por diversos órganos de las propias Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el plano institucional Chile no cuenta hasta la fecha con una institución nacional de derechos humanos, o un Defensor del Pueblo u Ombudsman que vele por la protección de los derechos de los ciudadanos. Más grave aún, el sistema electoral binominal no garantiza que los individuos tengan una adecuada representación parlamentaria en el ejercicio de sus derechos de participación política. Por otro lado, persiste la jurisdicción de los tribunales militares para procesar a civiles por cuestiones civiles. Además, los pueblos indígenas y sus derechos no han sido hasta la fecha reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Se trata de problemas que han sido representados al Estado de Chile por órganos de tratados de que es parte, como el Comité de Derechos Humanos en su informe sobre el cumplimiento por Chile del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (2007). La persistencia de la jurisdicción militar sobre civiles también ha sido representada, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que en el 2005 ordenó al Estado de Chile modificar su legislación interna para poner término a esta situación, sin que hasta la fecha tal modificación legislativa se haya materializado.

Siempre en el plano institucional, nuestro país no cuenta con una legislación que garantice adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales de la población, tal como constatara el Comité de la ONU para estos derechos en su informe sobre Chile el 2004. Ello en particular en materia laboral, donde el Código del Trabajo no asegura adecuadamente los derechos sindicales al prever la posibilidad de sustituir a los trabajadores en huelga; y en materia de previsión, en que el régimen de pensiones privado, basado en cotizaciones individuales, no garantiza una seguridad social adecuada a un gran sector de la población. Todo ello, sumado a las prácticas prevalecientes en el mercado de trabajo, determina una situación de grave precariedad en materia de derechos sociales en el país.

En el mismo plano, Chile no ha ratificado aún una serie de tratados internacionales de derechos humanos, como el que establece la Corte Penal Internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

En cuanto a las políticas públicas, posiblemente los mayores obstáculos para la vigencia efectiva de los derechos humanos son los que dicen relación con la persistencia de políticas que resultan discriminatorias en contra de sectores de la población en razón de su especificidad de género, edad o particularidades étnico-culturales.

En materia de género, y como reconociera la propia Presidenta Bachelet en su reciente mensaje, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación salarial, al obtener remuneraciones claramente inferiores a las de los hombres por el desempeño de las mismas funciones que los primeros.

Los derechos de los niños, de acuerdo al Comité de Derechos de Niño de Naciones Unidas (2007), no se encuentran suficientemente garantizados por el Estado chileno, constatándose la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de agentes policiales en su contra.

Los pueblos indígenas, como lo hemos señalado como Observatorio en reiteradas ocasiones, han sido también objeto de políticas abiertamente discriminatorias por parte del Estado. Entre ellas las más graves dicen relación con la aplicación de legislación antiterrorista para perseguir a integrantes del pueblo mapuche por actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras, aquellas relacionadas con los malos tratos en su contra por parte de las fuerzas del orden, principalmente al momento de efectuar la detención, las derivadas de la lentitud de las políticas de demarcación de las tierras indígenas y la persistencia de la desprotección de las mismas, las que continúan en peligro debido a la expansión forestal y de megaproyectos de infraestructura y energía.

Un país que no protege y respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus habitantes a nivel doméstico, carece de autoridad moral para supervigilar el respeto de tales derechos a nivel internacional.

Por lo mismo, instamos al gobierno a asumir como desafío fundamental de su integración al Consejo de Derechos Humanos, el reconocimiento de las limitaciones del marco institucional y de su política pública en la materia. Consistentemente con ello, el gobierno debería otorgar máxima prioridad al trabajo -en forma conjunta con la ciudadanía- destinado a asegurar la protección y la vigencia efectiva de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos y todas quienes habitamos en este país.

De conformidad con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Chile será objeto de un examen general de la situación de derechos humanos en el país el próximo año. Tal vez sea esta la oportunidad que tendrán las autoridades para demostrar su compromiso con estos derechos y asumir los desafíos pendientes en esta materia.

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*José Aylwin y Nancy Yáñez son co-directores del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las contradicciones de la elite

2008-05-28T00:58:00.002-06:00

Por Cristina Moyano*

El discurso presidencial de este 21 de mayo ha generado una seguidilla de reacciones al interior de la clase política chilena y en algunas organizaciones sociales en particular. Si bien esto es parte del debate político democrático, razón por la cual no debería suscitar ni extrañeza ni preocupación, lo especialmente atractivo de esta nueva cuenta presidencial y sus reacciones han sido los esbozos cada vez más claros de una crisis al interior del conglomerado de gobierno, que ya no sólo puede leerse como el enfrentamiento entre las dos almas de la Concertación, sino que como una crisis interna de la propia elite política del oficialismo.

Hay en el oficialismo una pérdida en las confianzas históricas que la habían fundamentado y que era el principal soporte subjetivo que sustentó la posibilidad histórica de re-fundar un nuevo pacto político de largo plazo. No hay que olvidar que la configuración histórica de la Concertación de Partidos por la Democracia obedeció a una coyuntura política que se extendió por 17 años y que permitió conjugar historias personales, trayectorias políticas y subjetividades experenciadas en el exilio, la clandestinidad o el sumergimiento público de la actividad política.

Sobre la base de una experiencia de “desalojo”, de represión, de oscurecimiento y de deterioro hegemónico de la validación de la actividad política, los actores políticos que se hicieron al mundo durante estos años de hierro, fueron construyendo una percepción que fue la base para la constitución de una práctica, que releída a la luz de las culturas políticas partidarias, fortaleció el consenso y la negociación para recomponer el orden y recuperar la democracia.

En esa experiencia marcadora se articuló la elite política que condujo la transición a la democracia. En exilio y clandestinidad, con numerosos conflictos internos debido a la variedad de experiencias derivadas de estos dos espacios-entornos, se sistematizó intelectualmente una lectura política que condujo, con muchos conflictos por cierto, a la idea de que la sociedad chilena necesitaba de un pacto refundacional que no podía provenir de las bases sociales, destruidas y re-fundadas por un capitalismo individualista y autoritario, que había conseguido devaluar profundamente el magnífico capital social de los sectores populares y medios, sino que debía provenir de las elites políticas.

Estos elementos propios de la subjetividad política le dieron un fundamento que excedió a la propuesta programática y que sirvió de base para construir un camino de salida a la dictadura y durante tres gobiernos consecutivos mostró una coherencia ordenada, aunque cada vez menos profunda, de un proyecto político de transformación social, cultural y política de nuestro país.

Estas elites políticas articularon un espacio de recreación en función de sus experiencias cotidianas vivenciadas en el pasado, y que se seguían fortaleciendo en un presente particular. Se combinaron de manera conflictiva con quienes habiendo permanecido en el interior del país habían conseguido, con un saldo escasamente positivo, mantener activas las máquinas partidarias, con costos humanos más que significativos. La pugna de estas dos experiencias prontamente reflotaría y, como consecuencia de ello, numerosos dirigentes sociales y políticos serían expulsados de los puestos de poder político gubernamental y parlamentario, evidenciando la conflictiva relación entre estas dos subjetividades.

La crisis que se mantuvo un tanto subterránea y que obedecía a la necesidad de reproducción de la propia elite concertacionista, se evidenció abiertamente en la última elección presidencial. Numerosos analistas políticos, cientistas sociales y periodistas hablaron de un recambio en las elites políticas de la Concertación, sin detallar mayores fundamentos que la propia imagen que retrataba la figura de la entonces candidata y actual Presidenta de la República. Había allí una primera detección pública y verbalizada de un conflicto más que ideológico, de reproducción interna y recambio generacional que estaba viviendo el conglomerado oficialista.

En países como España o México, un sinnúmero de estudios provenientes de la ciencia política, la antropología y la sociología han retratado estos recambios y reproducción de las elites políticas en conglomerados que han permanecido, por mucho tiempo, en el poder y que tienen manifestaciones muy similares al fenómeno que está viviendo nuestro país.

Lo interesante del discurso del último 21 de mayo y sus reacciones, es que puede leerse como una expresión más de este proceso de recambio de las elites concertacionistas. En efecto, cuando el diputado Saffirio, la senadora Alvear y otros miembros de la DC e incluso dirigentes del propio Partido Socialista, reclaman la no mención a la eliminación del 7% de la cotización en salud para los pensionados, enfatizando que el problema central recae en el gran poder que detenta el ministro de Hacienda en la conducción de las políticas públicas, calificándolo como un “tecnócrata”, se está demostrando el no reconocimiento entre sus pares, el no pertenecer a esa elite política fundadora de este conglomerado político que se resiste, precisamente, a una renovación de sus propios miembros y que ha manifestado conflictos de permeabilidad en estos 18 años.

El retorno de “viejos” exponentes de la elite como José Antonio Viera Gallo, Pérez Yoma o el mismo J. Gabriel Valdés (a cargo de la imagen país) demuestra esta necesidad de recurrir al viejo espíritu fundacional de la Concertación, basado más en una experiencia subjetiva que en un proyecto ideológico y programático que le diera extensión y proyección en el tiempo, para mantener una cohesión amenazada con el ingreso poco reconocido de nuevos cuadros dirigentes.

La promesa de recambio falló porque un recambio debe ser validado por sus propios miembros y fortalecido a través de prácticas políticas reconocidas por los actores. Claro que el problema es más de fondo aún, ya que el espíritu de la Concertación, la construcción de su mística y proyecto fundacional está encarnado en la trayectoria de actores con nombre y apellido, quienes no han logrado reconstruir un nuevo discurso refundacional agobiados por la vertiginosa labor de administrar el Estado. En ese contexto, las disputas internas no sólo son espejo de una disputa aparentemente ideológica y que se expresaría en dos almas contrapuestas, sino que sus claves estarían también en el difícil proceso de reproducción y renovación de la elite política que la configura en su seno.

En este escenario ¿qué cabe esperar? Un tiempo no muy lejano tendrá la palabra.

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*Cristina Moyano Barahona es Doctora en Historia y Académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Whereas…

2008-05-27T13:26:00.002-06:00

Por Luis Casado*

Cuando el imperio se acuerda que tiene un corazoncito, o más prosaicamente, cuando ve que el cagazo que viene puede atentar contra su seguridad interna, se produce un derrame de buenas intenciones que puede hasta incluir una peli de Hollywood tan llena de buenas intenciones que se te caen las lágrimas.

Algo así como “Charlie Wilson's War”, que relata la guerra de Afganistán contra los soviéticos vista desde la cama de un senador algo dedicado a las minas, -sobretodo a las cristianas integristas pero amantes de un buen polvo-, y a los buenos polvos, de preferencia blancos, no sé si me explico.

El resultado ya lo conoces: después de echar a los popoffs, los afganos pasan lo esencial de su tiempo produciendo heroína y matando yanquis de dos maneras: con balas… y con droga.

El 27 de septiembre del año 2005, la primera sesión del 109° Congreso de los EE.UU. vio llegar una proposición de Resolución, la H.RES.461, presentada por Mr. Smith, representante de New Jersey, en su propio nombre y en el de los honorables Mr. Payne, Mr. Royce, Mr. Flake, y Mr. Meeks de New York, resolución que fue sometida al Comité de Relaciones Internacionales.

Lo sabroso son los “Atendido” o “Visto”, ¡atento el personal!:

”RESOLUCIÓN

Con el fin de promover la aceleración de la eliminación de los subsidios agrícolas en los países industrializados para aliviar la pobreza y estimular el crecimiento, la salud y la estabilidad en la economía de los países africanos.

Visto que los países industrializados, como los Estados Unidos y los países de la Unión Europea, gastan mil millones de dólares diarios en subsidios agrícolas, aproximadamente seis veces más que el monto oficial de la ayuda destinada a los países en vías de desarrollo;

Visto que los subsidios agrícolas que distorsionan el comercio han estimulado históricamente la sobreproducción en los países industrializados, aplastando las economías agrícolas y disuadiendo las inversiones agrícolas en los países en vías de desarrollo;

Visto que más del 70% de los africanos dependen del sector agrícola para lo esencial de su sustento;

Visto que el hundimiento de la agricultura en los países africanos y otros países en desarrollo frustra los esfuerzos globales para reducir la pobreza, contribuye al desarrollo de enfermedades, incluyendo la pandemia de HIV/SIDA, y al aumento de la inestabilidad que amenaza la seguridad de los Estados Unidos;

Visto que de acuerdo a un informe de Oxfam Internacional, gracias a los subsidios la parte de los Estados Unidos en el mercado del algodón creció en un 37%, haciendo de los EE.UU. el líder en materia de exportaciones a pesar de que el precio del algodón cayó por debajo de los costes de producción en los EEUU.

Visto que más de 10 millones de personas, solo en África Occidental y Central, dependen directamente de la producción de algodón para su subsistencia, al exportar un 90% del algodón que producen;

Visto que de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Asuntos Económicos de Gran Bretaña los subsidios agrícolas de la Unión Europea han reducido las exportaciones africanas de leche y derivados en más del 90%, de ganado en cerca de un 70%, de carne en casi 60%, de productos agrícolas (cereales excluidos) en un 50%, y de cereales en más de un 40%;

Visto que en Japón una vaca lechera produce en promedio U$ 7,50 de subsidios diarios, mientras que 75% de los africanos vive con menos de U$ 2 por día;

Visto que a través de los Programas de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial los países subdesarrollados fueron obligados a terminar con sus propios subsidios agrícolas de manera expedita, a pesar de que los países desarrollados son reacios a eliminar los suyos;

Visto que los países desarrollados acordaron negociar el fin multilateral de los subsidios agrícolas a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con una fecha objetivo fijada al 1 de enero del 2005 pero que esta fecha no fue respetada;

Visto que el Grupo de los 8 países desarrollados (G-8), reunido del 6 al 8 de julio del 2005 en Gleneagles, Escocia, emitió una declaración que vuelve a comprometer a sus miembros “a la eliminación de toda forma de subsidios a la exportación”;

Visto que los estados miembros del G-8 también acordaron en la reunión de Gleneagles obrar para la exitosa conclusión de la Agenda de Doha de la OMC que incluye la armonización de las reglas del comercio internacional;

Visto que la mayoría de los países menos desarrollados (PMD) son países africanos, incluyendo a 25 de los 30 PMD de la OMC;

Visto que la economía de África constituye actualmente solo dos por ciento del comercio mundial, en parte como resultado de las políticas de los países desarrollados que distorsionan el comercio;

Visto que el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimenticias advirtió en su informe sobre el hambre “Pan para el Mundo” del año 2003 que la liberalización del comercio de productos agrícolas en todos los países industrializados llevaría a un incremento del 45% en el comercio neto de África sub-Sahariana, así como a un aumento del 5,1 % del ingreso anual de las granjas y agro-industrias en África sub Sahariana, excluyendo África del sur;

Visto que el Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimenticias estima que en África cada dólar de ingreso agrícola produce U$ 1,42 de aumento adicional en el PNB;

Visto que, a pesar de la más alta tasa de crecimiento en ocho años, con un 5% el año pasado, la mayor parte de los países africanos necesitan una rápida adecuación de sus capacidades comerciales para hacerle frente a la apertura de sus mercados según las reglas de la OMC;

Y

Visto que el Presidente George W. Bush hablando frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2005 dijo que los Estados Unidos están preparados para eliminar todos los subsidios, derechos de importación y otros obstáculos al libre flujo de mercancías y servicios entre los Estados Unidos y las naciones más pobres: Ahora, se Resuelve…”

Ahí vienen cuatro medidas al peo que debiesen contribuir a resolver los problemas enumerados más arriba. ¿Resultado casi tres años más tarde?

Simple: Los EE.UU. acaban de programar, para los cinco años a venir, los subsidios más caros de la historia del imperio. Nunca los Estados Unidos y la Unión Europea habían gastado tanta plata en subsidios agrícolas como en este momento. A la OMC le pueden dar por el saco, y después de todo… ¿a quién coños le preocupa la OMC?

Y después no me vengan a decir que uno es antiyanqui. Na’ que ver. Lo que me rompe las bolas son los hilotas nacionales que firman acuerditos en plan TLC con la esperanza de salir en la foto comiéndose una hamburguesa.

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* Luis Casado es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI, Paris, Francia), profesor del Institut National de Télécommunications (INT) y miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.

Libertad sindical y afiliación obligatoria

2008-05-26T22:30:00.000-06:00

Por Ricardo Manzi*

Últimamente se han publicado en la prensa diversas noticias que refieren el posible patrocinio del Gobierno a un proyecto originado en un grupo de diputados y cuya finalidad era la de aprobar una ley que estableciera la afiliación sindical automática y obligatoria para todos los trabajadores que ingresaren a una empresa. La finalidad evidente y declarada de un intento normativo en esa línea apunta a fortalecer la sindicalización, que a juicio de los autores de la moción, resulta aún baja en nuestro país, no obstante su incremento en los últimos años producto de diversas iniciativas legales impulsadas por los gobiernos de la Concertación, entre otros, por la introducción del denominado “canon de negociación colectiva.”

Esta moción parlamentaria, contaría ahora con el apoyo del Ministro del Trabajo y Previsión Social, quién ha manifestando su concordancia con esa iniciativa e indicado que el ejecutivo le prestaría apoyo.

Recientemente, se han formulado nuevas opiniones orientadas en esa dirección por parlamentarios socialistas, las que parecen contar, al menos, con el acuerdo del Ministro del Trabajo y la CUT.

Pues bien, sin estar en desacuerdo con el fortalecimiento de los sindicatos y robustecimiento de los cuerpos intermedios en general, respecto de un proyecto en esa línea parece oportuno hacer algunas precisiones sobre los criterios y principios que subvierte y los riesgos que su implementación trae aparejados.

La Constitución Política en su Capítulo III “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, artículo 19, numeral 19º establece el derecho a sindicación de conformidad a la ley. La misma disposición establece que, “la afiliación sindical será siempre voluntaria.”

De esas escuetas disposiciones de nuestra Constitución y de las correspondientes del Código del Trabajo, se puede concluir que en términos generales nuestra legislación se ajusta a los criterios indiscutidos de libertad sindical tanto positiva como negativa que hoy imperan en las naciones democráticas y que se alinean con los convenios vigentes de la Organización Internacional del Trabajo – OIT -.

La referencia a la ley, se entiende hecha al Código el Trabajo, el cual en sus artículos 212 y siguientes establece el derecho a constituir organizaciones, sin autorización previa, es decir, sin condicionar el nacimiento del derecho a una autorización, visación o aprobación de algún agente de la administración o de cualquier otro orden. Por su parte la Constitución hace referencia a la llamada “libertad sindical negativa” al referirse a que la afiliación será siempre voluntaria, libertad que en su aspecto negativo, no es otra cosa que el derecho de todo trabajador a no afiliarse a sindicato alguno y a no ser presionado de ningún modo ni por persona alguna para hacerlo. Así mismo comprende, el derecho a desafiliarse si se encontrare afiliado a alguna orgánica sindical. Dicho de otro modo, nadie puede ser obligado a sindicarse ni a permanecer obligatoriamente en una organización sindical.

La referencia que hace nuestra constitución a la voluntariedad del acto de afiliación sindical no es baladí y tiene como explicación jurídica y política su surgimiento en un contexto de evidente desconfianza hacia prácticas existentes en el pasado que limitaban seriamente ésta y otras libertades, ya no sólo en los países de los llamados “socialismos reales”, sino que también en las autocracias occidentales y aún en regímenes democráticos auténticos.

Conocidos son los casos de los denominados “sindicatos verticales” cuya dirección y control quedaba entregada a autoridades administrativas o a directivos carentes de independencia, como fue el caso de la España franquista o el peronismo argentino, que más que defender intereses gremiales auténticos, servían como formas de control social, como agencias de negocios de muchos dirigentes y plataformas políticas para el desarrollo de las carreras políticas de algunos de sus directivos.

En todo caso, la indicada iniciativa si llegare a concretarse, tendría que someterse a un celoso escrutinio público, puesto que el establecimiento de una afiliación automática, forzosa u obligatoria significaría la revisión de diversas normas tanto constitucionales como legales, a saber:

• el carácter voluntario de la afiliación sindical, con lo cual desaparecería la libertad sindical negativa o quedaría limitada o restringida, requiriendo de su titular acciones expresas a favor de su recuperación y ejercicio, en tanto que hoy, ese derecho se le reconoce sin limitación alguna;
• si se establece la afiliación sindical obligatoria, ello podría traer aparejado la exigencia de otros grupos intermedios para que a tu turno, se establezca a su respecto, una disposición del todo semejante, puesto que el numeral 15º del artículo 19 de la Carta Fundamental, establece el derecho de asociarse sin permiso previo. En efecto, tal derecho establece en la actualidad la voluntariedad de la afiliación asociativa y la prohibición del asociacionismo obligatorio o forzoso. Así las cosas, no habría motivo que autorizara proceder de modo diferente respecto de los diversos cuerpos intermedios que interactúan en la sociedad. En este caso, el ejercicio de la libertad de asociación negativa, requeriría de actos expresos por parte de su titular, en tanto que hoy, al igual que en materia sindical, le es reconocida sin limitación alguna.
• Nos surge la duda, si siguiendo esa línea de conducta estará igualmente dispuesta la autoridad a impulsar una afiliación obligatoria respecto de los colegios profesionales o respecto de asociaciones gremiales u otras entidades de semejante carácter.

Los avances en la doctrina jurídica, en materia legislativa y en las prácticas laborales han ido eliminando o restringiendo las denominadas “cláusulas de aseguramiento sindical” que existieron sólo en forma limitada en nuestro país y de las cuales el Código del Trabajo, sólo reconoce el canon de negociación colectiva, en concordancia con lo aceptado en la legislación comparada.

¿Qué ventajas podría reportar a la sociedad chilena y sus instituciones contar con un sistema de adscripción sindical obligatorio o forzoso en desmedro de la libertad asociativa?

No visualizamos esas ventajas a primera vista; antes al contrario, creemos que más bien nos encontraríamos con algunos riesgos para la libertad sindical no menores, a saber:

a) la tentación de establecer una afiliación obligatoria sin restricciones, a favor de grandes conglomerados sindicales, probablemente los más politizados, que como consecuencia de lo mismo, se orientarían a favorecer las carreras políticas de sus dirigentes;
b) el riego de postergación de los intereses auténticamente gremiales, en beneficio de otros, que si bien legítimos, no necesariamente serán concordantes con las finalidades de estas organizaciones;
c) que, para lo anterior, sería necesario derogar la norma constitucional sobre la afiliación voluntaria y la tentación de entregar la regulación de esta libertad a una simple norma de rango legal o a la contratación colectiva, de modo, de facilitar la introducción de otras modalidades de aseguramiento sindical, tales como, los denominados “Closed Shop” por los cuales las empresas se obligan a contratar solo a los trabajadores afiliados a esas organizaciones o a algunas de sus variantes, como los “Union Shop”, “Percentage Shop” u otras categorías, que a la luz de las normas sobre libertad sindical, resultan no solo contrarias a nuestro sistema y a la doctrina internacional generalmente aceptada, si no que, contrarias a los valores de la libertad personal. Es más, algunas de ellas resultan hoy por hoy y de acuerdo a nuestra legislación prácticas antisindicales, como sería el caso de aquel trabajador que determina alejarse de su sindicato, lo que le trae aparejado como consecuencia, su despido (Maintenance of membership) o, una abierta discriminación que le impida desarrollarse en la compañía de conformidad a sus reales capacidades;
d) como se indicó, las limitaciones a la libertad sindical ya no sólo podrían tener efectos mientras se detenta un empleo o función, sino que también podrían producirse en el acceso al empleo. En efecto, a través de estos mecanismos u otros cuyo espectro se abre con ocasión de limitar la libertad sindical negativa, surgen naturalmente las limitaciones o discriminaciones en acceso al trabajo, tales como no contratar a quién no se encuentre afiliado a una determinada organización. De hecho, las limitaciones o discriminaciones tanto favorables o desfavorables al empleo debieran estar siempre prohibidas.

Como puede apreciarse, por esta vía podría no sólo afectarse la libertad sindical, sino que también, la igualdad ante la ley, en lo relativo a la igualdad de oportunidades y la libertad de trabajo y su protección (Art. 19 No. 16 CPE).

En relación con esta incipiente discusión y en forma coincidente, se ha hablado por la autoridad laboral de derogar o restringir aquellos aspectos que limitan la politización de la acción sindical establecidos en el N° 18 del citado artículo 19 de la Constitución, de modo que éstos, no puedan coetáneamente ser dirigentes sindicales y detentar la representación política, con lo cual los intereses gremiales podrían quedar indefectiblemente postergados o preteridos.

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*Ricardo Manzi Jones es abogado

¿Ley de monumentos o de patrimonio?

2008-05-26T13:04:00.002-06:00

Por Luis Alegría*

La discusión que se ha venido dando en el último tiempo desde diversas editoriales y cartas a los periódicos sobre la protección del patrimonio nacional, cuyo día se conmemoró ayer en todo el país, nos lleva a constatar una serie de situaciones lamentables. Entre estas se cuenta la confusión en el uso de los conceptos de patrimonio y monumento.

Patrimonio y monumentos no son lo mismo. Esto genera consecuencias no menores, si se piensa que a la hora de hablar de una legislación de Protección del Patrimonio, incentivos tributarios, o incluso de una institucionalidad patrimonial, esta se centre en la modificación a la actual Ley de Monumentos Nacionales (17.288), y eventualmente en la creación del Instituto del Patrimonio. Existe cierto consenso sobre la necesidad de adaptar las antiguas normas a los nuevos tiempos.

Poco se habla de los vacíos que la legislación ha evidenciado durante mucho tiempo. Y, según parece, seguirá manteniendo con unas instituciones que dentro del esquema de la protección y defensa del patrimonio juegan un rol capital: los museos.

Se puede constatar entonces, que reducido el patrimonio sólo a propiedades o bienes raíces, se genere una discusión, que por cierto no deja de ser importante, entre Estado y privados. Pero en un esquema de bipolaridad, que por un lado, margina a la sociedad civil y las organizaciones que la representan. Y por otro, la discusión de lo patrimonial a la luz pública se reduce, como lo hemos señalado, a la exclusiva protección de los monumentos (léase bienes inmuebles), tema que desde el ámbito académico está superado, pero que en el imaginario colectivo sigue siendo predominante.

Vemos con preocupación también que una discusión sobre el rol de los museos en el marco de la protección del patrimonio, queda excluida del debate nacional. Los museos siguen siendo representados como espacios estáticos, sin mayor vinculación con la realidad, básicamente como objeto de posibles robos y problemas de conservación.

Por ello, urge una discusión de la problemática patrimonial más amplia, que incluya como una necesidad de protección del patrimonio: la regulación, fomento y sostenibilidad de los museos del país, es decir la generación de una política cultural para los museos. Tema que fue central en las X Jornadas Museológicas que se desarrollaron en el Museo R.P. Gustavo le Paige, y en el Centro Cultural de España durante mayo, cuyas conclusiones se darán a conocer en los próximos días.

Abogamos por una norma jurídica para los Museos de Chile, y también por la creación de un fondo de financiamiento público, o público/privado o privado para el desarrollo de los museos, en el marco de mejorar sus estándares de funcionamiento. Si en el marco de FONDART existen fondos específicos, para áreas claves del desarrollo cultural del país, como un Fondo Audiovisual, otro de la Música, otro del Libro, ¿por qué no puede existir un Fondo de financiamiento del patrimonio y dentro de este una línea de financiamiento para los museos de Chile?

Este sin duda, puede ser uno de los anuncios más importantes que se pueden hacer este 2008, el Año Iberoamericano de Museos, y porque no, puede ser un gran regalo para todo el país en el marco del Bicentenario.

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*Luis Alegría Licuime es docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Esto no puede continuar

2008-05-26T08:22:00.001-06:00

Por Manuel Riesco*

CENDA ha presentado recientemente en un seminario de Naciones Unidas un análisis de los resultados financieros de la industria minera en Chile, basados en sus propios balances. Sus conclusiones deberían ser materia de preocupación. Muestran que en solo dos años, 2005 y 2006, las mineras privadas - que controlan el 70% de la producción de cobre - reconocen haber obtenido ganancias que superan a todas las inversiones extranjeras en minería a lo largo de tres décadas, y se estima que el 2007 ganarán otro tanto.

Se comprueban que los subproductos pagan todos los costos. Toda la venta de cobre se traduce en ganancias. Comparados los resultados de las privadas con los de CODELCO, esta última obtiene mayores ganancias por tonelada producida que las primeras.

Adicionalmente, obtiene mucho más ingresos por subproductos por tonelada de cobre que los que reconocen aquellas. Finalmente, el estudio estima la renta de los minerales que está siendo retirada en exceso por parte de las privadas, concluyendo que la misma permitiría duplicar el gasto en pensiones, educación y salud, todos juntos. Estos resultados ameritan una explicación al país.

Las cifras son bastante impactantes. De partida, la investigación muestra que el 2007 BHP Billiton superó a CODELCO como la principal productora de cobre en el país -ambas representan un 30% del total, incluyendo su parte de El Abra en el caso de CODELCO-, mientras que junto a las dos que le siguen, Anglo-American (13%) y Antofagasta, perteneciente a Luksic (8%), las tres mayores superan el 50% del total, y las diez mayores el 70% del cobre producido en Chile.

Las mineras privadas reconocen haber obtenido utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que se conocen como EBITDA por sus iniciales en inglés, y constituyen la medida más adecuada de las reales ganancias en industrias que, como ésta, abusan del endeudamiento y la depreciación acelerada por US$9.078,29 millones el 2005 y US$18.990,52 millones el 2007. Escondida recibió aproximadamente un tercio de las mismas. Eso significa que solo en esos dos años, las ganancias de las mineras privadas superan con creces el total de la inversión extranjera en minería desde 1974 al 2006, que no alcanza los US$20 mil millones, la mayor parte de los cuales fueron invertidos en años recientes y por añadidura ya fueron recuperados con creces con anterioridad al 2005. Se estima que el 2007 (los balances de las privadas deberían estar siendo publicados en estos días) dichas utilidades superarán ampliamente las del 2006.

Las cifras de la industria confirman las extraordinarias condiciones de la minería en Chile. CODELCO obtuvo el 2006 ganancias (EBITDA) de US$6.481 por tonelada producida. Sin embargo, ese año el precio del cobre alcanzó un promedio de US$6.731 por tonelada. Eso significa que logró el milagro de llevar a ganancias el precio íntegro del cobre. ¿Cómo se explica esta alquimia? CODELCO obtuvo US$1.969 por sub productos contenidos en cada tonelada del cobre extraído. En otras palabras, producir cobre en Chile sale gratis, puesto que los subproductos pagan los costos totales. Eso demuestra que las mineras que operan en Chile se embolsan como ganancias todo el cobre que venden.

Sin embargo, CENDA descubre serias inconsistencias en la información publicada por las privadas. El 2006 las ganancias de CODELCO (EBITDA) fueron superiores a las que declaran las privadas en US$1.400 dólares por tonelada producida, lo que equivale al 25% más de lo que declaran estas últimas. El 2005 dicha diferencia a favor de la estatal alcanzó ¡al 42%! Por otra parte, Escondida, que es la única privada que publica resultados detallados, declara haber recibido por sub productos sólo US$122 por tonelada de cobre producido, lo cual significa que CODELCO habría recibido ese año 16 veces más que la privada por este concepto. El 2005, los ingresos por subproductos de la estatal superan los declarados por Escondida ¡en 20 veces!

Las mineras privadas deben una explicación al país por las cifras sobre las cuales tributan puesto que ellas parecen muy difíciles de creer. Es evidente a simple vista que los minerales de CODELCO, además de ser mucho más antiguos y tener leyes muy inferiores, presentan costos de explotación mucho mayores, los que se suman a los elevados gastos generales de la estatal. Por otra parte, parece imposible que los subproductos contenidos en los minerales de CODELCO presenten diferencias tan abultadas con los que explotan las privadas.

Finalmente, el estudio de CENDA estima la renta de los minerales -que pertenecen todos al Estado de Chile según la Constitución- de la cual se están apropiando las mineras privadas de forma excesiva. Para ello supone que éstas deben contribuir al Estado lo mismo que CODELCO, en proporción a las producciones respectivas. Este criterio parece de toda justicia y resulta muy generoso para las primeras en razón de sus menores costos. De aplicarse, las privadas deberían haber tributado el 2007 US$13.722 millones, por encima de los US$6.201 mil millones que tributaron ese año, incluyendo 700 millones del "royalty 2". El 2006 deberían haber contribuido una cifra adicional similar.

Comparado con el gasto público social, la renta apropiada de forma excesiva por las mineras privadas alcanza para duplicar el gasto anual en pensiones, educación y salud, todos juntos. Esto no puede continuar.

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Manuel Riesco es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) .

Elena Varela y las graves violaciones al trabajo documental

2008-05-23T13:10:00.002-06:00

Por Francisco Gedda*

Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de “asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia”.

Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado “Newen Mapuche” con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual.

Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, -en los hechos-, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el cónsul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.

Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental “Newen Mapu” Che fueron incautados por la Policía de Investigaciones. Más grave aún, se incautaron cintas pertenecientes a "Sueños del Comandante", otro proyecto documental cuya etapa de investigación y guión es respaldada y financiada con un Fondo Corfo. Contenían estas cintas testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume.

No hay razón alguna para que los documentales "Newen Mapu Che" y "Sueños del Comandante" sean vínculados a los "supuestos" delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación de la libertad de expresión, del derecho de autor y del secreto profesional que ampara a las fuentes de un reportaje periodístico. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del Estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental. Se atenta incluso, en el caso de las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica, para convertirlo burdamente en instrumento de inteligencia policial. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas de los reportajes y documentales audiovisuales.

Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el Estado.

Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad provisional mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental “Newen Mapu Che”, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y violados en su privacidad por terceros.

Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciones políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura.

Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.

En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.

Llamo a todos aquellos que aprecian los derechos ciudadanos fundamentales y los colegas periodistas y documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.

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Francisco Gedda es académico de la Universidad de Chile, director Serie Frutos del País.

Chile y el Consejo de Derechos Humanos

2008-05-23T04:25:00.003-06:00

Por Leonardo Aravena

Este 21 de mayo, pocos momentos después que la Presidenta terminara su discurso de cuenta anual al Congreso Nacional destacando los logros del Gobierno que preside, se ha anunciado que Chile ha sido electo por la Asamblea General de las Naciones Unidas para integrar, junto a Brasil y Argentina en representación de la región, el “Consejo de Derechos Humanos” formado por 47 miembros del organismo internacional.

La noticia, que debería ser motivo de orgullo para los chilenos, está lejos de serlo, constituyendo un error más en la lucha por la defensa de los DD.HH. en Ginebra, donde al establecerse el referido “Consejo” en 2006, se pretendió mejorar las prácticas que durante más de 60 años llevaron a que la anterior “Comisión de Derechos Humanos” se constituyera en un órgano inoperante, al que llegaban países cuyos gobiernos mantenían negativas prácticas y muchos de los peores violadores en el concierto de las naciones.

Parece evidente que la situación no ha cambiado y, por lo visto, no llegan al “Consejo” los mejores ni los más destacados en la defensa constante del respeto del hombre por el hombre. Pakistán, Gabón, Ghana, Zambia, Japón, Brasil y el Reino Unido, entre otros, merecen serias objeciones y nuestro país, lamentablemente no exhibe títulos que lo hagan merecedor a ocupar el lugar para el que ha sido electo, sin que podamos sentir satisfacción por el resultado, al punto que la Presidenta en su alocución al Congreso, no obstante referirse a la reciente ratificación de un tratado, ignoró que existen otros cinco o seis no ratificados ni en vías de serlo, insistiendo sólo en la necesidad de ratificar el “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional de 1998, trámite detenido desde octubre de 2005. Muy poco en el discurso y en los hechos, casi nada, en materia de tan alto interés.

El Gobierno parece conformarse con llegar a la ONU, frustrando las esperanzas de muchos que esperamos reformas urgentes e indispensables a normas contrarias a la igualdad ante la ley, como es el caso de la justicia militar discriminatoria. No se aprovechó la mayoría parlamentaria de que se dispuso en la primera mitad del período presidencial para avanzar en la derogación o promulgación de leyes que no requerían de quórum calificado y no se ha demostrado verdadera intención de buscar acuerdos para poner al país en situación de poder afirmar que Chile respeta los DD. HH. Por el contrario, no se han cumplido las promesas de la visita presidencial al organismo internacional, entre ellas, no se ha ratificado la mayor parte de los tratados pendientes ni se ha avanzado en la solución del problema Mapuche, no existiendo conciencia de que exista verdadera preocupación por los DD.HH en el país, además de no manifestarse voluntad firme de denuncia y castigo a los violadores.

La elección de Chile al “Consejo”, integrado por varios países que ejecutan a sus ciudadanos o los mantienen presos por el delito de no pensar de acuerdo al sistema imperante, no puede llamar a engaño en cuanto lo real es que, tanto en el plano nacional como en el internacional, los chilenos no estamos bien posicionados en la tarea de recuperar el prestigio que alguna vez tuvo el país, pareciendo ahora más interesados en ocupar asientos diplomáticos que no merecemos y que no significan avances ni progreso en el respeto de los Derechos Humanos.

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*Leonardo Aravena es profesor de Derecho, Universidad Central.

Crecimiento planificado: por un Santiago más amable

2008-05-22T01:00:00.001-06:00

Por Carlos Estévez*

La SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo ha iniciado la actualización del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Previo al trámite establecido por la legislación vigente, se ha presentado una propuesta a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional Metropolitano (CORE) la que a su vez se ha hecho pública en la página web: www.seremi13minvu.cl .
Como podrán ver quienes visiten nuestra página web, la actualización del PRMS busca responder a las necesidades de desarrollo urbano al año 2030, las cuales se ordenan en tres grandes ámbitos. El primero, denominado Crecimiento Urbano establece las bases normativas para que Santiago crezca de forma eficiente y sustentable. El segundo denominado Ciudad Consolidada, busca mejorar la infraestructura y el equipamiento en la ciudad actual, mientras que el tercero, Área Excluida al Desarrollo Urbano, delimita los territorios que por valor ambiental o riesgos, deberán mantener su carácter rural.
Conforme a lo concordado con el CORE, decidimos iniciar la discusión en el primer ámbito: Crecimiento Urbano, el cual persigue cinco objetivos: aumentar el stock de áreas verdes, actualizar la red vial estructurante, ubicar viviendas sociales más cercanas, resolver carencias de suelo e incentivar la revitalización urbana. La propuesta ha generado discusión y polémica. Si bien esto es natural y deseable en un régimen democrático, también es necesario que el debate se base en aspectos reales del Plan y no en ilusiones o prejuicios. Con este objetivo, quisiera enfatizar tres aspectos centrales de nuestra propuesta.
Crecimiento Equilibrado: el crecimiento urbano se plantea tanto en la periferia como al interior de la ciudad, ya que ambas modalidades concurren actualmente. Por ello, junto con regular el crecimiento hacia fuera, hemos definido medidas para reconvertir suelos industriales, consolidar subcentros e incentivar la recuperación de zonas deterioradas.
Planificación con Condiciones: El límite urbano se amplía en 10.898 hás, de las cuales 4.780 (40%) serán parques y áreas verdes, abarcando comunas con carencias como La Pintana, Cerro Navia o Renca. Este nuevo suelo podrá ser urbanizado sólo si sus propietarios compensan sus impactos viales y ambientales, construyendo los parques, 293 kilómetros de calles, colegios, centros de salud, seguridad y otros servicios. Adicionalmente el PRMS exigirá que los proyectos inmobiliarios incluyan un porcentaje de viviendas sociales, evitando la expulsión de estos hogares hacia comunas muy alejadas como Buin, Lampa o Isla de Maipo.
Planificación con Inversiones: En paralelo con las disposiciones normativas se ejecutarán inversiones públicas para apoyar los objetivos principales del PRMS. Con este propósito, se habilitarán cuatro parques urbanos (La Hondonada, La Aguada, Bajos de Mena y Cerros de Renca), se asignarán nuevos subsidios y se arborizarán ejes viales estructurantes con más de 70.000 nuevos árboles.

Como vemos, nuestra propuesta dista bastante de una mera ampliación del límite urbano o de una reacción ante presiones inmobiliarias como ha sido presentada por algunos. Lo que buscamos es responder con tiempo a las demandas de suelo e infraestructura que surgirán del crecimiento económico y demográfico de Santiago, con normativas e inversiones que aseguren una ciudad más sustentable y equitativa. Junto con ello queremos relevar el valor de la ciudad como espacio de encuentro social y económico, entendiendo que en ella se concentra y produce el capital humano que impulsará el desarrollo de Chile de cara al Bicentenario.

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*Carlos Estévez es Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo

Lo importante es el relato

2008-05-22T00:55:00.003-06:00

Por Arturo Arriagada I.

Más allá de los anuncios y la cantidad de recursos que serán invertidos en el país, en su discurso de ayer Michelle Bachelet perdió la oportunidad de invitar a los chilenos a pensar y creer en el Chile del futuro. En tiempos donde escasean los relatos que conecten a actores políticos y ciudadanos en un proyecto común de país, ya no basta con la sola enumeración de medidas y beneficios para cumplir con las expectativas y visiones de futuro de los chilenos. De esta manera, Bachelet cumplió su profecía de terminar su gobierno antes de tiempo, y de paso, demostrar el vacío existente en la clase política para liderar este desafío.

Los discursos del 21 de Mayo muchas veces reflejan los estilos y objetivos gubernamentales. De ser un momento esperado sólo para una rendición de cuentas públicas al país, los discursos del 21 de Mayo también han pasado a ser también el espacio para enumerar los objetivos del gobierno de turno. Si para Aylwin lo importante fue comunicar los desafíos de la Concertación y la importancia de volver a vivir en democracia, Frei se encargó de explicarle a los chilenos la relevancia de la modernización del país y la apertura hacia nuevos mercados. Independiente de los casos de corrupción que afectaban su gobierno, Ricardo Lagos utilizó sus discursos para difundir las medidas destinadas para “crecer con igualdad”, su gran relato, materializado en esa mezcla de Estado y mercado.

En 2006, Bachelet ocupó su primer 21 de Mayo como gobernante para analizar sus primeros 100 días de gobierno. Así transformó el “estoy contigo” de su campaña en una de especie de “contigo aprendo”. Ese mismo año ignoró las demandas de los estudiantes secundarios y pagó las consecuencias. En 2007, intentó contarle a los chilenos lo que era administrar un Estado abundante en recursos, con el Transantiago sobre los hombros, pero sin un discurso que explicara los objetivos centrales de su gobierno.

Ya en su tercer discurso del 21 de Mayo, Bachelet nuevamente olvidó construir un relato que acompañe los anuncios gubernamentales. Más allá de los montos a invertir o los subsidios por entregar, lo que puede marcar la diferencia entre un gobierno que está o no en sintonía con la ciudadanía, es el relato el que le da un hilo conductor a esos anuncios. En eso los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos fueron exitosos. Invocando la importancia de construir un nuevo Chile en democracia, superando la pobreza e integrando al país al mercado internacional, los tres primeros gobiernos de la Concertación construyeron una agenda más allá de la contingencia que afectaron sus mandatos.

Aunque Bachelet intentó instalar la idea de participación ciudadana como el relato central de su gobierno, luego derivó en la protección social. Pero más allá de las reformas en esta área, terminó sobrepasada por las demandas estudiantiles y el transporte público en Santiago. Así, con su discurso de ayer, y ante la ausencia de un relato que cautive a políticos y ciudadanos en torno al Chile del futuro, las demandas de diversos sectores sociales –por confusas que sean- seguirán siendo un foco de atención más atractivo para los medios de comunicación y la opinión pública que los anuncios de Bachelet.

Si bien la televisión transmite todos los años la cuenta anual del gobierno de turno, éstos no han podido adaptar sus mensajes al medio de comunicación que más utilizan los chilenos para informarse. Desde la duración de los discursos –que no generan los mismos incentivos para ver una transmisión igual de larga que la película Titanic- hasta la poca originalidad en la dirección televisiva, a futuro los gobiernos podrían interesarse en generar una propuesta atractiva para cautivar a las audiencias y así difundir sus relatos. Por esta razón, los anuncios y “ofertas” se convierten en los únicos estímulos para que los medios de comunicación construyan noticias. Y en esta lógica, los gobiernos quedan expuestos a los distintos criterios que tengan los medios de presentar los anuncios presidenciales.

Por eso el pasado 21 de Mayo –aparte de ser recordado por tener el discurso más largo pronunciado por Bachelet en sus 3 años de gobierno- no dejó en los chilenos un relato para reflexionar. Y en tiempos donde los medios han tenido más habilidad que el gobierno para imponer sus temas, es difícil que exista otra ocasión como ésta para que Bachelet invite a los chilenos a creer en su gobierno a través de un relato que genere optimismo y confianza en el país que estamos construyendo.

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*Arturo Arriagada I. es profesor de la Escuela de Periodismo de la UDP.

Lo importante es el relato

2008-05-22T00:55:00.002-06:00

Quien controla el cobre controla a Chile

2008-05-21T13:50:00.001-06:00

Por Orlando Caputo y Graciela Galarce*

Al término de la exitosa huelga de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, Cristián Cuevas, presidente de dicha organización, declaró que esta ha sido “la lucha de David contra Goliat” y dedicó el triunfo de la huelga a todos los trabajadores de Chile, especialmente, a los que no están organizados.

Estas declaraciones pudieran parecer exageradas. Sin embargo, están relacionadas con la propiedad y el poder que entrega el dominio del cobre como principal riqueza básica del país. El cobre que nacionalizó Salvador Allende ha sido desnacionalizado a partir de la década de 1990. El 70% de su producción y exportaciones de cobre es controlado por las grandes mineras mundiales.

La lucha en el siglo pasado por la nacionalización del cobre, que estaba en manos de las empresas estadounidenses, estuvo directamente relacionada con el poder. La nacionalización significaba la ruptura de la dependencia económica, social y política de Chile, y el logro de la independencia nacional.

A propósito de esto, recordamos que el Presidente Salvador Allende en su discurso al país, el 11 de julio de 1971, día en que la nacionalización del cobre, fue aprobada por la unanimidad del Congreso Pleno, declaró:
“Hoy es el Día de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad. Es el Día de la Dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política”
La riqueza de los yacimientos de cobre en Chile es tan extraordinariamente elevada, que es comparable a la riqueza de los países que poseen grandes yacimientos petroleros. De aquí que Salvador Allende relacionara la propiedad y el control nacional sobre el cobre, o el ‘Sueldo de Chile’, como él lo designó, con la ‘independencia económica’, que a su vez ‘significa su plena independencia política’.

En la dictadura de Pinochet, la principal conquista económica, social y política del siglo XX, inició su involución. La desnacionalización del cobre se ha concretado en los gobiernos de la Concertación. Gran parte del ‘sueldo de Chile’, nuevamente está en manos de empresas extranjeras. Las empresas nacionalizadas por el Presidente Allende controlaban el 100 por ciento de la producción de la gran minería en Chile. Ahora, sólo participan con el 30% de la producción. Las grandes mineras mundiales actualmente controlan el 70% de la producción, explotando nuevos yacimientos que han sido entregados con derechos similares, -e incluso mejores-, a las de la propiedad privada, a través de la figura de la Concesión Plena.

Los yacimientos de cobre y de oro que contienen valiosos subproductos han sido entregados como propiedad privada a las grandes mineras mundiales, aumentando su capacidad competitiva desde Chile para enfrentar también a Codelco en el mercado mundial. Esta entrega de la principal riqueza básica del país es inconstitucional ya que la propia Constitución señala que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.

Radomiro Tomic recorrió el país a inicios de los años 80’s, denunciando las disposiciones de la dictadura, y previendo la desnacionalización del cobre. Escribió y afirmó categóricamente que ‘quien controla el cobre, controlará a Chile’.
Radomiro Tomic crítico el fundamento sobre la ‘Concesión Plena’, elaborada por José Piñera, ministro de Minería de Pinochet, que ha permitido desnacionalizar el cobre. Tomic decía:

1. “Chile perdió la Patagonia por creer que ‘valía nada’ y por las mismas razones acaba de desnacionalizar las mayores y mejores reservas de cobre del mundo (…)”
2. En relación a la forma de aprobación de esta ley, Radomiro Tomic señala categóricamente que fue una “(…) legislación tramitada y aprobada en secreto”.
3. Legislación, basada en el presupuesto absoluto e irremediablemente erróneo de José Piñera de que: “el progreso científico y tecnológico es reduciendo el cobre a metal sin valor, por lo cual Chile debe apresurarse a extraer y exportar la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible: para lo cual es indispensable ofrecer las garantías y privilegios que sean necesarios al gran capital internacional”.

Y respecto a la concesión plena, Tomic señalaba que esta “se reviste de garantías y privilegios impresionantes: mayores y mejores derechos del titular de dominio privado.
La Concesión Plena es “sin plazo de término; irrevocable; inmodificable; oponible al Estado; (…); y, en caso de expropiación,(…) ‘ el pago previo del valor comercial del yacimiento mismo (¡No sólo de las inversiones!), el valor presente de los flujos futuros’. Hay más. La ‘Concesión Plena’, faculta al ‘Concesionario Pleno’ “para hacer lo que quiera, con los socios que quiera, cuando quiera y cómo quiera con los derechos que ella le asegura sobre el mineral que recibe gratuitamente... puede venderla, arrendarla, aportarla, cederla, hipotecarla, trasmitirla en herencia, etc etc”.
Tomic insiste que “Se ha llegado a estos extremos porque se estimó durante la Dictadura de Pinochet, que era verdad la afirmación de José Piñera de que: “el cobre está condenado a ser un metal obsoleto”.
La sentencia de Radomiro Tomic, “Quien controla el cobre controla a Chile”, se ha hecho realidad. En la huelga de la Confederación de Trabajadores del Cobre de 2007, las grandes empresas mineras criticaron al gobierno y al ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, e incluso a Codelco porque se aceptaron mesas de negociación con los dirigentes de los trabajadores de las empresas contratistas, en las oficinas de Codelco y con sus ejecutivos, como empresa mandante.

Durante la huelga de 2007, los grandes empresarios mineros crearon el “Comité de Grandes Empresas de la Minería Privada”. El Mercurio del domingo 12 de agosto de 2007 señala que “Así en julio (2007) y a instancias del Presidente de SONAMI, Sociedad Nacional de Minería, Alfredo Ovalle -titular a la vez de la CPC-, Confederación de la Producción y del Comercio, la máxima organización empresarial en Chile, se creó el ‘Comité de Grandes Empresas’, el que en los próximos días tendrá su primera reunión oficial para ver el tema laboral por un lado, y el medio ambiente por el otro y preparar la estrategia”.
En un subtítulo del citado artículo se afirma: “Las grandes empresas se preparan para enfrentar el mal clima que generó el conflicto de Codelco con sus contratistas” y también se señala: “La tensión que generó en la minería el conflicto de Codelco con sus contratistas tiene en ascuas a todo el sector ya que tras el caso, estiman se ha abierto una verdadera caja de pandora”.

La gran preocupación se debe a que la apropiación inconstitucional del cobre, oro, plata y molibdeno les ha permitido un poder económico que tienen que defender a como dé lugar. El ‘Comité de las Grandes Empresas Mineras’ tuvo ingresos por exportaciones en 2006, de más de 31.321 millones de dólares, que son 2,5 veces los ingresos por exportaciones de Codelco. Los 31 mil millones de dólares equivalen al Presupuesto del Estado chileno que comprende todos los ministerios.

Este poder económico lo han usado para increpar a la Presidenta Bachelet y desprestigiar al ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Una de sus estrategias claves fue instalar de nuevo a Eduardo Loyola, en Codelco. Eduardo Loyola antes de ser Gerente General del Consejo Minero, fue Vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco.

Recientemente renunció a la Gerencia del Consejo Minero y regresa a Codelco este año 2008, meses antes de la reciente huelga de la CTC, nada menos que a la Gerencia de Codelco encargada de las empresas contratistas. Eduardo Loyola tuvo la misión de corregir los ‘errores de Codelco’ que en 2007 negoció directamente como empresa mandante. Además, también como parte de la estrategia del ‘Comité de las Grandes Empresas Privadas Mineras’, Eduardo Loyola, desde Codelco desarrolló una serie de actividades anteriores y durante la huelga con el objeto de quebrar a la Confederación de Trabajadores del Cobre.

Por todo lo anterior, el triunfo de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, es asumida por los trabajadores contratistas y el conjunto de sus jóvenes dirigentes como “La lucha entre David y Goliat”, como lo sintetizó tan acertadamente Cristián Cuevas.

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*Orlando Caputo es economista Universidad de Chile, ex gerente general de Codelco. Graciela Galarce es economista de la Universidad de Chile e investigadora de CETES y de CLACSO.

Arturo Prat Chacón y los héroes necesarios

2008-05-21T00:50:00.000-06:00

Por Hernán Narbona*

La dimensión humana de este marino formado en el Derecho, dirigiendo un puñado de hombres en una liviana corbeta Esmeralda, simplemente cumpliendo un cometido, bloquear la rada de Iquique, va mucho más allá de su gesta heroica, instalada en la historia de las glorias navales de Chile.

Nos transmite su vida un constante mensaje de compromiso y superación. Sus estudios como hombre de códigos nos hablan de su formación republicana y de su concepción del deber.
Porque Arturo Prat Chacón era un hombre joven, con apenas 31 años al momento de su muerte, practicando con austeridad su función de servicio público, sirviendo a la Patria desde su función de oficial de la Armada, en el campo de la Defensa, con un proyecto de vida como abogado, que lo ligaba al ámbito de la Justicia.

La trascendencia de su gesta nos lleva a pensar en su gran inteligencia emocional, evidenciada en el gran amor que profesaba a su esposa, doña Carmela Carvajal de Prat, y en una síntesis de amor profundo a su madre, su esposa y a los tres hijos que tuvieron. Una mirada al hombre y su entorno, permite apreciar que su integridad le posibilitó mantener la serenidad hasta en situaciones límite.

Cuando pregunta si almorzó la gente, sabedor del escenario que enfrentaba, tuvo la energía de llevar tranquilidad y energías a su tripulación. Era un gesto de lo cotidiano, expresado en un momento en que la adrenalina brotaba por la sangre de la tripulación sin amilanarlos, sino preparándolos para cumplir con el deber.
La lectura de su vida sencilla, de sus estudios y logros académicos y profesionales, es necesario plantearla como un hito de lo que debe ser una existencia íntegra y en consecuencia con los principios en los que se cree y que el hombre jura respetar.

Es preciso elevar a Arturo Prat como un ejemplo de compromiso con los altos valores de la Patria, que no son etéreos, que se sustentan en la integridad del territorio, en la defensa de la vida de sus habitantes y en el respeto al orden constitucional y las leyes que ordenan la vida en sociedad. Pienso que Arturo Prat tenía absolutamente claros estos elementos objetivos de la Patria y no hubo en él dilaciones al momento de ir al sacrificio por defenderlos.

Modestamente, como hombre de Estado y progresista, pediría a los compatriotas que viven dentro y fuera de Chile, que sepan distinguir las miradas frente a la gesta heroica de Mayo de 1879, para entender nuestra historia y valorar como patrimonio cultural de Chile, y no como un mero hito de carácter militar, estos hechos que nos deben llenar de orgullo. Porque nos aportaron un emblema de integridad, honor y compromiso, legado de Arturo Prat Chacón y los valientes marinos de la Esmeralda, que nuestra sociedad necesita y busca desorientada.

Cuando se descontextualiza este hecho histórico de 1879, y se estigmatiza al buque escuela Esmeralda, que heredó el legado del Capitán Prat como un emblema de las glorias navales de Chile, por hechos repudiables que se dieron en el marco irracional de los episodios de 1973, se corre el riesgo de perder a mirada del marino humanista, respetuoso de las leyes , quien seguramente habría rechazado con su formación cívica y jurídica, los hechos represivos que mancharon el nombre de la Esmeralda casi 35 años atrás.

Por ello, es preciso evitar que legítimos reclamos por clarificación y justicia de los hechos del siglo pasado, sigan empañando el legado de Arturo Prat, que debe seguir siendo un faro para nuestra sociedad, que necesita héroes sencillos, a escala humana, que no preguntaron al momento de cumplir con su deber si había alguna retribución ad portas y que, a pecho abierto, fueron capaces de darlo todo por defender los intereses permanentes del Estado, que se jugaban en esa conflagración de la Guerra del Pacífico.

Reconociendo las cualidades morales de nuestro héroe, podremos respetar en igual sentido la digna posición que mantuvo el Comandante Grau y ello nos puede enseñar a sacar lecciones de futuro y de hermandad, desde esos dolores profundos que implicó el conflicto armado.

Si queremos cambios cualitativos en nuestra sociedad, tenemos que recurrir a estos emblemas de honestidad y consecuencia, héroes necesarios, de carne y hueso, que supieron dar su vida para cumplir con su deber.

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*Hernán Narbona es escritor y administrador público.

‘’Conjuntos armónicos’’ y elecciones municipales

2008-05-20T12:58:00.001-06:00

Por Patricio Herman*

En el ámbito de la legislación de Vivienda y Urbanismo (Ley y Ordenanza) existe la figura de excepción denominada “Conjuntos Armónicos” que son aquellos grupos de edificios que se amparan en un permiso otorgado por las Direcciones de Obras Municipales. Estos se benefician con mayores coeficientes de constructibilidad y mayores alturas que las vigentes en los instrumentos normativos urbanos de los distintos barrios o áreas de las comunas.

En términos generales, para hacerse acreedor a las ventajas que otorgan tales “conjuntos” los titulares de los proyectos inmobiliarios deben emplazar sus edificios en un terreno de una superficie mínima de 2.500 m2 cuyo frente sea de 50 m y debe enfrentar una vialidad importante de un ancho de 20 m entre líneas oficiales y que su calzada disponga de al menos 14 m. de amplitud. También los edificios que conforman un “conjunto armónico” deben respetar entre sí un distanciamiento tal que asegure a cada uno de ellos las adecuadas condiciones de privacidad y asoleamiento, lo cual es de pleno sentido común.

Con esta fórmula el Estado quiso beneficiar a las grandes inmobiliarias para que sus negocios fueran más rentables que las de sus competidores más pequeños que carecen del capital necesario para adquirir grandes extensiones de terrenos. Si bien es cierto la materia está señalada en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley General, su aplicación exacta está reglada en la ordenanza correspondiente a partir del artículo 2.6.4. y siguientes.

Pero como en Chile se ha hecho una práctica habitual la tramposa y oportunista “interpretación” de los marcos regulatorios para que algunos privilegiados saquen mayores ventajas en sus iniciativas comerciales, fue necesario que la Contraloría General de la República haya emitido el dictamen Nº 17707 del 17 de Abril pasado, documento que se encuentra publicado en la página web de ese servicio fiscalizador, para que los diferentes actores privados y agentes públicos se ciñan a partir de ahora al ordenamiento legal.

En efecto, mediante ese esclarecedor dictamen, se acogió la denuncia de un particular probo que reclamó por el recurrente abuso del concepto “conjunto armónico”. La Contraloría General impartió instrucciones perentorias a la Municipalidad de Las Condes para que invalidara un permiso de edificación de un proyecto inmobiliario acogido a los superlativos beneficios de los “conjuntos armónicos” porque contemplaba la construcción de un solo edificio de 18 pisos en la calle Los Militares de esa comuna.

El ente contralor fue muy explícito al referirse a esta figura y por ello expresó que los “conjuntos armónicos” necesariamente están conformados por agrupaciones de edificios que constituyan una unidad espacial propia distinta del carácter general del barrio o sector y que por ello, el Director de Obras respectivo tenía que adoptar las medidas de rigor para regularizar la situación, ya que por contemplar el proyecto sólo un edificio el permiso no se ajustó a derecho.

En este caso particular la autoridad técnica local, en conocimiento del dictamen de la Contraloría General, ya había tomado contacto con el representante legal de la inmobiliaria que pretendió pasarse de vivaracha. El Director de Obras de esa municipalidad nos manifestó a nosotros que ya le había informado al arquitecto proyectista que era necesario modificar el permiso con el propósito de enmarcarlo en las normas de edificación de la zona en donde se localiza, lo que será muy sencillo porque las faenas se encuentran en una etapa preliminar: recién están excavando el terreno.

Está claro que el aludido dictamen es vinculante para todos los casos en donde se ha repetido esta “equivocación”, palabrita que se utiliza cuando se detectan los ardides, de tal forma que será necesario que las municipalidades en donde se levantan estas voluminosas edificaciones revisen los permisos otorgados y tomen las medidas que correspondan para regularizarlos cuando aún no se otorgan los certificados de recepción final. Asimismo los alcaldes, en súbitos arranques de mea culpa, deberían informar a la opinión pública cuales han sido los edificios que se acogieron a “conjuntos armónicos” sin tener merecimientos para ello, los cuales, por estar terminados, ya no será posible legalizarlos y por lo tanto serán nuevos hechos irregulares consumados.

Veremos si opera la transparencia, de la cual tanto hablan por los medios de prensa nuestros tribunos locales y tan poco la practican en sus diarios quehaceres de proselitismo político. ¿Recogerán este desafío público ahora que en unos meses más tendremos elecciones de alcaldes y concejales? Creemos que no, porque para ellos es más redituable hacerse los lesos, a sabiendas que una gran masa de votantes desinformados emite sus sufragios sólo por quienes gastan más plata en coloridas propagandas en donde se les observa muy sonrientes y deportivos.

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*Patricio Herman es presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

Oro negro, horas negras

2008-05-20T00:12:00.001-06:00

Por Luis Casado*

El petróleo sube, sube, sube, y de Falludja a Porto Alegre, de Merindoles-les-Oliviers a Llullaillaco, de Washington a Moscú, todo el mundo se pregunta, acojonao, “¿Y ahora qué?”. Pregunta pertinente desde luego, que conviene tratar con prudencia y discernimiento.

Hace unos días, un patriota chilensis exigió públicamente la disminución de las tasas que el fisco le aplica a los carburantes con argumentos especiosos y faramallas trapaceras no muy alejadas de los anuncios de acabo de mundo que los empresarios lanzan cada vez que se trata de pagar algún impuesto.

El Estado chileno, -muy impresionable cuando quién pone los huevos en la mesa es un patrón-, se allanó a subvencionar en 70$ el litro de gasolina con lo cual, desde luego, no arregla nada.

Una muy mal entendida “sensibilidad social”, -que haría mejor en pagar dignamente la fuerza de trabajo en vez de practicar la caridad pública-, lleva a poner un bono aquí, un bono allí, cada vez que queda en evidencia la insoportable distribución del ingreso que favorece a los poderosos.

Ahora que cada barril de oro negro se negocia a más de U$ 127, esperando mejor, la gasolina SP95 se vende en Santiago entre 570 y 600 pesos, mientras que en Europa continental vale 1,70 €, o sea 1.234 valerosos pesos, de los cuales 64% (y aun más) corresponden a impuestos.

A nadie en Europa, ni a los economistas neoliberales ni a los alternas, se les ocurriría cometer la irresponsablidad de pedir que bajen los impuestos o que el Estado subvencione el consumo de carburantes.

Quienes entienden del tema coinciden en señalar que las existencias de petróleo no son infinitas y, -en el estado actual de las informaciones disponibles-, estiman que no quedan más de 40 años de disponibilidad masiva.

Mientras tanto, la mundialización acelerada se construyó y se desarrolla sobre la base de costes de transporte perfectamente ridículos, que hacen factible el consumo en Llullaillaco de cepillos de dientes fabricados en Guandong, y de mangos brasileños en Merindoles-les-Oliviers.

Aquellos que piensan en el mañana y no limitan ni su reflexión ni su acción política a los escándalos cotidianos, advierten que el mundo debe aceptar que dentro de medio siglo habrá que arreglárselas sin petróleo, o al menos con cantidades infinitamente inferiores a precios demenciales.

En esas condiciones, los economistas neoliberales destacan que “el mercado” está castigando el uso inmoderado e irracional de energía sucia. Los alternas, por su parte, subrayan que a U$ 200 el barril un verdadero choque económico obligará a repensar la mundialización que separa los países entre productores lejanos con mano de obra barata, y consumidores ricos proveedores de los servicios financieros que permiten la distribución y el consumo de aquellos productos.

Por una vez de acuerdo, el terreno común que ocupan los neoliberales y los alternas se sitúa en las riberas de la ecología responsable.

Dicho lo cual uno se pregunta cual es la coherencia de una política económica que hace de los emplastos de mostaza la panacea para problemas cuya dimensión sobrepasa con creces los límites y fronteras de la copia feliz del edén.

Si hubiese que potenciar un único elemento economizador de la energía cara y sucia, ese elemento es el transporte público y ya conocemos los resultados. Sumado al hecho que el parque de automóviles crece a crédito, y rueda en cómodas cuotas mensuales.

Por otra parte, si el dólar baja, se compran dólares. Si el petróleo sube, se subvenciona su consumo. Si los salarios no alcanzan, se distribuyen bonos. Si los estudiantes no pueden pagar la enseñanza superior transformada en objeto de lucro, se les endeuda. Si el poder adquisitivo es insuficiente, se distribuyen tarjetitas de crédito. Si los trabajadores asalariados protestan, se les envía la policía. Si las notorias carencias de servicios e infraestructuras públicas generan un superávit, se usa ese dinero para tapar los déficits del imperio.

Por si fuera poco, la cueca empelotas reside en que el ministro de Hacienda va a los Estados Unidos a hacerse aplaudir por aquellos que le ordenan tanta incuria. Mientras la presidenta, -que desde luego es muy progresista, si uno tuviese dudas al respecto no tiene más que leer las declaraciones del senador Alejandro Navarro al respecto-, cubre toda esa política regresiva poniendo cara de estar al corriente. ¿Teatro de sombras chinas o baile de máscaras?

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*Luis Casado es economista

En busca de una sociedad multicultural

2008-05-19T15:09:00.002-06:00

Por Neftalí Carabantes*

El pasado 1 de abril la Presidenta Michelle Bachelet nos convocó a todos los chilenos y chilenas a trabajar en la construcción de una sociedad multicultural que reconozca, respete y valore su diversidad étnica.

“Re-Conocer. Pacto Social por la Multiculturalidad”, establece una nueva agenda de discusión política entre el Estado y los pueblos indígenas a través de profundas modificaciones al sistema político. En tal virtud, detalla las medidas de reorganización del aparato gubernamental para atender de forma eficaz y eficiente la problemática de los pueblos indígenas y su diversidad cultural, así como, profundiza y garantiza el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el pasado entre el Estado y los pueblos originarios, con riguroso detalle de los planes y programas en base a los cuales el Gobierno pretende impulsar de forma inmediata el desarrollo productivo y la innovación al interior del mundo indígena.

En la construcción de esta sociedad Multicultural e inclusiva, reconforta apreciar la adopción de políticas específicas para áreas urbanas donde vive el 70% de la población indígena, u otras, tales como el fomento de lenguas y culturas ancestrales, el reforzamiento de programas especiales de salud para pueblos índígenas y el acceso a programas sociales universales. En la misma línea, el pacto, junto con avanzar en la restitución de tierras, cual es la reivindicación más importante de estos pueblos, propone el rediseño del Fondo de Tierras y Aguas de CONADI y el perfeccionamiento del funcionamiento de las Áreas de Desarrollo Indígena. De otra parte, releva la implementación de proyectos de inversión públicos y privados e incluye un Código de Conducta Responsable para los proyectos de inversión en Áreas de Desarrollo en Tierras Indígenas.

En este contexto, constituye un avance incalculable la reciente aprobación del Convenio Nº 169 sobre reconocimiento de Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues es el único instrumento jurídico internacional vinculante que reconoce y protege los derechos de los pueblos, así como fomenta el respeto a sus formas de vida, desarrollo económico y el derecho sobre sus tierras.

De otra parte, el citado pacto tiene un fuerte componente destinado a generar un cambio cultural que permita a todos los ciudadanos comprender y asimilar el carácter multicultural de nuestra sociedad. Es decir, una invitación a re-conocernos, no como la sociedad “homogénea” muchas veces pretendida, sino que por el contrario, como la sociedad heterogénea y, por lo mismo rica, que siempre hemos sido. Este pacto nos llama a definir cómo somos capaces, como sociedad chilena en general, de abordar la dimensión estructural de nuestra identidad cultural y romper las barreras de la discriminación, en el marco del desarrollo integral del país.

En tal virtud, estamos todos convocados a posibilitar la inserción de las comunidades al sistema político y la institucionalidad. Con esta agenda, la Presidenta Bachelet está generando las condiciones para una participación directa de representantes indígenas en el Parlamento, así como también en los Concejos Regionales y Comunales, lo cual no sólo significará el avance de vivir en un país más justo y democrático, sino también en el diseño y creación de políticas públicas que partan sobre la base de una sociedad multicultural que respeta y se construye en su diversidad.

De este forma, las etnias originarias adquirirán a través de sus mujeres, sus hombres y por ende pensadores un rol protagónico que viene a terminar con su exclusión, pasando de aquí en adelante a ser actores reales en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales a través de su integración a un poder del Estado. Sin duda, los pueblos originarios padecen carencias insoslayables, pero qué duda cabe que tienen pleno derecho a ser actores legítimos en la toma de decisiones del país. Por lo tanto, a esta altura y en pleno siglo XXI, resulta insano no reconocer que la participación es un derecho indígena y que la obligación del Estado es garantizarla, pues al final del día lo que está en juego es nada menos que el derecho humano a la participación política, y por ende, de concurrir a formar la voluntad general de un país.

Ha llegado la hora de que Chile se ponga a la altura y es precisamente el debate constitucional y legal de reforma del sistema electoral una buena ocasión para ponernos al día en materia de doctrina y jurisprudencia de derechos de los pueblos indígenas. Pero que se entienda bien, no se trata sólo de un asunto de coherencia constitucional y de principios democráticos, sino que la reforma al sistema electoral forma parte de los asuntos aún pendientes de la transición democrática chilena.

El desafío es claro, a contar del Pacto por la Multiculturalidad debemos enfrentar el tema indígena en forma estructural, permitiendo compatibilizar la libre autodeterminación de las etnias junto a su diferenciación cultural y valórica, con políticas económicas y sociales que hagan efectivos sus derechos, y como consecuencia de esto, tengan mayor y mejor acceso al conocimiento y una participación real y no secundaria. Todo lo anterior, permitirá la construcción de una sociedad multicultural con grados crecientes de seguridad e igualad de oportunidades para todos sus miembros.

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*Neftalí Carabantes es subsecretario de Bienes Nacionales

La ineptitud del ministro Andrade

2008-05-19T10:17:00.003-06:00

Por Gustavo Parraguez G.*

Recientemente la Corte Suprema, en distintos fallos que incumben a Codelco, Escondida y a otras empresas contratistas suyas, ha declarado arbitrario e ilegal el proceder de la Dirección del Trabajo que a través de resoluciones suyas pretendió que las empresas mineras internalizaran un alto número de trabajadores.

En primer lugar llama profundamente la atención que se produzca un conflicto entre una empresa pública (Codelco) y una repartición pública (Dirección del Trabajo). Un mínimo grado de coordinación gubernamental tendría que haber evitado aquella fricción. Pero llama aún más la atención que aquel enfrentamiento desencadene una acción constitucional de la empresa en contra de la Dirección, convirtiendo a los órganos jurisdiccionales en verdaderos árbitros de una discordia política, producida dentro del seno del Gobierno.

Pero el estupor llega al extremo cuando observamos que el ministro del Trabajo alienta a los trabajadores a perseverar en sus demandas, en tanto que otras carteras, e incluso La Moneda, estimula la decisión de Codelco de recurrir a los tribunales. Además, el ministro Andrade minimiza los actos de violencia de dichos trabajadores, en tanto que la empresa pública se niega a dialogar con ellos mientras no depongan tal conducta.

Frente a los fallos adversos a las pretensiones de estos últimos, se anuncia ya una escalada que se inicia con una huelga de hambre de un alto dirigente laboral.

Frente a este panorama de desafinaciones y estridencias, se esperaría una búsqueda de armonía por parte de quien maneja la batuta, eliminando al que manifiestamente disparatea. Pero nada de eso ocurre y sigue el pandemonium para estupefacción de la opinión pública.

La tempestad que se avecina tiene un principal responsable, el ministro Andrade, que mediante conductas erráticas y contradictorias, se ha convertido en un “out sider” del Gobierno, en desmedro de este último, de la producción de cobre y de los verdaderos intereses de los trabajadores.

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*Gustavo Parraguez es abogado.

El financiamiento municipal, espejo de la injusticia

2008-05-16T03:04:00.000-06:00

*Por Marcel Claude

Hay un cierto acuerdo en que los municipios son una instancia privilegiada para el logro de las políticas públicas, debido a que constituyen una organización pública cercana a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la manera en que éstos pueden alcanzar sus objetivos, no es similar para todos ellos. En nuestro país, el financiamiento de las municipalidades es un tema no resuelto que provoca mucha percepción de abuso e injusticia y, de hecho, es común la clasificación natural entre municipios ricos y otros pobres. En el escenario actual, es evidente que resulta ser un tema no despreciable, debido al nivel de responsabilidades que estos enfrentan en ámbitos tan distintos como la educación o la salud, la recolección de residuos o la reparación de vías públicas, etcétera.

Si consideramos que dentro de los 345 municipios existentes, hay un porcentaje significativo –en torno al 48%- que no supera el promedio nacional de recursos per capita, entonces, la situación no resulta para nada satisfactoria. Por ejemplo, el municipio de Vitacura con una población aproximada de 82 mil habitantes, tiene un presupuesto superior a los 31 mil millones de pesos, en cambio Quillota, comuna de la quinta región, con 83 mil habitantes, tiene un presupuesto de 4 mil 890 millones de pesos, o dicho de otro modo, Vitacura tiene 6,3 veces más recursos que Quillota. Y esta última debe atender tres veces la cantidad de alumnos que dicha comuna de la Región Metropolitana. En ese mismo escenario y peor aún, hay comunas como Alhué que en el 2006 no contaban con recursos propios para hacer inversiones en su territorio. Estas desigualdades se convierten en un problema muy complejo, particularmente en el caso de las comunas pobres, si se consideran los altísimos montos que deben destinar a Educación y Salud.

Las cifras respecto a los gastos que realizan las municipalidades se pueden analizar también desde otra perspectiva, para así mostrar cuán lejos estamos de los objetivos del desarrollo que tanto nos gusta profesar. Tomados globalmente, los municipios del país administran recursos financieros que constituyen aproximadamente un 2,8% del Producto Interno Bruto y solo un 13% de los gastos del gobierno en general. Algo muy distante de lo que ocurre en los países de Europa, en los que el porcentaje promedio del ámbito local constituye un 43% de lo que representa el gasto gubernamental. En Suecia por ejemplo, la cifra se empina por sobre el 60%. Por su parte, en países del sur y centro América ese promedio es de 16,5%. En ese ámbito Bolivia registra una participación de un 18,3%. Chile está muy lejos de esos porcentajes, a pesar de la importancia política y la relevancia que públicamente se le asigna a los municipios. Una vez más, no hay concordancia entre lo que se postula como de importancia mayor y los recursos que se disponen para ello.

Y si bien se han creado instrumentos que han permitido allegar más recursos a los municipios, como es el Fondo Común Municipal, este no se utiliza en todo su potencial, ya que actualmente es de 520 mil millones de pesos aproximadamente, lo que resulta del todo insuficiente dado las urgentes necesidades que éstos enfrentan, sobre todo los más pobres. Además, este fondo mayoritariamente proviene de los recursos comunales, por ejemplo, del impuesto territorial y/o de los permisos de circulación, y muy poco del gobierno central, por lo que es una manera de repartirse la pobreza o de mejor distribuir la miseria. Peor aún, a este fondo las comunas llamadas ricas aportan -en porcentajes- casi lo mismo que las comunas pobres: mientras que del impuesto territorial todas las comunas deben destinar un 60%, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65%. En cuanto a la distribución de este fondo las críticas apuntan a la falta de criterios objetivos y en concordancia con la real vulnerabilidad de las comunas.

Entonces, cuando se cuestiona ácida o duramente la función municipal o los resultados de ésta, se deberían considerar las enormes responsabilidades, funciones y tareas que deben cumplir las municipalidades, al mismo tiempo que la baja recepción de recursos –considerando el conjunto de éstos- y la poca importancia de los fondos municipales en relación al gasto global del gobierno central. En pocas palabras, se descentralizan las responsabilidades pero no los recursos disponibles, lo que conduce al peor de los mundos pues nadie es finalmente responsable de resolver las necesidades de la población. El gobierno tiene los recursos pero no las responsabilidades y el municipio tiene las responsabilidades pero no los recursos. Resultado: frustración, pobreza, injusticia y un gobierno central cada vez más rico pues no gasta los recursos provenientes de impuestos o transferencias que hacen las empresas públicas como Codelco. A estas alturas el candado resulta muy ingenioso para reducir o mantener controlado el gasto público. El problema es que así las cosas avanzan muy poco y las deficiencias educacionales, en salud o en infraestructura, se siguen postergando.

Si queremos descentralizar, no basta con que el gobierno central se deshaga de sus responsabilidades, también debe asignar los recursos necesarios para que las municipalidades puedan afrontar sus obligaciones. Además, así lo establece la ley. El desarrollo pasa también, como hemos visto, por una mayor disponibilidad de recursos gastados a nivel local y no centralizadamente.

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*Marcel Claude es Director de Investigación y Estudio de la Universidad Arcis

Huele a peligro

2008-05-15T04:20:00.000-06:00

Por Rodrigo Larraín*

No tenemos por qué creer que la encuesta sobre victimización realizada por el INE esté mal hecha; una larga y probada experiencia avalan los datos entregados por este instituto. Ellos muestran un sostenido descenso en el número de delitos pero, y simultáneamente, las personas conservan altos niveles de miedo a la delincuencia. Entonces, ¿por qué los chilenos declaramos que tenemos temor a ser víctimas de delitos? Tal vez la clave no esté en la delincuencia propiamente sino en una sensación generalizada de inseguridad en muchos ámbitos de la vida. Se han propuesto varias interpretaciones de los resultados y sus paradojas, pero quizás valga la pena insertar los datos en un contexto mayor.

Vivimos una sensación más que de crisis de decadencia, una sensación de temor a la vida misma, a la falta de ideales, a la inacción y a no saber bien en qué gastar la vida –como causa– y no ir viviendo para puro pensar cómo nos las arreglaremos para pagar las deudas, para consumir. Como en la República de Weimar, en la Alemania antes de Hitler.

Hemos pasado por épocas de desencanto. A comienzos del siglo XX el pesimismo se había apoderado de los intelectuales chilenos, y esa sensación la traspasaron a diversos sectores de la vida nacional, eran intelectuales que habían leído “La Decadencia de Occidente” de Oswald Spengler, aparecido en 1918 el primer tomo y en 1923 el segundo, y a otros negativistas menores ya olvidados. Diversos filósofos estaban en la tradición de Spengler, como Nietzsche o Schopenhauer. La gran crisis económica de 1929 pareció darles la razón, el pesimismo era más realista que el optimismo moderno y burgués. No quedaba tiempo sino sólo para el heroísmo, la guerra y el romanticismo destructivo. Si el burgués con su democracia no traía la felicidad, tal vez otro sistema lo haría, y aparecen las ideas totalitarias y pesimistas, en donde las élites, los hombres superiores, en lo posible blancos y descendientes de guerreros, nos darán grandeza. Se teme la democracia y desconfía de ella por mediocre y masiva, por ser carente de aristocracia y por ordinaria, únicamente los escogidos podrán salvarnos de ella. Y ya se sabe a dónde condujeron esas ideas en Alemania. La sensibilidad romántica con su pesimismo dará municiones intelectuales y respaldo moral a los enemigos de una democracia corrupta y deslegitimada, todo sea por evitar el colapso, el desorden y el caos de una forma de vida.

Eso pasa entre nosotros, a eso le tiene miedo el chileno medio, tal como en la República de Weimar. Los alemanes se quejaban del mundo en que les había tocado vivir, decían que era demasiado soez, degenerado, todos preocupados de las nacientes estrellas del cine y la radio, que la prensa informaba de puros crímenes, que la palabra empeñada no valía, que todos querían medrar y enriquecerse como fuera, etcétera, etcétera. Y que los dirigentes políticos de la República no veían lo que acontecía, que había muchas gentes indeseables y que la justicia no funcionaba. Sin duda que los crímenes han disminuido, pero el síntoma Weimar apareció entre nosotros, ojalá los dirigentes políticos chilenos esta vez sintonicen con el pueblo. El pesimismo sociocultural y psicológico –lleno de licencias médicas, automedicación, angustias, depresión y drogas– con su desazón cotidiana puede encausarse alegre e irresponsablemente en un proyecto de sentido retorcido y perverso y que, una vez más, clausure la democracia moderna.

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*Rodrigo Larraín es sociólogo, académico de la Universidad Central.

Pinochet, El Clarín, las mineras y la corrupción

2008-05-13T22:47:00.000-06:00

Por Manuel Riesco*

La corrupción constituye una de las preocupaciones más acuciantes de la opinión pública, con toda razón. El hecho que tradicionalmente no constituya en Chile una práctica generalizada ni en el Estado ni en los negocios, y por lo mismo el país aparezca entre los menos corruptos del mundo, no es excusa para soslayar el tema. Especialmente si se aprecia una tendencia creciente. Felizmente, los mecanismos de denuncia pública, control por parte de las fuerzas políticas opositoras y acción de la justicia, operan en Chile de modo singularmente eficaz. Sin embargo, lamentablemente su acción se remite sólo a la corrupción “al menudeo”, por así llamarla. Lo que es de verdad grave es la existencia en Chile de una corrupción en gran escala, de la cual poco se habla y no se considera en las mediciones internacionales. La misma puede operar impunemente porque queda al margen de los mecanismos de control. Sencillamente porque involucra tanto al gobierno como a la oposición parlamentaria.

De este modo, el país apareció "sorprendido" cuando se descubrieron los multimillonarios latrocinios de Pinochet, su parentela, y el alto mando militar. Todos se asombraron de comprobar que el dictador autodenominado Portaliano resultó el gobernante más corrupto de la historia de Chile. Sin embargo, eso se sabía desde hacía mucho. Era evidente a todas luces, simplemente porque el tren de vida de estos delincuentes no se correspondía ni de lejos con sus ingresos legales, más bien modestos. Por si alguien tuviese dudas, quedó en evidencia a los inicios de la transición, con el asunto de los llamados "Pinocheques." Sin embargo, hasta que el asunto reventó en EE.UU., en Chile no pasó nada. Tanto el gobierno como la oposición de derecha convinieron en echar tierra al asunto y hacer la vista gorda durante más de una década. "Por razones de Estado," como rezaba la tristemente la famosa orden al respecto del Presidente Frei al Consejo de Defensa del Estado.

En estos días, aparece en la prensa otro caso de corrupción en gran escala, flagrante y vergonzosa, en el cual aparecen asimismo envueltos el gobierno y la oposición. Se trata del llamado "Caso Clarín," en el cual ambos se han puesto de acuerdo en no pagar la indemnización que reclama su auténtica propietaria. Ésta es nada menos que la Fundación Salvador Allende, creada por el ingeniero Víctor Pey y el abogado Joan Garcés, dos de los más estrechos colaboradores del Presidente Allende. Su lealtad a la memoria del mandatario mártir y la persistencia para defender su legado y llevar a la justicia a los golpistas, no han desmayado ni un instante a lo largo de décadas. Sus esfuerzos han resultado clave para los avances del proceso democrático, especialmente con ocasión de la detención de Pinochet en Londres. Sin embargo, con ocasión de su justo reclamo en este caso, la actuación del gobierno, con el aval explícito de la derecha y la participación directa de uno de sus principales operadores, ha sido escandalosa.

Han gastado millones de dólares en una defensa que ha perdido una y otra vez en todas las instancias a lo largo de una década y tres gobiernos. Entre las facturas de gastos por más de seis millones de dólares presentadas ante el CIADI, el gobierno reconoce haber pagado suculentos honorarios al que fuera el funcionario público que inició la demanda, contratado luego para coordinar la defensa. Entre otras perlas, dicen haber gastado más de cien mil dólares ¡en arriendo de computadores portátiles (esa cifra alcanzaría para comprar más de cien de estos equipos)! Como es bien sabido, aparte del despilfarro en esta "defensa," lo más grotesco fue el pago de diez millones de dólares a familiares del anterior dueño del diario, los que reconocen públicamente no haber recibido sino una mínima parte de esta cantidad. Se sabe asimismo que el resto fue a parar a manos de una sociedad formada especialmente para estos efectos por un encargado de finanzas de uno de los partidos de gobierno y que hace de palo blanco.

Eso lo sabe todo Chile. Sin embargo la derecha, tan estridente en otros casos de corrupción, acá no dice esta boca es mía. Por el contrario, han asumido ellos directamente la defensa del caso, puesto que el gobierno contrató al estudio de un prominente abogado derechista que es el principal testaferro de las transnacionales en Chile, y el ya mencionado ex-funcionario, ahora coordinador de la defensa, se pasó asimismo a la derecha en la última elección presidencial. De hecho, hasta ahora casi nadie dice nada. La hija del Presidente Allende ha constituido en esta ocasión una excepción, sugiriendo tímidamente al gobierno que mejor pague de una vez en lugar de continuar derrochando dinero público, mientras el diputado Juan Pablo Letelier ha sido un poco más claro.

Escandaloso como es, el "Caso Clarín" no es el peor caso de corrupción en Chile. Peor, es el hecho que los ricos en Chile pagan menos impuestos que sus empleadas domésticas, parafraseando lo que denunció hace poco uno de los personajes más ricos del Reino Unido, refiriéndose a su propio país. Utilizan todos los trucos disponibles para eludirlos, que se los saben de memoria sus asesores, hábiles y muy bien pagados y que por cierto que respecto a sus propios impuestos aplican el refrán que la caridad comienza por casa. Actualmente existe una verdadera razzia contra estas prácticas a nivel mundial, en la cual han ido cayendo sucesivamente centenares de evasores en Alemania y otros países, y en días recientes han sido detenidos altos ejecutivos de los dos principales bancos suizos, uno en Brasil y el otro en los propios EE.UU., acusados de ayudar a evadir impuestos. Mientras tanto, en Chile no pasa nada.

Sin embargo, el principal caso de corrupción pública que existe en Chile es el escándalo de la actual legislación minera. Un estudio de CENDA presentado ante un organismo de Naciones Unidas hace pocos días, ha demostrado en base a las propias cifras declaradas por las mineras en sus balances, que entre 2005 y 2006 las privadas retiraron ganancias ¡equivalentes a todas las inversiones realizadas en minería entre 1974 y 2006!, las que además ya habían recuperado antes y con creces. El estudio referido muestra que si las privadas pagaran los mismos impuestos que CODELCO, en proporción a la producción de cada cual -lo cual aparece muy justo-, el Estado podría duplicar su gasto en pensiones, educación y salud, sumados.

Esta situación es evidentemente contraria a los intereses nacionales. Hasta los técnicos más cercanos a las mineras reconocen que los contratos actuales con las mineras privadas son leoninos y que deberían incorporar al menos cláusulas de retornos al Estado relacionadas con el precio del cobre. Sin embargo, frente a esta situación tan escandalosa el gobierno y la oposición de derecha guardan silencio y no hacen absolutamente nada, cuando no aparecen defendiendo a las empresas. Ello no es casual. Las mineras los financian a ambos, empezando por los más encumbrados dirigentes de ambos sectores. Eso es corrupción lisa y llana, y de grueso calibre.

Todo esto no puede continuar. Por eso, se requiere con urgencia la conformación, también en Chile, de un nuevo bloque en el poder, que uniendo a la inmensa mayoría de los partidarios del gobierno, que no tienen nada que ver en estos feos asuntos y muy por el contrario, les indignan tanto o más que a nadie, sea capaz de poner a raya tanto a la corrupción al por menor, como también esta otra, que son palabras mayores.

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*Manuel Riesco es director de CENDA

Vicios viejos en odres viejos

2008-05-13T00:07:00.001-06:00

Por Sergio Ramírez*

La elección como presidente del Paraguay de un obispo de la iglesia católica suspendido ad divinis, Fernando Lugo, ha venido a significar el fin del reinado de casi 70 años del Partido Colorado. Pero no sólo eso. Amplía el mapa de la izquierda en el poder en América Latina; y si el FMLN, la vieja guerrilla marxista convertida en partido político en El Salvador, gana frente a ARENA las elecciones presidenciales del año próximo, con su candidato el periodista Mauricio Funes, sólo dos presidentes provenientes de partidos conservadores, en México y en Colombia, quedarían en el continente.
Se gastaron las viejas promesas, y la izquierda está en los palacios presidenciales. ¿Pero cuál izquierda? En el mapa, no todo su territorio es del mismo color. Líderes obreros, dirigentes indígenas, viejos guerrilleros, militares rebeldes, obispos que dejaron la sotana. Una oncóloga en Uruguay. Una pediatra en Chile. ¿Por qué están allí? ¿Qué los une, y qué los desune?
Uno no puede imaginar un bloque de países de izquierda en América Latina, bajo una ideología socialista única, como ocurrió hasta antes del fin de la Guerra Fría con el campo soviético, cuando había en Europa Oriental estados de una estructura y una conducta uniforme. Lejos de eso. Las diferencias sobran, y no son sólo de matices.
Entre ellos están de por medio no sólo sus identidades, y no sólo su propia zona de color en el mapa. No sólo las formas en que se alinean, sino otros tipos de intereses. Intereses económicos, intereses fronterizos. Quiénes son ricos, y quienes son pobres. Quienes extienden la mano para dar, y quienes la extienden para pedir. Qué clase de viejos o nuevos conflictos fronterizos existen entre esos países, desde una fábrica de celulosa, hasta una salida al mar.
Hay variados ejemplos que marcan esas diferencias. Pero existe una que es decisiva: si los líderes de izquierda, una vez alcanzada la presidencia, quieren quedarse, o aceptan como regla la alternancia en el poder. Es una diferencia sencilla, pero crucial, porque señala la frontera entre la voluntad democrática, y la voluntad autoritaria.
Lula da Silva se encamina en el Brasil hacia el fin de su segundo mandato, y hasta ahora ha dicho que no pretende un tercero. La propuesta de partidarios suyos, de que se presente de nuevo a las elecciones, la ha calificado como “insensatez pura”. En cambio, una de las reformas claves a la Constitución de Venezuela, que Chávez sometió a consulta popular a fines del año pasado, era la reelección indefinida. Perdió el plebiscito, y esa posibilidad está cerrada “por el momento”, como él mismo ha dicho, lo que significa que volverá a intentarlo. Alternabilidad, o reelección indefinida. Son dos caminos claros y diferentes para la izquierda.
Cuando antes del plebiscito de Venezuela le preguntaron a Lula qué pensaba de la reelección indefinida propuesta por Chávez, respondió: "yo sólo puedo hablar por Brasil y pienso que Brasil no puede jugar con una cosa llamada democracia. Nosotros nos demoramos mucho y mucha gente sufrió para consolidarla". La misma respuesta podría haber dado ante los intentos del presidente Uribe de Colombia, de reelegirse por tercera vez. Y es aquí, en la voluntad, o en las ganas de quedarse, donde la frontera entre izquierda y derecha se borra.
Una vez en Managua, con motivo del Primer Congreso del Frente Sandinista en 1991, escuché a Lula decir en un discurso que el gran error de la izquierda había sido crear una diferencia artificial entre democracia burguesa y democracia proletaria, cuando, en verdad, sólo había una clase de democracia. La izquierda había adquirido así el mal prestigio de presentarse como enemiga de la democracia que significa votar, y escoger gobernantes.
Es algo que nunca olvidé. Quienes piensan que la democracia que permite la alternabilidad en el poder corresponde a un sistema caduco, piensan aún en la democracia burguesa. Y piensan que desde el poder, usando los mismos mecanismos de la democracia burguesa, se puede construir una democracia proletaria, o algo parecido.
Cuando se habla hoy en día de barrer las instituciones y establecer un nuevo sistema que debe surgir de las cenizas del viejo, los preceptos de la democracia proletaria cobran sus fueros. Y cuando ese nuevo sistema se construye para que el mismo líder reine sin plazos sobre la nación, la regla es entonces la del viejo autoritarismo de derecha. El caudillo debe quedarse donde está, porque se le juzga imprescindible. Y para eso, se necesita que la constitución le permita reelegirse cuantas veces sea necesario, o cuantas veces quiera. No es entonces un sistema nuevo. Es el mismo, que hemos vivido de manera recurrente desde el siglo 19, fuente de vicios, de corrupción, de confrontación, de violencia, de pobreza.
El viejo líder insustituible de siempre. El iluminado que sólo él sabe lo que un país necesita. Una idea no precisamente de izquierda, que viene desde el oscuro fondo de la historia de América Latina, del profundo abismo de la sociedad patriarcal, cuando el terrateniente se convirtió en líder militar, y luego en presidente perpetuo. No hay ninguna novedad en la propuesta. Lo único es que se disfraza con virulenta retórica de izquierda.
Cuando el poder se piensa a largo plazo, necesita de instrumentos de largo plazo. Se apodera de todas las instituciones, del sistema judicial, de los tribunales electorales, y quiere apoderarse también del ejército y de la policía. Y no olvida en su lista a los medios de comunicación, la peor basura en el ojo.
Y el proyecto autoritario que concibe siempre a la misma persona a la cabeza del poder, no ve a la oposición como una pieza del sistema democrático, sino como un elemento perturbador al que hay que dominar y hacer callar, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil.
El poder que se arroga el derecho exclusivo de la razón, y la propiedad de la verdad, para decidir qué es lo que es tolerable, no es un poder democrático. Y cuando decide por sí mismo que es lo que es perjudicial para el orden político y lo que no lo es, inscribe a los demás, a los que piensan diferente, del lado de la conspiración para minar el poder.
La democracia, además, implica transparencia y control, algo que el autoritarismo, y el continuismo niegan, y viene a engendrarse por tanto la corrupción. Cuando el sistema democrático funciona, es capaz de fiscalizar a los que gobiernan, y exigirles cuentas. Por eso el autoritarismo encarna también este peligro, el de la falta de transparencia. Si todos los poderes se confunden en un solo puño, aunque sea un puño de izquierda, es más fácil que surjan las fortunas ilícitas, y que los que proclaman la redención de los pobres, se vuelvan ricos de la noche a la mañana.

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*Sergio Ramírez es escritor nicaragüense. Fue vice-presidente de Nicaragua (1984-1990)

Mercado Laboral y Equidad

2008-05-12T00:12:00.002-06:00

Por Alejandra Mizala*

La base sobre la que se fundan las propuestas del Consejo de Trabajo y Equidad es que la mejor política social consiste en que cada persona tenga un empleo digno que le proporcione el ingreso necesario para alcanzar un nivel de vida satisfactorio. Esto significa que las políticas propuestas buscan fundamentalmente incentivar a las personas a capacitarse y facilitar su incorporación al mercado laboral. Con este fin se propone una política de capacitación basada en un bono individual para que los trabajadores adquieran las competencias que requieran para su desarrollo laboral, la que se puede complementar con el esfuerzo de capacitación de las empresas. La capacitación permite incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores, con el consiguiente aumento salarial. Asimismo, se propone un sistema efectivo de intermediación laboral que facilite el acceso a empleos de calidad.

En este mismo espíritu el Consejo coincidió en la necesidad de impulsar políticas que incentiven la incorporación de la mujer a la fuerza laboral, puesto que el trabajo femenino permite allegar un nuevo ingreso al hogar, con el significativo impacto que esto tiene sobre la superación de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad social. Además de la ampliación de la oferta de cuidado infantil, las propuestas del Consejo apuntan a rediseñar las políticas existentes que, con el objetivo de proteger a las mujeres y la maternidad, terminan incrementando el costo de contratar mujeres. Algunas de las principales medidas propuestas apuntan a financiar salas cunas con cargo a impuestos generales, flexibilizaciones del descanso post natal y subsidios post natales a los salarios femeninos.

Asimismo, el Consejo coincidió en la necesidad de facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Para ello plantea potenciar la política de subsidio a la contratación de jóvenes, focalizándola fundamentalmente en aquellos pertenecientes a los hogares más pobres, y crear programas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes en riesgo social.

Pero no solo la capacitación incrementa la productividad laboral, también juegan un rol importante las relaciones laborales fundadas en la confianza, el mérito y la transparencia, puesto que ellas llevan a la cooperación y la realización personal de todas las partes envueltas en las relaciones de trabajo. En este ámbito el Consejo acordó temas de una Agenda sobre institucionalidad y relaciones laborales y ciertos objetivos o propósitos fundamentales que habría que alcanzar sobre algunos de los temas planteados en la Agenda, si bien no se alcanzó siempre acuerdo en relación a los instrumentos disponibles para alcanzar los propósitos concordados.

En particular, el Consejo coincidió en perfeccionar la institucionalidad laboral, de forma de adecuarla a los requerimientos actuales y futuros del país. Con este fin propone apoyar, por vía legislativa y con carácter específico, la institucionalización de una Defensoría Laboral pública, independiente, autónoma, descentralizada, especializada y con sistemas de externalización de las labores litigiosas. Concordó en la necesidad de avanzar en la modernización y profesionalización de las instituciones que están llamadas a hacer cumplir las leyes laborales en toda su amplitud, en la necesidad de capacitar a los dirigentes sindicales y empresariales buscando tecnificar la interacción entre las partes y promoviendo el dialogo y la colaboración. Se concordó también en la necesidad de establecer un sistema de certificación de buenas prácticas laborales que pudiera operar como un potencial círculo virtuoso facilitando mejores relaciones laborales y condiciones de trabajo.
En el ámbito de la negociación colectiva el Consejo coincidió en la necesidad de promoverla. No obstante lo anterior hubo importantes discrepancias respecto de los medios para lograrlo y sus efectos sobre el mercado laboral. Estos temas apuntan a viejas diferencias que sin dudas no era simple que un Consejo de estas características pudiera zanjar.
Con todo, una mayoría de consejeros considera la necesidad de establecer un sistema de adaptabilidad pactada, a través de la cual sea posible vía acuerdos entre trabajadores y empleadores ajustar las restricciones existentes en el Código Laboral, por ejemplo, respecto de jornadas laborales. Los consejeros concordaron en que la adaptabilidad pactada de determinadas regulaciones puede convertirse no sólo en un modo equilibrado de adecuación de las formas de organización de las empresas para incrementar su productividad, sino que en un poderoso incentivo para el fomento de un hábito de negociación y una cultura basada en la valoración de la contraparte. Las diferencias se expresaron respecto de los sujetos y niveles de la negociación, la forma de enfrentar la adaptabilidad pactada en las empresas de menor tamaño y si se establece el requisito de certificación de buenas prácticas laborales para negociar adaptabilidad.
El trabajo de este Consejo, respecto del cual esta columna sólo da cuenta de una parte, muestra que el ejercicio del diálogo, en un marco de respeto mutuo y espíritu constructivo, posibilita avanzar en muchas materias. Pero esto no es lo único importante, este ejercicio de diálogo nos permitió a los consejeros practicar la tolerancia y aprender de quien sustenta ideas distintas a las nuestras. Nos permitió, en definitiva, ser mejores personas.

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*Alejandra Mizala es economista del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile.

Santiago: un límite urbano en dudas

2008-05-08T23:37:00.003-06:00

Por Waldo López*

El sentido común nos dice que cuando algo crece irremediablemente es porque no hay como evitarlo. Se cuenta con que sea así y no preocupa mayormente que sea así. Por el contrario, si llegara a preocupar, es por porque flaquean las acciones destinadas a captar sus eventuales beneficios, o aquellas otras, que se destinan a aminorar o evitar sus efectos perniciosos.

Frente al crecimiento de Santiago y por causa de la inquietud suscitada con el anuncio que se va a ampliar su límite urbano, los terratenientes favorecidos con las plusvalías que esperan ganar, ven flaquear sus esfuerzos activados y en marcha para lograrlas; el Minvu ve flaquear su intervención destinada a evitar los efectos de una urbanización no planificada en la periferia del lado pobre de Santiago; y la opinión pública, salpicada por un agenda noticiosa hasta hace poco desconocida, que centra su cometido en las faltas a la probidad, a la idoneidad, a la transparencia, a la ética, y a la responsabilidad social, siente que le flaquea la confianza, tal vez en prevención a que esta inquietud se convierta en un arbitrario nuevo problema político. Hay entonces una preocupación a tres bandas

En la banda de quienes somos espectadores y no actores involucrados con intereses directos, pecuniarios o profesionales, un conocido arquitecto premio nacional, empresario, docente, e idealista, puntea el tema así: ¿Por qué en vez de una mera ampliación del límite urbano no se ha propuesto un nuevo, moderno, armónico, y funcional rediseño urbano para todo Santiago metropolitano como tal? Con acento en una mejor vialidad estructurante, expresa y troncal; con visión de futuro, sustentabilidad y sentido práctico, donde se aviste con nítida claridad la identificación flexible de zonas de reconversión; sub-centros de comercio y servicios; espacios abiertos; áreas verdes, aperturas de avenidas, e incentivos constructivos para conformar barrios satélites renovados y funcionalmente integrados entre sí. Donde por fin haya perspectivas reales de avanzar hacia la erradicación de la desventura urbana de ricos y pobres.

Vale decir, ¿por qué mejor el gobierno no ha optado por anunciar el inicio de una tarea sectorial realmente trascendente como la anterior, donde por cierto que el Minvu puede contribuir con sus artes administrativas especializadas a procurar la integración social; aumentar los acervos de espacio público habilitado; optimizar la red vial interior; aminorar los malos efectos de la contaminación ambiental, y desde ya, con iniciativas como estas, pero para toda la ciudad, objetiva y racionalmente bien fundadas, puede contribuir a que el mercado inmobiliario obtenga señales claras de bien común iguales para todos, hacia donde orientar sus recursos? Varios de cuyos agentes empresariales idóneos, por ejemplo, están preparados desde ya para desarrollar proyectos modelo de “renovación urbana”, destinados a contrarrestar la segregación social. Iguales como aquellos que tipifican los programas exitosos de integración social de otras latitudes.

Dentro del amplio espectro de contingencias a que hace referencia algo así, versus la limitada acción por la que ha optado el Minvu con el asunto del límite urbano santiaguino, no deja de llamar la atención la ninguna suspicacia hecha pública hasta ahora, que aborde despejar cuál es su interés aún no confesado con tal anuncio. Primero, sabiendo que todo cambio del límite urbano y aunque sea un ápice del mismo, depende de lo que al respecto dispone la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Segundo y en los hechos, sabiendo que desde Enero pasado esta ley se halla en trámite parlamentario en el Senado para cambiarla, justamente en su Capítulo II sobre planificación urbana. Y lo que es más, y tercero, sabiendo que en el Mensaje de esta iniciativa, anuncia que “después” va a proponer que se le integre otros dos tópicos urbanísticos nuevos, mediante un segundo proyecto de ley sobre “integración social”, y mediante otro y tercero, sobre el “transporte”.

Como parece absolutamente inimaginable, por ser poco serio, que haya elaborado su propuesta de cambio del límite urbano con arreglo a su “actual” idea sobre como va a quedar la LGUC modificada, “después”, conforme a dichos tres proyectos de ley, y como necesita de su respaldo para poder aplicar este cambio en derecho, una primera deducción que surge de esta reflexión es que de momento, y por cierto, no puede exigir “vivienda social” por doquier, a cargo de los privados que invierten en este mercado. Temor que ya se ha dejado sentir.

Consecuentes con la legalidad del asunto, lo propio es que haya construido esta propuesta con arreglo a la LGUC vigente, lo cual, automáticamente, lleva a situar a los terratenientes favorecidos en una mejor posición que hacerlos esperar hasta que se apruebe una nueva versión de esta misma ley. Lo cual no es algo que sea inconfesable. Por otra parte, según los hechos a la vista y a las explicaciones dadas, resulta categórico que está por posicionar el tema del crecimiento urbano de Santiago metropolitano en la agenda pública. Ha empezando, en días pasados, con un muy bien elaborado discurso ministerial, notable por los buenos eufemismos de que vale, y muy probablemente lo ha hecho convencido que en tiempos electorale sus puntos de vista son los buenos. Lo cual es muy factible que efectivamente y al final, resulte ser así. Y que se vote así.

Como base argumental de este posicionamiento, dado a conocer con publicidad al Intendente y al Consejo Regional, y a la opinión pública en general, se ha nos ha explicado que esta ampliación del límite urbano va a permitir subsanar los problemas metropolitanos que más preocupan, mencionando como tales a la segregación social; a la infraestructura vial y de espacios abiertos que faltan, y a la contaminación ambiental, que por estos meses agobia a todos los santiaguinos por igual, año tras año.

Aparte de lo falaz que en efecto nos parezca semejante discurso, entre otras razones, por su inclusividad a otra escala que la del territorio involucrado por el cambio del límite urbano anunciado; o de las dudas que levanta la intención de ampliar solamente algunas superficies del sur poniente de la metrópolis; también llama la atención, y mucho, que al informar sobre las casi 10.000 hectáreas de nuevo suelo urbano que ahora se nos dice que se necesitan, se haya preferido dejar en el tintero el recordar aquellas que corresponden a Los Cerrillos. Esto es, el hecho esencial que se omita contabilizar las hectáreas del ex-aeropuerto y de sus conos de protección. ¿Por qué?

Si a esta omisión se le agrega la cantidad de hectáreas que se le ha incorporado a Santiago metropolitano desde 1997 hasta hace unos pocos meses atrás, mediante la anexión de la Provincia de Chacabuco y la ampliación de límite urbano de Colina, y además de esto, se contabilizan aquellas que en el 2003 se dedicaron a los proyectos de desarrollo urbano condicionado; se obtiene una significativa cantidad nuevo suelo urbano, que fue obtenida muy recientemente, con el que ya cuenta Santiago,… y sobre el cual no se nos está diciendo nada. Solo se nos dice que aún falta más. ¿Acaso es que todo este otro stock, que es inmenso, ya se encuentra agotado? Y que esta falta de previsión sea lo que no se está confesando ¿Por qué el Minvu excluye a Los Cerrillos? ¿Por qué no sincera el total de todas estas otras hectáreas adicionales a esas 10.000, en que hace descansar sus actuales intenciones?

El sentido común cuenta con que Santiago metropolitano crece día a día, pero no sabe, no tiene como aclarar las interrogantes anteriores, planteadas desde el comienzo. Las repuestas que faltan son motivo adicional para dudar que la propuesta del Minvu en orden a cambiarle su límite urbano, en la periferia elegida, sea lo que convenga materializar. Más todavía, cuando hay terratenientes de estos mismos alrededores, que han invertido en estudios, ideas y asesorías, que han quedado fuera, y que se consideran arbitrariamente excluidos. O prestigiados profesionales del urbanismo, la economía, el medioambiente y el derecho, que esgrimen razones válidas para que el tema de la expansión urbana sea bien resuelto. No con una visión inmediatista y local, orientada a determinados proyectos preconcebidos, como pareciera ser este el caso, o como se presta para que sea subentendido que lo es.

“Santiago: un límite urbano en dudas”, quiérase o no, es un tema positivo; y como tal, es un producto directo de la excelente idea ministerial de abrir el tema a la opinión de los interesados. Ya existe cantidad de aportes en los medios, y esto es lo positivo. Es un tema para preocuparse. Para tener opinión y votar.

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*Waldo López es miembro de la Fundación Defendamos la Ciudad

Cuba: autorizados para consumir

2008-05-08T01:14:00.002-06:00

Por Javier Campos*

Hasta ahora Raúl Castro lleva más de dos meses como nuevo presidente y primer ministro de los consejos de estado de Cuba, aparte de otros poderes. En su discurso como nuevo presidente el 29 de febrero, dijo que habría pronto unas “autorizaciones” necesarias en el país. Sin duda en todo régimen dictatorial la palabra “autorizar” depende no de un consenso democrático sino más bien de lo que decida la cúpula del poder.

Y comenzó con las autorizaciones en este orden: se puede comprar ahora libremente computadores, aparatos de DVD, teléfonos celulares, ollas eléctricas para cocinar arroz, alojarse en un hotel, lo que por años había estado prohibido para los cubanos pues sólo los turistas tenían el privilegio de gozar esas comodidades. Pero lo más contradictorio, y surreal, es que todas esas “autorizaciones” se deben pagar no en pesos cubanos sino en moneda convertible (euros o dólares). Un cubano gana en pesos el equivalente a 13 dólares al mes, un cuarto de hotel de los más baratos cuesta 50 dólares. Si desea comprar una olla en 30 dólares, el cubano común debe cambiar su salario que es en pesos a moneda convertible (similar al euro o el dólar).

O sea que para dormir sólo una noche en un hotel que cuesta desde 50 dólares, el cubano común debe trabajar tres meses (y se puede aplicar la misma formula a las “autorizaciones” arriba señaladas). Pero aquellas autorizaciones lo que hacen es mantener un apartheid social-económico entre la población cubana. Una brecha que claramente es entre los que no tienen y los que tienen, crítica que es común hacérsela a los países capitalistas.

Con estas autorizaciones está apareciendo otro asunto nuevo que estaba escondido. Hay ya una elite de cubanos que están sacando dólares o euros – literalmente- desde debajo del colchón. Este “colchón”, o lugar secreto de la casa, ha cumplido la función de “banco o cuenta de ahorros” porque en Cuba el sistema bancario no funciona como en el mundo de economía de mercado. Con 13 dólares al mes nadie es capaz de ahorrar nada pues con esa cantidad, unida a la escuálida libreta de abastecimiento que le da el gobierno, no se satisfacen ni las necesidades alimenticias elementales ni menos el consumo mínimo como son los objetos personales necesarios (zapatos, vestuario, objetos de aseo personal, entre otros).

Con las nuevas autorizaciones está apareciendo gente que comienzan a comprar computadores, DVD, celulares, ollas para cocinar arroz, alojarse en un hotel. Como si de repente, por las “autorizaciones”, comenzaron a sacar ese dinero guardado bajo el colchón y a gastarlo en consumir. ¿Pero quién es esa gente, esa casta de privilegiados en Cuba? Por un lado, los que reciben remesas de familiares desde el extranjero, y una elite que clandestinamente ha estado en el mercado negro junto una cierta burocracia gubernamental corrompida que también ha podido “ahorrar bajo el colchón”.

No hay otra explicación en un país donde no existe ahorro personal porque es imposible hacerlo. Con las “autorizaciones” se destapa oficialmente un sistema de prohibiciones en la sociedad cubana que nunca los medios oficiales reconocían ni querían hablar pero que la gente común lo vivía pero no ha podido ni criticarlo abiertamente ni menos exigir soluciones económicas reales.

Lo de las autorizaciones recientes en Cuba es como darle a la gente de la noche a la mañana -que ha vivido casi una vida feudal- un celular, un DVD, un computador, una olla eléctrica para cocinar. Gente que ha estado oyendo por 50 años que esas cosas son habituales “al otro lado del mundo” pero que aún en el siglo XXI en Cuba nunca las han tenido. Consumo necesario sin duda porque nadie en estos momentos quiere cocinar arroz en un tarro de lata y ponerlo sobre una fogata de leña. O privarse de tanta película o documental que necesitamos para entretenernos e informarnos.

Pero si a esa sociedad cerrada se le “permite” sorpresivamente comprar un celular en este siglo XXI resulta surreal, porque aún no se solucionan otros asuntos más importantes. Es decir, la producción de bienes de consumo por un gobierno que no se identifica con el mercado competitivo. O sea, negarle a la gente la libertad para producir independientemente lo que se les ocurra y comerciarlo con quien quiera y donde quieran.

Mucho ha hablado la revolución cubana -y los socialistas marxistas- de cómo las “sociedades de consumo alienan a la gente”, pero la cúpula del Partido Comunista lo primero que ahora autoriza es ese “alienante” agente como puede serlo un DVD. Pues un DVD servirá para acceder a documentales, películas prohibidas con “comerciales alienadores” o CDs clandestinos donde entonces el pueblo cubano “verá cómo es el mundo capitalista-imperialista fuera de Cuba”. Y fue el propio presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, quien les dijo aquello a los muchachos de la Universidad de Ciencias Informáticas en febrero de 2008. Claramente les sugirió que era mejor “no salir de la isla pues fuera de ella el mundo era perverso” y por tanto era mejor quedarse en el utópico lugar llamado Cuba.

Cuba autoriza ahora -con el nuevo presidente- medidas confusas y contradictorias. Pero también envía un mensaje igualmente contradictorio para la “izquierda” que vive fuera del país y solidariza con el gobierno cubano, pues ahora (esa izquierda) debe tener un cortocircuito con aquellas “autorizaciones”. Fue el intelectual francés y director de “Le Monde Diplomatique”, Ignacio Ramonet, quien le señaló a Fidel Castro y al Consejo de Estado en una conocida conferencia, publicada luego en Cuba misma, que los medios masivos occidentales eran malignos porque alienaban sutilmente a la gente.**

Me imagino que Ramonet quizás esté también confundido con su teoría que él sugirió en Cuba y Fidel la adoptó al pie de la letra sobre “los medios masivos alienantes”. Pues ahora Raúl Castro parece no hacerle caso con sus recientes “autorizaciones” donde se puede comprar aparatos DVD, computadores, celulares, y permitir el “deseo consumista” de tener ollas eléctricas para hacer arroz más rápido. O “gozar como un burgués” en un hotel que antes era privilegio absoluto de los turistas extranjeros. Pero el apartheid está en que todo hay que consumirlo en moneda extranjera y no en pesos cubano.

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*Javier Campos es poeta, narrador y columnista.

** Ignacio Ramonet, "Un delicioso despotismo" (Conferencia impartida en el teatro "Karl Marx", La Habana, ante Fidel Castro y máximas autoridades, 10 de febrero de 2002, publicado por la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, Cuba.

Andrade es el Hombre

2008-05-06T23:37:00.000-06:00

Por Karen Hermosilla Tobar

Si me detengo a pensar un momento en qué se parece el socialismo de antaño con el de hoy, mi corazón busca que las ideas se me escabullan. Podría ponerme de súbito a cocinar alguna preparación profética en mi caos-cocina o tomaría en mis manos, pretenciosamente, un complejo libro de antropología.

No hay caso. Me siento limítrofe en todos los movimientos. Me desconcentro en cosas banales: el bigote, extrañamente abundante de un poeta prontamente decadente, o en los ojos exóticos de un inocente muso perdido de Gauguin, un joven desierto y amarillo. Mis más bajas pasiones me hacen sentirme parte de un programa horrible como Mea Culpa. Mi entusiasmo va de la magia al desastre. No se puede cocinar decentemente, ni pensar de una forma coherente y honesta. Menos en qué se parecen el Partido Socialista chileno de ayer con el de hoy.

El Partido Socialista de antaño, ese que produjo un pacto vanguardista y que corajudo se empecinó, lejos de buscar un cambio, ha cambiado demasiado. Veo que la miseria es transmitida como un show contrario a las simbólicas reverberaciones iconográficas de la figura de Salvador Allende y las tan pertinentes y desconocidas frases de Osvaldo Andrade.

Los estudiantes, los trabajadores, los pobres, las mujeres, los maricones y las lesbianas, y todos los animales que van quedando sueltos, además de los vagabundos y los locos, las malezas que aún no se han quemado y los árboles sobrevivientes, a pesar de todas las protestas y reclamaciones, no consiguen más que represión. A pesar de ser una masa diversa y luchadora que intenta liberarse de las garras del mercado, jamás ha podido sentir el respaldo de este partido que intentó ser vanguardia en algún momento. El pueblo, ya sea en las formas actuales tales como usuarios y funcionarios, son víctimas del Partido Socialista pues son ellos quienes tienen inalienablemente la responsabilidad de la primera magistratura y varios ministerios, secretarías, gobernaciones, intendencias y municipios.

El otro día escuché una mala broma. El señor funcionario del PS decía que su cuenta, que consistía en cuatro vodkas tonic, sería pagada por el municipio de Quilpué. Al preguntarle yo porqué me decía eso, me contestó que me había salido “la veta de periodista”, cosa que debe ser resguardada celosamente mientras oficio de copetinera para no incomodar a los consumidores, en su mayoría burócratas. Luego y en tono absoluto y fervoroso mencionó: “Por que puedo”.

El chiste, según Freud, se perfila como una fisura que deja entrever secretos pensamientos que buscan aceptación social.

El gobierno de Salvador Allende no fue un gobierno socialista, a juicio del mismo héroe, sino que un gobierno popular, que reconocía en el Estado una plataforma burguesa de hacer política y por lo tanto de vivir la vida. El gobierno de Lagos Escobar y de Michelle Bachelet, en cambio, son gobiernos liderados por este partido y secundados por la Concertación, toda la clase empresarial emergente y todos los intelectuales agringados que hagan falta. No tiene nada de popular.

De esta forma hicieron una sociedad completamente burguesa, cada vez más clientelista, a relajo de los tantos miles y millones de funcionarios y usuarios, con el fin de decidir por este disciplinado ente que bota por sus jefecitos con devota inseguridad laboral y con efectividad garantizada. Personas fiscales abundan en la masa social, asegurando la continuidad del gobierno por unos 20 años más, aunque con su voto nunca logren una jubilación digna en el sistema público.

Podemos ver que las diferencias están a la vista. Al parecer no solo temporalmente las condiciones de uso del PS han cambiado, sino cósmicamente. El Partido Socialista se ha separado de sus raíces, que flotan en un océano, en donde las olas que tocan el presente resbalan hacia la orilla sin arrastrarlas. Unas raíces exterminadas, ahogadas en un icono pop, en una rebeldía en blanco y negro, en unas “reñidas elecciones” en donde la táctica es igual a la estrategia.

El gobierno de Michelle Bachelet mantiene en sus filas a dos entes antagónicos que se mantienen en un eficiente empate. El Doctor Velasco y Mr. Andrade miden su imaginario sin conseguir más que lo que sucede cuando un elástico es estirado por ambos lados: cae de un salto siempre en el medio, quedando por segundos suspendido en un espacio cargado de símbolos, que se diluyen irremediablemente píxel a píxel.

Ninguno es capaz de convertir su pensamiento en una política pública. Andrade teniendo todo el respaldo de un partido con tradición, también fracasa en el intento.

Todos sus dichos se han pasado por alto, han sido rectificados, desmentidos, puestos en la débil situación del individuo. El individuo Andrade piensa -porque lamentablemente no puede actuar- de forma personal e intransferible, sin representar a nadie más que a si mismo, en un acto rebelde e incluso egoístamente indisciplinado. A pesar de ser una opinión altamente compartida por el pueblo de Chile, a pesar de tener un margen altamente superior de credibilidad al de sus camaradas, justamente porque su opinión no representa más que a sí mismo, a nadie le importa la palabra de Andrade.

Un partido con poder para decidir ¿por qué le teme al debate profundo? Osvaldo Andrade recibió el apoyo de muchos de sus camaradas, e igualmente de la Presidenta de la República. ¿Qué pasa entonces? No se pueden dar sólo espaldarazos, se deben llevar a cabo medidas que provoquen avances sustantivos en justicia social.

Osvaldo Andrade, un heroico y cercano ministro, ya sea por su plataforma multimedial, o su historia como sindicalista, lleva la consigna de la simple y llana espontaneidad de quien no cree que el Estado sea un feudo. Los socialistas que mantienen esta raíz tienen una hermosa playa frente a sí. Tocan la orilla, como Andrade, y se sienten ridículos haciendo máquinas internas que los sumergen en el gran y frío océano, que ninguna relación tienen con los estudiantes, los trabajadores, los pobres, las mujeres, los maricones y las lesbianas, y todos los animales que van quedando sueltos, además de los vagabundos y los locos, las malezas que aún no se han quemado y los árboles sobrevivientes.

Las prestaciones a gendarmería a visión de analistas y aliancistas, pertenece a una más de las irregularidades del caso “sobresueldos”, sin embargo Andrade ha sido enfático y ha tenido la entereza de contestar sin arrugarse frente a las cámaras que fue un trabajo realizado seriamente en horas fuera de su jornada laboral.

La casa de brujas ha comenzado y la cabeza de Andrade se mantiene sobre sus hombros. Supongo que Andrade es el HOMBRE. Lo digo pues me evoca, inevitablemente, cuando lo observo, esta provinciana campaña política. Deben estar unidos cósmicamente, como lo está el pico de un pájaro carpintero a la cura del dolor de muelas como aseguran los aborígenes de Siberia. Así es en el pensamiento primero que ordena el universo y que sin duda también crea distancias infranqueables, como la que en este momento tiene el Partido Socialista de antaño y el de hoy, a no ser por Andrade, un mágico puente, sobre un tortuoso océano.

Quién te vio, y quién te ve...

2008-05-06T00:19:00.000-06:00

Por Luis Casado*

Hace solo un par de botellas el mundo parecía claro y definitivo. Al terminar el siglo XX Hubert Védrine inventó el término “hiperpotencia” para designar el único país capaz de dominar el planeta: los Estados Unidos de América.

Por ahí por el año 1997 la conversa iba de unipolaridad y la supremacía de los EE.UU. en los planos económico, financiero, ideológico, militar y político era tan apabullante que el que se movía no salía en la foto. El FMI, el Banco Mundial, la OMC, -herramientas del poder imperial-, eran indiscutibles, Alan Greenspan ejercía de gurú universal y la FED definía las tasas de interés. Claro como el agua de roca.

En eso llegó la crisis que comenzó en julio de 1997 en el sudeste asiático, propagándose a Rusia, Argentina y Brasil en menos tiempo del que tardas en perder un 20 por ciento de tus fondos de pensión. La “hiperpotencia”, el FMI, el BM, la FED, no lograron controlar ni sus esfínteres y los mencionados países tuvieron que arreglar el pastel por su cuenta. La incuria y la impericia del imperio quedaron con las nalgas al aire.

Una década más tarde tres de los cuatro bancos más importantes del mundo son chinos. El ICBC, con una capitalización bursátil de 340 mil millones de dólares, encabeza la lista. Crisis de los créditos hipotecarios basura mediante, el estadounidense Citigroup, ex número uno, llega apenas en sexto lugar.

Los fondos de Estado destinados a colocaciones financieras, los muy célebres “fondos soberanos”, ya pesan 3,5 billones de dólares. En los tres últimos años sus reservas han progresado a un ritmo de 24% anual y su potencia financiera sobrepasará el PIB de los EE.UU. en el año 2015, y el PIB de la Unión Europea en el 2016.

Gracias a la crisis de los “subprimes” los fondos soberanos han ido comprando el control de la banca mundial por tres chavos. Sólo el año pasado invirtieron más de U$ 80 mil millones en la banca estadounidense. A escala mundial, 93% de las inversiones fueron efectuadas en el sector financiero occidental.

“Armados de tales montos de liquidez que no tienen que reembolsarle a nadie, los fondos soberanos son los nuevos amos de las finanzas, sustituyen a los fondos especulativos («hedge funds») y otros fondos de inversión, y sobrepasan a los bancos centrales en el papel de financistas internacionales”, dicen los que saben.

¿Quién controla los fondos soberanos? China, cuyas reservas alcanzan la impresionante cifra de 1,7 billones de dólares, Rusia, Kuwait, Taiwan y Brasil, entre otros. Arabia Saudí se apresta a crear su propio fondo soberano. En los últimos cinco años los países que constataron el crecimiento más fuerte de sus fondos soberanos fueron Nigeria (+291%), Omán (+256%), Kazakhstan (+162%), Angola (+84%), Rusia (+74%) y Brasil (+65%).

Los EE.UU. son hoy en día el país más endeudado del mundo y requieren una inyección de capitales foráneos de tres mil millones de dólares diarios para cubrir sus déficits. Más de un billón al año. Hay quién piensa que nunca lograrán reembolsar esa deuda. La continua y aguda devaluación del dólar tiene que ver con esto. ¿Hiperpotencia? Ya me dirás tú.

Según las cifras entregadas por el BRI (Banque de Règlements Internationaux) el Euro poco a poco va imponiéndose en el sector de las operaciones interbancarias. Los créditos en Euros aumentaron por el tercer trimestre consecutivo, y más que doblaron al alcanzar la cifra de 377 mil millones. El billete verde sigue bajando, y los nuevos créditos en dólares cayeron a la mitad con 247 mil millones.

¿Muertos los EE.UU.? Desde luego que no. Siguen siendo una impresionante potencia en el ámbito mundial.

Pero con Irak y Afganistan en la espalda, -dos guerras perdidas aún en curso-, con una recesión económica severa, una crisis financiera muy lejos de haber terminado, un capital político casi inexistente y el surgimiento de nuevas potencias económicas, financieras, militares y políticas, ya nadie, ni siquiera Condoleeza Rice, se atreve a hablar ni de unipolaridad ni de “hiperpotencia”.

Como te decía: hace solo un par de botellas el mundo parecía claro y definitivo.

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*Luis Casado es economista

Hambre en el mundo

2008-05-05T00:48:00.003-06:00

Por Marcel Claude*

De acuerdo a la organización internacional Acción Contra el Hambre, la crisis alimentaria que emerge del cuantioso aumento en el precio de lo alimentos básicos, afectará de manera cruda y cruel a más de 850 millones de personas, esencialmente en África, Asia y el Caribe, que son las que sufren hambre, en medio de la abundancia y el derroche de recursos que se permite el mundo altamente desarrollado. Es más, el mismo Banco Mundial, a través de su actual presidente, Robert Zoellick, pidió una acción coordinada y global para contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria, ya que el aumento de precios en los alimentos está generando desabastecimiento, hambre y desnutrición alrededor del mundo. Según la propia institución son 33 países los que afrontan la posibilidad de una crisis social y política debido a los elevados precios de los alimentos y la energía.

La situación es crítica y no ha recibido -como era de esperar- la cobertura noticiosa que un problema de esta envergadura requeriría. Es tan aguda la situación que desde el Programa Mundial para la Alimentación (PMA), se nos advierte que las reservas de alimentos en el mundo están en el nivel más bajo de los últimos 30 años y que amenaza a 100 millones de personas que son “los más pobres de entre los pobres” y que, además, afectará la capacidad para responder al aumento de los precios de la energía y los fertilizantes de más de 500 millones de campesinos pobres. Algunos analistas internacionales sostienen que bastaría con que el precio del arroz suba en un 52% en dos meses y el de los cereales en un 84% en cuatro meses -en un contexto de aumento en el precio del petróleo- para precipitar a dos mil millones de personas hacia el umbral de la pobreza. Esta situación ha llevado al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, a sostener que temía una "crisis en cascada" que afectará al crecimiento y a la seguridad del mundo si la crisis de los precios de los alimentos "no es gestionada de forma correcta y urgente".

Probablemente no sea fácil entender claramente una situación como esta, pero las cifras son tan claras y evidentes que no es necesario ser un entendido en la materia para asomarse a la gravedad del problema. Aproximadamente el 50% de la humanidad vive con menos de dos dólares por día y cerca de mil millones con menos de un dólar diario. Estamos hablando de cifras siderales de personas en condiciones muy precarias -unos tres mil quinientos millones de personas- que viven en países pobres y que, en promedio, gastan un 75% de su presupuesto en alimentación, mientras en los países ricos éste tipo de gastos no supera el 15%. Entonces, si sabemos que en los países pobres, el trigo, la soya, el arroz y el maíz son la base de su alimentación y si también sabemos que en los últimos 12 meses, el precio del trigo subió 130%, de la soya 85% y del maíz 35%, mientras que el arroz lo hizo en un 71%, no nos puede sorprender que hoy el mundo se enfrente a un grave crisis alimentaria. El precio del arroz pasó en unos pocos meses de 300 dólares la tonelada a unos 1.200 dólares. El PMA evaluó en un 55% el aumento de los precios de los productos alimenticios desde junio de 2007 y algunos expertos estiman que esta cifra llega al 70%.

Estas cifras -por muy duras y frías que parezcan- nos permiten explicar los estallidos de violencia que se han dado a lo largo del planeta, en especial en Haití con 5 muertos, Egipto, Costa de Marfil, Camerún con 40 muertos, Mauritania, Mozambique, Senegal, Uzbekistan y Yemen. En Haití la crisis derribó al Primer Ministro, Jacques Edouard Alexis, quien fue destituido por el Senado haitiano en un intento dramático para frenar las violentas protestas de la población con numerosos establecimientos saqueados, quemados y destruidos debido al incremento en los precios de los alimentos. Un ejemplo que ilustra la delicada situación es lo que ocurre en El Salvador, en donde según el PMA, las comunidades rurales están comprando 50% menos comida que hace 18 meses, lo que significa que su consumo nutricional que ya es muy pobre, se ha visto recortado a la mitad. La situación es más que complicada pues está alcanzando a los países de alto desarrollo, cuyos habitantes ahora están invirtiendo 5% más de sus ingresos en comprar alimentos. Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, está viviendo la peor alza de precios en los alimentos en casi dos décadas, incluso algunas grandes cadenas distribuidoras, como Wal-Mart y Cotsco, han racionado la venta de algunos productos como el arroz. Para colmo de males, las Naciones Unidas advirtieron que el aumento en el precio de los alimentos básicos podría continuar hasta el año 2010.

Así las cosas, en Filipinas, Pakistán y Tailandia, sus ejércitos vigilan para evitar robos y saqueos en los centros de acopio de granos y en Tailandia, el Ejército monta guardia en los campos de arroz, mientras en Vietnam ha habido huelgas cada vez más frecuentes por la penuria alimentaria. Indonesia, tercer productor mundial de arroz, anuncia que sólo permitirá las exportaciones si las reservas superan los tres millones de toneladas, y Kazajastán suspende todas sus exportaciones de trigo hasta el 1 de septiembre. Por su parte, Argentina, Vietnam y Rusia también han restringido sus exportaciones de trigo, arroz y soja para hacer frente al mercado interno.

Dentro de las causas de la presente crisis alimentaria, la revista médica británica The Lancet, remarcó los efectos del cambio climático, los subsidios agrícolas y, sobre todo, el uso masivo de productos alimentarios para producir los denominados biocombustibles. Efectivamente, las condiciones adversas generadas por el cambio climático, entre las que se cuentan prolongadas sequías o súbitas inundaciones, impiden un aumento en la producción de cereales y granos básicos, mientras la demanda causada por el incremento mundial de población no se detiene. Por otra parte, la creciente demanda de países como China e India por alimentos de calidad, tiene una incidencia no menor en el aumento de la demanda por granos; por ejemplo en China, la demanda de carne por habitante pasó de 20 a 50 kilos anuales, lo que impacta enormemente en los requerimientos de cereales pues para incrementar la producción de carne, se necesita aumentar el consumo de estos productos por parte del ganado. A su vez, la necesidad de reducir la dependencia del petróleo ha llevado a la reasignación de importantes productos alimenticios hacia la producción de los llamados biocombustibles; actualmente se están utilizando unos 100 millones de toneladas de cereales por año para fabricar etanol o biodiesel.

Ciertamente, el tema de los biocombustibles es altamente controvertido, ya que en algunos casos, cuando se trata del uso de granos como el maíz y el trigo que constituyen la base de alimentación de miles de millones de personas -generalmente las más pobres- es todo un contrasentido ético y, al igual que la producción de salmones que destruye una biomasa pesquera natural casi diez veces el tamaño de la producción salmonera, debería promoverse una moratoria mundial que impidiera el uso de recursos tan críticos como la biomasa pesquera y las reservas de grano para sostener el negocio lucrativo de los salmoneros y de las trasnacionales que -como Monsanto- inciden a nivel mundial y de manera gravitante en la producción y disposición de granos como el maíz. No está demás recordar que con los precios actuales del petróleo, el incentivo para reasignar los granos a la producción de estos biocombustibles crece en forma directamente proporcional al aumento del precio del petróleo. Al respecto, considérese que el barril de crudo de la OPEP ya tocó los 111 dólares; el Brent del norte que es la referencia en Europa, ya se cotizó en Londres a 117 dólares, y el de Texas, referencia en Estados Unidos, alcanzó en Nueva York los 120 dólares. Ciertamente, compañías multinacionales como Monsanto –responsable del temible Agente Naranja y de la proliferación de los PCB’s y de las dioxinas en el mundo- no tendrán tribulaciones éticas a la hora de poner en riesgo a los 850 millones de hambrientos que hay en el mundo si de ganar mucho dinero se trata. El problema que están causando los biocombustibles fue incluso resaltado por el primer ministro británico, Gordon Brown, quien estima que hay que remediar el aumento reciente de los precios de los alimentos y que la comunidad internacional debería examinar el impacto que está teniendo en este tema la fabricación de biocarburantes.

No menos importante en la explicación de la actual crisis alimentaria es la política agrícola seguida por los países de alto desarrollo. El presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss, haciendo gala del sesgo ideológico de esta institución, ha declarado que la súbita crisis de alimentos, que se ha intensificado más en países de Asia, África y el Caribe, se debe a las políticas comerciales y de subsidios que países ricos dan a sus agricultores. Aunque se ponga en tela de juicio la obsesión ideológica del FMI que busca demoler toda forma de impuestos y subsidios, no debería esto segarnos ante el enorme impacto que puede tener en la economía mundial, especialmente en los países pobres, los más de 300 mil millones de dólares anuales que gastan los países ricos (Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá) para subvencionar a sus productores agrícolas. Esto representa aproximadamente un 30% del valor de la producción y en esas circunstancias no hay negocio que aguante. Esto que no hacen ni pueden hacer los países en desarrollo, es derechamente competencia desleal que afecta a los más pobres de entre los pobres del mundo, lo que se agrava más aún cuando muchas veces, la mal llamada ayuda al desarrollo consiste en entregar suministros de estos productos alimenticios a los países pobres, contribuyendo a eliminar y destruir la producción tradicional de estos pueblos. Muchas veces la ayuda al desarrollo se utiliza como una excusa para sostener las políticas de subsidios que hacen los países ricos a sus agricultores. La hipocresía política no es patrimonio exclusivo del Tercer Mundo.

No pocos expertos sostienen que las políticas de ayuda alimentaria de los países ricos -donde la producción es subsidiada- modificaron en las últimas seis décadas los hábitos alimenticios y destruyeron la producción agrícola local de pueblos en África y el Caribe. Vandana Shiva –reconocida líder del Tercer Mundo- responsabiliza al Banco Mundial y al FMI de la destrucción de los sistemas de agricultura tradicional de los países pobres, los que gracias a proyectos de desarrollo y políticas de ajuste estructural, fueron forzados a abandonar la producción de granos básicos, para depender de las exportaciones de flores, frutas y verduras exóticas, así como de los biocombustibles. Todos estos productos tienen como destino los mercados de los países industrializados que son quienes acaparan la riqueza del mundo. Africanos y caribeños dejaron de comer tubérculos como la yuca o el camote y otras raíces que eran producidos localmente y constituían la base alimentaria antes de que se introdujeran, como ayuda al desarrollo, el trigo, el arroz y el maíz. En Haití, el arroz importado de Estados Unidos a precios subsidiados sustituyó a los tubérculos, raíces y a la producción local y, en algunos países de África, es más barato importar granos o cebollas desde Francia que producirlos localmente, lo que contribuye a la dependencia y a la incapacidad de los países pobres para desarrollar su sector agroalimentario.

Esta crítica situación por la que atraviesa el mundo ha sido ratificada el pasado 15 de abril en Johannesburgo, Sudáfrica, en una reunión de gobiernos y científicos del mundo -auspiciada por Naciones Unidas y el Banco Mundial- en donde se dio a conocer el informe del Panel de Evaluación Internacional de los Conocimientos, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), el cual demanda un cambio radical en la forma de producción agrícola. En dicho informe, se pronostican los graves conflictos que implicará la actual y dramática escasez de alimentos, se cuestiona la revolución verde -basada en el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes- y en los organismos genéticamente modificados y se hace hincapié en la necesidad de promover y fortalecer la agricultura en pequeña escala como la única solución viable a la crisis. El director del IAASTD, Robert Watson, señaló que "Business as usual is not an option", afirmando que, de la forma que actualmente el mundo enfrenta la insuficiencia alimentaria, no se resolverá el problema del hambre, ni de la pobreza ni de la grave crisis ambiental que vive el planeta. El informe -realizado por un grupo de 400 investigadores a nivel mundial- fue aprobado por 55 países y sólo Estados Unidos, Canadá y Australia mostraron sus reservas, mientras algunos países de la OCDE rechazaron el cuestionamiento de los subsidios agrícolas.

El problema esta planteado y apareció como una plaga largamente larvada y es de esperar que los políticos del mundo, sean capaces de asumir este desafío en la escala y dimensión que corresponde.

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*Marcel Claude es director de investigación y estudio U. Arcis

Regulación Laboral: lo que falta

2008-05-02T00:29:00.003-06:00

Por Alberto Finlay*

Ayer se celebró en Chile y el mundo un nuevo aniversario del Día del Trabajo. La ocasión es propicia para que todos los actores de este sector expresen sus diagnósticos y expectativas. En ese sentido, la organización que dirijo organizó la semana pasada un seminario internacional sobre trabajo temporal, tal vez uno de los tópicos más candentes de la agenda laboral. En él participaron representantes de empresas y gremios del ámbito de la administración de recursos humanos provenientes de Europa, Colombia, Brasil y Argentina, entre otros.

De este encuentro se pueden extraer algunas conclusiones interesantes al comparar la regulación chilena con los usos y prácticas a nivel internacional. La primera es que el imperativo de contar con formas flexibles de empleo, con el debido resguardo de los derechos laborales, es una necesidad común a los mercados mundiales y de las naciones más diversas. La segunda es que la forma de abordar esa necesidad ha sido igualmente diversa.

En suma, al hablar de Empresas de Servicios Transitorios (EST) en Chile no estamos solos, y muchas veces los números son sorprendentes: no es lo mismo decir que las mujeres son grandes beneficiadas de las formas flexibles de empleo, que decir que su participación en el empleo temporal es de un 83% en Japón, 80 % en Suecia, 75% en Finlandia y 64% en Noruega. Como sabrán, la inclusión de la mujer en el mercado del trabajo es una de las grandes falencias chilenas, comparativamente hablando, y los países referidos son de aquellos con los que nos gusta hacer comparaciones.

Brasil, por su parte, presentó cifras propias de su tamaño y gravitación internacional: 7,7% de la población económicamente activa está tercerizada, lo que equivale a más de 7 millones de trabajadores en esa condición.

Argentina comunicó que formalizó el empleo del agro a partir del ingreso de las EST a éste. En nuestro país, sin embargo, subsiste la figura del “enganchador” en el campo y la Dirección del Trabajo ha considerado que la Ley que regula la subcontratación y el Trabajo Temporal no se aplica al mundo agrícola.

Colombia habló de su regulación interna y a partir de ella se entiende uno de los factores que le ha permitido erigirse como una de las economías más receptivas a la inversión intensiva en contratación en nuestro continente.

A nivel de mercado, en el mundo, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente, son los principales actores empresariales de trabajo transitorio, una actividad que factura más de € 220.000 millones anualmente. Según lo expuesto por la Presidenta del Capítulo Europeo de CIETT (Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Transitorio), el liderazgo de estas economías en el mundo y su posición en la tercerización es causal y no casual.

En Chile, en tanto, seguimos avanzando para que una ley cuya visibilidad ha dependido fundamentalmente del conflicto a nivel de subcontratación, se abra a avanzar para fortalecer la actividad que más silenciosamente creó y formalizó: el trabajo temporal y los servicios transitorios. Al ver los ejemplos internacionales y los casos expuestos, reforzamos la convicción que tenemos sobre el aporte de las EST al mercado laboral y a la consecución de la deseada flexiseguridad, concepto efímeramente célebre en Chile, pero clave en el debate regulador europeo actual. Con el mundo competimos, por eso es necesario seguir mirando cómo producen nuestros vecinos, competidores y mercados de destino.

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*Alberto Finlay es Director Ejecutivo de Agest (Asociación Gremial de Empresas de Administración y Externalización de Recursos Humanos)

Las manos y los pies

2008-04-30T21:13:00.000-06:00

Por Roberto Pizarro*

El episodio de las frambuesas de la Subsecretaria de Transportes ha convertido en comedia esa tragedia que significa la corrupción. La utilización de recursos públicos en beneficio privado o para financiar campañas políticas se ha instalado en el país y es parte de una saga que ha afectado a connotadas figuras políticas con el MOP-GATE, Ferrocarriles, Chile Deportes y los Programas de Generación de Empleo. El asunto de las frambuesas no sólo es vergonzante por el carácter tan vulgar del hecho mismo sino porque una autoridad con responsabilidad sobre el Transantiago tiene que saber respetar a esa ciudadanía humillada por el desastre del transporte en Santiago.

La corrupción también ha presentado en los últimos años otra cara que es consecuencia de la fragilidad del sector público y de la soberbia de la empresa privada. Los tiempos que corren han puesto de moda cierto tipo de capitalismo que ha debilitado a la democracia, otorgando poderes fácticos a los grupos económicos nacionales y transnacionales. Ello ha facilitado la oferta de coimas de las empresas privadas a funcionarios públicos. Y los casos más connotados en el último tiempo son los de la transnacional Tata y el Registro Civil, la entrega de dineros por ejecutivos de la empresa Lucchetti para su instalación en un barrio de Lima y las oscuras relaciones de una empresa de servicios que accede a privilegios en municipios dirigidos por la UDI. Estos hechos tienen un antecedente insoslayable en Pinochet y su familia, enjuiciados por una situación de coimas de tal envergadura que comprometió incluso a bancos en los Estados Unidos.

La corrupción está instalada, pero también son inocultables la falta de probidad y el olvido de la ética. Ambas recorren por igual el sector privado y el sector público. Después de las oscuras privatizaciones de Pinochet que permitieron el enriquecimiento ilícito de varios personeros ligados al entorno del dictador, nos hemos encontrado en democracia con figuras políticas concertacionistas que transitan, sin vergüenza, entre la vida política y los negocios, desde elevados niveles de dirección pública a directorios de grandes empresas o dedicados a un intenso trabajo de lobbystas. Se argumenta que las leyes no impiden esos vasos comunicantes entre la política y los negocios. Efectivamente, las regulaciones y leyes son malas y se ha intentado infructuosamente mejorarlas. Pero, tampoco, la existencia de buenas leyes evitarán por si solas recuperar la probidad. Se requiere un cambio cultural sobre la naturaleza y el fin de la política. Mientras se crea, como Maquiavelo, que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y en que lo único importante es ganar, conservar y acrecentar el poder, los riesgos de corrupción mantendrán viva su amenaza.

La corrupción, la falta de probidad y la desvergüenza, en el marco de un modelo económico del sálvese quien pueda, con un sistema político excluyente y de manifiesta vulnerabilidad ciudadana han creado un ambiente que nos recuerdan a Discepolo: “Hoy resulta que todo es igual… el que no llora no mama y el que no afana es un gil”. Este ambiente es el que facilita las trampas y el engaño. De otra forma es difícil explicarse no sólo la corrupción y la falta de probidad sino también la ineptitud. En efecto, da lo mismo la inauguración trucha del hospital de Curepto o preocuparse por establecer controles en las subvenciones escolares. A fin de cuentas nada importa, todo es igual. Aquí se confunden la corrupción y la ineptitud. Se pueden meter las manos y también los pies.
Este mismo ambiente es el que genera condiciones para que las universidades estafen a los estudiantes, como ha sido en la Universidad de la República o en la UTEM o que la sociedad haya aceptado al sicópata Gerardo Rocha como autoridad de la Universidad Santo Tomás o que los jóvenes deban sufrir la existencia de tantas universidades confesionales que con la cruz y la espada repriman sus derechos. Y el Estado ahí, tranquilo. Y no nos vengan con el cuento de la sorpresa, de hechos inesperados, porque todo lo que pasa en las universidades, en las escuelas subvencionadas en hospitales y consultorios es de sobra conocido.

En ese ambiente del todo vale, en que la ganancia rápida es la que manda, los canales de televisión reciben grandes sumas de dinero a cambio de publicidad en vivo y directo a favor de empresas como Paris, Ripley y Líder, entre otras, olvidándose que son esas mismas empresas las que agreden a los consumidores pobres con la usura de las tarjetas de crédito. Televisión y caras bonitas a disposición de los negocios para obligar a consumir. Compromiso de comunicadores con la sociedad de mercado y descompromiso con esos consumidores que deben pagar a fin de mes varias veces más por el valor de un producto como consecuencia de las altas tasas de interés. Esto también es falta de ética.

La corrupción y la falta de probidad han avanzado a pasos agigantados. Es que el individualismo y la pasión por el dinero, propios al modelo económico que vivimos, corroen las entrañas de nuestra sociedad, cuestionando peligrosamente esos valores de ética pública que nos legaran Portales, Recabarren, Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Frei Montalva y Allende. El país está marchando vertiginosamente a la catástrofe, que en los países vecinos culminó con el reemplazo de la clase política tradicional.
En Chile ha crecido el peso de la economía y el poder de quienes la controlan. Al fortalecerse el poder económico éste exige mayor autonomía respecto de las demás dimensiones de la sociedad, habiéndose instalado la idea que las leyes del mercado son incuestionables e independientes de las decisiones de las personas. En estas condiciones, la política y el Estado se debilitan y en vez de servir para compensar las desigualdades propias a los mercados se convierten en instrumentos de ampliación del poder económico. Es el triunfo de la economía sobre la política y la concomitancia de ésta con los grupos económicos. Así las cosas, el sentido comunitario de nación se encuentra debilitado con un Estado frágil, que se considera un estorbo. Y los políticos han perdido toda voluntad para modificar lo existente. Allí se encuentran cómodos.
El mundo que vivimos es peligroso. La pasión por el dinero, que caracteriza al neoliberalismo, se infiltra por todas partes y corrompe no sólo a los espíritus frágiles y ambiciosos sino se ha instalado como una nueva realidad cultural. Simultáneamente, la renuncia a los proyectos colectivos y el predominio del poder personal han convertido a la política en un negocio más. Si no se realiza un esfuerzo nacional para evitar la corrupción y recuperar el espíritu probo caeremos en las mismas situaciones que tanto hemos criticado a nuestros vecinos. El desafío es inmenso, lo que nos lleva, por ahora, a recordar la hermosa anécdota que cuenta Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, la que pudo haber sucedido perfectamente en el Chile de nuestros antepasados: hace muchos años, un hombre se desvaneció de hambre en las calles de Buenos Aires y cuando lo socorrieron le preguntaron cómo no había comprado algo de comer con el dinero que llevaba en su bolsillo. El hombre respondió: eso era imposible, pues el dinero pertenece al sindicato.

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*Roberto Pizarro es economista y ex ministro de Mideplan

El fallo del TC atenta contra la gobernabilidad democrática

2008-04-28T23:02:00.002-06:00

Por Teresa Valdés E.*

Muchos se sorprenderán en estos días con la masiva y activa reacción que ha generado en amplios sectores de la población el fallo del Tribunal Constitucional aceptando el requerimiento de 36 diputados de derecha de dejar sin efecto varias medidas contenidas en las Normas Nacionales de Regulación de Fertilidad. Las Normas, instauradas por Decreto Supremo de la Presidenta de la República, son una guía para los profesionales y personal de la salud pública destinada a proveer servicios de calidad y orientar a la población en la toma de decisiones respecto del método de regulación de fertilidad más apropiado a sus necesidades.

Los diputados de derecha solicitaron que se declarara inconstitucional la entrega en los servicios públicos de salud de: la píldora Anticonceptiva de Emergencia (píldora del día después), las píldoras combinadas que contengan Levonorgestrel y un estrógeno (éstas son todas las pastillas que se dan en los consultorios), el dispositivo intrauterino conocido como la “T de Cobre” –utilizada por la mayoría de las mujeres que se atienden en el sector público-, y los servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres.

El fallo del Tribunal declaró inconstitucional para las mujeres -cualquiera sea su edad- la Anticoncepción Hormonal de Emergencia, a saber la distribución de Levonorgestrel solo -en dos dosis- o en el método Yuzpe (ingesta de varias pastillas anticonceptivas). Pero, es evidente, que más allá de los argumentos esgrimidos por el Tribunal el fallo amenaza gravemente la gobernabilidad democrática.

En efecto, en este caso se constata un desbalance entre las demandas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado. Si bien el gobierno ha desarrollado políticas públicas que responden a las necesidades de la población y a los intereses ciudadanos, la estructura de poder prevaleciente en el Estado -con enquistes autoritarios como este Tribunal, rémora de la Dictadura, y la sobrerrepresentación de la minoría de derecha- impide una respuesta adecuada a las demandas sociales.

Largos años han pasado ya desde el retorno a la democracia, pero aún no contamos con un sistema capaz de establecer normas que representen el sentir mayoritario y respeten la pluralidad y diversidad de una sociedad crecientemente compleja. En este caso, una política de Gobierno que concita la mayor adhesión ciudadana se ha vuelto inviable en virtud de una institucionalidad heredada de la dictadura que amenaza con agudizar tensiones y desatar graves conflictos sociales.

Poco espacio tiene la ciudadanía –mujeres y jóvenes cuyos derechos sexuales y reproductivos han sido conculcados- para hacer valer sus demandas y necesidades. Sin espacio han quedado los proveedores de la salud pública para cumplir con su deber Hipocrático y quienes trabajan con los sectores populares para atender situaciones de riesgo de embarazos no deseados y de violencia sexual.

En ese contexto, es esperable la rebeldía ciudadana, expresada en rabia y desconocimiento de una institucionalidad que no sólo desprotege derechos ciudadanos, sino que desconoce la autonomía individual y la libertad de conciencia. Todos los organismos nacionales e internacionales que buscan avanzar en materia de gobernabilidad democrática señalan como imperativo: profundizar el régimen democrático, reduciendo las barreras institucionales que limitan la participación y la movilización social y garantizando espacios y autonomía a la sociedad civil; la institucionalización de estructuras políticas que permiten ejercer adecuadamente la mediación de intereses y la resolución de conflictos; y la obtención de resultados económicos y sociales que se traduzcan en la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Las reglas y normas deben ser el resultado de un proceso de participación y deliberación entre actores que tienen en cuenta no sólo sus intereses sino también la estabilidad y avances de la sociedad toda.

El fallo del Tribunal Constitucional hace todo lo contrario y hace visible cuan lejos estamos como país de alcanzar condiciones efectivas de gobernabilidad democrática.

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*Teresa Valdés pertenece al Observatorio de Género y Equidad

A propósito del caso Metrogas

2008-04-28T01:00:00.000-06:00

Por Matías Guiloff *

Recientemente se dio a conocer un fallo de la Corte Suprema que, según algunos medios, da el vamos a la planta de gas natural que la empresa Metrogas piensa construir en Peñalolén, planta que en concepto del Sr. Ministro del Interior es “un mal necesario”.

Cabe señalar que desde un punto de vista jurídico, el aludido fallo no le da el vamos a la planta. Es cuestión de refrescar la memoria en lo relativo al asunto sobre el cual versó el pronunciamiento de la Suprema.

Dicha resolución se pronunció acerca de un recurso de protección que Metrogas presentó en contra de un dictamen de la Contraloría que declaró ilegal la autorización provisoria que la Corema le había dado al proyecto el año pasado. El recurso en primera instancia fue acogido por la Corte de Apelaciones y luego fue rechazado por la Corte Suprema, en razón de que en el lapso que medió entre el pronunciamiento de una y otra Corte, la Corema calificó como ambientalmente viable de manera definitiva el proyecto, por lo que se tornó innecesario decidir acerca de la inconstitucionalidad de la autorización provisoria.

En otros contextos una salida formal como esta sería criticable, pero dadas la circunstancias recientemente relatadas, no cabe sino encontrar razonable la resolución de la Corte. Más aún cuando del fallo que se dio a conocer sólo se pueden extraer buenas lecturas, en cuanto ha dejado intacto el razonamiento (de fondo) de la Contraloría, en el sentido de que la autorización provisoria no se ajustaba a la normativa vigente y fundamentalmente porque la posición de que este dictamen vulneraba el derecho a desarrollar actividades económicas, sólo logro convencer a uno de los cinco ministros que integraban la sala de la Corte Suprema.

Con todo, parece necesario detenerse por algunos instantes en esta manera de fallar, cuando el asunto que se somete a la consideración de las cortes es uno de naturaleza ambiental. La protección del medio ambiente muchas veces se opone a la realización de actividades industriales, actividades que en algunos casos como este, son consideradas como fundamentales dadas las situaciones contingentes por el gobierno de turno, como “males necesarios”.

Así las cosas, al momento de fallar estos asuntos las cortes deben ponderar los derechos en conflicto, contando además con el antecedente/ presión de que el Ejecutivo se inclina fuertemente por uno de éstos. Es en este momento cuando las Cortes, puestas en la tensión entre las demandas de la contingencia y el conjunto de normas jurídicas que nos rigen, suelen hacer algunas de las siguientes cosas: echar mano a herramientas que les permiten no tener que pronunciarse con respecto al fondo del asunto (como establecer que los recurrentes carecen de legitimación activa o que no han recurrido a la justicia dentro de los plazos establecidos) o pronunciarse con respecto al fondo, pero a través de un análisis formal, en el sentido de superficial.

Esta manera de proceder se ha transformado en la regla general en Chile en materia de recursos que plantean la violación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En este sentido, siempre y cuando en primer lugar la Corte estime que los recurrentes tienen legitimación activa y que han accionado dentro de plazo, nuestras cortes han llegado a señalar que del acto que califica como ambientalmente viable un proyecto de inversión, jamás podría decirse que implica una privación, perturbación o amenaza de este derecho, debido a que de esta autorización no se siguen estos efectos. En el extraño concepto de nuestras cortes, sólo podrían seguirse del funcionamiento mismo de la planta o actividad sobre la cual ha versado la resolución de calificación ambiental.

Es de esperar que enfrentadas nuevamente ante un dilema como este, en el contexto del recurso de protección que se ha interpuesto en contra de la resolución de calificación ambiental (definitiva) emanada de la Corema, las Cortes dejen de lado esta mala comprensión del formalismo –en el sentido antes indicado de esta palabra- y decidan con prescindencia de las presiones del Ejecutivo, entrando al fondo del asunto y ponderando con el peso que corresponde el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de Peñalolén.

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*Matías Guiloff es investigador del Programa de Derecho Ambiental, UDP.